Ha sido, entre otras, también una crisis del lenguaje. Las palabras rompieron más de una vez la relativa fidelidad que deben guardar con los hechos. Néstor Cerpa, hablando de los señores retenidos para referirse a los secuestrados. Las autoridades del gobierno, pretendiendo encubrir con la palabra «conversaciones» la realidad de las negociaciones. Todos nosotros hablando de solución pacífica para referirnos a un diálogo sobrepoblado de fusiles de asalto y de granadas. Y la denominación «crisis de los rehenes» para un suceso que condensaba muchas otras crisis, errores y precariedades de todos los actores involucrados. Quizás la primera lección que debamos sacar de este acontecimiento es cuán banal resulta disfrazar los hechos con frases. «Save the face», le dicen los gringos; guardar las apariencias, le decimos nosotros, no salva a ningún barco cuando le dan en la línea de flotación.

Cómo llegaron hasta allí.

Comencemos por Néstor Cerpa y su pequeño grupo de emerretistas. Ellos mismos son el resultado de algunas audacias, pero también de varias carencias, precariedades y fracasos.

Cerpa siempre fue un militante osado y radical. Lo demuestran sus años de sindicalista y las tomas de locales que protagonizó ya en 1979. También ha sido un emerretista eficiente a su manera. A diferencia de todos los otros dirigentes del MRTA, nunca fue arrestado ni herido de consideración, y llevó a cabo varias tomas de pueblos. Como sindicalista, antes, y como emerretista, después, realizó varias acciones para liberar a sus camaradas presos, sin mayor éxito. Pero también sin mayor fracaso. Son razones personales que explican parcialmente su incursión en la residencia del embajador japonés.

Pero también hay otras razones, menos directas pero también efectivas, para esbozar los antecedentes que lo llevaron a él y a su grupo hasta ese lugar.

Por ejemplo, la carencia flagrante de un cierto sentido laboral y social en la democracia que resurge en el Perú de los 80 y continúa en los 90 con Fujimori. Una democracia que devolvió el derecho al voto y la libertad de prensa, pero que se ha asentado, desde su gestación a fines de los 70, sobre la derrota de los sindicatos una y otra vez en esos años, en los 80, en los 90 y no sé hasta cuándo. Cómo olvidar, por ejemplo, los 4 mil 500 dirigentes fabriles despedidos en un solo día en 1977; o la corte luctuosa de huelgas aplastadas como aquella de Cromotex, en febrero del 79. O la caída vertical de los salarios reales y el paulatino establecimiento de una legislación hostil a los trabajadores en los 17 años siguientes, es decir hasta ahora.

Esto no legitima a la lucha armada ni menos al terrorismo. Pero sucede una paradoja con nuestras democracias latinoamericanas. Se gestan con la derrota de los militarismos y a eso ayudan los sindicatos. Pero luego son éstos los derrotados. Cerpa es sólo uno de aquellos sindicalistas amargamente batidos en las vías institucionales, frecuentememte inequitativas. Optó por otro camino, que no ha sido el que siguió la inmensa mayoría de sus antiguos compañeros, pero algunos sí. Y no tenemos que recordar que la actividad subversiva sólo necesita de algunos pocos.

Pero también se refleja en el grupo emerretista la precariedad de los partidos políticos tradicionales. Su ausencia desde los años 70 en los medios laborales, barriales y campesinos. Su negligencia respecto a las demandas populares y regionales. Su secular centralismo limeño. Por algo, la izquierda radical creció explosivamente en esos años y en esos medios. Por algo los bastiones subversivos de Sendero y del MRTA fueron, respectivamente, Ayacucho en el sur andino, y San Martín en la selva norte.

La izquierda radical fue una opción para estos movimientos populares. Y tuvo el tino de ingresar, en la amplia mayoría de sus grupos, a la política institucional mediante su participación en las elecciones generales, en el Congreso, los municipios y en los gobiernos regionales. Sin embargo, nunca resolvió con coherencia el problema de concordar las propuestas de reforma social, los discursos revolucionarios y las prácticas parlamentarias. Se fragmentó hasta casi su total desaparición. Precisamente uno de los temas en que se asfixió fue en el de la posición respecto a la lucha armada.

Pero el MRTA dijo sí y copió al detalle las estrategias y hasta ciertos lemas de las guerrillas centroamericanas y colombiana. Sobre ellas colocó la silueta de Túpac Amaru y comenzó sus acciones armadas en 1984. Pero su lucha armada nunca captó una adhesión popular significativa. Ni siquiera en su bastión, el Huallaga Central, o más exactamente Tarapoto, pues las elecciones eran ganadas por los partidos de derecha o de centro. Le pasó lo mismo que a todas las guerrillas latinoamericanas que surgen o pretenden seguir sus acciones en contextos democráticos. O se pasman o las desbaratan o se pervierten.

Al MRTA le pasó las dos últimas cosas. En 1993 su pequeña estructura nacional ya había sido desbaratada. Casi todos sus dirigentes fundadores estaban en la cárcel, en el exilio o muertos.

Desde inicios de los 80, inspiradas de alguna manera por los tramos finales del alzamiento sandinista en Nicaragua, las guerrillas centroamericanas y colombiana pretendieron resolver sus entrampamientos mediante iniciativas de acuerdos de paz o de reincorporación a la legalidad, exitosas en algunos casos, trágicamente frustradas en otros.

El MRTA también realizó algunos intentos en este sentido. Hubo algunas declaraciones de tregua y por lo menos dos de sus dirigentes encarcelados hablaron de negociar la paz. Pero nunca fue un elemento importante entre sus propuestas.

En 1994-1995, el único foco con acciones armadas que le quedaba era una zona de Chanchamayo, pero las acciones por las que más se le recordaba eran los secuestros de empresarios por dinero, algunos de los cuales culminaban con la muerte del secuestrado. Estas acciones, más algunos sangrientos ajustes de cuentas en sus propias filas, comenzaron a hacer más profunda una cierta marca terrorista que estuvo desde un inicio en su actividad. Su aislamiento era cada vez más asfixiante.

El arresto, en noviembre de 1995, del grupo que supuestamente preparaba la toma del Congreso fue otro tajo más a la ya desvaída organización emerretista. Pero ahora, con los hechos consumados, se puede ver que lo que quedaba del MRTA pretendía concretar una aventura, una apuesta audaz de todo o nada. No sólo para escapar del sofocamiento aparentemente irreversible, sino para eludir algo peor: un final anónimo, casi sin pena, totalmente sin gloria. A eso se dedicó Cerpa, y su audacia, su eficacia, más los enormes handicaps que le cedió el adversario, determinaron el éxito del asalto. El problema siguiente fue el de la negociación.

Al otro lado del muro

En ese vasto otro lado había muchos otros actores, desde el jefe policial a cargo del control externo hasta Ryutaro Hashimoto, el primer ministro japonés. Pero el protagonista principal ha sido sin duda el presidente Alberto Fujimori. Debe haber sufrido una fuerte impresión la noche del martes 17 de diciembre. El mismo pudo haber sido capturado como rehén. Pero tuvo que enfrentar esta crisis debido a una suma de las carencias del país que él recibió más las limitaciones de su propia gestión.

Pese a los grandes cambios en la economía peruana, el Perú de los 90 ha avanzado nada o muy poco en las esferas sociales, regionales, laborales y políticas respecto a las décadas anteriores.

Que Satipo y Chanchamayo sean los lugares de donde proviene una parte de los jóvenes que acompañan a Cerpa no quiere decir que sean hoy lo que fueron Ayacucho para Sendero o Tarapoto para el MRTA en los 80. Pero ilustran bien cómo hay zonas descolgadas de los enclaves de relativa prosperidad de la era Fujimori y que probablemente nunca van a engancharse si se sigue el actual modelo de libremercado a rajatabla. Y con seguridad también hay Satipos y Chanchamayos urbanos, más bien áridos y resecos, en la periferia barrial limeña.

Ya las universidades y los sindicatos han dejado de ser hace tiempo las vetas de reclutamiento de los grupos que optan por la violencia política. Sin embargo, no debería descartarse que haya jóvenes de las barriadas o de regiones atrasadas que sean aún sensibles a la seducción de la violencia política o del narcotráfico. El Chiapas mexicano, o el Putumayo colombiano, o el Chanchamayo o el Huallaga peruanos son muy distintos, pero se evocan mutuamente.

El problema es que la era Fujimori no ofrece respuestas a ello. Por el contrario, su política de pacificación es criticada casi universalmente por restringirse a las acciones militares y policiales. Deja abandonadas totalmente las esferas políticas y sociales. Con ello puede lograrse, efectivamente, pacificar determinadas zonas y medios sociales, en el sentido de controlar territorios y poblaciones o de abatir y capturar a militantes y dirigentes subversivos.

Pero es dudoso que se pueda hablar de una política de paz, en el sentido de acciones para lograr economías más equitativas, relaciones sociales más armónicas y relaciones políticas menos conflictivas. Eso va mucho más allá de las competencias de los generales, que ya tienen bastante con su propio campo. Y si no surgen acciones en esas esferas, los grupos violentistas pueden reproducirse aunque sea en menor escala a pesar de haber sido antes derrotados.

El sesgo militar de la acción antisubversiva de los gobiernos peruanos, incluido el actual, ha determinado dos carencias notables en ella.

Lo primero es una política de información. En realidad se ha practicado una política de desinformación. No se ha permitido conocer a los ciudadanos peruanos ni a los medios de prensa la realidad de las acciones de los grupos subversivos. Es legítimo que un Estado mantenga en reserva sus acciones de defensa del orden antes de que sean realizadas o culminadas, pero es contraproducente que no se dé a conocer una información oficial y periódica sobre las acciones de los subversivos. Esto se ha manejado erróneamente como información reservada. La información abierta, principalmente de la prensa, no recoje todas las acciones porque un número significativo ocurre en provincias lejanas. Esto ha impedido una percepción más realista de los ciudadanos y de los medios de prensa respecto a los grupos subversivos.

Lo segundo es una política de diálogo con los grupos subversivos. Eso marca una diferencia notable con los gobiernos centroamericanos, colombiano y mexicano. No se trata necesariamente de acuerdos de paz y de negociaciones tan vistosamente formales como la que recientemente ha culminado en Guatemala. Pero sí de tender puentes para que los subversivos dejen la lucha armada.

Otras limitaciones de la gestión del actual gobierno han ocurrido dentro de la propia esfera militar y policial, y tienen que ver con lo que a estas alturas ya es ocioso abundar: los errores de los servicios de inteligencia, básicamente la subestimación de los grupos subversivos. Gran parte de ello se debe al retiro, desde 1993, de una buena cantidad de oficiales altamente capacitados de los organismos policiales de investigación antiterrorista.

Cabe anotar que estas fallas ya habían sido detectadas a mediados de 1996, cuando se habló ampliamente de la reactivación de Sendero Luminoso. La actual dirección nacional de la Policía Nacional habría tomado algunas medidas para reforzar sus equipos de inteligencia, pero el asalto del 17 de diciembre llegó obviamente antes de que esas medidas dieran sus primeros frutos.

Alberto Fujimori es un pragmático en el significado común del término. Tiene sentido de la oportunidad, opta por lo que es funcional aquí y ahora. Allí ha estado la razón de sus logros en el corto plazo y sus vulnerabilidades en el mediano plazo. En diciembre pasado, tras seis años de gobierno, parecía que el mediano plazo ya lo había alcanzado. Era el mes número doce de un año en el que no dejó de caer en las encuestas y en el que los problemas económicos y políticos crecían lenta pero sostenidamente. La noche del 17 tuvo que concentrarse nuevamente en el cortísimo plazo y volver a poner en juego su pragmatismo.

Entre la razón de Estado y la razón subversiva: la vida

Al escribirse este artículo, las cosas parecen acelerarse hacia una solución negociada, incruenta, del secuestro colectivo, pero en el interín ha habido varios momentos en que muchos creyentes han orado, asidos por la angustia de una posible masacre aparentemente ya en marcha. Eso hubiera marcado el fracaso atroz de las dos partes, puesto que a ninguna le convenía ese desenlace. Fríamente hablando, era el peor negocio para ambos.

Pero Cerpa todo el tiempo, desde el 17 de diciembre, y en algunos momentos los hombres puestos por el gobierno, tuvieron coqueteos con su fracaso, es decir con la muerte.

Cerpa, por ser responsable principal de una acción de terror político, primero, y luego por lo desmesurado de sus demandas en las negociaciones. Absolutamente desproporcionadas en relación a la dimensión real de su movimiento. Los dirigentes subversivos saben que los acuerdos transados en una eventual negociación con el adversario deben guardar una cierta relación con las fuerzas reales de cada bando. No se puede pretender, salvo que se quiera arriesgar el fracaso de una negociación, ganar en una mesa lo que se perdió en el campo de las acciones: en este caso, la liberación de todos o de un grupo significativo de sus camaradas.

Y Cerpa lo pretendió por demasiados días. Rápidamente dejó de lado aquel punto de la modificación de la política económica, incluido sólo como un ritual demagógico. No se hizo problema con lo de su traslado hacia la Selva Central porque tan desprevenido no es. El llamado impuesto de guerra ya era algo de mayor interés real para el grupo emerretista y además más transable. Por eso no desapareció de las negociaciones. Con lo que ha arriesgado un final de metralla, mostrándose inflexible por demasiado tiempo, fue con la demanda de liberación de sus camaradas presos y las bravatas que ha lanzado al respecto.

El jefe emerretista no ha ignorado cómo acabó el secuestro de la embajada dominicana en Bogotá, en 1980. Es más, varios de sus calculados pasos desde el 17 de diciembre han sido un buen calco del caso colombiano. Este acabó cuando el líder del M-19, Jaime Bateman, consideró que lo más importante fue el impacto propagandístico que ya había logrado. Ordenó abandonar la embajada a su grupo y este partió a Cuba con un millón de dólares y ningún preso del M-19 liberado. Pero Bateman aprovechó para lanzar una audaz propuesta de diálogo por la paz en Colombia.

El MRTA ha sido una versión dogmática y desprovista de los matices a veces tremendamente contradictorios del M-19. Sus dirigentes no tuvieron la trayectoria y la provocadora imaginación de los jefes del grupo colombiano; y las peligrosas rigideces de Cerpa desde el 17 de diciembre así lo han reflejado. Ha podido aprender del caso colombiano para buscar una transacción en menor tiempo, por un lado, o para tomar la iniciativa de dialogar sobre su retiro de la lucha armada, por el otro. El mayor logro, el de un honroso abandono de la derrotada vía violenta, ha estado al alcance de su mano. Pero ha preferido especular sobre cuánto más, no sé si presos libres o si dinero, podía obtener manteniendo a los «señores retenidos» una, dos o tres semanas más.

Para guardar las apariencias, ha rodeado su regateo con frases aparentemente principistas sobre la justicia social, como si su acto de terrorismo no fuera la perversión de este noble ideal. Por eso, si esta crisis termina sin pérdida de vidas será a pesar de Cerpa, y no gracias a él.

En el caso del gobierno, una parte de la lentitud de sus reacciones, sus vacilaciones, así como la emisión de señales confusas y contradictorias, se explica por el carácter inédito de esta experiencia en el país. Pero también por todas las carencias y deformaciones de su precedente accionar antisubversivo, ya sea en el campo de las medidas más intrínsecamente políticas o en el de las esferas militar y policial.

Tuvieron que pasar cuatro largos días para que por fin el gobierno, mediante un mensaje del propio Presidente, anunciara el día 21 la línea general que iba a seguir frente a la crisis. Es decir, el descarte de un rescate por la fuerza y la búsqueda de una solución negociada sin hacer concesiones sustantivas al MRTA.

Igualmente pasaron 11 días antes de que por fin el interlocutor Domingo Palermo tomara contacto directo con los secuestradores y 20 días para que, debido al propio reclamo de los periodistas, se tomaran iniciativas de comunicación e información con la prensa nacional e internacional, aprovechadas hasta el cansancio por el grupo emerretista.

Por otro lado, ese error de negarse a dialogar mientras el grupo emerretista no abandonase su demanda de liberación de los presos, así como los despliegues amenazantes de unidades de asalto de la policía, han reflejado el espíritu de halcones incómodos con las salidas políticas que siempre ha caracterizado a la estrategia antisubversiva.

Y esos errores costaron nada menos que otros 20 días de tensión, entre el 12 de enero y el 1 de febrero, en los que no hubo diálogo directo y la Comisión de Garantes quedó nombrada, pero sin que se entablasen conversaciones. Hubo que esperar a la cita de Toronto, con la visible presión japonesa, para que éstas finalmente tuvieran inicio.

Sin duda ha sido un acierto del gobierno el fijarse como meta la liberación de los rehenes dando prioridad a su integridad física. Por esa decisión, el valor de la vida de las personas podría terminar por abrirse paso entre las razones de Estado y las razones subversivas. Pero las grandes carencias y los gruesos errores cometidos, así como lo ocurrido en Toronto, me llevan a preguntarme cuál hubiera sido la actitud del gobierno si los rehenes sólo hubieran sido peruanos. No tengo una respuesta, aunque muchos de mis colegas peruanos y extranjeros apuestan que los halcones no hubieran dejado pasar su hora.

Felizmente, más acá de la entendible presión japonesa, la decisión de buscar una salida negociada ha sido defendida y respaldada ampliamente por la opinión pública local, la Iglesia, todos los medios de prensa, los organismos de derechos humanos, los rehenes que iban siendo liberados, sus familias, gente común y corriente, personalidades eminentes, y por gobiernos democráticos solidarios con el Perú y los peruanos. Que no haya sido en vano.

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