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A casi dos años de iniciada la última reforma del
Poder Judicial, cabe preguntarse cuáles son los logros
conseguidos hasta la fecha y qué se puede esperar para el
año que se avecina.
Para intentar responder a tales interrogantes, resulta pertinente
repasar algunos de los objetivos trazados por la Comisión
Ejecutiva del Poder Judicial a fin de determinar cómo se
han venido desarrollando las acciones destinadas a lograr los
cometidos propuestos.
Lo bueno
En el campo de la reforma de los sistemas administrativos, es
indudable que es donde más se ha avanzado, aun cuando la
separación de las labores jurisdiccionales y
administrativas no ha operado en el caso de las jurisdicciones
especiales (tráfico de drogas, delitos tributarios,
procesos a bandas). Según las estadísticas de la
Comisión Ejecutiva, ha mejorado sustancialmente la
reducción de la carga procesal atrasada y la celeridad de
los procesos penales con detenidos, y se ha reducido el plazo de
duración de los procesos penales sumarios y ordinarios de
mediana complejidad. En lo que respecta a la capacitación
de los magistrados, la Academia de la Magistratura ha adelantado
significativamente con el dictado de cursos para aspirantes y la
realización de eventos académicos para magistrados
en funciones.
En lo que respecta a la reforma de los Despachos Judiciales,
informatización del servicio de justicia, publicidad de
sentencias y uniformidad de reglas de juicio, se han desarrollado
algunas acciones, pero lo conseguido hasta este momento resulta
insuficiente y parece haberse atrasado en el calendario
prefijado.
Lo malo
De otro lado, existen otros aspectos en los que los resultados a
la vista no son muy halageños. En lo que atañe al
control de la corrupción, si bien se han dado a publicidad
algunos casos descubiertos a través de operativos, es
evidente que se trata de casos de menor importancia,
susbsistiendo aún importantes lagunas de corrupción
e impunidad dentro del sistema, especialmente en lo que respecta
a magistrados de mayor jerarquía. No se ha vuelto a saber
del anunciado proyecto anticorrupción destinado a combatir
integralmente este fenómeno.
El tema del alto número de magistrados provisionales, que
a tantas suspicacias se ha prestado, parece no tener
solución en el corto plazo, lo que afecta
considerablemente la buena marcha del sistema.
Lo feo
En materia de independencia del Poder Judicial e imparcialidad de
los magistrados, a lo largo del año diversos hechos han
empañado seriamente la intencionalidad de la reforma. La
remoción de magistrados en los procesos vinculados a la
Dra. Delia Revoredo, Baruch Ivcher, el divorcio del presidente
Fujimori, el zarandeo al que fueron sometidos los magistrados de
la Sala de Derecho Público, la denuncia contra la Dra.
Minaya, entre otros, aparentan darle la razón a quienes
afirman que la reforma se desarrolla en el contexto de un marco
político que pretende consolidar la injerencia del Poder
Ejecutivo en el Judicial.
Finalmente, la reciente postergación indefinida de la
entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, tan
esperada a lo largo de estos años, aparece como un
contrasentido respecto a las intenciones declaradas de los
reformadores en lo que se refiere a la optimización de la
administración de justicia en materia penal.
Si bien es cierto que los más de US$ 60'000,000 (sesenta
millones de dólares) aprobados por el BID y el Banco
Mundial para apoyar la reforma constituyen un aporte que permite
afirmar que ésta se profundizará a lo largo del
proximo año, es de esperar que se adopten las medidas
necesarias para asegurar que todo el esfuerzo desplegado se
dirija a consolidar un Poder Judicial eficiente, autónomo
y realmente independiente del poder político.
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