El Perú había sostenido durante más de cincuenta años que con el Ecuador no existía problema alguno y que lo único que cabía hacer era cumplir con el Protocolo, es decir, terminar con la demarcación de la frontera terrestre. Por su parte el Ecuador, también por más de cuarenta años, optó por el camino de la rebeldía. Primero argumentó que el Protocolo de Río era inejecutable en una parte, luego en todo, para concluir que era ilegal. Fue, se dijo en ese país, un tratado firmado con una pistola en el pecho, una herida abierta que cada cierto tiempo sangraba y que recordaba a los ecuatorianos una historia de frustración.

La rebeldía ecuatoriana frente al Protocolo venía así a justificar y legalizar las visiones más antiperuanas en ese país que modelaron lo que algunos han llamado la «ecuatorianidad». Visiones que se remontan a las «invasiones imperialistas incaicas» que frustran el reino de Quito, luego a la gran frustración del «inca quiteño» Atahualpa que es asesinado por los españoles cuando, justamente, tras «derrotar a los cusqueños», marchaba victorioso a «quiteñizar» el imperio incaico. Historia de frustraciones que, según esta visión, alcanza su ápice en el Protocolo de Río, al perder ese país -según autores ecuatorianos- la mitad de su territorio.

Al Ecuador y a los ecuatorianos sólo les quedó refugiarse en una línea imaginaria limítrofe de un también imaginario Protocolo Pedamonte y Mosquera de 1829. Si bien la historia del mapa con los dos límites protocolares (el primero que llega hasta Iquitos, consecuencia del Pedamonte y Mosquera; y el segundo fruto del Protocolo de Río, que es la línea actual) comienza antes de los cincuenta, en esos años se refuerza esa prédica y pasa así a convertirse en una política de Estado que, en cierta manera, unificaba las conciencias y el alma nacional de los ecuatorianos.

En 1995, como hemos dicho, esas historias llegaron a su fin o, cuando menos, así lo suponemos. Ecuador terminó por reconocer la legalidad y la validez del Protocolo y el Perú por aceptar la existencia de los llamados «impases» en su relación con el Ecuador. Todo 1996 fue dedicado a definir cómo discutir lo que se iba a discutir. En 1997 se realizaron cinco rondas de conversación y una adicional para llegar a la conclusión de que no había acuerdo, puesto que la reivindicación amazónica ecuatoriana era contradictoria con la naturaleza misma del Protocolo.

Sin embargo, antes de terminar el año, el 26 de noviembre de 1997, Perú y Ecuador lograban acordar una nueva agenda, «de conformidad -como dice la declaración de esa fecha- con el Protocolo de Río de Janeiro y sus instrumentos complementarios, y con base en la declaración de Paz de Itamaraty de 1995».

Los puntos de esta nueva agenda eran: a) la posibilidad de establecer un Tratado de Comercio y Navegación; b) un acuerdo amplio de integración fronteriza; c) la fijación en el terreno de la frontera terrestre común y; d) el establecimiento de Medidas de Confianza Mutua y de Seguridad. Esos cuatro puntos fueron trabajados a su vez por cuatro comisiones, que iniciaron sus labores en febrero de 1998 y debían concluir el 30 de mayo de este año. Como sabemos esto no fue así y el acuerdo de paz global (o, mejor dicho, la solución de la totalidad de los puntos de la agenda) no ha sido posible. Si bien se han logrado acuerdos en los puntos b) y d), no ha ocurrido lo mismo con los otros dos: a) y c).

El primero (punto a) tiene que ver con la naturaleza de la presencia ecuatoriana en el Marañón-Amazonas y guarda relación con el artículo sexto del Protocolo. Sobre el particular cabe hacer las siguientes precisiones: 1) el artículo sexto concede al Ecuador, sin necesidad de un Tratado de Comercio y Navegación, «las mismas concesiones (de navegación) de las que gozan el Brasil y Colombia...». 2) Abre la posibilidad de un Tratado de Comercio y Navegación para otorgarle al Ecuador «mayores» concesiones de las que tienen los países mencionados. Al respecto el Protocolo es claro, ya que a la frase anterior añade: «...más aquéllas (se refiere a las concesiones) que fueran convenidas en un Tratado de Comercio y Navegación destinado a facilitar la navegación libre y gratuita en los referidos ríos». El Tratado de Comercio y Navegación es, en este contexto, la condición indispensable para otorgarle al Ecuador estas nuevas concesiones que menciona el Protocolo.

El segundo punto guarda relación con la demarcación de la frontera en la Cordillera del Cóndor, que es, justamente, la zona donde el Ecuador sostiene, equivocadamente - como lo habrían demostrado las conclusiones recientes de los peritos independientes miembros de los países garantes-, que el Protocolo es inejecutable.

Respecto a este punto, una de las soluciones propuestas para superar este desacuerdo es la creación de un Parque Binacional que, en honor a la verdad, fue planteada en primer lugar por el propio presidente Fujimori hace poco más de cinco años y ahora por los países garantes. El problema es que la creación de dicho Parque Binacional, como lo acaba de precisar el canciller Ferrero, supondría previamente la demarcación de la frontera, que es una obligación jurídica ecuatoriana. Es decir, significaría la constitución, en realidad, de dos parques nacionales colindantes que más adelante, al estar separados por una frontera, conformarían un Parque Binacional.

Enemigo íntimo

Estos son, en resumen, los grandes puntos de divergencia en el proceso de negociación. Sin embargo, pese a los avances logrados que ratifican centralmente los puntos de vista peruanos, en el Perú dichos desacuerdos han generado una gran polémica que, curiosamente, ha dado la impresión de que los principales opositores a un acuerdo global son los propios peruanos. En esta polémica se han hecho varias propuestas, algunas de las cuales consideramos absurdas, como aquélla de negarle al Ecuador la libre navegación por el río Amazonas, cuando incluso una lectura superficial del Protocolo de Río muestra que esa concesión es parte de dicho instrumento jurídico.

Pero más allá de estos argumentos que expresan, creemos, posiciones chauvinistas y militaristas, hay otros que se explican por razones diversas. Veamos algunos de éstos.

Una primera oposición ha venido del departamento de Loreto y, concretamente, del Frente Patriótico que tiene como una de sus consignas principales: «Ni un solo ladrillo ecuatoriano a orillas del Amazonas» (Pronunciamiento 02/02/98). En esta postura opositora es posible identificar tres tipos de razones: a) históricas; b) desconfianza hacia el Ecuador; y c) demandas descentralistas.

Las razones históricas tienen un origen obvio: el famoso Tratado Salomón-Lozano, en virtud del cual el Perú cedió Leticia a Colombia en 1922. La desconfianza loretana se basa, pues, en el temor de que una solución con el Ecuador repita la lógica de dicho Tratado: ceder territorios. Para los loretanos la pérdida de Leticia fue un hecho fundamental: «El Frente Patriótico de Loreto no viene a ser sino el reflejo de una vieja herida aún abierta por el entreguismo y el baldón que significó el Tratado Salomón-Lozano en 1922 y la traición de la tiranía que devolvió Leticia a Colombia después de que la Junta Patriótica de Loreto recuperó ese suelo peruano con lucha y decisión» (Pronunciamiento 02/02/98).

La desconfianza hacia el Ecuador, justificada si se observa el comportamiento ecuatoriano durante todos estos años, se basa en que para el Frente «Ecuador jamás ha renunciado a su pretendida soberanía en los ríos Marañón y Amazonas. Más bien se propone conseguir concesiones mayores ...».

Finalmente están las demandas descentralistas. En un comunicado del Frente, de enero de este año, se afirma: «Los pueblos amazónicas no somos tenidos en cuenta por el centralismo limeño». Para los loretanos, y no les falta razón, «a través de la historia, los gobiernos de Lima han llegado a acuerdos con los países vecinos sin habernos consultado. Más aún, han llevado a la práctica acuerdos internacionales a pesar de que nuestros mayores expresaron su oposición».

Si se observa bien, los puntos de vista loretanos son una mezcla de desconfianza hacia el Ecuador, de viejas reivindicaciones descentralistas, de la existencia de heridas -como el asunto de Leticia- abiertas por los propios peruanos y de una desconfianza hacia el propio Estado peruano, más allá de los gobiernos de turno, y que se expresan en las viejas propuestas federalistas que los loretanos levantan cada cierto tiempo.

Otros argumentos apuntan a denunciar que la posible presencia ecuatoriana en nuestra Amazonía -sea como consecuencia del Tratado de Comercio y Navegación o de los acuerdos de integración binacional- configura una poderosa amenaza expansionista de ese país en el Perú. Estas posiciones, antes incluso que temor al Ecuador, justificable o no, lo que en realidad expresan es la total ausencia de una política de fronteras y de un plan de desarrollo de nuestra Amazonía. Son estas carencias nacionales, creemos, los factores más importantes que desencadenan los temores hacia el Ecuador.

En realidad, una política moderna y progresista hacia el Ecuador, que tenga como uno de sus objetivos básicos no sólo demarcar definitivamente nuestra frontera sino establecer, además, una relación de Paz y Amistad, como dice el propio Protocolo, presupone reconocer que los problemas con nuestro vecino son también problemas nacionales no resueltos entre nosotros mismos. Ignorarlo implica abrir espacio para el chauvinismo y el militarismo revanchista. El mejor ejemplo de ello, como hemos visto, son las demandas de Loreto, departamento olvidado durante décadas por el centralismo limeño y ahora castigado por una política económica neoliberal que no entiende que la tarea principal es integrar a los peruanos, descentralizar el país y desarrollar, en este caso, nuestra Amazonía.

Enfocar así nuestra relación con el Ecuador nos permitirá, sin duda, unir política exterior y política interna; es decir, tener un proyecto externo que sea parte de un plan de desarrollo nacional, del que carece hoy el actual gobierno.

Es esta desconexión entre lo externo y lo interno lo que explica el carácter contradictorio del proceso de negociación. Mientras que la Cancillería peruana avanza en ese proceso, el gobierno siembra la duda y la desconfianza. Un buen ejemplo de esto fue la aprobación de la Ley Ceticos-Loreto en el Congreso. Este acto no sólo fue ilegal sino irresponsable, puesto que se dio en una misma sesión en que también se aprobó otra ley fraude que modifica el sistema de votación del JNE. Así, más de uno se pregunta con razón si el objetivo fue aprobar la ley Ceticos-Loreto o, simplemente, emplearla como cortina de humo para sacar adelante la otra ley que asegura la reelección del presidente. Tampoco se puede descartar, en este contexto, que el presidente Fujimori, por efecto de un simple cálculo político, -ante la disminución de su popularidad- retroceda, frustrando así una solución global con el Ecuador.

Se dice en el Perú que lo esencial de nuestra política exterior frente al Ecuador no ha cambiado, puesto que lo que siempre se ha buscado es que se ejecute de una vez la demarcación fronteriza conforme a Derecho para tener así una frontera totalmente demarcada y no cuestionada. Esto es cierto, pero no basta. Una solución integral no es sólo demarcar, es decir, «cerrar» la frontera. Porque lo que se ha de cerrar, en verdad, no es sólo una frontera; es más bien una etapa de mutua desconfianza, de odios y de comportamientos parroquiales, como diría Mariátegui, de visiones que entienden que las fronteras son líneas que separan y que justifican una suerte de nacionalismo claustrofóbico y pasadista.

Una solución global de los llamados impases con el Ecuador de acuerdo a Derecho, es una posibilidad para que ecuatorianos y peruanos se reconozcan. Ambos tendrán que dejar el viejo nacionalismo que dio origen a nuestros países en el siglo pasado y aceptar que las identidades se construyen sobre la base de la integración nacional de todos sus ciudadanos. El camino, con seguridad, será más difícil en el Ecuador puesto que convirtió la prédica antiperuana en un discurso estatal integrador nacional que hoy tiene (y tendrá en el futuro) un peso importante en el proceso de negociación.

Pero tampoco será fácil el camino para los peruanos. Nosotros tenemos la obligación de integrarnos y reconocernos como parte de un país que requiere con urgencia ser otro, distinto al actual, para así poner fin a los viejos fantasmas que aún rondan: el centralismo, la «colonización» de la selva, la ausencia de desarrollo de las provincias y de nuestras zonas fronterizas, la falta de reconocimiento de que todos tenemos derecho a una vida digna por ser igualmente peruanos.

Sólo así se abrirá la posibilidad de dejar de ser, en última instancia, esos «enemigos íntimos» que somos peruanos y ecuatorianos.