La solución de la crisis de los rehenes no parece haber resuelto la crisis política previa que mantuvo en vilo a la ciudadanía. Hoy nuevos escándalos ­el último en fecha la arremetida contra al Tribunal Constitucional­ se añaden a los viejos, contribuyendo a enfriar el éxito de la operación rescate.

Días antes de la lamentable intervención militar que terminó con la liberación de 71 de los 72 rehenes y con la muerte de uno de ellos, de dos oficiales y del íntegro del comando terrorista del MRTA, quienes hasta ese momento apoyaban en forma entusiasta al fujimorismo se preguntaban en qué momento la promesa de una república liberal y de un país moderno se había roto como un cristal.

Funcionarios públicos, cercanos al presidente Fujimori, personajes principales del régimen ­como el general Hermoza y el asesor Vladimiro Montesinos­, las más importantes instituciones del régimen fujimorista ­FF.AA. y servicios de inteligencia­ estaban seriamente comprometidas en denuncias sobre corrupción, torturas y asesinatos. Conforme pasaban los días, en lugar de aclararse o disminuir, las denuncias aumentaban.

Al descubrimiento de los restos descuartizados de una agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) siguieron las denuncias de otra torturada del mismo servicio, y a éstas las del general Robles, reveladas en un programa de TV, sobre la responsabilidad del Grupo Colina en los asesinatos de los dirigentes sindicales Pedro Huillca y Saúl Cantoral, del diputado de IU Eriberto Arroyo Mío, y hasta en el del coronel Obregón del ejército. Y como telón de fondo, los casos de corrupción, como el de la Compañía de Seguros Popular y Porvenir, los ingresos fabulosos del asesor Vladimiro Montesinos que la ciudadanía conoció por documentos nunca desmentidos de la SUNAT, las agresiones contra el Tribunal Constitucional, amén del ejército de tenientes gobernadores que el Prefecto de Lima (hoy renunciante, o renunciado) estaba empeñado en establecer en todo el país como parte importante de la estrategia reeleccionista para el 2000.

Las filtraciones de información no tenían, pues, cuándo acabar. El país observaba con asombro la lucha abierta entre distintas facciones del gobierno ­o del poder del Estado­ que había pasado de los pasillos secretos a la escena pública, en clara prueba de que quienes manejaban los resortes del poder no eran o no eran sólo quienes habían sido elegidos por el voto popular. Tras cinco años del golpe y dos de la reelección del ingeniero Alberto Fujimori, su gobierno confrontaba acaso su peor crisis, al afectar ésta el núcleo central del poder.

Todo ello reforzaba el temor, en unos, y confirmaba, en otros, que el presidente no gobernaba solo sino en una suerte de triunvirato junto con el general Nicolás Hermoza y el asesor del SIN Vladimiro Montesinos; y que, por lo tanto, si de reelección se trataba, no era la de un hombre solo, sino de una maquinaria autoritaria, comprometida en manejos turbios. Nada, por tanto, más lejano a la reforma liberal.

No por casualidad Jaime de Althaus, connotado vocero del neoliberalismo en nuestro país, sostenía, la víspera misma de la operación militar de rescate, que en caso de no producirses prontas y claras rectificaciones «los sectores preocupados por la continuidad del modelo económico y la consolidación de una institucionalidad seria deberían empezar a trabajar para organizar un gobierno eficaz a partir del año 2000» (Expreso, 21 de abril de 1997).

La legalidad y la legitimidad del régimen estaban, pues, seriamente cuestionadas.

En vísperas del asalto a la residencia, los sondeos de opinión mostraban a un presidente en su peor momento, y prácticamente ningún ámbito de la gestión estatal quedaba fuera del escrutinio y desconfianza ciudadanos. El nivel de desaprobación de instituciones claves del régimen: el Congreso, las FF.AA., el Poder Judicial y la Policía Nacional, se situaba por encima del 50% y más de un 90% de la opinión ciudadana reconocía la existencia de corrupción en el gobierno, algo impensable no mucho tiempo atrás. Y en cuanto a la evaluación del propio jefe del Estado, en plena crisis de los rehenes, si en enero la apobación de su gestión había alcanzado el 66.9% y la desaprobación el 27%, en el mes de abril ambas se habían igualado en un 44.8% .

No decimos nada nuevo al citar estas encuestas que han sido ampliamente divulgadas a lo largo de los últimos meses. Lo que aparecía de verdaderamente nuevo en ellas es que la opinión pública, además de volverse más independiente del fujimorismo, empezaba a relacionar economía y política. El reclamo ya no era sólo por empleo y salarios; era también por más democracia.

El nuevo contexto

El «fujimorazo» del 22 de abril ­así llamó el diario Expreso al operativo de rescate, repuso al presidente Fujimori, según todas las apariencias, a la cabeza del triunvirato famoso. Las imágenes públicas y sus símbolos son claros al respecto: el presidente asumiendo ante el país y el mundo toda la responsabilidad, la concepción y la decisión, si no el mando, de la operación «Chavín de Huántar», cuya idea le vino de un sueño premonitorio; Vladimiro Montesinos y el general Hermoza ­antes, supuestamente enfrentados­ entrando juntos muy temprano, a la mañana siguiente de los hechos, en la residencia del embajador del Japón, ante los grupos de élite de las Fuerzas Armadas ­y, por supuesto, ante las cámaras de televisión­, como los jefes operativos de la acción militar victoriosa.

La exitosa operación de rescate favoreció por supuesto la imagen presidencial: la aprobación del presidente repuntó explicablemente en las encuestas, situándose alrededor del 60%, no mucho más, no mucho menos, según las empresas encuestadoras. Pero bastante lejos de los estándares de otras épocas, en que una acción como ésta lo habría disparado hasta un 90%. También favoreció la imagen de las FF.AA. e incluso del Servicio de Inteligencia Nacional.

Pero lo verdaderamente nuevo de estas encuestas es que, en lugar de asociar una cosa con otra ­como señalábamos antes­ lo que hacía la gente era separar una cosa de otra: el éxito de la operación rescate, de todos los demás temas pendientes que preocupan seriamente a la ciudadanía. Y hacía, además, su propia lectura sobre el resultado de la acción militar.

Para empezar por este punto, según la encuesta de IMASEN

hecha en la cuarta semana de abril, cuatro días después de la recaptura de la residencia, un 43.8% siente una mezcla de alegría y pena por lo sucedido, un 22% sólo pena, y apenas un 13% sólo alegría. Un aplastante 82% lamenta todas las muertes, frente a un 17% que sólo lamenta las del rehén y los oficiales caídos.

Y en cuanto a los otros temas pendientes, un 94.5% estimó que se debía investigar las denuncias respecto a una agente torturada y otra asesinada, ambas del SIE. Un 88.5% que hay que investigar las remuneraciones del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, y un 80% que hay que investigar asimismo a la compañía de seguros Popular y Porvenir. Incluso un sector significativo de la opinión pública (64%), considera que el gobierno está utilizando políticamente el rescate de los rehenes y un 63% piensa que el gobierno pretende usar dicho rescate para acallar las denuncias sobre el SIN.

Y por si fuera poco, un 60% declaró que no votaría por el presidente Fujimori si se presentara a la reelección el año 2000.

Si la opinión ciudadana ­que hoy sólo se expresa mediante encuestas y otro poco a través de los medios de comunicación­

fuese suficiente amparo contra los intentos de utilizar políticamente el éxito obtenido para encubrir los graves escándalos y fechorías denunciados, tendríamos razones para sentirnos tranquilos y seguros.

Pero, según parece, nada va a cambiar después del 22 de abril. Como muestra, al día siguiente de la operación de rescate, mientras en el pleno del Congreso se invocaba a la reconciliación y a la unidad nacional, la mayoría oficialista hizo aprobar, entre gallos y medianoche, una ley sobre el derecho a rectificación en los medios de comunicación que, inocultablemente, está dirigida principalmente contra aquellos medios que con sus denuncias han hecho posible que se destapen ante el país los escándalos de todos conocidos.

Y en los últimos días, al cierre de esta edición asistimos a un ataque en regla contra el Tribunal Constitucional, con la amenaza de una acusación constitucional contra cuatro de sus siete magistrados, incluyendo a su propio presidente. El pecado de este organismo, clave para el ordenamiento constitucional del Estado, es el haber puesto una piedra de orden jurídico en el camino de la reelección del 2000.

Epílogo

No puedo dejar de mencionar que el Presidente ha dicho que el operativo «Chavín de Huántar» fue inspirado por un sueño. Pensé de inmediato en López Rega, el secretario de Juan Domingo Perón, llamado «el mago», quien también se inspiraba en los sueños para aconsejar primero a Perón y después a Isabelita. Como sabemos ahora, «el mago» López Rega desempeñó un papel importante, junto con los grupos armados, paramilitares, militares y policías, en la larga noche de violencia que vivió Argentina desde 1974.