En un ambiente así el sentimiento de sospecha se generalizó y todo análisis de la situación que se preciara de serio debía hacer a un lado las causas aparentes y buscar la explicación en intenciones ocultas. Fue cuando la prensa de entonces acuñó el neologismo «dietrología» (del italiano dietro, tras, detrás) para referirse a los diversos intentos hechos en esta dirección.

Como es de suponer, prácticamente todos los hechos empezaron a ser explicados como parte de una enmarañada red de complots y complotadores, y de tanto trajinársele el término pronto adquirió connotaciones negativas. Pero hubo, felizmente, voces autorizadas que reconociendo la validez de este tipo de ejercicios se mostraron renuentes a poner un signo de igualdad entre las investigaciones bien hechas y aquellas que resultaban ofensivas a la inteligencia por su evidente falta de rigor y sistema.

Hemos querido empezar con este pequeño rodeo por considerarlo muy útil para dar cuenta de lo que está sucediendo en el Perú a raíz de la puesta en vigencia de un plan antidelictivo, cuyos aspectos principales son la incorporación de los servicios de Inteligencia, la penalización extendida a los menores de edad, la tipificación de terrorismo para los crímenes agravados y, por lógica consecuencia, la participación del fuero militar en los casos criminales.

Entre el discurso y la realidad

Desde la óptica gubernamental un denominado «crimen organizado» es el que estaría generando la mayor parte del problema delincuencial en nuestro país. Dado que se admite a priori que la institución que debería encargarse de estas tareas, es decir la policía, carece de los recursos suficientes para combatirlo, se infiere que no habría justificación alguna para que los servicios de Inteligencia, tan exitosos en el enfrentamiento de la subversión y el narcotráfico, no asumiesen un rol preponderante en la lucha contra esta nueva amenaza a la seguridad del país.

Este planteamiento tiene como premisa un mayúsculo error de apreciación. Cuando la versión oficial dice «delincuencia organizada» -de cuya presencia no hay indicios en el Perú- se refiere sin duda a aquella delincuencia que está en capacidad de realizar actos de envergadura.

Ahora bien, la delincuencia organizada se define como la institucionalización de redes muy complejas de entidades dedicadas a actividades ilegales, cuyos réditos son luego reintroducidos en los mecanismos formales de la economía.

A escala mundial este es, sin duda, un problema serio y muy ligado a la seguridad de los Estados; un buen ejemplo de ello es el narcotráfico. Esta sería la actividad ilegal que guarda la mayor correspondencia con lo afirmado por las autoridades peruanas, pero, como se sabe, el combate antinarcóticos tiene su propio esquema y está fuera de la estrategia antidelincuencial del Ejecutivo.

Sin embargo, al sugerir la inexistencia de una delincuencia organizada en nuestro país no queremos decir que la seguridad pública goce de buena salud. Efectivamente, la sociedad se siente cada vez más desprotegida y lo que se impone es la necesidad de discernir con claridad las causas que están provocando esta situación.

Si nos remitimos a los datos estadísticos disponibles, vamos a encontrar que la delincuencia mayor es un componente importante en la generación de inseguridad; pero el factor principal es la multiplicación de actos ilícitos menores que en la mayor parte de los casos, debido a su relativamente escasa gravedad, no llegan a ser denunciados, ya que las víctimas, o en su defecto la policía, estiman que el agravio cometido no exhibe méritos para ser registrado y proceder a su posterior investigación.

Hay un segundo aspecto cuestionable en la perspectiva oficial. Aunque en forma velada, más implícita que explícita, los voceros gubernamentales han tenido que reconocer el mal estado en que se encuentra el cuerpo policial. Cabía esperar, entonces, que expresaran la firme determinación del gobierno de corregir ese estado de cosas. No ha sido así y en su lugar han optado por avalar la imagen de una policía que no forma parte de la solución sino del problema.

Afirmar la existencia de una policía-problema no debería ser motivo de sorpresa, dadas las constantes y reiteradas críticas a que se ha hecho acreedora esta institución. Lo que sí llama a sorpresa es que datando de muchos años las señales de la grave crisis institucional que padece la policía, las autoridades hayan esperado que ésta llegue a los extremos preocupantes que muestra hoy para recién tomar cartas en el asunto.

Sin embargo, todo lo dicho y hecho por el gobierno hasta el momento abona la presunción de que su propósito no es resolver la crisis policial sino usarla como justificación para limitar las funciones de la Policía Nacional y derivar parte de sus tareas a los servicios de Inteligencia militar. Es decir, salirse por la tangente y manipular las demandas policiales en función de sus propios objetivos.

Cabe entonces preguntarse por qué decidió tomar este atajo. La respuesta pudiera tener relación, de una manera u otra, con las implicaciones que traería consigo una verdadera reforma policial y la aplicación de una decidida política de seguridad ciudadana.

En efecto, no parecen figurar en la agenda del gobierno asuntos tan delicados como el de la pertinencia de una policía militarizada, el de la conveniencia de trasladar ciertas funciones de la seguridad pública a organismos civiles o el de preocuparse por los alcances de la doctrina de «seguridad interna», que al superponerse a la de «seguridad pública», hace de la policía una fuerza auxiliar y dependiente de las fuerzas armadas (de las que, dicho sea de paso, no ha dejado de depender en todos estos años a través del Ministerio del Interior, a cargo invariablemente de un general de ejército).

La seguridad pública, o ciudadana, no involucra solamente a la policía, sino a otras instituciones del Estado y organismos públicos, como son el Poder Judicial y el sistema penitenciario, aquejados también de graves problemas.

Nada grafica mejor las dificultades de estas instituciones que la situación de la población penal: actualmente triplica la capacidad de albergue de las cárceles y una inmensa mayoría de ésta se encuentra en calidad de inculpada.

Sin embargo, en las medidas dictadas por el Ejecutivo ha sido notoria la ausencia de toda referencia a la problemática judicial y penitenciaria del país, salvo de manera indirecta, con la cuestionable incorporación del fuero militar en los asuntos criminales que, de hecho, daña irremediablemente el ordenamiento establecido.

Se ha dicho a modo de justificación que el sistema procesal del fuero común no puede garantizar un juicio rápido y sentencias severas para aquellos delincuentes que han cometido actos graves. Pero, sintomáticamente, se ha evitado que la atención recaiga sobre algunos aspectos cruciales del proceso penal, como por ejemplo la formación de pruebas, que dejarían al descubierto una serie de graves deficiencias, tanto de la función policial como de la judicial.

No debería sorprendernos esta manera de presentar las cosas por parte del gobierno. Lo contrario habría equivalido a reconocer el fracaso de las reformas judicial y penitenciaria llevadas a cabo bajo su auspicio.

La excepción como regla

No habiendo pues conexión clara entre las medidas adoptadas, la ocasión en que éstas han sido formuladas y la dimensión y naturaleza del problema que desea atacarse, sólo resta presumir que la decisión del gobierno se explica por causas diferentes a las expuestas. La opacidad de los asuntos públicos -una característica muy marcada del Perú de los 90- atiza nuevamente los sentimientos de sospecha y, con ello, la necesidad de análisis «dietrológicos» para dar cuenta de los actos gubernamentales.

El punto de partida del planteamiento oficial es la existencia de un problema «pernicioso» que no puede enfrentarse con los mecanismos ordinarios sino mediante medidas «radicales». Esto nos remite directamente al carácter de «inevitabilidad» que asumen las cosas en una situación y un clima de emergencia.

Estamos así ante un esquema de gobierno que se repite y renueva constantemente. A lo largo de esta década los estados de excepción se han convertido en la regla y los pretextos para justificar la alteración de la normalidad han venido sucediéndose uno tras otro: empezó con la subversión, siguió el narcotráfico, después la confrontación bélica con Ecuador, vinieron a continuación los estragos causados por El Niño y ahora la delincuencia.

Todas efectivamente, unas más que otras, emergencias que debían ser enfrentadas con arreglo a un marco adecuado de disposiciones con carácter de excepcionalidad.

Sin embargo, por extremas que hayan sido las distintas situaciones no queda claramente fundamentada la permamente excepcionalidad que hemos venido experimentando durante los últimos años. El supuesto lógico es que ante una emergencia se actúa en función a una pronta vuelta a la normalidad, pero, en el caso peruano, parece que se impone un razonamiento inverso: debe evitarse un ambiente de normalidad mediante una sucesión de emergencias.

Desde esta perspectiva podría conjeturarse que el régimen político imperante en el Perú no puede desenvolverse sino en un clima de excepcionalidad. Apoya esta suposición su génesis misma, pues fue diseñado para poner fin al sistema democrático que, a juicio de sus mentores, se encontraba rebasado por la subversión; y también los diversos ajustes a que ha sido sometido a fin de proporcionarle una fisonomía más «democrática», pero dentro de límites tales que el efecto buscado de «normalidad institucional» no haga mella en la férrea centralización de las decisiones y en el manejo, fuera del escrutinio público, de los verdaderos resortes del poder. Así, los mecanismos de control y fiscalización de los actos de gobierno -pilares de la democracia- han terminado absolutamente mediatizados.

En el tema puntual de la delincuencia es evidente que las soluciones pasan por mejorar sustantivamente las condiciones de trabajo y desempeño, tanto de la policía como del Poder Judicial, promover la participación ciudadana, incentivar las iniciativas que se formen a nivel municipal, y otras medidas que en una u otra forma fortalezcan a las instituciones y animen las pulsiones democráticas de la población.

Pero este es un rumbo que no puede transitar el régimen sin negar su esencia. En efecto, ha preferido construir una analogía entre delincuente común y terrorista para destacar de esta manera la continuidad de roles entre ambos. Con dicha operación discursiva el problema subversivo y el problema delincuencial se resumen en uno solo, de donde resulta la aplicación de una misma estrategia para combatirlos.

Queda establecido así un clima de «emergencia» ante el cual la población no tiene opción alguna salvo aceptarlo.

Los recursos del método

Para el logro de sus objetivos el oficialismo hace a un lado el delicado problema institucional que conlleva su estilo político, apelando a una supuesta eficacia. En esta línea se impone nuevamente la primacía del sentido común. Ahí están, para avalarlo, las encuestas de opinión en las que la ciudadanía muestra su consentimiento a una política de «mano dura».

El cultivo de una imagen inflexible cuando de enfrentar los problemas del país se trata tiene la indudable virtud de generar una sensación de efectividad. Sin embargo, debe ocultar un vicio mayor: puesto que se busca sobre todo impactar a la opinión pública, su foco de atención debe dirigirse hacia los síntomas y no hacia las verdaderas causas de los problemas.

Ningún modelo serio de seguridad ciudadana deja de reconocer que la delincuencia es la expresión de un contexto social atravesado por graves dificultades. La propagación del delito no es pues un fenómeno repentino y espontáneo, susceptible de ser afectado por fórmulas represivas que se caracterizan por su inmediatez. Por ese camino el resultado será una mayor cantidad de delincuentes en las cárceles sin que disminuya sensiblemente la frecuencia de robos y crímenes en las calles.

Esto no parece importar al gobierno, que ha preferido dar un sesgo político a su concepto de seguridad ciudadana. Primero, porque un control social que descansa significativamente en la capacidad represiva del Estado, si bien no garantiza una solución estable y permanente, sí está en capacidad de ofrecer resultados coyunturales que fortalecerán la imagen del régimen. Segundo, porque al plantearse la figura de una «guerra» -en este caso, contra la delincuencia- la necesidad de un líder se hace patente y, con ello, la figura presidencial adquirirá nuevos brillos ante la población.

En este escenario, no podemos sustraernos a la preocupante posibilidad de que las medidas adoptadas para combatir a la delincuencia sean finalmente contraproducentes.

Las prerrogativas conferidas a los servicios de Inteligencia y a la justicia militar, mientras se deja a la población y sus organismos representativos como sujetos pasivos en este problema, acrecentarán, sin duda, el temor y la desconfianza.