Estas líneas se escriben en días inciertos respecto a la situación de los rehenes de la residencia del embajador japonés.

Dialogar ya

Hace un par de semanas parecía vislumbrarse el inicio de un diálogo a partir de la propuesta -algo confusa, es verdad, pero que constituyó un primer paso- de conformar una comisión de garantes. Lamentablemente en los últimos días una serie de hechos han enrarecido la atmósfera. El peor momento tuvo lugar con la desafortunada -es lo menos que se puede decir- decisión de desafiar a los captores, y de paso afectar a los rehenes, con desfiles y marchas militares, e incluso con gestos provocadores.

El temor de que se estuviese planeando una entrada violenta a la residencia tomó nuevamente fuerza. La opinión pública se ha pronunciado masivamente contra esta eventualidad; pero todo indicaría que, en los hechos, el más importante garante de que esto no ocurra es el gobierno japonés. El encuentro de Toronto ratifica esta suposición. Auún así, la inquietud de que se produzca una salida cruenta, con el costo en vidas y las consecuencias que se pueden prever (por muy «limpia» que se pretenda la operación) permanece. Hay lenguajes y actitudes que parecen dejar peligrosamente entreabiertas algunas puertas al respecto.

Se hace, en efecto, cada vez más difícil comprender por qué no comienza ya el diálogo necesario. En un primer momento la sorpresa y el desconcierto, producidos por el hecho en la población y en las autoridades políticas hizo lentas las reacciones de estas últimas; ello se reflejó en el deficiente manejo de la información. Pero acercándonos a los cincuenta días del inicio de este repudiable e incalificable secuestro no podemos decir que las conversaciones sean prematuras. En lugar de eso hemos tenido de una parte y otra pronunciamientos públicos que, como no podía ser de otro modo, presentan las exigencias máximas, se prestan a las amenazas, endurecen las posturas y dificultan las conversaciones.

Es probable que en contactos intermitentes e informales se estén sosteniendo en estos días cosas distintas y que en medio de lo delicado del asunto un proceso de aproximación esté en curso. No obstante, la prolongación de esa informalidad y, lo que es peor, cuando lo que se dice privadamente se lanza a todos los vientos para demostrar que la otra parte está cediendo, no contribuyen a un diálogo eficaz.

Dada la situación no hay soluciones ideales. Está en juego la vida de numerosas personas y la prioridad es salvarlas. Ciertas concesiones tendrán que ser hechas, es inevitable. Ellas no pueden comprender la liberación indiscriminada de presos condenados por acciones criminales. La cuestión es tan obvia, y hay tal consenso en la opinión pública sobre ella, amén de la exigencia internacional, que el gobierno no puede hacer otra cosa que negarse a concederla. Es difícil creer que los captores no lo comprendan así, pero se explica que la planteen públicamente, con el ánimo de obtener ventajas en este horrendo toma y daca.

Pero hay muchos otros puntos que no revisten esa gravedad y que por consiguiente pueden ser objeto de conversaciones (condiciones carcelarias, jueces sin rostro que de continuar harán interminable la tarea de la comisión de indultos, y otros). Aunque repugne tener que tratarlos bajo la presión y la amenaza a la vida de los rehenes. Pero su sufrimiento y el de sus familias, así como la terrible tensión y el desgaste que este hecho produce en todos los peruanos y en la imagen del país, exigen que se ponga fin a esta situación. Urge iniciar de verdad un diálogo por laborioso que pueda ser.

Ello requiere tener la voluntad de llevarlo a cabo, así como ser claro sobre las prioridades y las verdaderas condiciones para la seguridad del país; de ese modo se puede saber sobre qué se debe ser firme y cuáles son los márgenes de acción. La arrogancia, así como consideraciones, y cálculos, que no apunten a preservar la vida de las personas presentes en la residencia y defender un Estado normado por el derecho, no harán sino trabar el diálogo y ponernos al borde de circunstancias que pueden escapar a todo control.

Un llamado de atención

Nadie en su sano juicio podía querer que se presentara un trágico asunto como éste para que la conciencia nacional sea golpeada y se entienda que estamos lejos de haber superado la violencia terrorista que tanto daño hizo al país. Pero dada esta indeseable situación podemos desear que ella ayude a percibir que la llamada pacificación obtenida por medios militares es absolutamente insuficiente ante los graves problemas nacionales. Construir la paz es una tarea pendiente que exige una lucidez y un compromiso sobre los que todavía no parece haber un consenso entre nosotros.

Mientras existan la enorme pobreza que padece el pueblo peruano como una terca epidemia, las impresionantes desigualdades sociales y económicas, los trágicos desencuentros entre sectores culturales y raciales, los derechos humanos -el derecho a la vida en primer lugar- pisoteados constantemente, incluso con el apoyo de leyes aprobadas con más celeridad que sentido de justicia, la paz social estará siempre cuestionada. No nos referimos a interrupciones momentáneas de la estabilidad de una sociedad, a brotes esporádicos que la sacudan, hablamos de algo permanente, de una convivencia social que margina de una vida humana y digna a más de una mitad de su población.

La paz supone la justicia, nos dicen incansablemente los viejos textos bíblicos y nos lo han recordado reiteradas veces los obispos del Perú en estos años de una aguda violencia. No lo traemos a la memoria -¿hasta cuándo va a ser necesario repetirlo?- para justificar un sangriento e inhumano terrorismo que no parece haber terminado en el país. Menos todavía para justificar el inaceptable hecho que motiva estas líneas. Sería insensato y fuera de la realidad. No hay, es evidente, una causalidad mecánica entre pobreza (que los obispos latinoamericanos llaman «violencia institucionalizada») y terrorismo. Pero no querer reconocer que la inhumana y radical pobreza que se vive en el país es un caldo de cultivo para diferentes violencias (aquella que se pretende política, pero también la delicuencial y callejera) es no ver una realidad que se hará tanto más amenazante cuanto más excluida querramos mantenerla por defender injustos privilegios.

Una de las más perversas consecuencias del terrorismo de estos años es haber logrado que muchas personas, que lo rechazan políticamente, lo imiten en su desprecio por la vida y los derechos humanos. Que pretendan hacerlo en defensa del orden social no cambia nada al rechazo que nos provocan los métodos que han sido empleados en diversas circunstancias. En efecto, debe quedar claro para todos -fuera y dentro de la residencia del embajador, captores y también rehenes- que el derecho a la vida y a la libertad es inalienable y pertenece a toda persona humana sin excepción. Es una importante ocasión para un severo y franco examen de conciencia.

Este penoso e injustificable acontecimiento nos alerta -una vez más- sobre problemas de fondo del país, pero al mismo tiempo presenta una urgencia que debemos atender de inmediato. En la búsqueda de una auténtica salida nos ayuda el hondo y valiente testimonio de solidaridad que nos viene de un gran amigo, que ha estado muy presente en nuestro recuerdo y en nuestras oraciones en estos días. Con gran sencillez, sin protagonismo ninguno, Juan Julio Wicht nos dice lo que significa caminar tras los pasos de Jesús. Lo esperamos pronto entre nosotros !para jugarnos una buena partida de ajedrez!

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