Una sociedad se sostiene sobre el supuesto de que sí es posible compartir pacíficamente una vida en comunidad. Esa premisa optimista también existe en la mente de la inmensa mayoría de los peruanos. Por eso, cuando la reciente crisis acabó en hechos de guerra y destrucción, es absolutamente necesario hacer un esfuerzo por explicarlos.

Si hay algo que distingue a los seres humanos es su extraordinaria capacidad para aprender de las experiencias, aun al precio de revisar los sucesos más dolorosos. La huida o el olvido sólo aseguran un retorno cíclico a éstos cada vez más patológico. Esa es la razón por la que, puesta la memoria en aquel 22 de abril, debemos tratar de comprender por qué se llegó a ese resultado.

Digámoslo de una vez: aquél fue el final de un proceso perverso en el que siempre anduvieron entrelazadas la política y la guerra. Los actores nunca dejaron de remitir sus actos a los principios de una y de otra. Sólo que en los minutos culminantes, mientras en un lado la política se redujo a la guerra, en el otro lado la política y la guerra se habían convertido en algo aun más liviano que una aventura: un juego suicida.

Revisemos los vectores que han confluido en la resultante trágica de aquel martes.

El primero de ellos, el más sorprendente y a la vez el más decisivo, ha sido que el propio Néstor Cerpa dispuso el escenario adecuado para el asalto de los comandos. Es decir, para una solución militar, no política, de este drama.

Primero se hizo vulnerable en el sentido político. Nunca pudo encontrar, o nunca le interesó seriamente, alguna sintonía entre sus demandas y las expectativas de la población o de las fuerzas políticas, incluidas las más fuertemente opuestas al gobierno. Se obstinó en obtener la liberación de un grupo significativo de emerretistas. Este era un precio demasiado alto para un Estado que ya había derrotado claramente a la guerrilla. Pero además era una demanda rechazada por la gente y las fuerzas políticas una y otra vez. Su insistencia pudo haber pasado como firmeza en el primer mes, luego comenzó a descubrirse como intransigencia, pero al cuarto mes era ya de una provocadora soberbia. Por eso, en las encuestas, la opinión a favor de la intervención armada había comenzado a crecer aun cuando no llegaba a ser mayoritaria.

Luego se hizo sorprendentemente vulnerable en el sentido militar. La desventaja en recursos técnicos y en combatientes es un dato sobre el que actúan todos los grupos subversivos, que intentan superarla con la movilidad de sus columnas o lo imprevisible de sus acciones. Ya la toma de la residencia diplomática suponía quedar fijados en una posición y altamente expuestos a la observación. Perdido el recurso a la movilidad, lo primero que tenía que impedir era la rutina. Pero se volvió predecible en sus horarios y ubicaciones. Así, él mismo regaló el factor sorpresa y con ello toda una invitación al ingreso de los comandos.

El segundo vector: un mando de las Fuerzas Armadas y un Servicio de Inteligencia Nacional que veían en una salida negociada toda una derrota para ellos.

En el último año las cosas se habían complicado para el general (r) Nicolás Hermoza, jefe de las fuerzas armadas, y Vladimiro Montesinos, asesor del Servicio de Inteligencia Nacional. Desde aquellas denuncias contra uno de ellos de haber recibido sobornos de un narcotraficante hasta el fallido juicio militar al general (r) Rodolfo Robles, que dejó mal parado al otro, una serie de hechos habían erosionado la posición de ambos.

Pero el tema más sensible para ellos ha sido siempre el de la subversión. Los éxitos del gobierno frente a Sendero y al MRTA fueron atribuidos a los dos. Montesinos ha publicado un ensayo y Hermoza un libro, prologado por Montesinos, en el que ambos se muestran como los expertos en el tema. Pero ya a mediados de 1996 se habló de la recomposición de Sendero y de los límites de la política antisubversiva aplicada en los últimos años. Los expertos comenzaban a quedar mal parados. Y el asalto emerretista en diciembre los colocó de golpe en una situación muy incómoda, no sólo ante el país sino ante el mundo.

Un final con el jefe del MRTA y sus 14 camaradas llegando a un país extranjero, sonrientes y con la señal de la victoria, aunque no se hubieran llevado a ningún preso liberado, tiene que haber sido considerado como una grave derrota personal por el mando militar y por el asesor del SIN. En un solo verano, y sobre una mesa de deliberaciones, se les iban a marchitar todos los laureles obtenidos desde 1990. Por tanto, tenían poderosas razones para aprovechar a fondo la más pequeña oportunidad de asaltar la residencia. Y Cerpa se las sirvió en bandeja.

El tercer vector ha sido el de un gobierno urgido de una victoria política.

En todo 1996, Alberto Fujimori cayó mes tras mes en todas las encuestas. Paradójicamente, con el asalto emerretista hubo un primer repunte en la popularidad del presidente. Era el reflejo del amplio rechazo al secuestro de los rehenes y un respaldo a su respuesta ante la crisis: no ceder a la liberación de los presos emerretistas y buscar una solución negociada.

Luego, como un eco del rumbo errático que seguían las negociaciones con el grupo subversivo, los sondeos de opinión pública comenzaron a mostrarse inestables y fluctuantes de un mes a otro.

Hasta que surgió el escandaloso caso de torturas aplicadas por oficiales del Ejército contra agentes de su propio servicio de inteligencia. Un hecho que, junto con algunos que lo antecedieron y otros que ocurrieron después, pusieron al alto mando militar y al SIN ante un fuerte cuestionamiento público. En la medida en que Fujimori había expresado su apoyo incondicional a esas esferas, sus niveles de popularidad cayeron al punto más bajo desde 1990. Por primera vez apareció que una clara mayoría rechazaba su gestión.

Por si no bastara, el escándalo de las torturas vino acompañado de visibles filtraciones de información desde dentro del gobierno y de las propias Fuerzas Armadas. Esa era una señal de serios conflictos internos en ellas.

El asunto era excepcionalmente grave. El esquema de poder sobre el que descansa la administración de Fujimori desde 1992 parece haber estado al borde del infarto. En ese esquema el presidente aporta su popularidad, medida por las encuestas, y el mando militar pone la cohesión de las fuerzas armadas tras él. En el último mes de la crisis de los rehenes no había mucho de eso. Sólo un resonante éxito, a la vez político y militar, podía devolverle estabilidad y curar las fisuras de su entorno. Y la guardia de Cerpa estaba demasiado baja como para inhibirse de intentarlo.

¿Pudo haber otro final?

Bajo la presión de los hechos consumados, esta pregunta aparece como inútil, pero no podemos evadirla si aceptamos los supuestos, intrínsecamente humanos, de la solidaridad con los semejantes y las posibilidades de la razón.

Más adelante se van a reconstruir los hechos en una integridad bastante mayor que hasta ahora. Pero hay por lo menos tres señales inequívocas de que también existió un genuino interés en los actores más decisivos para que la crisis terminara en un acuerdo negociado.

Cerpa permitió la salida, por razones de salud, hasta de dos altos oficiales de la Policía Nacional, uno de ellos de la dirección antiterrorista. El presidente Fujimori llegó a pedirle expresamente a su colega dominicano que recibiese a los emerretistas luego de una eventual solución a la crisis. Y el obispo Juan Luis Cipriani, en carta dirigida al primer ministro japonés unos días antes del 22 de abril, le comunicó su convicción personal acerca de la viabilidad de esa solución negociada.

¿Qué es lo que hizo saltar por los aires esa posibilidad? Pues una cierta ceguera sobre la oportunidad que tenían por delante los personajes llamados a resolver la crisis por medios políticos.

Pese a toda la complejidad de la situación y a la cantidad de pasiones e intereses entrecruzados, la crisis de los rehenes brindaba una ocasión de oro. Por primera vez desde 1980, los representantes calificados de un grupo subversivo y de un gobierno se sentaron a dialogar.

Quien más debía apreciar esta oportunidad en toda su dimensión era el propio jefe del MRTA. Tenía ante sí la posibilidad de propiciar un acuerdo político. Es decir, un acuerdo que recogiera el interés general, público. Dar algo y pedir algo en ese plano. Y lo único que podía ofrecer en esa esfera, además de la devolución de los rehenes, era la paz en lo que a su grupo le correspondía. Es decir, su retiro de la lucha armada. Este era el tema que hubiera hecho a la vez más necesaria y viable la solución negociada. Y si algo podía pedir Cerpa, no era la liberación de sus camaradas, sino una vía aceptable de reinserción en la comunidad nacional.

En algún momento, en las primeras semanas, Cerpa insinuó ese tema. Pero muy débilmente. Y sólo, aparentemente, porque algunos rehenes se lo sugirieron. Luego se olvidó de eso para siempre y se aferró a su demanda de liberar a sus camaradas. Con ello privó de racionalidad política a sus argumentos y al propio diálogo con el gobierno. No negoció como político sino como un secuestrador con retórica guerrillera y así, con su intransigencia de cuatro meses, fue el principal responsable del fracaso de la negociación.

Un margen de responsabilidad también alcanza al gobierno y a las fuerzas políticas en su conjunto. Opino que, salvo aisladísimas excepciones, casi la totalidad de la élite política peruana subestimó la oportunidad de ejercer presión para incluir el tema de la paz en la negociación de la crisis de los rehenes. Con ello también contribuyeron a que la negociación se convirtiera en un regateo propio de un secuestro. Dejaron que el problema, de ser un asunto de actores políticos, pasara a convertirse en otro con protagonistas militares. Nuevamente, como tantas otras veces, permitieron que su propio oficio atravesara por esta crisis como un gris actor de reparto.

Por otra parte, también fue posible un epílogo aun más sangriento. El asalto pudo terminar con un número apreciablemente mayor de víctimas. Uno de los jóvenes emerretistas pudo disparar sobre varios rehenes pero desistió. Ese detalle, narrado por varios rehenes, demuestra que no es rigurosamente exacta la afirmación de que el operativo militar garantizaba la vida de todos los rehenes o un número muy reducido de bajas. El azar ayudó a este resultado, pero bien pudo resultar al revés.

Si se piensa sólo en el corto plazo y desde intereses puramente particulares, en este desenlace de la crisis de los rehenes sólo habría razones para celebrar. Pero si, pasados los impactos de las primeras horas, partimos prudentemente del interés nacional y miramos el mediano plazo, podrá verse que es de todos modos un hecho traumático que dejará huellas perniciosas en la política peruana y en el alma colectiva.

Ninguna sociedad pasa impunemente ante un espectáculo de muerte en vivo y en directo. Con frecuencia, a la victoria militar subyace más de un fracaso político y un trauma social. Por regla general, después de esa victoria la esfera de las armas, ya sea desde el Estado o desde la subversión, le pasa la factura a la esfera política. Será mejor que ésta tome en serio su propio oficio y aprecie más el enorme valor de la paz.