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«Mi amigo el guerrillero dice que no hay nada que temer», dijo
con picardía el embajador Morihisa Aoki hablando en
español por teléfono con la cadena japonesa
NHK el día en que el MRTA ingresó a su
residencia. Uno de los miembros del grupo armado dijo en esta
primera comunicación directa con la prensa japonesa que
«Japón ayuda mucho al Perú pero ese dinero no
llega a los pobres, por eso hemos ingresado a la embajada
japonesa».
Frenéticos informes de la prensa en las primeras 24
horas de la crisis de los rehenes permitieron saber más
de lo que piensa Japón del Perú que toda la
avalancha de información posterior, porque luego las
opiniones se maquillaron y el control del gobierno se
impuso.
El día de la toma de la residencia, el ministro de
Relaciones Exteriores, Yukihiko Ikeda, dijo muy contrariado
que «lo que ha sucedido es muy grave, y si ocurre algún
incidente será exclusiva responsabilidad del gobierno
peruano». Más tarde afirmó: «con este problema
las relaciones bilaterales han sido profundamente
dañadas».
La hora estelar de los noticieros batió todos los
récords de audiencia, con imágenes desde Lima y
reproducción de la conversación
telefónica del embajador Aoki. Pero más
interesante fueron los comentarios hechos por muchos expertos
en la situación política peruana. Uno de ellos
reclamaba modificar la estrategia de cooperación
económica japonesa hacia el Perú, porque
Japón era blanco, primero de senderistas y luego de
emerretistas. Un improvisado conocedor del Perú opinaba
que Fujimori era peruano, y que aunque sus ancestros fueran
japoneses no existía ya ningún vínculo
especial con él ni con el Perú. Algunos
sostenían que el tradicional recato de la diplomacia
japonesa en el exterior había sido violado con la
fastuosidad de una gran fiesta y que la culpa era del mismo
gobierno japonés. El principal temor de todos era la
reacción de Fujimori y el posible costo en vidas de una
intervención violenta. Antes felicitaban a Fujimori por
aplicar «mano dura» para ordenar el Perú, y ahora se le
pedía moderación y diálogo.
De pronto el pueblo japonés comenzó a cuestionar
la posición de su gobierno ante el Perú:
¿Qué estaba ocurriendo? Los japoneses reaccionan
de la misma forma ante cualquier amenaza externa: el de afuera
es el culpable, y el grupo, a diferentes niveles, se
autoprotege. Esto ocurre desde el pequeño mundo de las
empresas hasta las grandes negociaciones con otros
países. Los diarios del día siguiente en cierto
modo culparon a su gobierno e indirectamente al Perú;
por ejemplo Nihon Keizai Shimbun dijo: «terroristas
atacan embajada japonesa porque Japón ayuda mucho al
Perú».
La posición del gobierno japonés
Los ánimos se fueron calmando luego y a más de
un mes de la toma de la residencia, la posición de
Japón ante la crisis es públicamente conocida:
respaldar totalmente las decisiones de Fujimori y considerar
prioritaria la seguridad de los rehenes.
En anteriores casos de secuestro la reacción del sector
privado ha sido ceder al pedido de los captores.
Sucedió así con el rapto de dos empleados de
Toshiba en Colombia, el de un empresario en El Salvador, y
ocurrió lo mismo recientemente cuando una banda
secuestró al gerente de una subsidiaria de Sanyo en
México cobrando dos millones de dólares por el
rescate.
Esta vez, sin embargo, con diplomáticos de por medio,
la cuestión es política. Japón tiene un
acuerdo con el Grupo de los Siete para no ceder al chantaje de
terroristas o delincuentes; por eso Hashimoto ha exigido a las
empresas japonesas que no paguen rescate alguno. Hay fuertes
rumores de que el MRTA está pidiendo rescate, pero esas
versiones han sido desmentidas por las empresas y no se han
podido comprobar hasta el momento.
Pero, ¿cuál es la estrategia global del gobierno
japonés? Existen dos tendencias. Una de ellas
está claramente liderada por el primer ministro
Hashimoto y propone ampliar la cooperación
económica abarcando al sector privado; es decir, no
sólo otorgar préstamos y donaciones sino
también transferir tecnología y capital para
penetrar en el mercado latinoamericano, teniendo como uno de
sus aliados al Perú.
Esta posición es sumamente ambiciosa pero corresponde a
una estrategia de largo alcance, según la cual no se
puede aislar al Perú de Latinoamérica. Para
Japón el continente americano se divide en tres
sectores: Estados Unidos y México, Brasil y Argentina
como países miembros de Mercosur, y luego aquellos
ubicados al oeste con salida al Pacífico,
principalmente Colombia, Perú y Chile.
México es visto en función del mercado
norteamericano. Allí funcionan muchas maquiladoras
japonesas que exportan a Estados Unidos. En el caso de
Mercosur hay peligro de que adopte medidas proteccionistas
contra Japón; recientes informes muestran que Mercosur
está tendiendo a proteger industrias en las que
Japón tiene obvias ventajas y posibilidad de negocios,
como automóviles y diversos productos manufacturados.
Desde Latinoamérica se exporta gran cantidad de
materias primas a Japón, pero el desarrollo del
comercio con el conjunto de la zona pasa por tener
cómodas salidas al Pacífico, y es allí
donde están en competencia Chile y Perú.
Ahora podemos ver la lógica de Japón a partir de
la pasada visita de Hashimoto a la región. En
México pidió al gobierno que aumentara la
seguridad de los empresarios; en Brasil reclamó que
Mercosur no se convierta en una barrera contra la
importación de vehículos y otros productos
japoneses; en Chile otorgó fondos para avanzar en la
construcción de vías férreas que
cruzarán los Andes; y en el Perú
desembolsó préstamos y donaciones para mejorar
la infraestructura con el evidente propósito de
preparar el camino a futuras inversiones de empresas
japonesas.
La segunda posición del gobierno frente a la
cooperación internacional propone otorgar ayuda en
función al nivel de pobreza del país, respeto a
los derechos humanos y monto del gasto en armamentos. Esta
discusión ha surgido en las comisiones ministeriales
encargadas de proponer nuevas leyes.
En Japón los ministerios son los que elaboran las leyes
que luego serán aprobadas en el Parlamento. Cada
problema nacional se trabaja con comisiones integradas por
funcionarios y especialistas de diversos campos y corrientes,
incluyendo opositores a la línea del gobierno. El
equipo de trabajo elabora propuestas que presenta al
Ejecutivo, y el Gabinete decide tomar en consideración
las propuestas, retornándolo como insumo al ministerio
respectivo para redactar las futuras leyes.
La política de ayuda oficial del gobierno
japonés está en debate. En el caso concreto del
Perú se otorgan donaciones sin considerar que el PBI
percápita supera el nivel considerado de pobreza
extrema; por lo tanto, muchas de las donaciones
deberían convertirse en préstamos a baja tasa de
interés, y los préstamos a bajo interés
deberían ser préstamos con la tasa de
interés del mercado. Además, el Perú
acaba de adquirir armamento. En un aparte, la normativa dice
que el respeto a los derechos humanos debe ser una
condición para la ayuda, y se critica el hecho de que
los dos países a los que más ayuda Japón
sean China e Indonesia, en los que el récord de respeto
a los derechos humanos es cuestionable.
Es innegable que hay una relación estrecha entre
Japón y el Perú. Se le han otorgado los mayores
montos de ayuda económica durante los últimos
años, además de seguros a la exportación
para convencer a las empresas japonesas de invertir en el
Perú, y se ha hecho una revisión de las
regulaciones sanitarias para que las exportaciones del
Perú hacia el Japón aumenten. Sólo
durante la visita de Hashimoto el Perú recibió
300 millones de dólares, que es la mayor ayuda
entregada a un país en un solo tramo, además de
numerosas donaciones y préstamos otorgados por
distintos canales a lo largo de los últimos
años.
¿Se reduce la inversión japonesa en el
Perú?
La inversión privada es diferente a la
cooperación económica. La estrategia del
gobierno no siempre concuerda con la del sector privado: la
primera puede basarse en razones diplomáticas,
étnicas o emocionales, pero las empresas deben evaluar
la rentabilidad.
A pesar del esfuerzo del gobierno central, las empresas
japonesas no tienen planes claros de expansión de la
inversión en el Perú, aunque tampoco piensan
retirarse. Durante el gobierno de Fujimori ha habido un
aumento mínimo de capital de las empresas existentes e
inversión nueva principalmente en minería. Las
más dinámicas han sido Mitsui Mining y Mitsui &
Co que desde hace 30 años explotan varias minas, y
Nissho Iwai, una empresa comercial que mantiene perfil bajo,
pero que tiene presencia en el sector minero y pesquero.
Las empresas japonesas se han mantenido en el país
desde que se establecieron y la única que detuvo la
línea de montaje fue Nissan a raíz del atentado
de Sendero Luminoso en su planta. Ninguna de ellas se
retiró a pesar del asesinato de tres ingenieros de JICA
a comienzos del gobierno de Fujimori. Esto demuestra que esas
empresas son rentables, y que difícilmente se
irían por razones de seguridad.
Los turistas japoneses son muy temerosos y prefieren viajar en
grupo con todos los detalles supervisados por la agencia de
viaje. Las empresas japonesas también analizan la
seguridad antes de invertir, y en el Perú -ante la
posibilidad de secuestros y atentados- los gerentes de
empresas niponas blindaron sus coches y aumentaron el
número de sus guardaespaldas.
Donde existen ganancias el sector privado no muestra temor.
Japón invierte en Indonesia (a pesar de la gran red
narcotráfico-política), en Inglaterra (aun con
terrorismo del IRA), en los mismos Estados Unidos (donde
muchos ejecutivos han sido asaltados y heridos), y en
Colombia, donde automotrices y empresas de telecomunicaciones
han establecido sus filiales para la región a pesar de
la guerrilla, los narcotraficantes y la extremadamente
inestable situación política.
El problema no es la inversión existente sino la nueva
inversión. A lo largo de estos años, empresarios
y especialistas en comercio japonés, Jetro
(Organización de Comercio Exterior de Japón) y
funcionarios del Instituto de Economías en Desarrollo,
han señalado que la inversión hubiera sido mucho
mayor de no haber ocurrido el asesinato de los ingenieros de
JICA.
El año pasado Key Coffee, una empresa distribuidora de
café, estudiaba planes de inversión en el
país; Shiseido, fabricante de cosméticos, estaba
interesada en colocar una distribuidora en Lima; Nippon
Tsusan, una importadora de productos pesqueros, estaba
revisando la factibilidad de los criaderos de peces para
envasarlos y traerlos al Japón. De esos proyectos no se
sabe nada, y lo más probable es que hayan sido
archivados.
Pero hay otra poderosa razón que explica la falta de
inversión en el Perú, y que se aplica
también al resto de Latinoamérica. Las empresas
japonesas fueron duramente afectadas por el reventón
del llamado baburu keizai (burbuja económica),
que fue provocado por la euforia financiera de la bolsa de
valores a fines de los 80, y que al desmoronarse dejó
quiebras, deudas, y redujo el capital de las empresas. Hoy los
problemas continúan, las financieras tienen
pérdidas que aún no han asumido en sus balances
(write-off en la jerga contable), mientras que las
industrias disponen aún de poco efectivo. En el mismo
período en que Fujimori toma el gobierno, desde
comienzos de los 90, el yen comenzó a apreciarse y las
manufactureras (que era la esperanza, no sólo del
Perú, sino del resto de Latinoamérica) estaban
distraídas trasladando plantas al Asia para reducir
costos.
Ahora la economía japonesa comienza a estabilizarse, y
el yen tiende a bajar, dando un respiro para que nuevamente se
estudie la inversión en Latinoamérica. Apoyados
por la estrategia del gobierno se esperan planes de
inversión futura, pero eso dependerá de las
condiciones de cada país. Los japoneses necesitan
reforzar su presencia en la costa del Pacífico, pero si
hay problemas y el Perú se vuelve demasiado inestable
es muy fácil decidirse por Colombia -donde existe una
gran infraestructura industrial nipona- o Chile -donde hay
puertos y caminos modernos.
Esperando el desenlace
Por interés mutuo Japón y el Perú son
aliados diplomáticos. Fujimori mantiene una
relación muy amistosa con Hashimoto, y esa es su carta
para buscar presencia en el Asia, ingresar a APEC y lanzar al
Perú hacia la cuenca del Pacífico. Pero la
amistad en política pierde significado si quita
votos.
Hashimoto -con el Partido Liberal Demócrata-
está al mando de un gobierno más estable que el
anterior del socialista Murayama, pero Japón tiene
profundos problemas: un creciente desempleo, baja en el
índice Nikkei a comienzos de este año provocada
por la lentitud de las medidas de liberalización,
elevación del impuesto al consumo en abril para
financiar gastos en seguridad social, reforma del sector
público presionada por casos de corrupción, y
necesidad de consolidar la recuperación
económica.
Una intervención a la residencia del embajador con
costo de vidas podría generar una presión
nacional en Japón similar a la ocurrida en los primeros
momentos de esta crisis, y el gobierno se vería
obligado a distanciarse del Perú. Me atrevo a afirmar
que sería el final de las relaciones Perú-
Japón, por lo menos en su estado actual. El efecto en
el corto plazo sería político pero no
económico; se reduciría ligeramente la
cooperación económica, pero como los masivos
planes de inversión privada no existen, en el peor de
los casos se mantendrían igual. Sin embargo, en el
exterior el Perú perdería, porque el apoyo de
Japón en los foros internacionales ha servido para
aumentar la fuerza negociadora del país.
Por el momento el gobierno y la prensa japonesa aprueban la
actitud de Fujimori ante esta crisis, pero a futuro no se
puede asegurar nada sin conocer el desenlace. |