Editorial

Dedicamos el número 105 de Quehacer a aportar elementos de juicio que contribuyan al análisis y propuestas de solución del problema suscitado a raíz de la repudiable toma de la casa del embajador del Japón en Lima por un grupo armado del MRTA y de la abierta violación de los derechos humanos básicos de un conjunto de ciudadanos peruanos y extranjeros detenidos allí abusivamente en calidad de rehenes.

Convencidos nosotros, como la gran mayoría del país, pero también como los gobiernos del Perú y del Japón, y la opinión pública internacional, de la imperiosa necesidad de una salida pacífica a la crisis de los rehenes, creemos que es menester sustentarla no solo en términos humanitarios -que sin embargo entendemos prioritarios- sino además políticos, por cuanto eminentemente políticos son los temas que atañen al objetivo de erradicar la violencia de nuestra sociedad a través de un proceso de pacificación integral en el Perú.

La sorpresiva irrupción violenta del MRTA, en momentos en que se afirmaba -hoy lo sabemos, equivocadamente- que este movimiento se encontraba prácticamente extinguido, nos recuerda dramáticamente que no es suficiente la sola derrota militar de la subversión de cualquier índole para lograr la paz.

La situación actual, aunque producida por un reducido grupo de miembros del MRTA, nos obliga a revisar el problema de la violencia en su conjunto y a intentar un diagnóstico que nos permita enfrentar el futuro con una agenda que comprometa la participación de todas las instituciones de la ciudadanía en el Perú.

La pasión política e ideológica de cualquier signo puesta hoy por delante para enfrentar la crisis puede inducir a errores que comprometan seriamente su desenlace pacífico con consecuencias lamentables susceptibles de avivar nuevamente los fuegos de la violencia. Tampoco la soberbia, categórica en sus asertos, es buena consejera.

De la imagen del MRTA, con rigor y sin concesiones, pero en un esfuerzo de objetividad, se ocupan diversos analistas en las siguientes páginas. No vamos a abundar en ello, pero si de veras quiere el MRTA poner en acuerdo su imagen -gravemente mellada, con su acción aventurera, ante la opinión nacional y mundial- con su discurso y sus móviles primigenios, en los que dice fundar su acción, tiene ahora la oportunidad de reconciliarse con el país contribuyendo seriamente a encontrar una salida pacífica al problema que ellos mismos han creado. Su compromiso con la historia y con la vida consiste en aceptar que nada bueno han de lograr a través de una fuerza que usa como escudo a seres humanos inocentes.

No podemos dejar de lamentar tampoco las enormes dificultades que ha tenido el gobierno para el inicio y desarrollo de las negociaciones en favor de la liberación de los rehenes. Solamente la precaución y el desconcierto originado por un problema inusitado y fuera de cualquier predicción, puede explicar tal retraso. Las semanas se van sumando en detrimento de la salud de los rehenes como de la propia imagen del país. El tratamiento de esta crisis ha servido para evaluar las características del régimen político vigente. Si bien no es éste el momento de ocuparnos de sus debilidades y limitaciones, sí es indispensable señalar que en lo medular se ha logrado combinar las inocultables características autoritarias con las presiones internas y externas por la búsqueda de una solución pacífica y de respeto a los derechos humanos.

Los sectores más radicales que abogan por una salida militar al impasse han quedado de lado. Incluso las críticas a la Cruz Roja, por ejercer a toda costa su papel neutral en las negociaciones, han sido superadas por el respaldo general al trabajo excepcional, eficiente y comprometido de sus miembros.

Los medios de comunicación vienen cumpliendo en este campo un papel fundamental. El seguimiento milimétrico de todas las acciones comprometidas con este problema ha sido fundamental para aportar elementos de juicio y combinar puntos de vista en aras de una solución acorde con los principios democráticos y de respeto a la vida. Esto no los exime de responsabilidad por sus muchos errores y en ocasiones por el abuso de su poder, cambiando información por mera especulación, especialmente en los tiempos muertos en que la negociación parece estancarse. La ciudadanía ha tenido en los medios de comunicación un recurso fundamental de apoyo, especialmente al principio de la crisis, cuando el gobierno no atinaba a instalar, como después efectivamente hizo, un centro de información que permitiera al país y al mundo contar con recursos de conocimiento sobre el asunto.

Las instituciones de la sociedad civil han venido siguiendo de cerca este problema sin posibilidad de acción directa alguna. Nos consta de muchas reuniones de información, evaluación y de propuestas. Sin embargo, es muy sintomática la nula o escasa convocatoria del gobierno a la ciudadanía. Salvo las demostraciones públicas de solidaridad con la vida de los rehenes, solo una parte de las cuales han sido fruto de la libre iniciativa ciudadana, no parece haber en este caso espacio alguno de opinión, si no de intervención, para la sociedad civil. Siendo la principal involucrada, en la medida que es en ella que se respalda la acción de los protagonistas, no es convocada en ninguna instancia para conocer su pensamiento al respecto.

Estamos ante un escenario cuyo conflicto plantea una resolución sumamente difícil e imprevisible. Quienes nos encontramos de espectadores no podemos ser ajenos a lo que sucede en este escenario. Tampoco somos imparciales, en la medida que es nuestro gobierno actual, con todas sus deficiencias, quien representa los intereses del país. Pero estamos en la obligación de reclamarle la tolerancia que posibilita el diálogo. Las vidas de los seres humanos que se encuentran en la casa del embajador del Japón claman por una solución pacífica a este problema y por una agenda de pacificación que nos permita enfrentar a cabalidad el problema de la violencia en nuestro país. Es ocasión para todos de intentar extraer de este episodio dramático un resultado que contribuya a la paz y a la reconciliación en el país.

Para terminar, somos conscientes del riesgo que asumimos al dedicar una edición extraordinaria de nuestra revista a este

importantísimo tema, cuando el proceso aún no ha concluido -y nada nos alegraría más que concluyera pronto y bien, aun cuando nos echara a perder la primicia- pero incluso si tal fuera el caso, creemos que estamos entregando un material valioso -y esforzado- a nuestros lectores.


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