Cuando el viceministro de Hacienda Alfredo Jaililie terminó su exposición ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, un representante de Cambio 90 pidió la palabra para decir lo siguiente y luego retirarse: «Lo que pasa es que los parlamentarios estamamos pintados en la pared». Al congresista oficialista le sobraban razones. Habían pasado horas de exposición del viceministro y del director general de Presupuesto y ninguno de ellos había proporcionado un solo dato y, muchos menos, explicado los objetivos generales del Presupuesto de 1998. Los parlamentarios habían escuchado una exposición metodológica que en nada había aclarado sus preocupaciones y dudas. Sin embargo, lo que no aceptaba este congresista es que él mismo había contribuido a levantar el andamio para que el régimen fujimorista lo terminara por pintar en la pared.

Algo de historia

 Hasta la Constitución de 1979, los parlamentarios tenían derecho a iniciativa en el gasto, es decir, a modificar el Presupuesto incluyendo partidas nuevas no contempladas en la propuesta del Ejecutivo. Es cierto que estas iniciativas tenían un límite. Incluso algunos gobiernos, como el segundo de Manuel Prado (56­62), impuso restricciones a esta prerrogativa parlamentaria, como aquella de crear una comisión del Ejecutivo que diera visto bueno a estas iniciativas y así impedir gastos excesivos y corruptelas. La prerrogativa parlamentaria, a menudo en complicidad con el Ejecutivo, permitía satisfacer demandas de la población, reforzar lazos clientelares con sus electores, y hasta hacer negocios. La reelección del representante, igual que ahora, tenía relación directa con la ejecución de obras. Hay que recordar que la Constitución de 1933 ­reemplazada por la del 79­ otorgaba adicionalmente al Congreso la capacidad de fijar las tarifas arancelarias y de «crear y suprimir empleos públicos y asignarles la correspondiente dotación...».

 Cuando la Constitución del 79 prohibió en su artículo 199 esta prerrogativa («Los Representantes del Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos...»), buena parte del edificio clientelar se vino abajo. La nueva legislación fortaleció a la Comisión Bicameral de Presupuesto asignándole mayores funciones. Con esta norma se pretendía romper con un clientelismo de viejo cuño y al mismo tiempo crear un nuevo contexto favorable a la racionalización del gasto mediante una política de concertación y priorización de las demandas.

 Así, la Comisión Bicameral pasó a convertirse en la más prestigiada del Congreso. Estaba integrada por ocho Diputados y ocho Senadores ­generalmente los hombres más importantes de los partidos­, a dedicación exclusiva. Disponía de presupuesto propio y aparte. Cada miembro contaba con dos asesores, igualmente a dedicación exclusiva. La Comisión fue tan importante que llegó a tener casi un centenar de empleados, que trabajaba el año entero fiscalizando la ejecución del Presupuesto. Así, los cambios de una partida presupuestal, por ejemplo, tenían que ser aprobados por la Comisión.

Si bien la Constitución del 93, en su artículo 79 repite el artículo 199 de la del 79, no sucede lo mismo con la Comisión. Hoy, la Comisión de Presupuesto poco tiene que ver con la marcha del gasto público. La oposición en su conjunto tiene asignada apenas dos asesores. Los cambios de partidas, así como los incrementos del Presupuesto ­tal como ha sucedido este año en que pasó de 24 a 29 mil 500 millones de nuevos soles­ no pasan necesariamente por la Comisión; se ejecutan, como ha ocurrido ahora, mediante los famosos decretos de urgencia. Los presupuestos sectoriales, pesados mamotretos repletos de números, llegan, como quien dice, a la hora de reunirse la Comisión. Así, el Presupuesto de la República fue recibido sólo dos días antes de la presentación del primer ministro y del ministro de Economía. Y el Presupuesto del Ministerio de la Presidencia, que consta de cinco pesados tomos, apenas un día antes. La mecánica de funcionamiento de la Comisión no es tampoco la más adecuada: el responsable del sector expone, los parlamentarios preguntan y, luego, responde el responsable sin dar lugar a réplicas. No hay, por lo tanto, diálogo, o es mínimo. Además, la información que se maneja es fragmentaria y casi siempre incompleta. ¿Fiscalizar, cómo?

Se ha dado curso, así, a una dinámica que podemos calificar de perversa: el Ejecutivo y la mayoría oficialista esconden cifras, controlando totalmente el Presupuesto, y la oposición denuncia. La discusión presupuestal, que debiera ser la ocasión idónea para concertar políticas, objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo, y una de las fuentes más poderosas de legitimación del Congreso, se convierte en una simple charada, destinada a encubrir el uso arbitrario del gasto, como lo demuestra de manera contundente el artículo de Juan Robles en esta misma edición.