Desde hace buen tiempo los peruanos han dejado de ver en el terrorismo una amenaza real a su seguridad. En efecto, la importancia de las organizaciones terroristas ha ido disminuyendo año a año y en la actualidad las encontramos confinadas en algunas regiones remotas, sin alterar en lo absoluto la vida del país.
Sin embargo, durante las últimas semanas surgieron repentinamente voces que alertaban sobre un supuesto «rebrote senderista» que, sin decirlo directamente, «sugerían» la vigencia y actualidad de esta amenaza.
Como para probar la justeza de estas preocupaciones, se llamó la atención de la opinión pública, con especial despliegue de medios, sobre algunas acciones senderistas en el Alto Huallaga -como el ataque a Uchiza realizado por 50 subversivos a fines de mayo- que, sin duda, debió tener algún impacto sobre una población que ya había olvidado la existencia de Sendero.
Pudo haberse tratado de un «rebrote» más, de aquellos que sistemáticamente se escuchan desde 1994, si no fuera por el acto culminante que le siguió: la captura de Oscar Ramírez Durand, «camarada Feliciano», líder de la facción senderista que continuaba la «lucha armada».
Fue una captura anunciada con antelación, casi un montaje podrían sugerir los mal pensados. Días antes el presidente Fujimori la daba como un hecho ante los periodistas y, llegado el momento, él mismo se constituyó en el lugar del cerco para dirigir las operaciones personalmente.
En fin, «Feliciano» fue aprehendido, con bombos y platillos, y lo que habría que evitar ahora es caer en la tentación de establecer analogías y comparaciones con la captura de Abimael Guzmán y gran parte de la dirigencia senderista en 1992.
Entre uno y otro caso hay inmensas diferencias, ya que lo sucedido con Guzmán marcó el punto de no retorno de la derrota estratégica de Sendero, mientras que lo ocurrido con Ramírez Durand sólo confirma la debilidad estructural que experimenta el senderismo actualmente. En ese sentido, llama a sospecha el hecho de que la secuencia «rebrote»-captura de «Feliciano» -muy propicia para sugerir la actualidad de la subversión y, por consiguiente, de la necesidad de mantener las medidas de excepcionalidad para combatirla- no se corresponda con la realidad que muestra hoy el terrorismo.
La derrota estratégica de Sendero es cosa aceptada por todos. Ella sí se corresponde perfectamente con la crítica situación por la que está atravesando dicha organización, como bien se observa en la curva de atentados que han realizado durante los últimos meses (ver gráfico).
La captura de «Feliciano» no parece pues enmarcarse en una situación de previo «rebrote», sino más bien en una de extrema debilidad, agravada por la propia captura, que lo hace más vulnerable de lo que ya era. Ahora bien, nada de lo dicho significa que Sendero dejó de existir. Seguramente lo tendremos todavía en actividad, pero una hipótesis razonable sobre su futuro sería la de una organización focalizada en las cuencas cocaleras protagonizando una violencia que será cada vez menos política y más social.Es decir, ante la carencia de una dirección política Sendero estaría condenado a subsistir como una expresión de violencia espasmódica condicionada por factores sociales específicos en las regiones donde prima el narcotráfico.
LA PACIFICACIÓN Y SUS NUEVAS TAREAS
Considerando la situación descrita líneas arriba, ¿podemos aseverar que la pacificación del país ha concluido?
La respuesta es no. Ha ingresado, o debería ingresar, a una nueva etapa en tanto la derrota de los grupos subversivos ya no justifica la vigencia de las medidas de excepción que se adoptaron con esa finalidad.
En efecto,el hecho de que alrededor de cinco millones de peruanos aún se encuentren viviendo bajo estado de emergencia es algo que cada vez tiene menos justificaciones. Aunque en algunas zonas del país –las cuencas cocaleras- todavía persistirá cierta actividad subversiva en los próximos años, la seguridad allí debe responder a las condiciones específicas de esos territorios y no a un planteamiento que se deriva de un supuesto -subversión generalizada en todo el país- que ha dejado de darse en la realidad.
Podría argumentarse que la emergencia imperante, por ejemplo en algunos distritos de Lima Metropolitana o en las provincias ayacuchanas de Huamanga y Cangallo, donde la subversión no tiene actividad desde hace buen tiempo, se debe a medidas preventivas para inhibir cualquier «rebrote».
Pero este mismo efecto puede lograrse con otros medios y, más aún, sin comprometer la necesaria recomposición del tejido social que fue bastante afectado con el proceso de violencia política.
Los estados de emergencia no pueden ser una solución perenne a los problemas de seguridad. En su lugar, el Estado debería apoyar a la población en sus esfuerzos para organizar su propia seguridad y, de esa manera, convertirse en un factor que impulse la normalización de la vida social en lugar de desalentarla, como sucede en un ambiente signado por un régimen de excepción.
Por otro lado, así como se realzan los aciertos de la lucha contrasubversiva, también deben asumirse los errores y excesos cometidos en este proceso. El Estado no puede aducir que la seguridad es el único objetivo que le compete. También es el garante de los derechos de la población, y, si por alguna circunstancia éstos fueron afectados por sus acciones, su obligación es reconocerlos y repararlos de alguna forma.
Si bien éste es el sentido que tiene, por ejemplo, la conformación de una comisión ad hoc que propone indultos para las personas injustamente sentenciadas con cargos de terrorismo, lo cierto es que las autoridades parecen tener cada vez menos voluntad para ejecutar estas tareas que resultan necesarias si hablamos de una efectiva pacificación.
En este sentido, nada ilustra mejor el desgano oficial que las críticas hechas por el presidente Fujimori a la labor de dicha comisión, por proponer -supuestamente- la liberación de terroristas comprobados. A esto se suma la falta de medidas para sanear la situación jurídica de las personas que siendo inocentes están requisitoriadas por terrorismo, y de aquellas otras que habiéndose arrepentido no gozan de los beneficios que la ley contempla para estos casos.
También debería recalcarse la impunidad y la escasa vocación existente por investigar algunos casos de abierta violación de los derechos humanos.
Así tenemos que un oficial del Ejército -el ahora mayor Telmo Hurtado- condenado por su probada participación en la masacre de Accomarca en 1985, continúa en actividad. Del mismo modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los responsables intelectuales del caso La Cantuta no han sido ubicados y, asimismo, admitió una demanda para identificar a los autores de la desaparición de nueve jóvenes, ocurrida en Chimbote en mayo de 1993.
¿UN ESTADO PROBLEMA?
Así las cosas, las dificultades con que está tropezando la pacificación no provienen de un eventual «rebrote» o «reorganización» terrorista. Como hemos dicho, la subversión seguramente seguirá manifestándose esporádicamente en algunos lugares remotos del país, pero eso no alterará para nada su derrota.
Esas dificultades se originan más bien en la escasa o nula aptitud del actual régimen para superar una concepción centrada exclusivamente en la seguridad. Con el transcurso del tiempo la estrategia antisubversiva no ha sufrido mayores alteraciones, aun cuando la realidad que la justificaba ha cambiado, precisamente como efecto de aquélla. Peor aun, ha sido proyectada hacia otras dimensiones, y es ahora el modelo que se sigue para dar cuenta de otras «amenazas a la seguridad nacional», como son el narcotráfico, la delincuencia común y el contrabando.
Esta conducta deja una sensación extraña. Obsesionado como está en la seguridad, pareciera que el régimen necesita «terroristas» a quienes derrotar y presentar ante la opinión pública como muestra de su eficacia: delincuentes como «Momón» reemplazan ahora a «Gonzalo» y bandas criminales como «Los Injertos» son retocadas para hacerlas aparecer como el nuevo Sendero.
Sin embargo, esta práctica ha resultado contraproducente y es cada vez más claro que el Estado, en su empeño por combatir la violencia social y política con esas armas, acaba convirtiéndose él mismo en un generador importante de inseguridad.
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