Lo más importante, sin embargo, es que en las carteras clave se mantienen personas directamente ligadas al régimen: el hasta hace poco presidente del Congreso, Víctor Joy Way, en Economía y Finanzas; Daniel Hokama, en Energía y Minas. Y permanecen los dos ministros militares: los generales EP Julio Villanueva, en el ministerio del Interior, y Julio Salazar Monroe, en Defensa. 

No hay duda que la tarea más importante del nuevo gabinete descansa en sus posibilidades de revertir la recesión económica, en un contexto de crisis financiera internacional que ha comenzado a poner al desnudo los límites internos del modelo económico implementado en 1990. 

 Lo que siempre escuchamos decir a los miembros del equipo económico es algo así como lo siguiente: el Perú es relativamente inmune a lo que está sucediendo internacionalmente porque tenemos un alto nivel de reservas internacionales y un tipo de cambio flotante, lo cual nos permite capear relativamente bien el temporal financiero internacional. Además, en 1999 volverán a crecer las exportaciones pesqueras, se recuperará el agro y los capitales extranjeros volverán, a más tardar a fines del primer semestre. El problema económico del Perú es, entonces, un problema pasajero de iliquidez, que se resolverá pronto. Mientras la situación vuelve a la normalidad, hay que dedicarnos a conseguir los fondos que permitan darle oxígeno al enfermo: reducción del encaje medio y marginal de los depósitos del sistema financiero en el BCR; nuevos préstamos del Banco Mundial, BID, y CAF por mil millones de dólares; relanzamiento de las privatizaciones y concesiones para conseguir 1400 millones de dólares adicionales, etc. 

 El entorno internacional 

 Sin embargo, esas premisas no se condicen con la realidad. La crisis económica internacional tiene características sistémicas y todavía no ha tocado los centros importantes: las economías de Estados Unidos y Europa (habiendo llegado a Japón hace ya un buen tiempo). Bien vale la pena discutir ampliamente este tema, porque los riesgos de subestimarlo pueden ser simplemente fatales. Es decir, quien piense que no hay obstáculos grandes en el camino, simplemente no estará listo para enfrentarlos. 

 Lo primero que se constata es que en el mundo entero hay una fuerte disminución en las tasas de crecimiento, cuya peor parte corresponde a los llamados países en vías de desarrollo. Segundo, desde hace más de un año declinan los precios de las materias primas, entre ellas nuestros principales productos de exportación. Tercero, y lo más importante, es que se prevé una fuerte disminución de los flujos de capitales, tanto de largo como de corto plazo, a los «mercados emergentes». 

 En la década del 90 se produjeron grandes entradas de capital a los países en desarrollo, que revirtieron las enormes salidas de capital ocurridas durante la «década perdida» a causa de la crisis de la deuda externa (1982­90). Estos flujos positivos permitieron que, en el contexto de aplicación de las reformas estructurales neo­liberales, crezcan el consumo y la inversión, la inflación se mantuviera baja y que los equilibrios macroeconómicos, sobretodo el fiscal, pudieran cumplirse sin mayores sobresaltos. 

 Sin embargo, estos equilibrios, en el caso peruano y de muchos países de la región, no se construyeron sobre bases estables, sino que coexistieron con el desequilibrio sistemático de las cuentas externas, especialmente con un importante déficit de la balanza comercial (mayores importaciones que exportaciones) y del pago de la deuda externa. Este déficit fue cubierto por los flujos de capital extranjero mencionado. 

 Asimismo, el modelo estuvo acompañado de varios desequilibrios importantes que permitieron hacerlo viable, tales como las altas tasas de interés (que atrajeron los capitales externos) y una moneda nacional sobrevaluada (dólares baratos para importar todo tipo de bienes, con lo que se disminuyó la inflación). 

 A lo cual agregan los desequilibrios sociales, que casi no se toman en cuenta: el paupérrimo nivel de los salarios, los altos niveles de subempleo y desempleo, los elevados niveles de pobreza, en un contexto de acentuado centralismo limeño que ahoga al resto del país. Además, hay una mayor concentración del ingreso ­aunque informes bastante cuestionados del BID afirmen lo contrario­, y se ha agravado la desigualdad entre peruanos. 

 Mientras las entradas de capital no se vieron afectadas, el modelo económico permitió el crecimiento y funcionó sin muchos tropiezos. Pero cuando como producto de la actual crisis financiera internacional comenzaron a disminuir los flujos de capital , tanto de largo como de corto plazo, se constató la precariedad y poca solidez de los cimientos en los que descansan los equilibrios macroeconómicos alcanzados. 

 Los desafíos internos 

 Entonces, el quid del asunto en estos momentos no consiste simplemente en poner en marcha medidas que permitan la reactivación económica. De lo que se trata es de cambiar la orientación primario­exportadora y de apertura total ­de todos los sectores económicos, de abandono casi absoluto del mercado interno­ del actual modelo. No sólo porque ya no es capaz de funcionar en el actual contexto de disminución de los flujos de capitales, sino porque es responsable de la concentración de los beneficios del crecimiento de esta década en sólo algunos sectores privilegiados (entre ellos el bancario). 

 Esta constatación, por demás evidente, no escapa al propio gobierno. Después de 8 años de aplicación de la reforma neo­liberal, se ha visto obligado a desandar los dogmas primigenios de la preeminencia irrestricta del libre mercado. Siempre se afirmó que «el suelo debía estar parejo para todos» y que «no habría incentivos para nadie», pues eso, justamente, era lo que bloqueaba el camino del crecimiento. 

Basta mirar la Ley de la Amazonía para constatar que ahora se hace exactamente lo contrario. 

 Sin embargo, esta ley no irrumpe como trueno en cielo sereno. Desde hace varios años la reinversión de utilidades en el sector minero está exonerada del pago de impuesto a la renta hasta por el 80%, ventaja de la que no goza ningún otro sector. En 1996, el consorcio Shell­Mobil obtuvo la devolución anticipada del Impuesto General a las Ventas y el fraccionamiento para el pago de los aranceles para el desarrollo del gas de Camisea, beneficio que se amplió en 1998 al sector minero (fundamentalmente para conseguir que se suscriba el contrato de Antamina). 

 De la misma manera, frente al aumento de las importaciones de ropa usada que amenazaba con llevar a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas textiles, se optó por prohibir su importación. 

 Y en los últimos meses el Estado ha intervenido para aliviar la cartera pesada del sistema bancario via su conversión en bonos del Estado y para rescatar al Banco Latino a través de COFIDE, sin olvidarnos de la aerolínea estatal TANS. 

También se desanda el camino en el caso de algunas privatizaciones, principalmente la de PETROPERU. La venta de la refinería La Pampilla ha generado una situación de abuso de posición dominante en el mercado, que no ha permitido la disminución del precio de los combustibles. Ello ha motivado incluso que el propio presidente de la República se preocupe personalmente del asunto (lo que, de otro lado, refleja la débil institucionalidad existente). 

 Otro tanto puede decirse del posible salvataje de AEROPERU ante la quiebra­saqueo de esta empresa, privatizada en 1992. 

 El gobierno, entonces, está tomando medidas selectivas y está aplicando políticas sectoriales. Eso no está mal, pues es el ABC de la política de crecimiento y desarrollo de todos los países del mundo. 

Pero, entonces, hay que tener claro que se avanza en otro sentido y el punto de partida debería comenzar por establecer claramente que existen límites a la liberalización de los mercados. Uno de los ejes centrales de orientación de la discusión sería el siguiente: debe existir tanto mercado como sea posible; y tanto Estado como sea necesario. Eso es algo que no ha hecho y difícilmente hará este gobierno, puesto que sus medidas de política sectorial están dictadas, ya sea por criterios oportunistas, por la emergencia del momento o, en el contexto actual, por el objetivo de ganar las elecciones del 2000. 

 No se sabe aún con certeza cuáles serán los principales ejes de la política económica. Las primeras declaraciones de algunos miembros del equipo económico y sus asesores apuntan a la revisión de la composición del gasto fiscal y a la disminución del superávit del sector público, lo que indicaría que se está tratando de buscar una reactivación a través de mecanismos fiscales. Otros puntos de la agenda (que no es posible tratar en este artículo) son la fuerte dolarización de la economía y la necesidad de reestructuración de la cartera pesada proveniente de la deuda de las empresas, para obtener el saneamiento del sector y del propio sistema financiero. 

En todo caso, es evidente que no se puede seguir manteniendo un modelo que se basa casi exclusivamente en el impulso a los megaproyectos en recursos naturales (minería, petróleo y gas), no sólo porque generan poco empleo, sino porque ponen al país a bailar al vaivén de los ciclos de precios internacionales que no controlamos. 

 Asimismo, vuelve a aparecer el pago de la deuda externa como una pesada carga fiscal, la misma que permanecía oculta y parecía no causar problemas debido al masivo flujo positivo de capitales externos durante la década del 90. 

Hay que cambiar de receta. Hay que fortalecer el ahorro interno y promover el crecimiento de los sectores que generan valor agregado y empleo, como la industria, la agroindustria y la agricultura. Eso no quiere decir dejar de lado la explotación de los recursos naturales, en primer lugar del gas de Camisea, pésimamente negociado por la actual administración. 

El quid de la cuestión es que esto se haga pensando en el largo plazo y no solamente en las elecciones del 2000. En este caso, sin embargo, pareciera que el objetivo del gobierno es que el ciclo económico vaya para arriba y que, de esta manera, ayude a que el ciclo político, hoy de bajada, vaya en la misma dirección. La pregunta de rigor, entonces, es: ¿estará el nuevo equipo económico dispuesto a acatar esas condiciones? No pasará mucho tiempo para que sepamos la respuesta.