Nadie duda de que el proyecto continuista –un régimen corporativo bajo dirección y control militar- sólo puede consolidarse merced al fraude. Todas las piezas de que dispone –candidato-presidente incluido- son fungibles. Este último ha ensayado –como ha hecho notar alguien- todos los medios para mantener su protagonismo y ganar respaldos que sin duda escasean. Las encuestas –tan cuidadosas con el humor de la autocracia- marcan la tendencia previsible a favor del gobierno en un ejercicio ya conocido en procesos anteriores. Los esfuerzos del candidato, sin embargo, tienen, de momento, un claro destinatario que no es, por cierto, sólo el electorado. Pretenden convencer, más bien, al poder detrás del trono para que no recurra a ninguna pieza de recambio. A ese poder –empeñado en perpetuarse indefinidamente- le interesan mucho más que el candidato, las apariencias, es decir, la simulación del proceso electoral. Es la única forma de legitimarse ante la comunidad internacional. Para ello, naturalmente, depende de las instituciones formales y, desde luego, del silencio de los medios de comunicación y de la tolerancia complaciente de algunos órganos de la comunidad internacional.
EL CONTROL DE LOS «RESORTES LEGALES»
A pocos meses de iniciarse el proceso, los actores fundamentales ya han cumplido su papel o se aprestan a representarlo con la soltura con que pueden hacerlo quienes han simulado algunos procesos de apariencia democrática en 1993, en 1995 y en 1996 y 1998. El Congreso, en efecto, ha dictado las leyes necesarias para integrar el Jurado Nacional de Elecciones con elementos cuya incondicionalidad está garantizada. Ha asegurado también el control de sus votaciones mediante un sistema que pone la llave de las decisiones en dos de sus miembros, desde luego, perfectamente identificados con el gobierno. La Ley Orgánica Electoral, por fin, ha legalizado la posibilidad de manipular los resultados so pretexto del cómputo de las Actas Electorales (Art. 315). La ONPE puede hacer, legalmente, lo que hicieron los jurados electorales en 1995, por inconsulta e ilegal autorización del JNE; esto es, anular el 40.2% de los votos del Congreso y crear la mayoría espúrea que ahora lo gobierna.
El Ministerio Público y el Poder Judicial, por su parte, garantizarán, sin duda alguna, la impunidad de los infractores; esto es, la de la administración pública, fuerza armada y policía incluidas, que han demostrado, en demasía, su capacidad para intervenir desembozadamente en todos los procesos electorales celebrados desde 1992. En ese sentido, la conservación del estado de emergencia aún en algo más de la mitad del territorio nacional es un elemento eficacísimo para legitimar la abierta participación de las fuerzas armadas y policiales en el proceso electoral. No debe olvidarse que el mayor número de nulidades en el último proceso electoral municipal derivó de ilegales y abusivas intromisiones de autoridades políticas y militares en zonas de emergencia, pretendiendo inducir y controlar el voto popular.
El uso desaprensivo del aparato del Estado sin restricción alguna, está asegurado, cuando menos, hasta el mes de enero del año 2000, lo que permite a Fujimori disponer de recursos ilimitados para sobornar la conciencia popular. El JNE, que fue incapaz de poner coto a sus excesos en 1995, y que no hizo respetar las tímidas restricciones impuestas al candidato-presidente, tampoco lo hará ahora, cuando entren en vigencia. Realistamente hablando, no habrá moderación ni limitación. No por obra de las normas vigentes y de los organismos electorales. El país debe contar con ese hecho.
La maquinaria está, pues, preparada y ha comenzado a actuar desencadenando una guerra cuya suciedad se atribuye al SIN y que ha llegado a extremos inimaginables, además de los ya conocidos como la interferencia telefónica, el espionaje y la destrucción de propaganda. En realidad, el fraude es un proceso, como la elección misma. Se cumple antes, durante y después de la elección. Todos o casi todos prestan atención al acto electoral o poselectoral y suelen desentenderse del proceso previo. Hay quienes, incluso, quisieran convencernos de que todo el problema se reduce a la preparación y a la actuación de unos observadores y personeros atentos al acto electoral y al escrutinio. No es verdad.
EL VIDEO-PODER Y LAS ENCUESTAS
Sostienen algunos que el 90% de la población urbana –dos tercios del total- se informa a través de la televisión. Con toda seguridad que un porcentaje aún mayor forma su opinión en función de los mensajes y de la propaganda televisiva. Por esas razones, naturalmente, la autocracia ha impuesto el férreo control que ahora ejerce sobre la radio y, en especial, sobre la televisión. El hecho no tiene precedentes. En 1978 y en 1980 el régimen militar ofreció a todos los candidatos igualdad de acceso a la radio y televisión, entonces estatizada. En 1985, la oposición gozó del favoritismo de los empresarios de los canales y cadenas respectivas. En 1990 el fenómeno se repitió con Vargas Llosa. En 1993, por primera vez, se enfrentaron restricciones que luego, en 1995, se harían más severas. En 1998, los canales de televisión, por fin, decidieron reducir a dos (2) las cuatro (4) candidaturas a la Alcaldía de Lima y resolvieron polarizar la elección entre «Vamos Vecino» y «Somos Perú», lo que, naturalmente, favoreció a ambas tendencias, a nivel nacional. A pesar de ello, había algunos pequeñísimos resquicios de pluralismo que, dicho sea de paso, no se abrieron tampoco (vg. el programa de Hildebrandt). No es el caso actual. El candidato-presidente, por el contrario, ha eliminado todo atisbo de comunicación de sus adversarios con el electorado y tiene todos los resortes del poder en sus manos. Y allí está el problema.
No hay elección democrática sin acceso equitativo a los medios de comunicación y, en especial, a la televisión. No hay posibilidad de competencia cuando no existe pluralismo en esos medios. No se pretende el uso gratuito de ellos, sino apenas igualdad en las tarifas y en los horarios, aspectos que la gran mayoría de países (incluso latinoamericanos) ya han regulado. En el Perú –como en Haití- no hay norma alguna. Las que existen (Ley Orgánica Electoral) tienen relación con los medios de propiedad estatal que cubren apenas el 4% del universo electoral. La competencia electoral se convierte, así, o en una contienda plutocrática, o, eventualmente, oligárquica en la que los concesionarios del espectro-electromagnético se convierten en los grandes electores. Pero ese no es el hecho más grave.
Giovanni Sartoni ha probado, en un enjundioso estudio (Homo videns. La sociedad teledirigida) cómo el video-poder deriva su verdadera influencia de las encuestas, sistemáticamente utilizadas. «Los sondeos –dice- no son instrumentos de demo–poder -un instrumento que revela la vox populi- sino, sobre todo, una expresión del poder de los medios de comunicación sobre el pueblo; y su influencia bloquea frecuentemente decisiones útiles y necesarias, o bien lleva a tomar decisiones equivocadas sostenidas por simples 'rumores', por opiniones débiles, deformadas, manipuladas, e incluso desinformadas. En definitiva, por opiniones ciegas» (p. 76). Merced a éstas –según lo demuestra él mismo-, no se mide el estado o tendencia de la opinión sino el grado de eficacia de la propaganda o de la influencia de las propias encuestas que se retroalimentan y convierten en factores de inducción de opinión, tanto o más importantes que la propaganda. Desde luego, y sobre todo, si se llevan a cabo sin ningún control ni transparencia como acontece en el Perú, a diferencia de lo que sucede en Francia o España. El resultado está a la vista.
LA NECESARIA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Es un hecho que las fuerzas democráticas no reducirán su lucha contra el fraude simplemente a la observación y control del acto electoral. Tienen plena conciencia de la magnitud del problema. Pero, ¿qué iniciativas tienen para enfrentar al fraude? Es plausible, pero insuficiente, la creación de la «Oficina de alerta electoral» para la defensa de la libertad y verdad electorales. Será necesario, por cierto, concordar esfuerzos para preparar y coordinar la acción de los personeros en las mesas de sufragio. Pero, no basta. En ese sentido, es muy acertada la iniciativa del ex senador Javier Díaz Orihuela. Propone que los organismos preocupados por la observación electoral dediquen parte de sus recursos al estudio y fiscalización del manejo de los medios de comunicación, particularmente radiotelevisivos, durante la campaña electoral. De ese modo, el país –generalmente desinformado- podrá tener una cabal idea del grado de distorsión de la información y del volumen de la propaganda oficial, oficiosa, pagada y graciosa de la que disponen los candidatos ligados al gobierno y, por supuesto, el candidato-presidente. Tal vez ese control, naturalmente sólo crítico, obligue a moderar excesos.
Frente a la desinformación, será necesario crear una red de comunicación personal (boca-oreja) o informática (correo electrónico, internet, etc.) que, de algún modo, permita contrarrestar las redes de manipulación y propaganda que, ahora, controla el gobierno. Más aun. Los Partidos y sectores democráticos deberán crear, tal vez, una suerte de agencia noticiosa que permita desmentir versiones inexactas, replicar los ataques del gobierno y proveer información oportuna y veraz a las débiles cadenas o estaciones radiales y televisivas de provincias, que han demostrado más pluralismo y apertura que las cadenas nacionales.
Es preciso, por cierto, sensibilizar desde ya a la comunidad internacional con sentido realista. Los observadores de la OEA han demostrado, a la saciedad, su absoluta falta de independencia y objetividad. Si son funcionarios están condicionados por los compromisos políticos de su institución; si son observadores, invitados por OEA, carecen de la sensibilidad, motivación o preocupación necesarias. Es necesario, en consecuencia, comprometer la presencia de otras instituciones y organizaciones internacionales, defensoras de las instituciones democráticas y de los derechos humanos. Debería hacerse, en ese aspecto, un esfuerzo conjunto de Partidos (inscritos o no) y de ONGs vinculados a tales organismos para comprometer su presencia militante en el curso del proceso. En el plano interno, finalmente, debe establecerse una suerte de cadena de solidaridad en defensa de la libertad y verdad electorales para dar formal repercusión a toda denuncia, atropello y demasía que perpetre el régimen.
Sólo de esa manera se creará una sólida y robusta conciencia ciudadana capaz de frenar y poner atajo al fraude que se inició el 5 de abril. Las fuerzas democráticas deben recuperar el tiempo perdido. Es difícil pero no imposible. Es, además, una tarea bella e ineludible. Tiene la sugestión de los gestos históricos y de los empeños genuinamente populares y democráticos.
