Pero los brillos democráticos no pueden ni deben enceguecer el análisis y comprensión de la accidentada historia de nuestras sociedades. El acumulado de una compleja trama de factores estructurales condujo a la conformación de entidades nacionales en las que se combinaron de forma peligrosa -y a un ritmo vertiginoso- la injusta distribución de la riqueza y el ingreso, las desigualdades sociales, el desempleo, la explotación, la pobreza, y la pobreza extrema -apelativo técnico que hoy se da a la miseria-, y un inventario casi infinito de aterradoras patologías sociales.

La polarización ideológica entre las superpotencias contribuyó a estimular las luchas sociales, pero no fue - como equivocadamente pensaron los teóricos franceses de la guerre revolutionaire, luego de su derrota militar en Indochina en 1954- ni el único factor, menos el determinante. Si algo exacerbó la confrontación entre un orden económico, social y políticamente injusto, por un lado, y las aspiraciones democráticas y de bienestar de las masas desposeídas de todo, por otro, fue la aplicación irrestricta de los principios de la doctrina de Seguridad Nacional, esgrimida como escudo con el presunto fin de proteger a nuestras sociedades de la amenaza del comunismo internacional. Esta, sin embargo, solamente parece haber servido para perpetuar regímenes dictatoriales represivos y autoritarios, violadores de los derechos humanos, que conculcaron las libertades ciudadanas y los derechos políticos, antidemocráticos por naturaleza, encabezados ya fuera por civiles o por militares, o incluso por ambos.

Este es precisamente el contexto histórico y las condiciones específicas en que debe ubicarse, en el caso particular de Nicaragua, el surgimiento, desarrollo y consolidación del movimiento revolucionario sandinista, y su triunfo sobre una de las dictaduras más largas y sanguinarias de la América Latina: la de la familia Somoza.

La legitimidad del movimiento revolucionario sandinista -que desde finales de la década de 1920 luchó por la independencia nacional y la emancipación social, condiciones impostergables de la democracia, el progreso económico, la paz, la seguridad y la justicia social- hunde sus raíces más profundas en esa compleja trama de factores estructurales. A los nicaragüenses siempre se nos negó el derecho a disentir, y la disensión o la simple expresión de ideas no compartidas por la dictadura de la familia Somoza, siempre fue acallada por la represión.

La «democracia electoral» -tan severamente cuestionada por Larry Diamond, coeditor del Journal of Democracy de la Fundación Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés)- que Nicaragua vivió durante el somocismo, en la que nunca estuvo realmente en juego el poder, siempre fue incapaz de asegurar una competencia libre, justa y honesta, y menos aun de permitir la libre escogencia de nuestros gobernantes ni la alternancia en el poder. Como consecuencia del irrespeto a las libertades civiles y los derechos políticos, el resultado de los comicios que periódicamente se celebraban entre los componentes del paralelismo libero-conservador era sabido de antemano. La corrupción política, el fraude electoral, la represión y la intimidación, eran los instrumentos por excelencia para perpetuar en el poder a la familia gobernante, y a sus incondicionales.

Es allí, entonces, donde deben buscarse las causas últimas sobre las que se erigen el poderoso movimiento insurreccional y la amplia alianza política multipartidista nacional que con la sangre de miles de nicaragüenses escribieron el epitafio sobre la tumba de la dictadura de la familia Somoza, en julio de 1979, cuando la tercera ola de democratización justo llegaba a su primer quinquenio. Es allí también donde se forjaron las fuentes de la legitimidad del movimiento revolucionario sandinista, y la legitimidad del uso de la violencia, avalada incluso por la Iglesia Católica.

En la década de los años ochenta Nicaragua, a pesar de la guerra impuesta que caracteriza a ese período revolucionario, sienta bases firmes para iniciar una etapa de consolidación de su régimen democrático, solución que únicamente podía darse una vez encontradas soluciones políticas, internas y externas al conflicto armado.

Los acuerdos de Esquipulas en 1986 aceleran el proceso de paz que concluye después de intensas negociaciones con el desarme de la contra en 1990.

Como se sabe, sólo para referirme brevemente al entorno subregional, la experiencia nicaragüense no fue ajena al resto de los países centroamericanos, a excepción de Costa Rica. Los conflictos armados en Guatemala y El Salvador tuvieron raíces históricas y causas objetivas similares aunque no idénticas.

El fin de la Guerra Fría y de la polarización ideológica entre las superpotencias abrió -como ya he señalado antes- inéditos espacios para el proceso democratizador a nivel mundial en general, y latinoamericano en particular. La radical transformación del escenario internacional, y la voluntad de diálogo y negociación de los pueblos y gobiernos de Centroamérica, condujeron a una solución pacífica de los conflictos armados.

Por su naturaleza cualitativa, la democracia no es susceptible de ser medida en valores porcentuales o absolutos, tasas o índices. No obstante, es preciso resaltar que en los tres quinquenios transcurridos de 1979 a 1995, diecinueve presidentes civiles latinoamericanos fueron electos en comicios libres, justos y honestos -buena parte de ellos sometidos a un riguroso escrutinio internacional- en igual número de países, en su mayoría gobernados antes por regímenes militares.

No obstante, esa tercera ola global de democratización aún no ha sido capaz de resolver dos problemas fundamentales que todavía aquejan a la mayoría de las sociedades latinoamericanas. Por una parte, la severa crisis económica que continúa reproduciendo los mismos viejos esquemas de inequidad e injusticia, y su colateral y aparentemente inevitable gama de patologías sociales. Por otra, el que prácticamente ninguno de los países de la región ha logrado superar las deficiencias intrínsecas de la democracia electoral. La consolidación definitiva de la democracia es, en consecuencia, un punto pendiente en la agenda política latinoamericana.

A pesar de estas dos limitaciones mayores, que obviamente no pueden resolverse de la noche a la mañana, pero que tampoco deben postergarse indefinidamente, a riesgo de reeditar el viejo círculo vicioso de la violencia, es preciso reconocer los benéficos efectos de la tercera ola de democratización. Entre éstos debe mencionarse la marcada tendencia a resolver los conflictos por la vía del diálogo y la negociación, el uso de la mediación calificada -ética y políticamente- para solventar las diferencias, la tolerancia, el reconocimiento de la legitimidad a disentir, el pluralismo político, el respeto al orden constitucional y al imperio de la ley. Debe aceptarse, sin embargo, que ninguno de estos rasgos se da ni funciona de la misma forma ni con la misma intensidad en todos nuestros países.

Este es, en términos generales, el escenario global en el que sucede en Perú la «crisis de los rehenes» en la sede de la residencia del embajador de Japón, a finales de diciembre de 1996, y que todavía se prolonga hasta la fecha. No pretendo aquí, ni es mi intención -porque soy respetuoso de la autodeterminación y el principio de soberanía nacional- abrir un debate sobre las demandas de los miembros del comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y la posición oficial del gobierno del presidente Alberto Fujimori. Este es, indudablemente y así quiero dejarlo subrayado, para que no quede la menor duda, un asunto que compete exclusivamente a los peruanos. Mi ánimo, en consecuencia, ha sido compartir criterios estrictamente personales -que bajo ningún punto de vista involucran a la institución armada de la cual soy Comandante en Jefe, ni al gobierno civil de la República de Nicaragua, al que estamos subordinados por nuestro íntimo convencimiento personal e institucional, y en riguroso respeto a la Constitución y a la ley- acerca de la legitimidad del uso de la violencia armada en dos escenarios disímiles: el de la América Latina de la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional, y el de la América Latina de la pos-Guerra Fría en los umbrales del nuevo milenio, y contribuir -si eso fuese posible- a una solución no violenta del conflicto.

Independientemente de su origen, la violencia -y más aun la violencia armada, cualquiera sea su signo- debe ser erradicada. A las puertas de un nuevo siglo, las posiciones de fuerza extrema, cualquiera sea la justificación o argumento que se esgrima, no tienen cabida ni validez. La única alternativa que nos queda, si de preservar y consolidar la democracia y de garantizar nuestro futuro se trata, es agotar los mecanismos de negociación a fin de asegurar la solución pacífica de los conflictos.

El escenario político mundial y latinoamericano del fin de siglo tiene significativas diferencias con el de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. A pesar de sus imperfecciones y debilidades, el sistema democrático goza de una amplia aceptación y, aunque de vieja data, las causas estructurales de los conflictos están ahora enmarcadas en un ambiente político distinto. Las soluciones, por tanto, deben ser diferentes.

*General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua. Fue dirigente y comandante sandinista durante la insurrección contra Anastasio Somoza

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