En primer lugar, es necesario destacar los componentes centrales de la coalición que lo apoya. El proyecto original del Movimiento Revolucionario Bolivariano 200 (MBR­200) se originó en el seno de un pequeño grupo de conspiradores estrictamente militares, que desde 1983 se comprometió a luchar contra la corrupción imperante tanto en las Fuerzas Armadas como en la sociedad venezolana en general, que atribuían fundamentalmente a la excesiva influencia partidista en todas las esferas. Dicho proyecto contiene además elementos de igualitarismo social, de nacionalismo y referencia a los héroes de las guerras independentistas y civiles del siglo XIX, íconos culturales intensamente cultivados en la formación militar. El golpe frustrado de febrero de 1992 implantó profundamente la figura de Chávez en la imaginación colectiva, que lo convirtió en símbolo de la lucha contra la corrupción y la «partidocracia». Después de salir en libertad en 1994 por suspensión del juicio en su contra, Chávez pretendió mantenerse al margen del sistema político por considerarlo corrupto en su conjunto, pero gradualmente se fue acercando a la idea de crear un movimiento político para competir electoralmente, lo que finalmente hizo en 1996, con el Movimiento V República (MVR). Después de dos años de recorrer el país, Chávez lanzó su candidatura y, contra las expectativas iniciales de los analistas políticos, comenzó a ascender indeteniblemente en las encuestas de opinión. En este momento se concretó su alianza con casi todos los partidos de la izquierda, de los cuales los más importantes eran, para el momento, PPT (Patria para Todos) y el MAS (Movimiento al Socialismo).

La alianza entre Chávez y los partidos que lo apoyan tiene aspectos ambiguos e inestables: Chávez no es precisamente un líder que se haya formado en el combate por los derechos democráticos; ha tenido que aprender a mediar entre sus partidarios, a negociar, a moderar su lenguaje e incluso a conversar con antagonistas tan destacados como Acción Democrática y los representantes de potencias extranjeras, y a aceptar el apoyo de ciertos grupos económicos tradicionales, que contribuyeron generosamente al financiamiento de su campaña electoral. En determinadas coyunturas, y ante diferentes auditorios, diluye su lenguaje inicial «depurador» y radical para ampliar su audiencia en una sociedad compleja, que hace inviable la división tajante entre puros e impuros. El punto culminante de esta «flexibilización» fue quizás la aceptación del apoyo del MAS, partido al que antes despreciaba como un cómplice más de la traición a las bases populares y ejemplo de la corrupción del sistema. Asimismo, al presentarse ante grupos de inversionistas nacionales y extranjeros, ha prometido no dar marcha atrás a los procesos de privatización, dar seguridad jurídica y estabilidad a las inversiones extranjeras, y cumplir los compromisos establecidos con los acreedores externos y organismos multilaterales.

La izquierda, por su parte, parece actuar con base en un principio que ya había aplicado antes: si este actor goza del apoyo popular, y se ha enfrentado a los sectores más organizados de las élites política y militar, es necesario acompañar al pueblo en su preferencia, tratando de contener y limitar los componentes autoritarios de la personalidad y del proyecto original del líder, para, usándolo como palanca, desplazar a las élites actuales y producir los cambios democratizadores que demanda la sociedad. En este sentido, se reproduce un «síndrome de delegación» que ha afectado tradicionalmente a la izquierda venezolana, pues es sólo a partir de la victoria de este líder que ella se siente capaz de lograr sus metas. El riesgo calculado que se corre es que el efecto palanca se invierta, y el líder retorne, después de la victoria, a su proyecto original con su núcleo de actores de apoyo primigenios: la logia militar y el método expedito de las armas. Los resultados de las elecciones parlamentarias de noviembre y presidenciales de diciembre indican que los partidos de izquierda perdieron buena parte de su fuerza a favor del MVR, precisamente el componente de la alianza más ligado a la identificación personalista con el líder, menos basado en un trabajo de largos años de organización, y por lo tanto menos identificado con los ideales democráticos y participativos de esa izquierda.

Sin embargo, no todo es delegación en esta estrategia: los partidos de izquierda podrían alegar que su fuerza en la alianza reside precisamente en proporcionar al líder una tradición de pensamiento y de organización muy superiores a lo que fue la confusa, contradictoria y hasta ingenua ideología original del movimiento militar. Aquí también, los partidos de izquierda esperan convertirse en la vanguardia ideológica capaz de transformar las esperanzas cifradas en el líder carismático, en políticas de ampliación de la democracia y renovación a fondo del sistema político, que superen definitivamente el populismo. Pero esto no es posible sin una verdadera base organizada, sin la lealtad de esta base a los principios y no a los caudillos individuales, y sin una superación de la tendencia facilista a la delegación. Sólo en la medida en que dichos partidos mantengan la prioridad de los principios de participación democrática sobre el incondicionalismo caudillista, lograrán que el proyecto político que apoyan hoy responda realmente a sus aspiraciones. Es por ello que tienen una responsabilidad histórica decisiva: si realmente quieren desarrollar la autonomía e independencia de la sociedad civil, y no retroceder al paternalismo mesiánico y autoritario, deberán cuidar también la autonomía de su proyecto político, como algo que responde más a ideas trascendentes que a la persona de un líder.

En síntesis, el nuevo Presidente Chávez demostró contar con el indudable apoyo de los sectores populares y de algunos de las clases medias. Más aún, parece tratarse no de un simple apoyo utilitario, sino de algo más: la conformación de un mito político, en el cual se sintetizan la reacción frente a la exclusión material de que han sido objeto dichos sectores, pero también, y quizás sobre todo, de su exclusión simbólica. Como Perón en la década de los cuarenta, un ex militar de gran carisma es percibido como el outsider dispuesto a redirigir la distribución de la renta, pero sobre todo a reintroducir simbólicamente al pueblo en los espacios del poder, del cual las élites lo habían venido excluyendo con cada vez mayor indiferencia. En ese sentido, la promesa del nuevo Presidente de convocar a una Asamblea Constituyente que redefiniría los pactos sociopolíticos fundamentales, tiene un importante valor simbólico, aunque haya sido criticada por no ofrecer soluciones concretas a la crisis económica y social del país. La limitación esencial de este fenómeno es, para nosotros, que una vez más se delega en el líder carismático esta tarea de inclusión, en lugar de proceder por la vía, mucho más lenta, menos emotiva y más gris, de la construcción cotidiana de las organizaciones populares autónomas que permitirían controlar e incluso, si es necesario, censurar al líder en caso de que su conducta se aparte de los principios democráticos.

Una segunda limitación evidente de esta expectativa distributivista es su inviabilidad económica, ya que el país es estructuralmente cada vez menos capaz de captar renta petrolera para distribuirla entre los diferentes grupos sociales. En efecto, no se trata sólo de los precios deprimidos del petróleo, sino de la incapacidad del aparato productivo interno para asimilar, invertir y distribuir la renta petrolera sin agravar más aún problemas como la inflación, el desempleo y la corrupción.

A diferencia de lo que se percibe a primera vista, no es la primera vez que la sociedad venezolana se encuentra dividida entre opciones políticas antagónicas. Pero esos enfrentamientos se produjeron en momentos en que el modelo de desarrollo industrializador protegido y de distribución rentista tenía ante sí un amplio panorama de expansión. Este modelo permitió ampliar los sectores incluidos en el sistema político y en la vida económico­social sin afectar estratégicamente a los grupos tradicionales de poder.

El momento actual, por el contrario, es el del agotamiento de un modelo y de la falta de consenso alrededor de los parámetros de uno nuevo; de una pérdida definitiva de viabilidad del modelo de distribución rentista y de una (justificada) desconfianza ante un modelo de apertura liberal; de un enfrentamiento entre grupos económicos transnacionalizados y otros que defienden el modelo de desarrollo hacia adentro; de un proceso de exclusión social que afecta incluso la relevancia de lo político para amplias capas de la población, y especialmente de la juvenil; de una exacerbación de las desigualdades sociales que tiende a convertir a cada clase en una subcultura aislada espacial y culturalmente de las otras; y de un desprestigio de la actividad política, y de la vida pública en general, que tiende a desembocar en la demanda de soluciones simplistas y autoritarias.

Hasta el momento actual, el presidente electo no ha definido las líneas centrales de lo que será su política económica, más allá de las vagas formulaciones de su programa electoral: se intentará redefinir el perfil del pago de la deuda externa, pero no se cuestiona su legitimidad, tal como preconizaban algunos de sus partidarios. Esto implica un margen de maniobra muy estrecho, puesto que, según un informe de la consultoría económica del Congreso, sólo un 12 % de la deuda externa es renegociable (El Nacional, Caracas, 6­1­1999).

Por otra parte, se ejercerá mayor control sobre la empresa petrolera estatal, con la esperanza de extraer de ella más recursos para el desarrollo económico y social; se respetará la independencia y autonomía del Banco Central, y en general se intentará mejorar la situación de las clases trabajadoras. La reciente ratificación de Maritza Izaguirre como ministra de Hacienda puede significar una voluntad de conciliar con el mundo financiero y los organismos internacionales, ya que la ministra ha sido funcionaria del BID durante largos años, fue titular de la cartera de planificación en el gobierno socialcristiano que finalizó en 1983, y es ampliamente respetada desde el punto de vista técnico. Su presencia en el Ministerio de Hacienda en el actual gobierno de Caldera ha sido asociada con la voluntad de ordenar y sistematizar el manejo de las finanzas públicas, y especialmente de la deuda interna y externa.

Más allá de la necesidad de un nuevo ajuste, requerido por el persistente déficit fiscal, no se ha establecido quiénes serán los actores sobre los cuales recaerán los sacrificios principales. Por el momento, el Presidente electo se mueve mucho más ágilmente en el terreno político que en el económico, presionando a la oposición para que acepte su rápida convocatoria a una Asamblea Constituyente, y centrando el debate en este aspecto, en el cual pretende establecer un antagonismo entre las fuerzas renovadoras y las inmovilistas. Mientras tanto, las realidades sociales y económicas esperan su atención.

* Miembro del Comité de Redacción de la Revista Cuadernos del CENDES, Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela.