Ahora le son adversos. Una consistente mayoría es contraria a su segunda reelección, y más de un 70% se pronuncia a favor de un referéndum para decidirlo. Según esos mismos sondeos, la mayoría cree que el alto funcionario del sin, Vladimiro Montesinos, debe esclarecer las denuncias que lo vinculan al narcotráfico, sobre todo a raíz de las acusaciones del narcotraficante apodado «Vaticano» (de las que luego se retractó), y que el caso amerita investigar.

En otro orden de cosas, las encuestas revelan que hoy el principal problema para los peruanos es la falta de empleo, y, muy cerca, los bajos salarios. Al respecto, la reciente eliminación de una parte de los pocos derechos que todavía asisten a los trabajadores ha alarmado incluso a conocidos asesores empresariales. Alguno ha llegado a afirmar que con ello ha desaparecido virtualmente el derecho laboral en el Perú.

Resulta obvio que el gobierno ha perdido la sintonía con la opinión de sectores mayoritarios del país. Y, lo que es peor, las poco felices reacciones del gobierno sólo consiguen alimentar la creciente expresión de disgusto de los ciudadanos: leyes ad hoc atentatorias contra la propia Constitución promovida y aprobada por el actual régimen (para favorecer la reelección, primero, y para impedir o estorbar el referéndum, después); ostensibles trabas a la gestión del alcalde de Lima, Alberto Andrade, e invasión de sus fueros; preocupantes irregularidades en el juicio contra «Vaticano»; escamoteo de la esperada aparición de Vladimiro Montesinos en televisión, para aparecer luego, en su primera presentación pública, en una reunión al más alto nivel con ocasión de la visita del zar antidrogas de los EE.UU., general Barry McCaffrey. Entre otras.

Pareciera que cuanto más cae en las encuestas, más se empeñara el régimen en hacer cosas que empeoran su posición.

La respuesta gruesa a las expresiones e iniciativas de la oposición deja entrever, por decir lo menos, falta de control de las reacciones en las más altas esferas del gobierno y del Estado.

Representantes de la mayoría han sostenido que la bancada opositora entorpece la labor parlamentaria. Ha sido a propósito de las demandas de fiscalización de los actos del gobierno y del debate de ciertas iniciativas legislativas. En la ideología «técnica» y «gerencial» de la política que hoy predominan, la confrontación de ideas constituye una pérdida de tiempo. Pero, sobre todo, es parte de un espíritu que, de partida, parece excluir toda opinión que ponga o parezca poner en entredicho el modelo económico y el modo de hacer política vigentes.

Las muestras de intolerancia incluso han llegado hasta la prensa. Penden aún sobre el diario La República amenazas de sanciones desde el Congreso por haber publicado documentos (supuestamente reservados) sobre actos de corrupción en la compra de armamento para el Ejército, que en todo caso debieran ser investigados.

¿Estará a tiempo el gobierno para enmendar rumbos o llegará fatalmente a ese punto de quiebre que, como se señala en un artículo de esta edición, lo está aproximando acelerada y peligrosamente a su declive político en este primer tramo de su segundo periodo?