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Uno de los aspectos decisivos puesto en juego desde el
principio por la crisis de los rehenes, es el relativo a las
imágenes, interpretaciones y opinión que la
población tiene o se va forjando de los acontecimientos y
de sus protagonistas. Aquello que corrientemente se denomina
«opinión pública».
Tomado por sorpresa por los acontecimientos el gobierno hizo
mutis los tres primeros días. El escenario de las
comunicaciones fue entregado al MRTA, que sacó amplia
ventaja con la profusa difusión de su acción a
cargo de la televisión, la radio y la prensa escrita,
tanto nacional como extranjera.
Los distintos medios peruanos no salían de su asombro
frente a un hecho protagonizado por un grupo subversivo cuya
práctica defunción había proclamado en
algún momento el propio presidente Fujimori.
Tan solo algunas semanas atrás, durante una visita a
Bolivia, éste había declarado que la derrota del
terrorismo había sido «un asunto papayita», muy
fácil, que más trabajo le había costado
divorciarse de Susana Higuchi.
Sin embargo, ahora el MRTA había saltado desde el
escondido suelto que merecían sus esporádicas y
escasas apariciones -a veces colocado en las páginas
policiales-, a las primeras planas y a las páginas
políticas y editoriales.
En medio de la incertidumbre y el caos de las primeras horas
los medios se limitaban a informar abundantemente sobre lo
ocurrido y a condenarlo desordenadamente.
La actitud hermética del gobierno hacía
recordar el similar comportamiento que adoptara un par de
años atrás durante el conflicto del Cenepa.
Para paliar en parte la deficiencia el 20 de diciembre el
presidente Fujimori convocó en Palacio a la prensa
escrita. Pero no a toda. Excluyó del convite al diario
La República y al semanario Caretas,
caracterizados críticos del gobierno.
Al régimen le preocupaba -y le preocupa- la imagen
que podía transmitir el MRTA, tanto dentro como fuera del
país. La prensa extranjera denominaba guerrilleros,
rebeldes o subversivos a sus militantes, no terroristas como los
llama el gobierno.
Algunos de sus corresponsales fueron impactados por la
realidad económica, política y social del
país y en sus despachos empezaron a vincular pobreza y
violencia.
Su percepción de cuáles son los principales
problemas del país no anda alejada de aquella que tienen
muchos peruanos: Desempleo (77.5%), crisis económica
(37.3%), pobreza (30.3%), delincuencia (19%), terrorismo (18.3%),
según resultados de un sondeo realizado por IMASEN en los
primeros días de enero.
Tras algunos días de cautiverio el MRTA dejó
libres a algunos de los secuestrados, quienes declararon que
habían recibido un buen trato y que los emerretistas
tenían disposición a un acuerdo político de
paz, que permitiera su incorporación a la vida
política legal.
Según una encuesta que uno de los rehenes -Alfredo
Torres, de Apoyo- realizó durante su cautiverio entre los
secuestrados, el 78% de estos opinó que el trato recibido
por sus captores era bueno.
Así, al peligro de que el MRTA apareciera como un
grupo justiciero, encarnación de ideales
románticos, se sumaba al de que terminara
distinguiéndose de los métodos de Sendero
Luminoso.
Sobre todo cuando, a pesar de que la inmensa mayoría
de la muestra de la población limeña tomada por
IMASEN condena la toma de la casa del embajador Morihisha Aoki,
el 54.8% sostiene que el grupo que lidera Néstor Cerpa
Cartolini es distinto de Sendero, un 26.8% está de acuerdo
con su legalización y un 34% que estima que
defendía a los pobres.
El gran y primer reto para el gobierno era y es entonces
mellar la imagen del MRTA, revertir lo ganado en ese terreno por
el grupo subversivo.
Vuelven los fantasmas
El MRTA podría ser visto como un anacronismo, como un
grupo armado que pretendió insertarse en un ciclo
guerrillero que prácticamente ya había culminado en
América Latina, que aparece en un momento en que en el
Perú la dictadura militar había dado paso a un
gobierno civil y a un sistema político de democracia
representativa.
Pero, del mismo modo, la crisis de la residencia japonesa ha
hecho revivir en cierta prensa a los viejos fantasmas que el
desaparecido diario La Prensa hacía circular
allá por los años 50 y 60, en la época de la
«guerra fría».
En la visión de aquel periódico los
izquierdistas aparecían siempre como personajes sucios,
sin escrúpulos, como elementos criminales e
incivilizados.
Esa es la imagen que, sobre todo, Expreso se ha
encargado de difundir sistemática y profusamente acerca
del MRTA y de Néstor Cerpa.
En sus páginas el MRTA aparece no sólo como
una organización terrorista equivalente a Sendero
Luminoso, sino también íntimamente vinculada al
narcotráfico, con un larguísimo historial de
sangre, capaz de comprar niños por 5 mil dólares
para educarlos como terroristas.
Sus militantes son descritos como haraganes, asaltantes y
hampones. Su dirigente Cerpa es pintado como un tipo con
mentalidad de adolescente, frío, hosco, violento, cuya
vida está llena de crímenes.
El paroxismo en la descripción llega en la
edición del 17 de enero. Allí se afirma que cuando
era sindicalista Cerpa obligó a Hemigidio Huerta -
dirigente obrero que murió abaleado por la policía
en los sucesos de la fábrica Cromotex- a escribir en la
pared una consigna con su sangre.
Según Expreso la conducta criminal del MRTA es
consecuencia del marxismo, porque -siempre según ese
diario- se trata de una ideología que propugna la
violencia, la misma que sólo acarrea pobreza.
En determinado momento de esa campaña algunos medios
no vacilaron en menoscabar la imagen de los rehenes y exrehenes
que se pronunciaron en favor de una solución
pacífica y de un acuerdo integral encaminado a pacificar
el país.
Estos fueron presentados como víctimas del
«síndrome de Estocolmo» y dominados por el miedo a sus
captores. Del propio canciller Francisco Tudela -uno de los
rehenes- se dijo que había sido inducido por Cerpa a
pronunciarse en el sentido en que éste último
quería.
En otros casos se afirmó que los emerretistas
soltaron a algunos de sus secuestrados para que les sirvieran de
portavoces. Uno de los más afectados por esa
acusación fue el congresista Javier Diez Canseco, a quien
una de las columnas de opinión de Expreso
llegó a acusar prácticamente de complicidad con el
MRTA y de ser el mentor de Cerpa.
El recurso del «síndrome de Estocolmo» sirvió
para descalificar a quienes sostenían una propuesta de
solución de la crisis distinta a la del gobierno. Bien
pronto los propugnadores de la misma fueron puestos de lado en la
mayoría de los medios.
Algunas coincidencias
Todos los medios nacionales han coincidido en no llamar
guerrilla al MRTA. En los primeros momentos de la crisis, con
mayor o menor énfasis, concordaron en referirse al MRTA
como una organización terrorista.
Con el paso de los días la dureza de ese calificativo
dará paso en uno de los medios -La
República- al uso de grupo subversivo, emerretistas,
grupo del MRTA y en algunos otros -incluyendo El Comercio-
a la atenuación del empleo del mismo mediante su uso
combinado con los demás.
Sólo el semanario Caretas, sin renunciar a la
condena que le merece el MRTA, ha señalado que si bien esa
organización ha cometido actos terroristas, debe atenderse
a las motivaciones de la violencia política.
Al referirse a los jóvenes emerretistas que aparecen
en la carátula de su número 1447, esa revista
sostendrá el 9 de enero que no se trata de delincuentes
comunes, que «allí hay entusiasmos y solemnidades que, si
bien acompañan juegos letales y eventualmente criminales,
también reflejan ilusiones, quizás ideales».
Por la dimensión e importancia -política y
diplomática- de lo ocurrido, la crisis de los rehenes ha
logrado un lugar relevante en todos los medios. Tanto en su
sección informativa, como en las páginas de
opinión.
En éstos existe consenso en cuanto a la condena de lo
ocurrido. Nadie está de acuerdo con el secuestro de
personas como medio para hacer valer reclamos, por muy justos que
éstos fuesen.
En general, se estima que la violencia subversiva atenta
contra el sistema político establecido, reconocido como
democrático, en el que existen canales legales e
institucionales para tramitar demandas.
Pero también hay diferencias notables en el enfoque
de la crisis y en las propuestas de solución de la
misma.
Los medios no se dirigen sólo a la población,
sino también al gobierno. Tratan de influir en las
actitudes y decisiones de éste.
Una de las encuestas realizadas en Lima en torno a la crisis
revela que la abrumadora mayoría de los entrevistados se
pronuncia en favor de una solución pacífica y
negociada del problema.
Por su parte, tras el desconcierto inicial, el gobierno ha
puesto en práctica una estrategia que se caracteriza por
la inflexibilidad frente a las demandas del comando encabezado
por Cerpa -el 89.5% de los encuestados por IMASEN también
está en contra de la liberación de los presos
emerretistas-, por rechazar cualquier acuerdo de paz con
éstos y por blandir de cuando en cuando la amenaza de una
intervención militar a la residencia japonesa.
De un lado, los voceros del régimen proclaman que su
objetivo es lograr la liberación de los rehenes mediante
recursos pacíficos. Pero, de otro lado, el gobierno
declara que ni siquiera discutirá la principal demanda del
MRTA -la liberación de sus presos-, que las negociaciones
con esa organización se iniciarán sólo
cuando renuncie a la misma.
Preocupaciones y pesadillas
En el debate abierto en los medios acerca de cómo
tratar la crisis el quid del asunto gira alrededor de dos
puntos:
1. Lo que tiene prioridad en la fórmula a emplear en la
solución: la vida de los rehenes o la «razón de
Estado», el llamado «interés nacional»;
2. El alcance de la solución a dar a la crisis: abierta al
proceso de pacificación del país -por lo tanto a
una salida de más largo aliento, de carácter
político- o limitada a la liberación de los
rehenes.
La República y Gestión se
pronuncian decididamente por priorizar la vida de los
secuestrados. Un editorial del segundo de los nombrados va
aún más allá, el 25 de diciembre proclama la
necesidad de preservar «la integridad física de todos los
protagonistas, es decir, tanto de rehenes como de
secuestradores».
A su vez, La República da amplia
difusión a todo tipo de noticias y pronunciamientos en
favor de una salida pacífica a la crisis.
Asimismo, ha recogido notas y artículos en torno a la
propuesta de Acuerdo de Paz que plantearan el congresista Javier
Diez Canseco y otros exrehenes poco después de salir de su
cautiverio.
La idea de una solución que trascienda la libertad de
los rehenes y que se inscriba en un proceso de
pacificación del país, que podría incluir la
incorporación del MRTA a la vida política legal,
también está presente en algunas páginas de
Caretas.
Una de las respuestas a las cartas remitidas a su director,
publicada en la sección «Nos escriben... y contestamos» en
la edición 1148, del 16 de enero, señala: «El
gobierno debiera comenzar a explorar las posibilidades eventuales
(no inmediatas, por cierto) de un acuerdo de paz pensando en los
tupamaros y el M19».
En cambio, en la balanza de Expreso parecen pesar
más las consideraciones «de Estado» y rechaza cualquier
clase de acuerdo de paz.
La línea del periódico es la de no hacer
ninguna concesión al MRTA, particularmente a su demanda de
libertad de los presos emerretistas.
Cualquier propuesta de acuerdo de paz está descartada
porque, según su director, Manuel D'Ornellas, el
país ya está pacificado después de la
captura de Abimael Guzmán y Víctor Polay (22 de
diciembre). Asimismo, en apreciación del periódico,
porque no cabe una negociación de esa naturaleza con un
grupo terrorista derrotado.
En su edición del 29 de diciembre ese diario sostiene
que las únicas alternativas que tienen ante sí los
secuestradores son la muerte, la cárcel o, en el mejor de
los casos, el exilio.
En distintos momentos el periódico pondrá el
acento en la posibilidad del empleo de la fuerza. Tanto
así que el 16 de enero publica un suelto con declaraciones
del presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, quien sostiene
que los rehenes deberán «aceptar el posible sacrificio de
sus vidas».
En su adhesión a una actitud dura e intransigente ha
arremetido contra todo aquello que considera un obstáculo
a la misma, incluidos la Cruz Roja, la prensa extranjera, algunos
medios nacionales y, en determinado momento, los propios
rehenes.
El Comercio también está de acuerdo en
que el Estado no otorgue a los ocupantes de la residencia
japonesa concesiones que afecten el Estado de Derecho. Le
preocupa, como a Expreso, el estatuto de guerrilleros que
la prensa internacional otorga a los integrantes del MRTA. Pero
en ambos casos, a diferencia del diario dirigido por Manuel
D'Ornellas, lo hace en un tono ponderado, sin estridencia. Se ha
manifestado en favor de un manejo sereno y prudente de la crisis
y, aunque sin insistencia, por una salida pacífica a la
misma. No se pronunció frente a los ataques a la Cruz
Roja.
En cuanto a Gestión -que está
claramente a favor de un descenlace pacífico pero sin
concesiones al MRTA- tiene como uno de sus temas de
preocupación la forma como habrá de afectar la
crisis al mundo de los negocios, en particular a las inversiones
nacionales y extranjeras. En algunos momentos se ha mostrado
crítico del manejo gubernamental de la crisis.
Palo y zanahoria
Según el enfoque del problema, del rival que se
enfrenta y del alcance de la solución que se quiere dar a
la crisis, variarán también las propuestas de
tratamiento táctico de la misma.
El gobierno optó desde el principio por una
táctica de «ablandamiento»: primero el corte de
servicios -agua, luz, teléfono- y luego maniobras
policiales delante del local capturado.
Esas medidas fueron acompañadas por un progresivo
«cerco informativo» a los emerretistas: acordonamiento policial
del área, prohibición del ingreso de todo tipo de
publicaciones o receptores y paulatino alejamiento de la prensa
del lugar de los hechos.
Asimismo, el ministro Domingo Palermo -quien ha sido
nominado representante, o interlocutor, del gobierno en unas
eventuales negociaciones-, ha mantenido escasos contactos con el
jefe del MRTA. La comunicación entre el gobierno y el
comando dirigido por Cerpa se realiza mas bien de manera
oficiosa, a través del arzobispo Juan Luis Cipriani.
Las reacciones frente a estas medidas han sido distintas
según los diversos medios.
Mientras Expreso ha manifestado su acuerdo con las
mismas, en el otro extremo La República las ha
cuestionado.
Para el primero el corte de servicios era una medida
necesaria para afectar la moral del comando encabezado por Cerpa.
Palo y zanahoria era la táctica que había que
aplicar para doblegarlo, según ese periódico.
En cambio La República y Gestión
han puesto de relieve que los verdaderos afectados por esa medida
son los rehenes y han demandado la reposición del agua y
la luz.
El silencio gubernamental, que inicialmente mereciera la
aprobación de Expreso, sería cuestionado por
ese mismo diario a partir del 9 de enero, cuando la
Asociación de Prensa Extranjera objetó el
hermetismo del régimen, la pobreza de su servicio
informativo y la falta de un vocero oficial.
Expreso ha insistido bastante en el aislamiento de
los emerretistas: en impedirles la difusión de cualquiera
clase de noticias.
Medios como El Comercio y el propio Expreso,
que en otros momentos han defendido una concepción liberal
de la libertad de prensa, esta vez le han atribuido
límites.
«¿Cuando termina el derecho a informar y comienza la
ayuda a los terroristas?» reza uno de los titulares de portada de
la edición del 22 de diciembre de Expreso, a
propósito de la conexión radial con Cerpa
transmitida por canal 4 en la víspera.
A su vez, El Comercio se mostró partidario de
sanciones al periodista japonés Hitomi Tsuyoshi, de
Asahi TV, detenido unos días luego que ingresara a
la residencia el 7 de enero.
En cualquiera de las redacciones nacionales los jefes exigen
a sus reporteros la mayor de las audacias para la
obtención de primicias. Esta vez la mayoría de los
responsables de los medios condenó aquello que
habitualmente piden a sus periodistas.
Asimismo, cerraron filas con un periodista de TV que se
negó a permitir que el jefe del comando emerretista
replicara las acusaciones por narcotráfico que el programa
dominical que conduce ese hombre de prensa había
difundido.
Salvo La República -y el presidente de la
Asociación de Prensa Extranjera-, la mayor parte de los
medios nacionales tampoco protestó cuando la
policía desalojó a los periodistas de los edificios
cercanos a la residencia, que ocupaban desde los primeros
días de la crisis, y los ubicó en un lugar bastante
alejado.
En relación con el aislamiento al que han sido
sometidos Cerpa y sus seguidores, Caretas publicó
en su edición 1448, del 16 de enero, las notas de una
conversación con el norteamericano Roger Fisher,
especialista en negociaciones. Este sostiene que ese recurso no
conduce a nada y que mas bien hay que mantener abiertas las
comunicaciones.
«Fisher repondría la electricidad en la embajada,
permitiría incluso que Cerpa Cartolini se
comunicará con Víctor Polay por radio», indica la
publicación.
¿Negociar o no negociar?
Un punto medular en el modo de tratar la crisis es el
relativo a la relación a establecer entre el gobierno y el
MRTA: ¿sólo interlocución, como prefiere
llamarla el régimen? ¿negociación?. En
relación a las tratativas, ¿qué se debe
abordar cuál debe ser la agenda?
Hasta el 5 de febrero las negociaciones entre las partes no
habían comenzado formalmente pesar de haber transcurrido
50 días desde el inicio de la crisis.
La conversación radial que sostuvieran el 10 de enero
Domingo Palermo y «don Néstor», como lo llamó el
ministro -conversación calificada como cordial por el
presidente Fujimori-, despertó expectativas en los medios
sobre lo que se consideraba el inminente inicio de las
negociaciones.
En los dos o tres días inmediatamente siguientes
bajó el tono subido de las informaciones y opiniones de
algunos periódicos, como si quisieran contribuir a un
clima mucho más propicio a las eventuales
negociaciones.
Pero estas no se produjeron. Después de que el 12 de
enero Palermo indicara que los puntos a tratar entre las partes
«abarcarían todos los temas identificados en los
contactos previos», la posición del gobierno
recobró su dureza el 17 al anunciar que no iba a discutir
sobre la exigencia de liberación de los presos del MRTA. A
partir de esa fecha las cosas quedaron en un punto muerto.
A lo largo de la crisis el gobierno parece haber jugado a la
estrategia de prolongar lo más que pueda el inicio de las
tratativas. El propósito sería agotar a los
captores de la residencia nipona.
En este punto también han sido importantes las
diferencias entre distintos medios.
En términos generales todos ellos han coincidido en
la necesidad de realizar algún tipo de tratativa con el
propósito de obtener la liberación de los rehenes.
Las discrepancias entre ellos se presentarán en cuanto a
la naturaleza de esas tratativas.
La República demandó desde los primeros
días que el gobierno deponga lo que un columnista
calificó de soberbia e inicie cuanto antes la
negociación con el comando del MRTA.
En algún suelto el analista Carlos Tapia ha sostenido
en ese medio que el gobierno debe permitir la comunicación
radial entre Cerpa y Polay.
Asimismo, también en ese diario, el ex representante
de la ONU para el proceso de paz en El Salvador, Diego
García Sayán, ha señalado que la agenda de
conversaciones entre el gobierno y el MRTA podría incluir
el reclamo de emerretista de liberación de sus presos, sin
que eso signifique el la otra parte va a ceder a esa
petición.
La actitud de Expreso ha sido diferente. Inicialmente
se pronunciará incluso en contra de la negociación
con el MRTA. A lo más admitirá que el interlocutor
oficial Domingo Palermo se comunique con los subversivos por
interpósita persona: a través del representante de
la Cruz Roja, Michel Minnig.
Según su articulista Patricio Rickets, hasta
resultaba monstruoso conversar con el comando emerretista
(edición del 22 de diciembre).
Pero cuando, a mediados de enero, la dinámica de los
acontecimientos parecía dar lugar al inicio de
negociaciones entre el gobierno y el MRTA, el periódico la
aceptará a regañadientes, no sin afirmar el 16 de
enero que «cuesta trabajo aceptar que un gobierno constitucional
y legítimo tenga que sentarse a una mesa con un grupo de
terroristas armados...».
La inflexibilidad gubernamental puesta otra vez en evidencia
después de esa fecha recibió el respaldo de
Expreso, que ha visto en la misma el triunfo de los
«duros» al interior del régimen, de quienes no descartan
la intervención armada a la casa del embajador Aoki.
Este periódico también se ha jugado por una
mayor proximidad del gobierno con el gobierno norteamericano,
debido a que estima que la posición de éste es
menos permeable a concesiones que la de Tokio.
Tintas cargadas
Los periodistas profesionales y los estudiosos de la
comunicación saben que en el periodismo no existe la
objetividad pura.
Ya la misma manera de ver un hecho revela una determinada
comprensión de éste y del contexto que lo rodea,
una particular posición frente al mismo.
La elaboración de la noticia, la selección de
las notas y su edición -titulares, leyendas y fotos que la
acompañan- son otras tantas estaciones de la
producción periodistica en las que está presente la
subjetividad, la adhesión ideologica y las
simpatías políticas de quienes intervienen en ese
proceso. Eso es más claro aún tratándose de
notas de opinión.
Por eso es que frente a la crisis de los rehenes existen
tantos acercamientos y posiciones distintos. Mas aún,
porque, finalmente, se trata de un problema
político.
De allí las pasiones de algunos de los medios.
Pasiones que a veces los conducen más allá de
aquellos límites a partir de los cuales se deja de hacer
periodismo serio y de aportar a la paz y la reconciliación
en el país. |