A casi cuatro años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, y treinta y cinco meses después de la maxi-devaluación del peso mexicano, el gobierno del Dr. Ernesto Zedillo proclama una y otra vez, en distintos foros internacionales, que la economía del país azteca ha podido sortear la más reciente crisis financiera sin mayores problemas. Se declara de manera reiterativa que, gracias al draconiano programa de «ajuste dentro del ajuste» iniciado en febrero de 1995, México puede resistir los embates de la inestabilidad bursátil y cambiaria -ahora provenientes del sudeste de Asia- y continuar lo que desde el gobierno priísta se denomina la «recuperación» económica.

La realidad, sin embargo, es muy distinta. Para infortunio de la mayor parte de los mexicanos, la economía del país sigue mostrando características de alta vulnerabilidad en al menos cuatro aspectos:

1. La elevada volatilidad de los capitales especulativos que han financiado la cuenta corriente. Hasta ahora, tanto las autoridades financieras como los banqueros se han mostrado reacios a adoptar cualquier tipo de control o imponer tributo alguno a dichos flujos.

2. La dependencia de las importaciones en el momento en que la actividad económica comienza a cobrar vigor. El superávit comercial propio de la etapa de contracción económica ha disminuido, y empieza a perfilarse un nuevo déficit en la balanza comercial, el mismo que también deberá ser financiado con capital externo.

3. Los desequilibrios en la recuperación, que sólo alcanzan al llamado «sector moderno», que comprende las actividades de exportación y aquellas vinculadas a los circuitos financieros internacionales, dejando fuera al mercado interno, que continúa deprimido.

4. La exclusión de la mayor parte de la población mexicana de la recuperación económica. A partir de 1982 se ha perdido más de 66% del poder de compra del salario, y el ingreso per cápita en 1997 es inferior al registrado quince años antes.

Estos cuatro factores obviamente están interrelacionados. No son efectos aislados, ni variables fuera de control, sino que constituyen síntomas que se han observado en la econom�a mexicana a partir de la introducción de las medidas de ajuste estructural preconizadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El espejismo esbozado por el ex-presidente Carlos Salinas de Gortari, en el sentido de que México entraría al Primer Mundo con su acceso al TLC, se ha convertido en una quimera para los gobernantes y en una profunda frustración para la población que abrigó expectativas de movilidad social ascendente. Se ha acentuado el dualismo entre, por una parte, el llamado «sector moderno», que comprende a las trescientas compañías exportadoras y a los grupos financieros, y por otra parte, las empresas orientadas hacia el mercado interno.

Mientras tanto, las complicidades entre el poder político y el poder económico -que tantos episodios de corrupción han propiciado- son ahora el blanco de recomendaciones incluso por parte del propio Banco Mundial. En una declaración que a las autoridades mexicanas les pareció inusitada, pero con la que se identificó el grueso de los mexicanos, Olivier Lafourcade, Director del Departamento de México de dicha institución multilateral, declaró, a propósito del rescate de los bancos mexicanos que: «...la verdad es que los accionistas de los bancos asumieron proporcionalmente una parte reducida de las pérdidas en las instituciones de crédito y la mayor parte del costo acabará siendo pagada por los contribuyentes». Ello, de acuerdo con Lafourcade, «refleja la influencia política que los dueños de los bancos pueden ejercer en el gobierno» (La Jornada, México, D.F., 22 de noviembre de 1997, pág. 64). El rescate de los dueños de los bancos ascenderá a 379 mil millones de pesos, o $46 mil millones de dólares, equivalentes a 13% del Producto Interno Bruto.

La crisis bancaria echa luz sobre las limitaciones de la reprivatización de la banca mexicana entre 1991 y 1993, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo con el credo salinista, la privatización se presentaba como condición suficiente para una operación eficiente del sistema bancario. Los críticos del proceso sospechaban que las cosas podían ir mal, pero sus pronósticos más pesimistas se quedaron cortos respecto a los muy negativos resultados alcanzados. Entre las causas de naturaleza microeconómica de la insolvencia bancaria podemos citar la mala supervisión y regulación del sistema, una administración bancaria deficiente, la interferencia política, préstamos atados, fraudes, corridas bancarias y un sistema judicial débil. Por lo que toca a los factores macroeconómicos, el Banco Mundial cita, en orden de importancia decreciente, a la caída en los términos de intercambio, la recesión, la sobrevaluación de la moneda y la salida de capitales.

Durante la reunión del Foro de Cooperación Asia- Pacífico (APEC), celebrada en Vancouver, Canadá, del 22 al 25 de noviembre de 1997, el presidente Ernesto Zedillo presentó su «receta» para que los gobiernos puedan enfrentar exitosamente las crisis financieras. Sugirió entonces «no ir contra el mercado» y actuar con celeridad, incluso de manera excesiva, para sofocar rápidamente las crisis. Apuntó que se debía defender al sistema financiero a cualquier precio. La paradoja es que precisamente para defender y preservar las políticas supuestamente guiadas por el mercado, Zedillo recomienda ir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener ayuda financiera de emergencia.

En el caso de la crisis financiera de 1994, que colocó al borde de la quiebra a los bancos mexicanos, en vez de aplicar una solución de mercado (que habría provocado el cierre de un buen número de ellos), se optó por obtener financiamiento de emergencia, mediante el paquete de rescate de $38 mil millones de dólares diseñado por Larry Summers, Subsecretario del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos. Cuando Zedillo argumentó en Vancouver que la estrategia «mexicana» había sido muy exitosa y aconsejó a los países asiáticos apegarse a ella, el primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, simplemente dijo: «está mal que Zedillo haya olvidado dar las gracias al gobierno de Estados Unidos».

Así, el paquete de salvamento del gobierno de Estados Unidos rescató al gobierno mexicano, pero no a la economía mexicana. El precio de este paquete fue, simple y sencillamente, atar la política económica mexicana al dictado de Washington, el cual favorece aquellas políticas que benefician a Wall Street y a sus aliados mexicanos. La supuesta recuperación no es más que un espejismo, porque sobreviene después de la brutal caída de más de 6% del PIB en 1995, sin haber logrado superar el ciclo de sobrevaluación-sobreendeudamiento-déficit en cuenta

corriente-devaluación-crisis-nuevo paquete recesivo de ajuste. En las postrimerías de 1997, es falso que la economía mexicana haya superado el Efecto Dragón. Las condiciones de vulnerabilidad y de fragilidad observadas en 1994 siguen presentes tres años después, por más que los funcionarios hacendarios declaren que los fundamentos de la economía mexicana están sanos. Los bancos están virtualmente quebrados, y sólo se sostienen por las inyecciones periódicas de dinero fresco por parte del gobierno mexicano, el cual no ha comprendido que apostar a dichas inyecciones de capital, sin propiciar la recuperación del mercado interno, sólo propiciará que a la vuelta de seis meses los bancos vuelvan a caer en números rojos.

Finalmente, la recuperación mexicana se dificulta por el incierto entorno internacional, que augura una crisis de dimensiones aún no calculadas. La quiebra de las instituciones financieras japonesas, la contracción del crédito internacional que sobrevendrá por la estratosférica demanda de recursos para los «rescates» financieros en Tailandia, Corea, Japón, y eventualmente Brasil, hará muy difícil dar continuidad a un modelo cuya viabilidad depende del financiamiento externo. Cuando la crisis llegue a Estados Unidos, una caída sostenida en el Indice Dow Jones, o nuevas alzas en la tasa de interés de referencia de Nueva York, seguramente provocarían una nueva crisis en México. Cuando Zedillo salió rumbo a Vancouver, un diputado de oposición lo despidió con la frase «que Dios lo bendiga, Señor Presidente». Si, como es previsible, la inestabilidad financiera se prolonga, la comparación de la nueva crisis ya no será con la registrada en 1994, sino con la gran depresión de 1929. Entonces habrá que decir: «que Dios nos agarre confesados».