Frente a esta visión reduccionista es posible imaginar otra. En ella los derechos, antes que meros salvoconductos, son valores que animan la convivencia social. Son expresión del mutuo reconocimiento de la dignidad e igualdad intrínsecas a los seres humanos. Su vigencia se mediría antes que por el número de violaciones o de sanciones a los violadores, por la cultura de una sociedad, es decir por hábitos, símbolos, relaciones y valores que se expresan en la vida cotidiana. De allí la creciente referencia a la «cultura de derechos» como una suerte de imagen-objetivo de lo deseable en relación con los Derechos Humanos.

Ahora bien, esta «cultura de derechos» se construye en el contexto de las tradiciones y desafíos de una sociedad dada. Y si en las sociedades liberales de tradición individualista la puerta de entrada a la construcción de tal «cultura de derechos» es el generalizado reconocimiento del individuo autónomo, en sociedades como la nuestra, marcada por la heterogeneidad cultural, el proceso deberá encontrar sus fundamentos en las diversas experiencias históricas y formas de vida cuya precaria articulación define al Perú.

El reciente trabajo de Sinesio López, Ciudadanos reales e imaginarios (IDS, 1997), resume bastante bien este proceso relacionando las estrategias de construcción ciudadana con las matrices culturales presentes en el país. La conclusión es clara: en nuestra experiencia, la ciudadanía social ha precedido a la ciudadanía política. La vivencia de los «derechos» ha estado vinculada antes que al voto y a las libertades individuales, a la conquista de condiciones de trabajo y vida dignas.

Es por ello que la saludable disminución de las gravísimas violaciones que sacudieron al país no debe significar abandonar la preocupación por la situación de los Derechos Humanos en el país. Por el contrario, se trata de ampliar la mirada, preguntarnos en torno a la presencia o ausencia de una real cultura de derechos en el país. Dado el peso decisivo que lo social ha tenido en el desarrollo de la noción y la vivencia de los derechos, la situación de los derechos económicos, sociales y culturales puede ser un buen termómetro de la situación global.

En mayo de 1997, tras analizar un informe presentado por el gobierno, el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó un conjunto de observaciones sobre el Perú, así como un informe alternativo elaborado en la Mesa de Trabajo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales promovida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Se trata de uno de los documentos más duros, en términos de críticas, emitido por ese organismo en los últimos años.

Asumiendo una perspectiva de conjunto antes que casuística, el Comité expresó su preocupación por el agravamiento de la exclusión social y cultural, por el incremento de la desigualdad económica, por la supresión en el texto constitucional de una serie de derechos que estaban presentes en la Constitución de 1979, por el mantenimiento de diversos mecanismos de discriminación por razones étnicas o de género, por la destrucción de los derechos laborales, por el deterioro de la calidad educativa y las amenazas sobre los sistemas públicos de salud. Más allá de la enumeración de estos graves problemas, el documento trasluce la preocupación por el desencuentro entre políticas sociales -orientadas a «aliviar la pobreza extrema»- y derechos sociales. Probablemente haya sido la intervención oral del entonces ministro de justicia Carlos Hermoza Moya, la que hizo tomar conciencia de este anacrónico desencuentro. Para el vocero de la delegación peruana ante el Comité, no es posible garantizar derechos si «antes» no se erradica la pobreza. Y obviamente para esto basta con programas «focalizados» de «inversión social».

El consenso contemporáneo -al que no escapa el Banco Mundial- apunta en la dirección opuesta. Tras la idea de «erradicar la pobreza» prescindiendo de derechos, se oculta una visión reduccionista, meramente cuantitativa de la pobreza. Todas las aproximaciones medianamente serias al tema insisten en que la pobreza es un fenómeno de múltiples dimensiones, estructural y subjetivo a la vez. Estructural, en tanto hay condiciones ajenas a los individuos que la reproducen; subjetivo en tanto se interioriza como anulación de capacidades y debilitamiento de la autoestima.

Varios siglos de luchas sociales y debates teóricos, llevaron a las sociedades modernas de las «Leyes de Pobres» (propias del siglo XVIII) a los Derechos Sociales contemporáneos. La tesis subyacente a este proceso afirma que de lo que se trata no es de «segregar» -en beneficiencias, casas de pobres o programas «focalizados»- sino de integrar a través del trabajo, la educación, la vida ciudadana a los que se encuentran en situación de pobreza.

Cuando la compensación de la injusticia reemplaza el reconocimiento de derechos estamos lejos de la modernidad en cualquiera de sus variantes. No es casual entonces la particular empatía en el caso peruano, entre autoritarismo y «gasto social» pasando por encima de la retórica ultraliberal que se predica para un público más restringido. Basta ver cualquiera de los noticieros televisivos para encontrarnos con la imagen del presidente providencial que personalmente atiende las necesidades de los pobres damnificados.

Para justificar el desmantelamiento se ha dicho que en nuestro país los fragmentarios sistemas de derechos existentes eran una traba a la modernización, un freno al incremento de la productividad. Que, en realidad ocultaban la pervivencia de rasgos gremiales corporativos y creaban privilegios estamentales orientados a bloquear el progreso y el ascenso social. Más aún, la previsión de estos derechos desde el Estado, además de gravar innecesariamente a la economía, estaba signada por la ineficiencia y el burocratismo.

Una década de experimento neoliberal es suficiente para comenzar a verificar las afirmaciones antes señaladas. Si los derechos laborales eran la principal traba al incremento de la productividad, hoy, cuando éstos han sido prácticamente arrasados, deberíamos estar viviendo el boom de una economía altamente competitiva, cuya inserción internacional tendría como rasgo central un geométrico crecimiento exportador. Si tales derechos eran en realidad privilegios estamentales, hoy deberíamos tener un mundo laboral crecientemente diferenciado a partir de la productividad y con ingresos percápita acordes con la calificación. La calidad de nuestros servicios educativos y de salud debería haber mejorado al ritmo del crecimiento del mercado, en tanto y en cuanto el incremento de los ingresos de la mayoría permitiría cubrir con fuentes propias lo que antes regalaba el Estado.

Esto, evidentemente, no es así, y no hay el menor asomo de que tal sea el horizonte para los próximos años. Lo que se está haciendo al liquidar derechos sociales es justamente reforzar el clientelismo. La desprotección extrema no incentiva el riesgo y la innovación: castra las potencialidades creativas, lleva a replegarse en lo atávico como lo único seguro. Una vez más, la pseudo- modernización que arcaíza la sociedad. Las ilusiones de algunos discursos recientes no soportan el menor análisis. Menos aún, miradas más profundas, como la que lleva a César Rodríguez Rabanal a afirmar: «La propaganda política celebra la emergencia de un supuesto nuevo peruano, moderno, que destaca por su versatilidad y rapidez mientras en realidad se trata del agotamiento de sus energías físicas y psíquicas en el desarrollo de estrategias de supervivencia.» (La violencia de las horas. Caracas: Nueva Sociedad, 1995, p.15)

Hace ya buen tiempo Amartya Sen demostró que la principal explicación en relación al diferente impacto, en términos de mortandad humana, de grandes hambrunas en Asia y Africa es el nivel de capacidades y «derechos» (entitlements) de los que disponían las poblaciones afectadas. Lo que nosotros traducimos por «derechos» Sen lo explica como «dominios sobre bienes y servicios». Si el razonamiento de Sen puede extenderse a todo tipo de desastre natural que afecte a una población, es indudable que los efectos de la Corriente del Niño se verán incrementados por una política centralista que veta la participación de los gobiernos locales y la población organizada, y que pretende hacer de la desgracia ajena ocasión para el ejercicio de la beneficencia. Frente a ello, insistir en una lógica distinta de desarrollar la vida social, a partir de derechos que generan responsabilidades, no sólo es importante, es también urgente.