La oposición: Eppur si muove!

Alberto Adrianzén M.

¿Cuál es la situación actual de la oposición?, ¿cuáles sus posibilidades y problemas? El desgaste político que experimenta el gobierno de Fujimori parece haberle dado alas a una oposición que, sin embargo, experimenta también sus propios problemas, aunque en un nuevo contexto que le resulta hoy favorable.

¿Cuál es ese nuevo contexto en el que se desenvuelven hoy las iniciativas de la oposición? Trataremos de describirlo, en un apretado resumen.

El nuevo contexto

  • a) Crece el descontento

    1. Crece el descontento en la población respecto al gobierno. De julio de 1995 -inicio del segundo gobierno de Fujimori- a setiembre de este año, según la agencia Imasen, la desaprobación en Lima, uno de los bastiones electorales del presidente, ha crecido en un 265% al pasar de 15% a 40.7%, mientras que la aprobación disminuyó en un tercio. La cuota decreciente de aprobación se ha ido produciendo por tramos: de enero a febrero bajó 13 puntos; de mayo a junio, 6; y de agosto a setiembre, 9.
    2. Lo más importante de estos datos es que revelan un desplazamiento de la opinión pública en bloque (como el ocurrido en forma notoria de agosto a setiembre último). Es decir: los que aprueban al presidente se pasan al rubro de los que lo desaprueban, sin que medie, por tanto, un período de transición. Esto revelaría no sólo cierto cansancio de la opinión pública, luego de aprobada la reelección, sino también un cambio de ánimo significativo, el cual se traduce en una mejor disposición para manifestar públicamente desacuerdos políticos. La mayor desaprobación proviene de los sectores correspondientes a la clase baja superior y a los estratos alto y medios.
    3. Estamos ante un fenómeno de declive constante en la popularidad del presidente. De persistir esta tendencia, en pocos meses los índices de aprobación podrían llegar a ser inferiores al 50% en Lima, con lo cual se produciría un empate entre los que aprueban y los que desaprueban la gestión presidencial. Hay que tener en cuenta que según la última encuesta de Analistas y Consultores, el índice de aprobación del presidente a nivel nacional no llega al 50%.

      Los motivos del descontennto son de dominio público: persistencia de la recesión económica y del desempleo; supresión de derechos laborales; abuso de poder e irregularidades manifiestas en la administración de justicia (casos de corrupción que afectan a altos personajes de la esfera del gobierno y de las fuerzas armadas) y en la gestión legislativa, tanto del Ejecutivo como de la mayoría del Congreso (leyes anticonstitucionales que favorecen la reelección de Fujimori y desnaturalizan la institución del referéndum); ataques desleales al alcalde Andrade; etc.

  • b) Se ha producido un división al interior del bloque en el poder

    1. Son visibles los desacuerdos entre las distintas fracciones del gobierno respecto al programa económico. Normas como la Ley de Bancos, el aumento del impuesto al FONAVI, el fraccionamiento de la deuda empresarial y su reglamentación posterior, entre otras, han sido motivo de más de un debate al interior del gobierno. Esto estaría expresando una tensión entre los requerimientos del FMI -que obliga a un manejo más austero del gasto público y al pago de la deuda externa- y una estrategia reeleccionista que no puede darse el lujo de seguir perdiendo puntos.
    2. Una consecuencia de esta división es que el gobierno aparece carente de planes o programas de más largo plazo, aplicando medidas contradictorias que no satisfacen a ningún sector, salvo al transnacional. Esto afecta la imagen de un gobierno y un presidente fuertes, que siempre parecían saber cómo y adónde ir. Si a esto se suma el caso Montesinos -que muestra la existencia de un gobierno en la sombra-, así como la renuncia de Jaime Yoshiyama, la imagen de división en el gobierno y pérdida de autoridad presidencial se hacen más visibles. Con ello, el gabinete Pandolfi, que en un primer momento fue calificado como «compacto» y coherente ideológicamente, comienza a dar muestras de debilidad política.
    3. Otra consecuencia de esta pugna interna es la creciente autonomía de los medios de comunicación. De un tiempo a esta parte diversos medios han comenzado a destapar escándalos, a tomar distancia del gobierno y, en algunos casos, hasta a criticar determinados comportamientos del oficialismo. De ahí que no resulten extrañas las recientes amenazas del congresista Torres y Torres Lara contra el diario La República
    4. .

    5. Estos conflictos internos estarían llevando al gobierno a cometer una serie de errores políticos que lo distancian de la población. Nos referimos al anuncio o a la promulgación de leyes que generan aun mayor incertidumbre económica y política en la ciudadanía, tales como la elevación del impuesto al FONAVI, la extensión arbitraria de la jornada laboral, la eliminación de derechos laborales, el anuncio de que los colegios, academias y universidades pagarán impuestos, el recorte de atribuciones al alcalde de Lima mientras se le niega apoyo económico, etc.
  • c) Se están produciendo conflictos institucionales al interior del régimen político

      Los más destacados son:

    1. Entre el gobierno (incluyo Congreso) y el J.N.E. por los casos de la reelección y el referéndum.
    2. Entre el gobierno y la alcaldía de Lima, que pone en entredicho la autonomía municipal.

      Si bien es cierto que el segundo es manejable -pese a que en el gobierno no hay acuerdo todavía en cómo tratar la demanda del alcalde de Lima exigiendo respeto al fuero municipal- , el primero constituye un verdadero test, puesto que su resolución marcaría el corto plazo político. El gobierno sabe que una salida autoritaria a este conflicto, como ha sucedido con la ley aprobada en el Congreso sobre el referéndum, con las amenazas al J.N.E. y con la reciente resolución de la ONPE, no lo beneficia en nada, pero también sabe que posiblemente no tiene otra salida si es que persiste en la opción por la reelección. Ello, con seguridad, determinará que los costos políticos por mantener la autoridad presidencial y el control sobre la situación serán crecientes. A esto se suma que instituciones como el Congreso, otro reducto del oficialismo, comienza a ser objeto de crítica por la opinión pública.

  • d) La política económica es rechazada crecientemente por la opinión pública y diversos grupos empresariales.

    • Un porcentaje considerable de la opinión pública está demandando un cambio de rumbo significativo. Según la última encuesta de Imasen un 47.8 % desaprueba dicha política. La desaprobación es mayor en la clase baja superior y en los sectores medios y altos. A esto se suma el rechazo de los empresarios nacionales a la política económica por su orientación anti-industrialista y anti-exportadora; por el incremento de importantes precios públicos, como son el petróleo y la electricidad; así como también por el sesgo de las reglas de juego claramente favorables al capital extranjero, en detrimento del capital nacional.
  • e) Un nuevo contexto internacional

    • En América Latina, como ha estado sucediendo en Argentina y México, pero también en menor medida en Chile, están apareciendo síntomas de agotamiento de los modelos de ajuste y la posibilidad de una ola antiliberal. Es importante destacar que esta contraola es consecuencia de una alianza entre los sindicatos, los trabajadores y las clases medias, todos ellos afectados por el ajuste inicial y ahora por el sobreajuste determinado principalmente por las exigencias del pago de la deuda y de la llamada segunda ola de reforma liberal.

Una nueva perspectiva para la oposición

¿De qué manera incide todo esto en el juego político de la oposición?

Una primera observación es que se está reforzando políticamente la confluencia electoral espontánea de sectores sociales -medios (también altos) y bajo superior- que hizo ganar a Alberto Andrade la alcaldía de Lima.

Otra es el incremento de la protesta social. Hay un cambio de óptica en la población después de seis años de sacrificio. Hoy la opinión pública espera que el sacrificio consentido para estabilizar la economía, privatizar las empresas públicas, permitir el ingreso de capitales extranjeros, sea recompensado con más empleos y mejores ingresos. Hay, pues, un cambio de expectativas en la población, una vez superada la emergencia. En este contexto el espacio pos-fujimorista se amplía y se consolida.

Finalmente, hay una tendencia creciente en sectores significativos de la opinión pública -que la propia concentración y manejo del poder alimenta- a vincular reelección, autoritarismo, corrupción y problemas económicos.

Virtudes y retos de la oposición

Si bien es cierto que, como en todo régimen autoritario, la oposición ha logrado ampliar su capacidad de convocatoria gracias a los conflictos y problemas internos del gobierno, también lo es que ha tenido la virtud de encabezar cohesionadamente algunas luchas importantes en estos últimos tiempos, así como de articular distintos escenarios, como lo muestra el trabajo entre congresistas y el Foro Democrático.

Si la oposición quiere encabezar el descontento debería levantar un nuevo programa económico viable y realista; mostrar una imagen de unidad y pasar al terreno social articulándolo al espacio parlamentario. El reto mayor de la oposición es vincular en un mismo discurso los problemas económicos, de corrupción, de autoritarismo y de reelección.

Sin embargo, para que esta «cohabitación» exitosa que muestra hoy día la oposición sea efectiva políticamente, deberá resolver algunos problemas importantes y que aquí sólo enumeraremos:

La definición de un nuevo programa económico y el rol del Estado en él. Una de las cuestiones centrales en la discusión de ese programa es si la actual política económica permite la constitución de una economía competitiva, capaz de enfrentar simultáneamente los retos de la globalización y de la integración y desarrollo nacionales.

La amplitud y composición del frente opositor es otro problema. Es decir, si cohabitan o no en él posiciones liberales, de izquierda o apristas. Esto no sólo guarda relación con el tema de los pasivos políticos que puedan exhibir hoy ante la opinión pública uno u otro partido, como el APRA o los partidos de izquierda, sino también con el tema de si el acuerdo opositor es capaz de combinar un pacto de reglas y procedimientos democráticos con un programa económico mínimo que no se agote en un programa social de emergencia.

La definición política del espacio de la oposición es otro problema importante. Ella deberá definir si se constituye en un centro izquierda o en un centro derecha, porque si de algo no hay duda es de que el espacio de la oposición es el de un centro político activo. Este tema aparece indesligable de otro: si debe enfrentar de manera radical el proyecto fujimorista, que puede ser definido como de capitalismo autoritario al estilo asiático; o si, por el contrario, de lo que se trata es de eliminar sólo el componente autoritario manteniendo el proyecto económico neoliberal. La cuestión implícita es si el modelo de capitalismo que hoy se aplica en el país puede ser separado de los modales autoritarios que caracterizan a la «nueva democracia» fujimorista.

Si la oposición quiere sortear el peligro de moverse estrictamente en el plano marcado por las formas autoritarias, deberá tener la capacidad de vincular crisis económica con autoritarismo, para así convertir el tema democrático y el tema del desarrollo nacional en las cuestiones claves para la resolución de la crisis. Esto supondrá construir una representación política que a la vez que aparezca ligada a los sectores sociales concretos, lo esté también a una imagen de futuro estable y viable que haga posible el desarrollo de todos.

No importa de cuántos recursos pueda aún disponer el gobierno -sin desconocer su importancia coyuntural- para tratar de revertir su todavía relativamente lento, pero persistente, desgaste político. Lo que importa saber es que la oposición se está jugando su futuro y que sólo de ella depende el llegar a constituirse en una seria alternativa de gobierno para el año dos mil.


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