A pesar del peligro de una eventual ruptura, el proceso de
solución definitiva del diferendo peruano-ecuatoriano
continúa su marcha. Y no obstante sus clamorosas
imprecisiones presentes y pasadas, éste se orienta en
la dirección correcta. Luego de dos años y
nueves meses de interacción diplomática entre el
Perú, el Ecuador y los garantes del Protocolo de
Río, esto es lo mejor que puede decirse de lo que
formalmente constituyó la «sexta ronda de
conversaciones sustantivas» entre las partes y que,
según la Declaración de Brasilia, dio inicio a
la segunda fase del proceso en cuestión a fines del
último noviembre.
Esta descripción minimalista se encuentra entre tres
corrientes de opinión. Para los que ven el vaso de agua
a medio llenar, el hecho de que se haya superado el peligro de
la anulación de todo lo actuado por la
indisposición peruana (expresada fuera del proceso) a
tratar uno de los impases subsistentes (el imposible
planteamiento ecuatoriano de un acceso soberano al
Marañón-Amazonas), es suficiente para calificar
la reunión como un éxito. Especialmente si se la
refiere al Acuerdo de Santiago, según el cual el
arreglo definitivo estaba supeditado a la solución de
todos y cada uno de los desacuerdos sin
excepción.
Los que, en el extremo radical del triunfalismo, ven el vaso
totalmente lleno, consideran que el proceso ya es irreversible
en el estricto marco del Protocolo de Río y sus
instrumentos complementarios. Respaldan su posición en
el compromiso explícito del estudio conjunto para la
ejecución del artículo VI del Protocolo (que
permite la libre navegación del Amazonas y sus
afluentes en condiciones preferenciales para el Ecuador) y la
ejecución de la demarcación fronteriza aplicando
el artículo IX (la «fijación» técnica de
la frontera en el terreno, otorgándose las partes las
concesiones recíprocas pertinentes).
En cambio, los que ven el vaso medio o totalmente vacío
opinan que el Perú no gana nada con los vagos
compromisos de Brasilia. Por lo demás, nuestros
negociadores no sólo no han logrado establecer un
cronograma completo para la ejecución de los acuerdos
sino que han puesto en tela de juicio, por falta de
precisión, la totalidad de la frontera ya establecida
cuando sólo quedaba pendiente de demarcación -y
no de delimitación- algo más de un centenar de
kilómetros.
Si todos estos argumentos tienen un cierto grado de sustento,
se puede decir que el consenso en el Perú en torno a la
solución definitiva del diferendo con el Ecuador, no
será fácil. Para lograr puntos mínimos de
encuentro el gobierno podría empezar por explicar que
en realidad nos encontramos ante un nuevo proceso de
carácter sustantivo en el que del atrincheramiento
«cuasi-científico» y gradual de las conversaciones
«técnico-jurídicas» sobre los diferendos
específicos, se ha pasado a un intercambio negociador
más fluido y de ámbito más amplio y
político. Esta evolución, que pudiera deberse a
razones tan triviales como el cambio del canciller, incluye,
sin prioridades, facetas contextuales en los ámbitos
militar -las medidas de fomento de la confianza- y
económico-social -la integración fronteriza-.
En la búsqueda del consenso, el gobierno debiera hacer
notar que el foco de atención principal parece haberse
trasladado del tema del acceso fluvial (que ya parece encajado
en el artículo VI del Protocolo) al tema de la
demarcación territorial. Al respecto, sin embargo,
deberá esmerarse en precisar por qué no se
especificó en la Declaración de Brasilia los
puntos pendientes de efectiva demarcación,
aceptándose, en su lugar, una referencia a la frontera
en general. Si, al respecto, hubiera prevalecido la
comprensible necesidad de facilitar al Ecuador una forma de
legitimar el eventual acuerdo ante su opinión
pública, ésta no podía pasar por
ambigüedades que admitiesen interpretaciones que compliquen el
conjunto de la frontera establecida. La generalización
en que incurre la Declaración de Brasilia es
aquí por lo menos equivalente al error que se
cometió anteriormente al admitir como impase la
pretensión ecuatoriana de obtener un acceso soberano en
el «Marañón-Amazonas» y no hacer nada al
respecto en su momento, dando oportunidad a que un nuevo
canciller alterara el proceso. Esta situación debe ser
corregida explícitamente.
Por lo demás, el gobierno debería dar a conocer
el nuevo rol de los garantes que, al plantear inicialmente los
nuevos términos de la negociación, parecen haber
adelantado, por necesidad, una fase del proceso. De otro lado,
al haberse incorporado las medidas de confianza entre las
fuerzas armadas en el proceso político, no sólo
sería necesario asegurar su real cumplimiento sino su
extensión al ámbito social. Además, el
proceso tendría que ser explicado no sólo en
términos internos (mayores posibilidades de desarrollo,
de ahorro fiscal y disminucuón del riesgo-país)
sino en lo que implica para el Estado como generador de
estabilidad regional y como promotor de una nueva
inserción redefinidora de nuestras prioridades
políticas y de seguridad externas. Finalmente, teniendo
en cuenta la fragilidad de la institucionalidad
política reinante en ambos países, el proceso no
debería ser objeto de propósitos partidaristas o
electorales. En base a esta condiciones mínimas, el
consenso nacional podría tener una posibilidad de
consolidarse. |