Apenas unos días después de haberse efectuado el rescate de los rehenes, la opinión pública ha sido informada hasta en los mínimos detalles de cómo fue planificado el casi impecable operativo militar. La introducción en la residencia de micrófonos en crucifijos, guitarras y biblias, el bíper del almirante Giampietri y las fotografías tomadas al interior de la residencia por microcámaras que se emplean en operaciones de alta cirugía, nos hacen volar la imaginación haciéndonos recordar las películas de James Bond.

También se nos ha informado de hechos curiosos como las clases de francés que el general Domínguez, ex jefe de la Dincote, impartía al jefe del comando terrorista; el descontento mostrado por una joven emerretista debido a que los rehenes y sus secuestradores preferían ver por la TV los noticieros y programas políticos, negándole la oportunidad de continuar viendo su telenovela favorita; el campeonato de fulbito entre los emerretistas ­«cuatro contra cuatro»­ en los ambientes de la amplia sala de la residencia convertida en una singular losa deportiva que ocultaba los túneles que ellos mismos habían denunciado semanas atrás...

Nos hemos sentido estremecidos al escuchar la versión del ministro Muñante sobre un joven emerretista que, una vez iniciado el asalto militar, decidió ­por razones que nunca se sabrán­ no apretar el gatillo del arma automática con que los apuntaba a él y a otros rehenes; emocionados por la actitud reflexiva y consciente del comandante Valer, dispuesto a dar la vida por un Perú al que amaba entrañablemente, conforme se lee en la carta que portaba en un bolsillo de su uniforme de combate.

Patéticas son las informaciones que dan cuenta del semianalfabetismo de un joven del MRTA que creía que a Cuba se podía ir y regresar por carretera; o que en la confidencialidad que se estableció entre los rehenes y sus captores durante los largos días del cautiverio, otro incauto joven del comando del MRTA le confió a un congresista rehén su deseo de adquirir una «combi» con el dinero que esperaba en recompensa por su participación en el secuestro.

Sin embargo, nada o casi nada se sabe de las vicisitudes de las negociaciones, de las propuestas y contrapropuestas de las partes. Alguien debería informarnos el porqué del cambio abrupto de la situación, cuando durante semanas y semanas se nos decía, a través del vocero de la comisión de garantes, que las negociaciones estaban enrumbadas por «un buen camino» y se apreciaba «una buena voluntad de las partes» para llegar a una solución pacífica. Hasta ahora, y después del asalto militar a la residencia, sólo se ha escuchado la escueta versión del embajador de Canadá, propalada por un canal de televisión, cuando refiere haberle dicho a Cerpa que a su criterio éste debería rebajar «mucho, mucho,...pero mucho, sus demandas».

Quizá este sospechoso silencio tiene algo que ver con el transparente punto de vista expresado por el presidente Fujimori en una entrevista concedida al programa 24 Horas de la TV mexicana: «...con el terrorismo no hay nada que negociar... ¿para qué?».

Parece ser que ya desde mediados del mes de enero, el asalto militar a la residencia del embajador del Japón fue la principal alternativa contemplada por el presidente Fujimori y el alto mando militar. Aunque públicamente se la calificara como un simple «plan contingente» ante un eventual agravamiento de la situación de los rehenes, en realidad la decisión tomada era la consecuencia práctica del convencimiento de que Cerpa no estaba dispuesto a salir a Cuba con las manos vacías. Para Fujimori no había nada más que negociar.

Ahora está claro que todo el escenario político y publicitario montado por el gobierno en torno a la negociación tenía como principal objetivo demostrar ante la opinión pública y los gobiernos extranjeros involucrados, el paulatino agotamiento de una salida pacífica debido a la exclusiva intransigencia del MRTA. Además, se necesitaba tiempo para conseguir el ablandamiento del comando terrorista, la preparación de las fuerzas para el asalto y la culminación de los túneles.

Nos equivocamos quienes creíamos que era posible una salida pacífica y política. Quizá confundimos nuestros deseos con la realidad. Producido el asalto militar y el rescate de los rehenes, a diferencia de muchos no nos sentimos aliviados ni con ánimo de festejo. Fueron 17 y no sólo 3 los muertos; y tengo la impresión de que esto no servirá para avanzar en el proceso de pacificación. Nos sentimos defraudados porque al final se impuso la lógica, no siempre inevitable, de la violencia y la guerra.

Desde un inicio nos pareció deleznable la posición de quienes, como Javier Valle Riestra, querían reducir la toma de la residencia por el comando del MRTA a un simple problema policíaco­delincuencial comparable a una acción emprendida por las bandas de «Los Destructores» o de «Los Injertos». Asombrado escuché decir al congresista Olivera

­alarmado porque el gobierno designara un interlocutor para abordar las conversaciones con Cerpa­ que lo único que buscaban los emerretistas era dinero para irse a tomar sol en el balneario cubano de Varadero.

De otro lado, la posición que focalizaba la «crisis de los rehenes» como un problema exclusivamente humanitario y que en salvaguarda de la vida de las 72 personas debería sacrificarse cualquier «razón de Estado», mostró pronto sus limitaciones. En efecto, ella no tomaba en consideración que el simple hecho de dejar libres al comando y a los prisioneros emerretistas a cambio de la liberación de los rehenes, de por sí ya hacía presagiar una posterior amenaza para la vida de otros peruanos, seguramente campesinos y humildes pobladores, cuando los emerretistas volvieran a las andanzas y la represión militar no se hiciera esperar. Por otro lado, se le exigía al gobierno que no cediera ante el chantaje del MRTA, pero a la vez que resolviera el conflicto mediante la negociación poniendo por delante la vida de los rehenes, cuando la amenaza sobre estas vidas era precisamente la posición de poder que esgrimía el comando del MRTA para exigir la libertad de sus presos, es decir, para chantajear al Estado. Llevada al extremo, esta posición daba curso, paradójicamente, a la tesis muy poco humanitaria de que para salvar a 72 personas podrían ser muertas otras 14, además de un número no determinable de esas mismas 72 personas.

En este punto la posición del gobierno se mostraba sólida: era responsabilidad del gobierno, a fin de resguardar la seguridad nacional y los avances conseguidos en el proceso de pacificación, no ceder al chantaje ni crear un antecedente muy peligroso para eventuales situaciones parecidas. En esto, contaba con el respaldo de la absoluta mayoría de la opinión pública. En cambio, era discutible el argumento según el cual no se podía liberar a los presos porque se atentaría así contra el Estado de Derecho y el ordenamiento legal del país. Habría que recordar, diferencias aparte, que en junio de 1995, argumentando la necesidad de promover la reconciliación nacional y consolidar el proceso de pacificación, el Ejecutivo propuso, y el Parlamento aprobó, la ley de amnistía para todos los miembros de las fuerzas del orden inculpados o sentenciados por los delitos cometidos con ocasión de la lucha contrasubversiva. Por otra parte, dejar salir del país a los miembros del comando del MRTA una vez liberados los rehenes, ¿no constituía acaso una transgresión de la legislación antiterrorista vigente que mandaba capturarlos y recluirlos en prisión? Lo que se tenía que resolver, si lo que se quería era una salida pacífica, no era un problema meramente legal, sino político.

Puestas así las cosas, había que explorar otra alternativa que, aunque erizada de dificultades, se reafirmara en el camino de una solución pacífica: ¿bajo qué condiciones el Estado habría podido considerar la posibilidad de discutir la liberación de los presos del MRTA? Ciertamente, siempre y cuando no pusiera en riesgo la pacificación del país ni fuera considerado como un antecedente funesto. Es decir, que no se produjera como un chantaje del terrorismo, que conseguiría por esta vía el reforzamiento de sus filas y acrecentar su poder para la destrucción y la muerte. Aunque es muy difícil admitirlo, el Estado, en esas condiciones, no podía canjear la liberación de presos por la vida y la libertad de los rehenes.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista el Estado podía haberse comprometido a discutir la liberación de los presos del MRTA, ya no como una concesión a cambio de la liberación de los rehenes, sino como un acto en favor de la reconciliación nacional y de afirmación de su voluntad de consolidar la paz interna. Y lo haría, precisamente, en resguardo de sus responsabilidades en el ámbito de la seguridad nacional. Con una condición: que el MRTA mostrara su disposición a abandonar el camino de la lucha armada.

En cambio, la disyuntiva entre salida negociada (pacífica) o la militar, en el contexto de dos adversarios dispuestos a continuar enfrentados en el escenario de la violencia, caminaba en favor de la segunda. A nuestro entender, la disyuntiva debió plantearse entre salida política o salida militar, ya que, como se entenderá, no toda salida pacífica era necesariamente favorable a la política de pacificación; por ejemplo, transar la libertad de los rehenes a cambio de dinero, para que posteriormente con éste los emerretistas compraran más armas para continuar con su lucha armada, no era la salida más conveniente para la paz interna del país.

Se requería pues construir un diferente escenario para que los adversarios pudiesen negociar sus diferentes puntos de vista y demandas, pero en la perspectiva de la pacificación del país. Este nuevo escenario suponía ligar la aceptación gubernamental ­validada por la comisión de garantes­ a discutir la demanda emerretista en relación a sus presos, siempre y cuando el MRTA, con la garantía señalada, mostrara su predisposición a negociar el abandono del camino de su lucha armada, para lo que la liberación de los rehenes se constituiría en el primer paso de la negociación política.

Esta propuesta, a contracorriente de las posiciones más duras, sostenidas por ciertos sectores políticos y militares, respondía a los puntos de vista de la sociedad civil que reclamaba ­y reclama­ el cese de la violencia terrorista, de la inevitable respuesta militar y de la violación de los derechos humanos.

Se requería, pues, ampliar el horizonte de la negociación para que, tomando en cuenta el problema de los rehenes, éste se convirtiera en el punto de partida de una negociación que involucrara el complejo tema de la pacificación en su conjunto, en la que ciertamente estuvieran comprendidos temas como el desarme de los subversivos, su incorporación a la vida ciudadana, cese del régimen excepcional de carcelería, indultos y, posteriormente, una eventual amnistía progresiva. Si el problema se reducía exclusivamente a la situación determinada por lo que sucedía al interior de la residencia, poco hacía falta para convertir en inevitable la solución violenta.

¿Qué condiciones debían darse para que esta alternativa fuese viable? Hubiese hecho falta una gran presión y movilización de la ciudadanía en favor de la paz en el país y no sólo de solidaridad ­aunque justa, necesaria y loable­ en apoyo a los 72 rehenes y sus familias. Movilización de rechazo del camino emprendido por el MRTA y simultáneamente de presión para su desarme e incorporación a la vida política nacional. Un mayor esfuerzo por convencer a quienes, sin ser militares, son proclives al uso de la fuerza para dirimir los conflictos sociales. Nos faltó decirles con mayor firmeza que era preferible que Cerpa y sus seguidores se dedicaran a recoger las 5OO mil firmas para constituir un partido político a que, muertos, pudiesen eventualmente ser considerados como «mártires» por nuevos e ingenuos jóvenes. Recordarles a los militares, profesionales de la guerra, que el «escarmiento» como búsqueda de la disuasión, eficaz ante un adversario comprometido en una guerra convencional, no lo es tanto cuando se trata de un conflicto armado interno; que en estos casos más valen las acciones políticas tendientes a enervar en él la voluntad de seguir combatiendo con las armas.

¿Qué cosa era más importante para Cerpa y su grupo: la liberación de sus compañeros presos o la continuación de su lucha armada? Aunque lo hubiese creído al principio, ¿podía seguir creyendo, pasados ya más de cuatro meses en la residencia, en poder conseguir las dos cosas a la vez? Con todo el espacio político y propagandístico acumulado, ¿podía limitarse simplemente a aspirar ponerse nuevamente al mando de su columna en Pichanaki? Jamás sabremos las ideas que tenía en la cabeza. Lo que sí parece probable ­muestra de sus marchas y contramarchas en las conversaciones­ es que empezaba a dudar.

Por último, faltó al gobierno la imaginación, voluntad y audacia de crear ese nuevo escenario donde lo que parecía imposible podía empezar a hacerse posible; y perdimos con ello una gran oportunidad.

Creo, para terminar, que la experiencia vivida durante 126 días nos han dejado huellas muy profundas que ojalá sirvan para hacernos mejores y acentuar el compromiso que ­desde la sociedad civil y la afirmación democrática­ tenemos con la construcción de la paz en el país. Que la muerte de 17 peruanos no haya sido en vano. Que reforcemos una militancia política que ayude a construir canales que faciliten la participación de la juventud en la lucha por una patria más justa y en favor de la vida; que vayamos cerrando los espacios de la violencia y la muerte. Aunque ya nadie podrá hacer volver a la vida a Carlos Giusti ni amenguar el profundo dolor de sus familiares, que sus colegas retomen sus banderas en favor de la autonomía del Poder Judicial. Que el valeroso comportamiento del comandante Valer se constituya en un paradigma para sus compañeros de armas, y que se rechace a los Martin Rivas del grupo «Colina», a la guerra sucia, a los torturadores y a sus mentores intelectuales.