No llama a sorpresa que una de las iniciativas menos populares del gobierno del presidente Fujimori, como es el intento de privatizar el derecho al agua y permitir que este recurso vital sea comprado y vendido, haya prácticamente desaparecido de la agenda legislativa. En un momento en que los niveles de aprobación de la gestión del Presidente se habían venido abajo - y todavía no se han podido recuperar- no parecía sensato seguir presionando a favor de una propuesta que generó una tormenta de controversias desde el momento en que se anunció, hace varios años, bajo el auspicio del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

No obstante, aunque el tema de la reforma del agua ha desaparecido momentáneamente del panorama, podemos estar seguros, debido al fervor con que el BM y el BID han promovido esa nueva ley -norma elaborada básicamente por ellos para el gobierno- de que el proyecto está solamente en suspenso, esperando el momento en que el presidente recupere su popularidad para resucitarlo.

Para la mentalidad burocrática, la idea de los mercados de agua ofrece un gran atractivo: la creencia en que el hecho de tener el agua un precio habrá de constituir un incentivo suficiente para que los usuarios se esfuercen por conservarla y utilizarla con mayor eficiencia, cualquiera sea su ubicación geográfica y ambiental. La propuesta de crear tales mercados, según las políticas aplicadas en Chile y en algunos lugares en EEUU, se inscribe como parte del esfuerzo -muy laudable y bastante necesario por sí mismo- por transferir la responsabilidad de la operación y mantenimiento de los sistemas de irrigación del país a los mismos usuarios. De esa manera, tras décadas de fracasados intentos de manejo por el Estado, el gobierno quedaría fuera de la tarea de administrar el recurso y devolvería el control al nivel de la comunidad local.

Con el nuevo proyecto de ley en suspenso, estimo que ha llegado el momento de hacer pública una crítica minuciosa de la norma, que desarrollé en un informe elaborado para el BM que ha permanecido encarpetado por varios años, y que fue publicado en parte en 1995¹. Este análisis, basado en una larga investigación antropológica sobre la irrigación en la sierra andina ², se elaboró a petición de ambos bancos, con la finalidad de evaluar el impacto que la ley tendría sobre las comunidades de la región, y de modificar el proyecto para proteger los derechos de dichas comunidades tomando en cuenta sus intereses. No obstante, lo que comenzó como un esfuerzo de mi parte orientado simplemente a minimizar el daño que la privatización podría ocasionar en la sierra, se convirtió finalmente en una crítica rigurosa, en una propuesta alternativa que mostró que, en los sistemas de canales andinos, que son de pequeña escala, el interés monetario y las fuerzas del mercado jamás proporcionarán a los agricultores el incentivo crucial para ahorrar el agua, cuya falta también se deja sentir en la mayoría de sistemas administrados por el Estado. E igualmente se demostró que ese incentivo podría crearse y fortalecerse, pero sólo a condición de valerse de los principios básicos en que se sustenta un modelo diferente de irrigación, un modelo indígena y andino, de origen preincaico o incaico, y no importado de afuera.

Por esta razón, mi informe recomendó que se creara un sistema dual, con componentes para tierras bajas y para tierras altas (costa y sierra, respectivamente) basándose en el argumento de que cada región tiene sus propias características físicas e históricas, y su propia política de aguas adecuada a aquéllas. En un esfuerzo por ser pragmático, acepté la idea de que un mercado de aguas pudiese funcionar bien en algunos ambientes, pero demostré que era posible crear dos zonas distintas de propiedad y administración del recurso -una en las tierras bajas, privada y orientada hacia el mercado; la otra en las tierras altas, comunal y dedicada mayormente a la subsistencia -. Demostré también que las dos zonas podían coexistir bajo una misma ley, incluso con una similar a la versión propuesta. Aunque ya no participo de esa creencia -habiéndome convencido de que la privatización provocará graves problemas incluso en los sistemas de producción a gran escala de la costa y amenazará los derechos de los pequeños agricultores en todas partes- es importante que los contenidos de este informe, que ha quedado excluido del debate sobre el asunto, se den a conocer al público. El BM y el gobierno han tenido a su disposición por algún tiempo un programa alternativo, que les hubiera permitido hacer muchas de las cosas que se habían propuesto con la creación de mercados de agua, junto con un esfuerzo serio no sólo para proteger los derechos de las comunidades andinas, sino también para fortalecer la capacidad de esas comunidades para administrar el recurso con eficiencia.

Este programa sería la solución de los graves problemas que ahora afligen a muchas comunidades de la sierra, especialmente en los sistemas que han sido administrados históricamente por el Estado; por ejemplo: el desperdicio del agua por los mismos usuarios; la falta de control por hora (a cargo de los distribuidores oficiales) sobre el proceso de riego individual (especialmente en chacras con pendiente, o canchones de alfalfa); y los conflictos sociales que resultan de la escasez aparente del recurso.

Obviamente, no podemos presentar aquí, por limitaciones de espacio, el informe original en su integridad. Nos limitaremos por tanto a un breve resumen de algunos de sus puntos principales. (Los interesados en el tema podrán consultar la versión completa del mismo que se publicará en el próximo número, 28, de la revista Debate Agrario que edita el Centro Peruano de Edtudios Sociales, CEPES.)

El informe, como se desprende de la lectura del conjunto de sus recommendaciones, planteaba verdaderas soluciones al problema del agua en el país, las cuales se basaban en los principios de organización y aprovechamiento del recurso que emergieron del propio Perú durante varios milenios, como adaptaciones humanas al medio ambiente andino. Estos principios, y las prácticas con las que están asociados, nos ofrecen medios óptimos para manejar el recurso escaso y minimizar el conflicto social en un medio fluctuante y árido. Forman una tradición netamente andina, que todavía subsiste en algunas comunidades de Arequipa ³ (provincia de La Unión), pero que bien pudiera haber persistido en otras que todavía no han sido estudiadas. Esta antigua tradición de auto-gestión de aguas se basa en los siguientes principios elementales:

1) Autonomía: cada localidad tiene sus propios manantiales o flujos de agua y su propia red de canales, controlados a nivel central por las autoridades comunales;

2) Contig�idad: la secuencia de distribución de agua es contigua, fija y conocida por todos; esto es, siempre se dan cuotas a los predios en orden consecutivo, según su ubicación a lo largo de los sucesivos canales;

3) Uniformidad: durante cada ciclo de riego, cada parcela en producción recibe una asignación, de tal forma que todas las que toman de la misma fuente son irrigadas con la misma frecuencia;

4) Proporcionalidad: todas las parcelas se riegan de la misma manera (ver dibujo de la andenería, sistema de «atus» o pozas de agua), de tal forma que la cantidad de agua consumida por los usuarios es estrictamente proporcional a la extensión de su propiedad; también los deberes de la gente de contribuir al mantenamiento de los canales son proporcionales a la extensión de sus tierras irrigadas.

5) Transparencia: en vista de que la irrigación está concentrada en una sola área común de vecindad a lo largo de un canal en un día dado, constituye una actividad pública bastante visible; los usuarios están por lo tanto en capacidad de desempeñar un rol crucial en la vigilancia contra el robo, el favoritismo por parte de los distribuidores del agua, y otras formas de corrupción; y

6) Regularidad: todo se hace siempre de esa manera cuando escasea el agua, y no hay excepciones para nadie.

Este tipo de sistema permite preservar el recurso al distribuirse el agua equitativamente y con un desperdicio mínimo, puesto que al minimizar la superficie de los canales usando uno solo cada vez se limita las pérdidas por filtración y evaporación.

Además, un patrón de distribución de este tipo, fijo y contiguo -tal como el que los Incas adoptaron y quizás instalaron en muchas partes de la sierra⁴- proporciona a la gente un grado decisivo de seguridad en relación a sus derechos, lo cual desalienta la corrupción. Algo que ningún otro tipo de sistema permite alcanzar. Un plan de riego con reglas simples que determinan el orden en que los sectores de tierras y sus predios correspondientes deben recibir su dotación de agua; el cual permite que cualquier persona pueda confirmar, a través de la observación directa (ver más adelante), que las reglas se están cumpliendo. Quien no riegue en el momento establecido para su chacra, porque no lo considere conveniente, tiene que esperar hasta que le vuelva a tocar su turno en el siguiente ciclo. Todo intento de «salirse» de la secuencia normal puede detectarse fácilmente, hecho que desalienta fuertemente el robo así como la corrupción entre las autoridades encargadas del riego.

Como ya se ha dicho, al concentrarse la irrigación en una sola área de vecindad en un día dado se convierte en una actividad pública realizada por los usuarios a la vista de sus vecinos, ya que a los que les toca ese día se encuentran preparando sus chacras para el riego. Los que están a la espera tienen así la mejor oportunidad de observar a sus vecinos durante el proceso de irrigación de las chacras colindantes. De tal manera, este procedimiento proporciona algo que resulta indispensable para cualquier sistema de riego en el escarpado terreno andino: visibilidad y responsibilidad, tanto por parte de los distribuidores como de los mismos usuarios. La secuencia de distribución, así como la duración y otras condiciones del uso individual, pasan a hacerse visibles para todos. Esta transparencia, que se lograría mediante los cambios en la técnica señalados en mi informe, posibilitaría introducir el cambio que más se necesita y espera en los sistemas andinos: establecer el control por hora, es decir determinar estándares razonables para la duración del riego por hectárea, particularmente en pendientes y canchones de alfalfa, en los que se produce el mayor desperdicio de agua en toda la región. Deben respetarse estos niveles o estándares (por ejemplo, nueve horas de agua por hectárea), puesto que su cumplimiento puede ser confirmado fácilmente por cualquiera, y porque otro aspecto de este plan, como es la frecuencia uniforme de riego, constituye un incentivo positivo para cumplir con él y ahorrar agua. Este es el incentivo que la nueva ley busca establecer, y que sólo hay una manera de crear, la cual, como hemos visto, tiene muy poco que ver con intereses monetarios. Cuando todos riegan en una secuencia fija, de acuerdo a un solo programa y con una misma frecuencia, y estando prohibida la expansión del área irrigada, el agua ahorrada por los usuarios mediante esta técnica de conservación hace que el ciclo de distribución corra más rápido. Así, al reducir su propio desperdicio del recurso, especialmente al irrigar por un período limitado de tiempo (control por hora), los agricultores pueden, por lo menos en teoría, irrigar con mayor frecuencia. Por lo mismo, cualquiera que estuviese irrigando con exceso, desobedeciendo las reglas, impediría que esto (la aceleración del ciclo) ocurra. En consecuencia, un patrón de riego como el descrito genera fuertes presiones sociales para que se cumpla con las reglas establecidas y se aproveche el recurso con eficiencia, viniendo en ayuda de los distribuidores para desalentar la actuación ilegal de «los vivos», en vista de que el derroche es fácilmente detectado por los mismos usuarios.

Las recomendaciones en mi informe derivaban de este modelo andino, el único apropiado para las comunidades serranas⁵. Desafortunadamente, el BM decidió ignorar esta propuesta, que, a diferencia de la de ellos, se basa en una investigación científica -la más reciente y extensiva- cuyos resultados compartimos de buena fe. Quizás ahora que el gobierno se encuentra en busca de iniciativas que le ayuden a recuperar el terreno perdido en la opinión pública, y a hacer que el país marche adelante otra vez, podrían reconsiderar sus recomendaciones, algunas de las cuales fueron omitidas de la versión publicada por el BM. Como el informe demostró claramente, estos principios básicos, discutidos muy brevamente aquí, pueden servir tanto para mejorar la nueva ley propuesta como para perfeccionar la ley existente, lo que nos ofrece una nueva oportunidad de ser escuchados. Pero, a diferencia de la idea de los mercados de agua, estos principios no han sido importados de ninguna parte. Se originaron en el propio espacio andino; desde tiempos inmemoriales.

Notas

1 En realidad eran dos informes, uno incluido en Perú: Enfoque de la Ordenación del Agua y el Desarrollo de la Irrigación Basado en el Usuario (World Bank Report #13642-PE, 1995, Mateen Thobani, ed.), y el otro escrito para el Banco Interamericano en 1996.
2 Ver P. Trawick, The Struggle for Water in the Andes: a Story of Technologial Change and Social Decline in the Cotahuasi Valley of Perú; Ph.D. Dissertation, Yale University 1994; pronto se publicará una versión revisada con el mismo título, de Stanford University Press en 1998.
3 Mi investigación para el doctorado se realizó en el valle de Cotahuasi, provincia de La Unión, departamento de Arequipa, donde encontré que estos principios todavía se usan en tres comunidades extraordinarias: Huaynacotas, Cahuana, y Ayahuasi. Hay indicios de que éstos podrían haber sobrevivido en otros lugares también.
4 Para una descripción de este sistema ver Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Incas, Volumen 1, p. 248; Austin; University of Texas Press 1966; también Guamán Poma de Ayala (1987[1615]:246,356,848,1040,1237).
5 Ver también P. Trawick, «The Moral Economy of Water: The Andean Commons as a Clear Stream of Thought», artículo recién entregado a la revista Current Anthropology en los Estados Unidos. En él se comprueba que este sistema de auto- gestión, basado en estos mismos principios básicos, se encuentra también en otras partes del mundo şen India, Nepal, las Islas Filipinas, y en ciertas partes de España-. Es decir que es un sistema óptimo, inventado independientemente por muchas (más de 70 en total) comunidades campesinas, y que probablemente prevaleció en buena parte del planeta en los tiempos antiguos.
* Paul Trawick es Antropólogo, especialista en ecología cultural y tecnología indígena, con doctorado de Yale University. Ha trabajado como Consultor para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarollo, y fue Profesor Visitante en la Universidad de Johns Hopkins en 1996-1997. Actualmente es Profesor Asistente en la Facultad de Antropología de la Universidad de Kentucky.