Comencemos por poner el tema en su justa dimensión. Después de las últimas revelaciones sobre cómo se manejaba el gobierno de Fujimori-Montesinos en el tema de la cooptación de los altos mandos, es indudable que existía corrupción en la Fuerza Armada y que ésta era utilizada por el gobierno como una herramienta de control sobre los militares. Debemos tener cuidado, sin embargo, de no generalizar este hecho llevándonos a la afirmación de que los militares son corruptos. No se puede juzgar a toda una institución por el mal comportamiento de una parte de sus miembros. Dicho esto, no obstante, es necesario puntualizar dos hechos: que la corrupción no comenzó con Fujimori sino que tiene antigua data y que está muy extendida. De los tres institutos el que menos ha sufrido es la Marina y el más afectado es el Ejército. De todo esto se desprenden inmediatamente tres preguntas. 1. ¿Qué origina la corrupción entre los militares? 2. ¿Qué problemas causa la corrupción a la institución militar, y específicamente en el actual momento de transición? y 3. ¿Cómo solucionamos el problema?

Tenemos varias causas. La primera de ellas es la sociedad misma. Es claro que el problema no radica en la Fuerza Armada sino en la sociedad peruana que se ha tornado disfuncional. Existe corrupción entre los jueces, policías, empresarios, periodistas, políticos, servidores públicos, etc., etc. Esto se ha tornado en una característica de la sociedad. Es decir, somos una sociedad anómica en la cual la presión social no funciona para respetar las normas sino para quebrarlas. El que respeta las normas es considerado un tonto. Si nuestros militares provienen de esta sociedad, es lógico que tengan su cuota de corruptos. La segunda causa es el sistema de control que Fujimori impuso a la Fuerza Armada, que permitió y hasta incentivó la corrupción. La finalidad era el control político de los militares. Los que estaban con el régimen podían tener carta blanca para sus malos manejos, y los que no, eran denunciados por corruptos. Los honrados eran peligrosos y, por lo tanto, vigilados cercanamente o invitados al retiro. Este sistema fue nefasto para la institución militar y nos llevó a la tercera causa de corrupción, que es el mal ejemplo. Cuando la cabeza delinque y no tiene voluntad de controlar la corrupción, el cuerpo se corrompe fácilmente. Las instituciones funcionan de acuerdo al ejemplo que dan sus jefes. Una cuarta causa es, indudablemente, los sueldos deprimidos de los militares. En todas partes del mundo, ahí donde se pagan sueldos que no están de acuerdo con el status de quienes los reciben o, peor aún, que no alcanzan a satisfacer las necesidades de quienes los reciben y existe la posibilidad de acceder a ingresos suplementarios por la via ilegal, el resultado es la corrupción. Finalmente, todo parece indicar que las instituciones armadas no han tenido el cuidado necesario en la selección de su personal, permitiendo el ingreso de personas que provienen de sectores muy influidos por la anomia social. Esta falta de una adecuada selección tiene que ver también con los sueldos deprimidos, lo que disminuye el número de candidatos que aspira a ingresar a la Fuerza Armada, reduciendo, en consecuencia, el universo de donde se puede escoger a los futuros cuadros. A la Fuerza Armada no se están presentando ni los más preparados ni los más probos.

La corrupción trae no pocos problemas y muy graves. En primer lugar, el temor a ser descubiertos por algún mando honesto lleva a que los corruptos se defiendan entre ellos formando argollas que luchan por colocar a su gente en los puestos de decisión. Por lo tanto, los corruptos forman un grupo de presión dentro de la institución armada, que en ciertos momentos logra el control de la institución, como fue durante Fujimori con personajes como Hermoza, Malca, Bergamino, Elesván Bello y otros. Entonces, la forma de ascender fácilmente es ser miembro de la argolla corrupta, produciéndose una selección al revés. Ser honesto no es una cualidad, sino que se convierte en un lastre para hacer carrera. No hay manera de exagerar el daño que esto le causa a la Fuerza Armada. En primer lugar, la desprofesionalización, ya que para ascender lo importante es ser miembro de la argolla en el poder y no necesariamente un buen profesional. El nivel francamente lamentable de los últimos mandos del Ejército durante el período de Fujimori es prueba de ello.

En segundo lugar, la corrupción afecta al presupuesto, ya que la merma que ésta le produce reduce gastos ya de por sí reducidos, como los de rancho, gasolina, mantenimiento, etc., y, en casos más serios, lleva a que se adquiera material bélico no en función de su calidad ni de su necesidad, sino de ganancias ilícitas.

En tercer lugar, la corrupción abre la puerta al ingreso en la Fuerza Armada de distintas mafias, como la del narcotráfico, haciendo que ciertos oficiales le tengan lealtad a éstas, cuando su lealtad debería ser absoluta y exclusivamente hacia el Estado peruano. La existencia de lealtades divididas, y a veces contradictorias, hará que donde exista esta contradicción el oficial opte por la lealtad ilegítima que le produce ganancias, con las consecuencias del caso para la defensa nacional.

En lo que se refiere a la transición militar, los grupos corruptos constituyen un claro obstáculo, ya que por definición tienen que ser eliminados como parte del plan de cambios en los institutos armados. Sin duda alguna, las argollas de corrupción se defenderán y buscarán frustrar el cambio desde los puestos de decisión que estén ocupando. En la medida en que no todos los corruptos son conocidos, su eliminación puede resultar una tarea difícil.

La solución puede no ser fácil, pero existe, y para dar resultados debe ser integral. El primer paso obvio es expulsar de la Fuerza Armada a todos los corruptos conforme vayan siendo identificados. Para ello todo lo que se necesita es la voluntad de hacerlo. Como sabemos, en la Fuerza Armada no se dan explicaciones a los individuos que son pasados al retiro. Una vez hecho esto, viene la necesidad de ponerlos a disposición de la ley. En algunos casos probar el delito ante los tribunales puede resultar difícil, pero habrá que dedicar el esfuerzo de investigación necesario para hacerlo. La reducción de la pena e inclusive el perdón para ciertos casos, a cambio de colaboración e información sobre las actividades de otros elementos que hayan delinquido, puede ayudar mucho y acelerar los procesos.

En segundo lugar, el alto mando debe predicar con el ejemplo. El cuerpo nunca se tornará honrado si la cabeza es corrupta. Luego, habrá que mejorar el proceso de selección de los cadetes, para evitar el ingreso de elementos que procedan de sectores anómicos. Asimismo, habrá que montar sistemas de vigilancia y control del gasto, sistemas que existen en la Marina, mas no en el Ejército, donde el comandante de unidad tiene el dinero en efectivo para su uso.

Un cambio absolutamente necesario será el mejoramiento de los ingresos de oficiales, suboficiales y tropa. Un soldado percibe en la actualidad 55 soles mensuales, considerablemente menos que una empleada del hogar que gana entre 350 y 450 soles mensuales. De hecho, el soldado recibe menos asignación que un presidiario. Los sueldos de los oficiales están, asimismo considerablemente deprimidos. Como ya hemos dicho, la mala paga lleva indefectiblemente a la corrupción, además de afectar la moral y hacer que los militares no se concentren en su quehacer de defensa nacional, sino que tengan que estar permanentemente a la búsqueda de negocios lícitos o ilícitos para solucionar su problema de ingresos. Eso debe terminar.

Habrá que considerar, además, dos medidas controvertidas, pero cuya posible aplicación debe tomarse en cuenta. La primera es la posibilidad de contar con un inspector que venga de fuera de las filas de la Fuerza Armada. El Inspector General de cada instituto tiene, por encima de él en la jerarquía, al jefe de Estado Mayor General y al Comandante General. La inspectoría la puede realizar hacia abajo, pero difícilmente hacia arriba, donde están esos dos oficiales con mayor rango que él. Un inspector civil, ajeno a la Fuerza Armada, no tendría este problema, ya que estaría fuera de la jerarquía militar y sería un enviado personal del Presidente de la República. Así podríamos tener dos inspectores: uno civil para asuntos del gasto, y otro militar para asuntos de la operatividad de la Fuerza Armada.

La segunda medida tiene que ver con el Consejo Supremo de Justicia Militar. Dificilmente los jueces militares pueden ser imparciales cuando dependen económica y jerárquicamente de los altos mandos. Su función legal sería más fácil de cumplir si dependieran del Poder Judicial y no de la Fuerza Armada.

De otro lado, al Congreso le compete un rol importante en la fiscalización del gasto militar, del cual no debe abdicar. Esto lo debe hacer a través de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligencia. Aquello que sea considerado secreto podrá ser revelado a una subcomisión de la comisión integrada por tres personas, dos del gobierno y una de la oposición. Pero es imprescindible que el control se realice desde dos instituciones; no sólo desde el Ejecutivo, sino también desde el Legislativo, para salvar aquellas situaciones en las cuales el Ejecutivo hubiese caído en la corrupción, como fue en el gobierno de Fujimori.

Finalmente, el Ejecutivo que quiera controlar la corrupción tiene una herramienta infalible, el control horizontal. El control horizontal consiste en conversar con oficiales, suboficiales y tropa en los distintos grados, elegidos al azar, sobre sus problemas y vivencias en la institución militar. Dicho diálogo será absolutamente reservado y llevado a cabo por representantes del presidente de la República. En esta conversación horizontal siempre salen a flote los problemas de corrupción y otros. El control tradicional es el vertical, donde el presidente se entera de lo que ocurre a través del Comandante General, y éste a través de sus jefes de región. El control horizontal es definitivamente más completo y seguro.

La lucha contra la corrupción, definitivamente, no será sencilla. Pero si no salimos victoriosos de ella, no podrán perdurar nuestras instituciones nacionales. La moralización que se plantea llevar a cabo en la institución militar, es en realidad algo que se debe generalizar a todas las instituciones nacionales. La corrupción no es exclusiva de ninguna institución en particular, y por ende no es monopolio de los militares. Es un problema que ha alcanzado a toda la sociedad peruana y que si no es erradicado en su totalidad, aquello que permanezca corrupto contagiará nuevamente las partes que hubiesen sido saneadas.