Luego de quedar anulada la posibilidad del referéndum por acción de la mayoría oficialista en el Congreso, importantes sectores de la oposición sostuvieron que el círculo de la reelección se había cerrado. Ese punto de vista se fundamentaba en que esa anulación, que se sumaba al control que ejercía el Ejecutivo sobre el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y hasta el propio Congreso, convertido en la práctica en simple legitimador de las decisiones y acciones anticonstitucionales del Ejecutivo, le quitaba a la ciudadanía su principal arma para hacer frente a los intentos reeleccionistas.

Dicha acción, si bien cerró el control de las instituciones estatales, supuso también el inicio de un nuevo movimiento, esta vez contra la ciudadanía e importantes sectores democráticos. Se iniciaron distintos atropellos judiciales contra algunos ciudadanos incómodos para el gobierno, las infames campañas de distintos periódicos chicha, las amenazas veladas a distintos sectores opositores, el tono crecientemente monocorde de los medios de comunicación y el despliegue de una política maniquea que apunta a asociar a la oposición con el terrorismo o con la posibilidad del retorno de Alan García. Tras socavar la institucionalidad estatal, el régimen pretende ahora controlar a la sociedad. El autoritarismo se hace evidente haciendo tabla rasa de elementales formas y procedimientos democráticos.

Parece ser que de lo que se trata entonces es de uniformizar en la sociedad un sentido y una conducta común. De levantar los fantasmas de un pasado que todos rechazamos, para construir un futuro que sea perennización del presente. Las medias verdades, las argucias legales y el insulto descalificador son parte de este andamiaje que apunta a legitimar una política estatal que tiene en la reelección su objetivo inmediato.

Todos estos hechos llegan a un punto de no retorno con el desacato del gobierno al fallo de la Corte de Costa Rica y la posterior renuncia a la competencia contenciosa de dicha corte internacional. Esa decisión liquida el derecho de los peruanos a asistir a instancias supranacionales cuando consideren que sus derechos han sido violentados, tal como establece la Constitución de 1993, pero también afecta el derecho al debido proceso, que no es otra cosa que la materialización de los derechos a la vida y la libertad, dado que esa es la garantía para evitar el uso arbitrario del poder.

La reciente modificación a la Ley Orgánica de Elecciones, que significa un veto a una eventual candidatura al Congreso del controvertido expresidente García, y que eventualmente podría extenderse a otros opositores, relativiza el principio de la inocencia del individuo hasta que se pruebe lo contrario. Con estas decisiones, el gobierno opta por aislarse del contexto internacional sin reparar en los costos para el país.

Se afirma así un proceso de consecuencias incalculables que nos afecta a todos los peruanos en nuestros derechos más elementales y en nuestra posibilidad de definirnos hacia el siglo XXI como una sociedad capaz de convivir y de construirse como nación.