El capítulo que falta

Carlos Iván Degregori

El comando del MRTA que asaltó la residencia del embajador del Japón el 17 de diciembre pasado, tomó totalmente por sorpresa no sólo a los centenares de invitados que celebraban el onomástico del emperador Akihito, sino a todo el país.

Políticamente, 1996 había sido el año más complejo desde 1992. El país parecía acercarse a un punto de inflexión. En las encuestas de opinión, la popularidad del gobierno había ido declinando lentamente hasta que en noviembre, por primera vez en seis años, el porcentaje de los que desaprobaban la gestión presidencial superó al de quienes la aprobaban. Si bien conservar más de un 40% de aceptación después de tantos años constituye un récord no sólo en el Perú sino en cualquier país de América Latina, en diciembre el gobierno aparecía, también por primera vez en seis años, claramente a la defensiva. Una recesión económica persistente y una creciente desilusión con el modelo económico erosionaban su popularidad. Más aún, en el contexto de crisis económica la confrontación como método para alcanzar sus objetivos comenzaba a resultarle contraproducente. El desigual enfrentamiento con el alcalde de Lima; el caso Vaticano, que llegó a implicar al más poderoso de los asesores presidenciales, Vladimiro Montesinos; las acusaciones contra personal del SIN en atentados contra miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y contra una filial de Global Televisión en Puno; y, sobre todo, el arresto injustificado del Gral.(r) Rodolfo Robles, empañaban crecientemente su imagen.

Por primera vez, asimismo, la oposición comenzaba a articularse alrededor de un eventual referéndum sobre la posibilidad de reelección del Ing. Fujimori en el año 2000.

Y entonces, súbitamente, el MRTA irrumpió de modo espectacular en ese complejo escenario, reconfigurando en apenas 10 minutos la ubicación de los actores, forzando a la oposición a cerrar filas en defensa del Estado y en contra del terror y contribuyendo, como advierten las encuestas publicadas a un mes de iniciada la crisis, a la recuperación de la popularidad presidencial por primera vez en casi un año.

El MRTA

¿Quiénes eran los desconocidos asaltantes de la residencia del embajador del Japón? La pregunta recorrió las redacciones de todo el mundo, dada la escasa familiaridad con un grupo cuya única aparición previa en la prensa internacional había estado ligada al arresto, juicio y condena de la ciudadana norteamericana Lori Berenson hacia fines de 1995.

Si bien sus antecedentes inmediatos se encuentran en los años de la transición democrática (1978-80), los orígenes del MRTA se remontan a las guerrillas del MIR en 1965. Quince años más tarde, las diferentes fracciones en que quedó dividido dicho movimiento decidieron emprender un proceso de acercamiento que culminó con la conformanción del MIR Unificado, que se integró a Izquierda Unida. Una pequeña fracción, denominada MIR-El Militante, rechazó esa evolución y decidió seguir preparando «el reinicio de la lucha armada». En ese camino se encontró con una escisión del Partido Socialista Revolucionario (PSR), organización que agrupó a buena parte del ala radical del velasquismo (1968-75). También en este caso, mientras el PSR decidió actuar dentro de los marcos democráticos y se incorporó a IU, una pequeña fracción, que asumió el nombre de PSR-ml, optó por la vía armada.

Pero la unificación de esos dos grupos minúsculos, que dio como resultado una sigla más complicada que las actuales direcciones electrónicas -PSR(m-l)/Mir (El Militante)- no alcanzó la masa crítica para lanzarse a una aventura militar hasta que hacia 1982 una significativa minoría se escindió del MIR Unificado y gravitó hacia la opción armada. Dirigentes experimentados y una cierta base social en la costa norte y en el departamento de San Martín, se unieron a los grupos mencionados. Nació así en 1983 el MRTA, alentado por acontecimientos que conmocionaron a la izquierda radical: el triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua y la ofensiva guerrillera en El Salvador y Guatemala; el auge de la lucha antidictatorial en los países del Cono Sur, así como también los éxitos iniciales de Sendero Luminoso en el Perú.

Como en muchos movimientos armados latinoamericanos, desde el principio se advirtieron en el MRTA tensiones entre una línea más militarista y otra más política, que pareció predominar al principio. Con los años, sin embargo, la lógica de la guerra se fue imponiendo. Entre 1989 y 1992, varios acontecimientos configuraron un verdadero punto de viraje. Por un lado, en su denominado Frente Nor-Oriental, una de las pocas zonas donde el MRTA tenía simpatías en organizaciones sociales importantes como el Frente de Defensa y la Federación Campesina de San Martín, se produjo hacia 1989 una discusión acerca de la posible participación de esas organizaciones en la consulta electoral sobre si San Martín se constituía en región independiente. Al final se impuso la línea más militar, que propugnaba no participar. Por la misma época, una importante columna del MRTA fue emboscada en Los Molinos (Junín). De acuerdo a organismos de Derechos Humanos, decenas de combatientes rendidos fueron asesinados. Poco después, en el primer semestre de 1990, un importante contingente de dirigentes emerretistas presos en el penal de Canto Grande fugaron a través de un túnel. El éxito de esta operación inclinó más a la organización hacia la lógica de la guerra. Varios de los cuadros militares fugados de prisión convergieron hacia el Frente Nor-Oriental y sofocaron los reclamos por una estrategia más política.

Todavía en los primeros años de la presente década el MRTA fue capaz de incursionar en algunas capitales provinciales y departamentales (Juanjuí, Jaén, Moyobamba). Pero a partir de Los Molinos su capacidad de desarrollar la clásica guerra de guerrillas, que nunca fue grande, había comenzado a decaer. El cambio de estrategia de las FFAA acabó por arrinconarlos. Para 1992, los más importantes líderes fugados habían sido recapturados, incluyendo a Víctor Polay, el dirigente máximo. El golpe de gracia lo constituyó la capitulación del Frente Nor-Oriental, cuyos principales líderes se acogieron a la Ley de Arrepentimiento promulgada poco antes por el gobierno.1

A estos golpes se sumó el fin de la guerra fría, la crisis de la utopía socialista y la decisión de los movimientos armados centroamericanos de entablar negociaciones de paz. El MRTA terminó como superviviente de un capítulo cerrado en la historia de América Latina y culminó una evolución que venía de tiempo atrás, convirtiéndose en un grupo especializado en secuestros y golpes de mano, contaminado por el narcotráfico, resolviendo repetidas veces sus disputas internas por medio del asesinato. Derrotados estratégicamente, aislados de la dinámica social y política del país, los dirigentes nacionales todavía en libertad se ensimismaron en la preparación de dos golpes de mano: la toma del Congreso, que abortó en noviembre de 1995 con la captura del comando encabezado por Miguel Rincón, y la toma de la residencia del embajador japonés, con la cual regresaron casi literalmente de ultratumba al escenario nacional e internacional.

La toma de rehenes: el azar y los errores

¿Cómo pudo un grupo tan débil realizar una operación tan exitosa? Aparte del azar en la historia, cabe señalar que hoy en día ataques terroristas y golpes de mano similares pueden producirse casi en cualquier parte del mundo: bombas en Oklahoma y en el World Trade Center de New York, gas nervioso en el metro de Tokio, bombas en el metro de París, un escape cinematográfico de una prisión chilena de alta seguridad pocos días después de la acción del MRTA en Lima.

Pero que algo semejante pueda pasar en cualquier parte no elimina responsabilidades, que pueden advertirse antes y después de producida una acción de este tipo. Antes: minimizando riesgos. Después: maximizando el «control de daños».

a) Antes. Minimizar el riesgo de que se produzcan acciones como las del pasado 17 de diciembre, especialmente si se quiere hacerlo respetando los marcos democráticos, requiere hoy más que nunca servicios de inteligencia y fuerzas policiales altamente profesionales, tecnificados y no polítizados. No era el caso del Perú, donde después de la derrota militar de SL y el MRTA las fuerzas de seguridad bajaron la guardia y se concentraron en objetivos políticos, específicamente en asegurar la reelección del ing. Fujimori en el año 2000. Así, en vez del seguimiento de los restos del MRTA y SL, se dedicaron a montar operativos de inteligencia contra la alcaldía limeña, contra periodistas y medios de comunicación opositores, contra miembros del propio Tribunal de Garantías Constitucionales o contra el Gral. Robles.

b) Después. A un mes de la toma de la residencia, puede decirse que en lo referente al «control de daños» y a la búsqueda de una solución pacífica de la crisis, el balance resulta frágilmente favorable. En los primeros días, se evitó una reacción desesperada y la posibilidad de un asalto a la residencia ha ido alejándose en cada nuevo capítulo de la crisis. El gobierno, y el país, han sido capaces de asimilar el golpe. No estamos en 1992.

Al mismo tiempo, la crisis ha revelado, esta vez en una situación límite, la naturaleza extremadamente centralizada y personalizada del régimen. Cuando la nube de periodistas de todo el mundo llego al país, encontró que no existía un portavoz oficial del gobierno y que tenían que esperar varios días hasta que el propio presidente se dirigiera al país. Un «equipo de crisis» a cargo del manejo del problema se formó mucho más rápidamente en Tokio que en Lima. Si existió uno aquí desde el principio, debe haber estado conformado por los sospechosos de siempre, actuando en el secreto de costumbre.

El gobierno ha mostrado, asimismo, su dificultad para convocar y movilizar al conjunto de la sociedad y de las fuerzas políticas en torno a intereses nacionales, incluso en situaciones tan graves. Los primeros días surgieron iniciativas y movilizaciones espontáneas de sectores sociales, municipios, iglesias. Cuando el gobierno movilizó lo hizo en términos estrictamente partidarios. Habitantes de los Conos, beneficiarias de programas como el Vaso de Leche, marchaban a la residencia con banderolas anaranjadas (color de Cambio 90) y eslogans como: «Estamos con el Sr. Presidente» o «Estamos con el Chino», que revelaban, otra vez, la naturaleza personalizada de la adhesión.

Finalmente, a pesar de que la oposición expresó su disposición a conceder una tregua política, el gobierno decidió jugar el papel de los políticos tradicionales -mezquinos e inmediatistas- que siempre criticó. En plena crisis, con los ojos del mundo puestos sobre Lima, la mayoría parlamentaria continuó su ofensiva contra instituciones como la Fiscalía de la Nación y el Tribunal de Garantías Constitucionales.

El contexto «global»

Sin embargo, en el manejo específico de la crisis de los rehenes, el desempeño gubernamental ha sido prudente. Desde su primer mensaje al país, el presidente abrió el camino a una solución pacífica al proponer la formación de una comisión de garantes. A partir de allí, con altibajos, se ha avanzado de la incertidumbre a la precisión de ciertos marcos dentro de los cuales es posible preparar las condiciones para un desenlace incruento.

En esta evolución positiva ha jugado un papel importante la comunidad internacional. El fin de la guerra fría, el colapso del bloque soviético y los procesos de paz en América Central han dejado sin posibilidad de respaldo internacional a grupos como el MRTA. El unánime apoyo de los países latinoamericanos.2 y del Grupo de los Siete es un activo invalorable para el gobierno. Cabe destacar el papel de Japón. Su decisión de dar primera prioridad a la vida de los rehenes y la llegada del Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Ikeda, con un numeroso equipo de asesores, parece haber tenido influencia decisiva en bloquear la posibilidad de un asalto a la residencia, técnicamente territorio japonés.3

También la prensa contribuyó a poner por primera vez al Perú en el candelero global. Nunca convergieron sobre Lima periodistas de tantos países, cuyo papel ha sido ambiguo. Por un lado, la violencia potencial se convirtió en espectáculo. Los medios contribuyeron, además, a la segunda victoria del MRTA: la conferencia de prensa de Néstor Cerpa el 5 de enero. Finalmente, conforme se alejaban las posibilidades de primicias en la residencia tomada, los periodistas buscaron no sólo el contexto sino la nota insólita, algunas veces con frivolidad.4 Pero, por otro lado, la presencia de la prensa internacional contribuyó también, de manera significativa, a reducir las posibilidades de una incursión violenta. Y cuando los periodistas buscan el contexto, si bien puede advertirse a veces frivolidad o sesgos hacia lo tremendista, también se encuentran opiniones serias sobre aspectos dramáticos de nuestra realidad que obligan al gobierno a dar respuestas creativas más allá de la simple propaganda.

Salidas posibles

Es posible y necesaria una salida pacífica y política a la crisis, dentro de los marcos de la legalidad.5 El gobierno, la opinión pública y la comunidad internacional respaldan esta posición, que descarta la liberación de los dirigentes emerretistas presos pero deja espacio para negociar la liberación de los rehenes sin concesiones sustanciales a los asaltantes, y puede abrir puertas para que los peruanos discutamos, más allá de esta crisis, una agenda de paz y democracia para el país.

a) Es necesaria, porque una perspectiva democrática requiere que el capítulo final de una guerra interna sea un capítulo político, por más débil que sea el adversario. La prueba de que no basta la derrota militar la dan tanto el surgimiento del MRTA como la reciente toma de rehenes.6.

Se ha discutido si esa salida política implica un acuerdo de paz. No necesariamente. Siendo el MRTA un grupo aislado socialmente, no cabe una solución «a la centroamericana». No hay interlocutor válido para un acuerdo como los firmados en Guatemala o El Salvador. Pero es posible entablar la negoción -interlocución, conversación o como quiera llamársele- con el MRTA como un hecho político y encontar puntos que, sin violar la legalidad, permitan la liberación de los rehenes y, de ser posible, la renuncia del MRTA a la lucha armada y su reubicación como actor político. Puntos como la salida del país de los asaltantes, la mejora de las condiciones carcelarias para los emerretistas presos,7 posibles revisiones de penas e incluso una amnistía dentro de varios años para quienes no hayan estado involucrados directamente en hechos de sangre, siempre y cuando el MRTA renuncie a la violencia, podrían ser considerados.

b) ¿Es posible tal solución? Lo es, porque si bien la toma de la residencia ha sido un hecho terrorista, moralmente excecrable y políticamente injustificable, los asaltantes no son un comando suicida con una agenda ininteligible como la de algunas sectas que actúan en otras partes del mundo. Reconocerlo no significa hacer concesiones al MRTA, sino constatar una realidad no sólo peruana sino latinoamericana.8. Los asaltantes se consideran portadores de un proyecto político. Si bien objetivamente dicho proyecto se encuentra en escombros, es indispensable tomar en cuenta la subjetividad de los interlocutores, que son todavía lo suficientemente políticos -y el jefe del comando tiene además un pasado sindical- como para saber que su «programa máximo» no es viable. Si se impone el principio de realidad, al margen de consideraciones morales los asaltantes tienen que reconocer que la correlación de fuerzas políticas y sociales no da para la liberación de los emerretistas presos.

El peligro, por el lado del MRTA, es que prevalezca la vocación de inmolación que según Max Hernández recorre intermitentemente nuestra historia, y que la crisis pueda acabar en tragedia. El peligro, por el lado del gobierno, es que prevalezca la reticencia a la negociación, la vocación por victorias totales que terminen con la rendición del adversario, sin concesiones, ni siquiera menores.9. Peor aún sería que las FF.AA. optasen por este camino entrando en contradicción con el Ejecutivo, como ha sucedido ya en ocasiones anteriores en las que han creído ver menoscabados sus privilegios y/o su imagen (la libertad del Gral. Robles sería la más reciente). En tal escenario, en el comando emerretista arrinconado podrían activarse reflejos de inmolación.10.

Lo mejor para el país sería que, más allá del desenlace incruento de la crisis, este incidente fuera el catalizador para un «acuerdo de paz» entre los peruanos. En otras palabras, para que el gobierno, los partidos políticos y la sociedad reconozcamos que hay una agenda pendiente de paz, derechos humanos, justicia social y democracia en el país; que no se puede abrir un nuevo capítulo sin una reflexión sobre uno de los períodos más violentos de nuestra historia; que no se puede, por tanto, pretender ser jaguar en el S.XXI sin saldar cuentas con nuestros propios demonios, que se desencadenaron de manera tan brutal en la década de 1980.

Notas

1 Tanto la discusión sobre la participación en las elecciones regionales de 1989, aireada en Voz Rebelde, órgano periodístico del MRTA, como el predominio de los cuadros militares sobre la dinámica más «social» de quienes estaban vinculados al campesinado del «Frente Nor-Oriental» fueron mencionados por Carlos Tapia en una reunión en el IEP (6.1.97)

2 Salvo el incidente producido alrededor de la liberación del embajador de Uruguay.
3 Luego de la partida de Ikeda, el embajador Terada, representante en México, permaneció en Lima a la cabeza de un equipo en lo que para el Japón representa la mayor operación diplomática de todos los tiempos en América Latina.
4 Un ejemplo es la carátula de la edición internacional para América Latina de Newsweek (13.1.97). Allí aparece Néstor Cerpa con pañuelo tapándole el rostro, junto a un titular -«En nombre del amor»- que hace referencia a su esposa encarcelada.
5 Una formulación parecida fue expresada por Santiago Pedraglio en la mencionada reunión del 6.1.97 en el IEP. Esta formulación hace explícitas las diferencias con la situación centroamericana que requería acuerdos de paz, y se diferencia al mismo tiempo de quienes quieren encarar el problema como si los asaltantes fueran delincuentes comunes, y/o de quienes pudieran propugnar una solución violenta. Por su parte un reciente comunicado del Instituto de Defensa Legal (IDL) se explaya en las diferencias que existen con el escenario de América Central y en otras razones por las cuales no sería válida la figura de un acuerdo de paz.
6 En 1965 las guerrillas del MIR fueron derrotadas en menos de un año. Sin embargo, más de 15 años después el MRTA surgió reivindicando banderas similares. Fue derrotado militar y socialmente, pero a pesar de ello fue capaz de montar un operativo como el asalto del 17 de diciembre.
7 Estas y otras medidas como la modificación de la Ley Antiterrorista, venían siendo reclamadas desde mucho antes por organismos defensores de Derechos Humanos, ONGs, organizaciones sociales, partidos de oposición, entre otros.
8 Salvo el caso de Sendero Luminoso, América Latina no sufre hoy de manera tan intensa el tipo de conflictos religiosos, étnicos o nacionales que conmocionan a otras regiones del mundo.
9 Recientemente diarios peruanos han publicado despachos de prensa en los cuales el Parlamento y el primer ministro del Japón llaman a encontrar una solución rápida a la crisis. Al momento de escribir este artículo el Departamento de Estado de los EE.UU. ha emitido un pronunciamiento semejante. Estas declaraciones expresarían cierto malestar ante la actitud del gobierno que pareciera jugar la carta de la negociación (o del diálogo), pero apostando al mismo tiempo a darle largas para lograr el desgaste de los asaltantes y su eventual derrota sin necesidad de diálogo.
10 En la mencionada reunión del IEP (6.1.97), Javier Diez Canseco informaba que en la casa tomada los asaltantes repartían ejemplares del libro sobre la toma de la fábrica de Cromotex en 1979, en la cual participó Néstor Cerpa y que terminó con la muerte de seis obreros y un policía. Max Hernández ha resaltado la importancia simbólica de que Cerpa asuma como seudónimo el nombre de uno de los obreros muertos en Cromotex: Hemigidio Huertas Loayza.


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