Por el contrario, hoy el gobierno «liberal» viene desarrollando una política de claro control y asfixia de la sociedad civil, pero además una política económica que no toma en cuenta los resultados del mercado y sí más bien los de una clásica política clientelar orientada a crear las condiciones para permanecer en el poder, incluso más allá de los plazos legales. Se está frente a un Estado que bien podemos calificar, empleando una frase de Octavio Paz, de «Ogro filantrópico».

El «Ogro filantrópico» ¹ fue una frase feliz, como muchas, que acuñó Octavio Paz para definir al Estado mexicano. Para Paz el «Ogro filantrópico» es una suerte de super Estado, que difiere de un Estado totalitario en lo siguiente: «mientras que en Rusia (soviética) el Partido es el verdadero Estado, en México el Estado es el elemento substancial y el Partido su brazo e instrumento». De ahí que este tipo de Estado no sólo tenga que convivir -muy a su pesar, seguramente- con instituciones democráticas sino que acabe convirtiéndolas en una simple mascarada. En la explicación de Octavio Paz el énfasis no recae en la existencia de un partido que deviene en Estado, sino más bien en un Estado que termina por absorber y convertir al Partido en el gobierno en un instrumento de su poder. Una de las consecuencias, nos dice Paz, es que este Estado subordina a la burguesía y cogobierna al mismo tiempo con ella.

El esquema de Paz es útil por varios motivos. Permite ubicar al Estado como el objeto central del análisis político, desmitifica su carácter liberal y plantea el cambio del Estado como alternativa. La radicalidad del análisis de Paz es manifiesta.

Es cierto que el actual Estado peruano no es semejante al mexicano. No sólo por antecedentes históricos -el mexicano es producto de una revolución, el nuestro de un golpe de Estado- sino también por su tamaño y complejidad. Pero el análisis muestra hasta qué punto el llamado Estado moderno peruano, tras las reformas liberales de esta década, sigue siendo más bien tradicional y se asemeja mucho más al viejo Estado leguiísta de la década de los veinte que a uno moderno y liberal.

El Estado peruano no ha podido romper con las siguientes lógicas: a) todo proceso de modernización que redefine nuestras relaciones con el mercado y sistema internacionales sólo es posible mediante un régimen autoritario; b) el desarrollo de clientelas y de lo que Octavio Paz llama una sociedad cortesana; c) la coexistencia de una burocracia moderna encargada de los nexos con el sector externo (léase globalización) con otra premoderna encargada del desarrollo y la expansión de las clientelas. Así, al igual que el mexicano, nuestro Estado vive una permanente contradicción: es agente o factor de modernización pero al mismo tiempo es incapaz de modernizarse. Dicho en otros términos: el lado arcaico del Estado termina por subordinar al moderno, determinando el carácter tradicional del sistema político. La democracia deja de ser formal para convertirse, como hemos dicho, en una simple mascarada.

No hay que ser demasiado zahorí, como diría Mariátegui, para darse cuenta de que una de las razones de peso que explican este proceso es la perseverancia de las élites políticas en el empeño de mantener el control del Estado, a costa incluso de violar su propia legalidad. México fue un ejemplo notable al respecto. Allí el presidente, convertido en una suerte de monarca, podía cambiar cada seis años, pero la burocracia política priísta no. En estos sistemas se cumple el aforismo: «Salvo el poder todo es ilusión».

En el caso peruano, el proyecto de permanencia en el poder, más allá de toda legalidad, se inició en 1992 con el autogolpe. El régimen político devino de facto en autoritario, cubierto apenas tras el velo de una retórica liberal, en una suerte de travestismo político que no ha hecho sino agravarse con el transcurso del tiempo. El Estado peruano, que según la doctrina debía convertirse en un simple garante del desarrollo del mercado, guardián de sus resultados y respetuoso de los derechos civiles, como dicta el ideario liberal, devino en un super Estado, controlador de la vida económica y política del país, violador de su propia legalidad y convertido en el primer agente de desarrollo del más tradicional de los clientelismos políticos y fomentador de la sociedad cortesana ². A nadie sorprende ya el bochornoso espectáculo cotidiano que ofrecen instituciones del régimen y del Estado, sin distingo de funciones (políticas, económicas, legislativas, judiciales, castrenses), y de la propia sociedad civil (como una consistente mayoría de los medios de comunicación -en primerísimo término la televisión-) asumiendo ante el país una absoluta subordinación al poder central y a los dictados del Señor Presidente.

Somos testigos, por último, de una nueva política asistencial, que lo liberales llamarían mercantilista, que incluye no sólo las dádivas a los sectores más pobres de nuestra sociedad sino también subsidios al sector empresarial, particularmente nacional, como para reparar los estragos de una política económica que los sumió en la más profunda crisis. Así este nuevo «Estado liberal» tiene que crear fondos para reestructurar el patrimonio de empresas semiquebradas, comprar las carteras pesadas de los bancos para impedir un colapso financiero en el país, prorrogar la deuda que los empleadores tienen con sus trabajadores respecto al pago a las AFP, canjear la deuda que las empresas de medios de comunicación tienen con el flamante ESSALUD por publicidad y, por si esto fuera poco, crear un fondo de garantía con los dineros de todos los usuarios de electricidad para atraer la inversión que compañías transnacionales realicen para transportar el gas de Camisea a Lima. Es decir, asistir al capital -sea extranjero o nacional- a expensas de los ciudadanos y consumidores peruanos ³.

No estamos, por supuesto, contra todo tipo de política asistencial. El problema es que la que lleva adelante el actual gobierno no implica ningún pacto público con los distintos sectores involucrados, ni mucho menos con la sociedad en su conjunto, además de su falta de transparencia.

Así, lo que debiera ser una política generadora de nuevos y amplios consensos democráticos ha sido convertida en una política clientelar que busca aliados y se orienta a preservar y prolongar el poder del Estado fujimorista.

Queda así planteado un asunto medular que excede a la reforma del Estado, en los términos en que ésta suele entenderse. Institucionalizar la democracia en el país exige terminar con este «Ogro filantrópico». Dicho en otros términos, cambiar este Estado.

Notas

¹ El ensayo «El ogro filantrópico» apareció publicado por primera en la revista Vuelta, Nº 21, agosto de 1978. México. También se encuentra en El Ogro Filantrópico. Historia y Política 1971-1978. Edit. Joaquín Mortiz. México, 1979.

² La sociedad cortesana para Octavio Paz sería «el conglomerado heterogéneo de amigos, favoritos y familiares, privados y protegidos (del gobierno)». Lo que en México se ha venido en llamar la «familia revolucionaria» y que aquí podemos denominar «familia fujimorista».

³ Estos favores ya han comenzado a ser correspondidos por algunos empresarios. En una entrevista del diario Expreso (23/06/99) al banquero Dionisio Romero, éste pide a Alberto Andrade -alcalde Lima- no candidatear a la presidencia el año dos mil; califica la trayectoria de Luis Castañeda -el otro candidato de la oposición- de poco conocida, además de tener una visión cortoplacista de la economía y, por último, promueve la tercera e ilegal reelección de Alberto Fujimori. Así, Dionisio Romero ha pasado a ser un integrante más de la «familia fujimorista». La explicación de estas declaraciones, opinan conocidos expertos, se encontraría en la emisión de bonos por parte del gobierno para comprar la cartera pesada de los bancos -entre ellos del Banco de Crédito del Perú-, así como el crédito otorgado al Grupo Romero (ALICORP) por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial por US $80 millones dólares, que contó con la aceptación de la representación del gobierno peruano en el BM. A ello se sumaría el interés de este grupo en obtener la concesión del puerto de El Callao que debe otorgarse próximamente.