Para que un gobernante entre a los dominios de la ficción latinoamericana parece indispensable que sus credenciales no sean democráticas: un repaso por los anaqueles de la literatura del continente, así sea veloz, revela que quienes se rigen por la voluntad de las urnas no corren la misma fortuna literaria que quienes optan por la vía de las armas. Desde que el español Ramón del Valle Inclán escribió Tirano Banderas, su esperpéntica novela, un batallón de déspotas ha desfilado por las letras latinoamericanas. No todos ellos son militares, aunque es indudable que calzar botas y lucir entorchados ayuda no sólo a encabezar golpes, sino a protagonizar novelas. De todas maneras, acaso la más importante «novela de dictador» latinoamericana sea Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, cuyo anti-héroe es el Doctor Gaspar Rodríguez de Francia, que paseó su funeraria levita por la historia paraguaya del siglo XIX y concitó -aparte de odios y adhesiones igualmente intensos en su propia patria- la admiración de Thomas Carlyle, el más importante entre los historiadores románticos ingleses. Es lugar común de la crítica subrayar el marcado sesgo político de la prosa latinoamericana (y hasta de la poesía: basta recordar el cívico «Canto general», de Pablo Neruda.) Sin embargo, no deja de ser curioso que desde mediados de los años 70 sean cada vez más esporádicas las ficciones interesadas en escrutar los laberintos del poder político. Es interesante notar que este relativo desinterés novelístico por las figuras del gobierno coinciden con una larga «hora de la espada», para citar la polémica frase que Lugones pronunció en otro momento, a mediados de los 20, cuando el fascismo y el falangismo eran los nombres del rigor autoritario. Si los años 70 acabaron con férreas dictaduras en el Cono Sur y en buena parte del resto de América Latina, al acabar los 80 se celebraban periódicamente elecciones presidenciales en la mayoría de los países de la región. Era casi lo único que se celebraba, dicho sea de paso, pues no en vano el consenso de tirios y troyanos entiende que se trató de la «década perdida».
Veamos el caso peruano, en la ficción y la política. Entre 1969 y 1975, los años de publicación de Conversación en La Catedral, de Mario Vargas Llosa, y Cambio de guardia, de Julio Ramón Ribeyro, fueron tambíen publicadas La ronda de los generales, de José Adolph, y Las rayas del tigre, de Thorndike. Cierto es que la figura del dictador no suele aparecen directamente bajo el foco de la representación, pero el ejercicio vertical del poder es, sin duda, el tema de estos libros. En cambio, de los 80 hasta acá (salvo error u omisión) no hay novelas que se ocupen principalmente de la escena oficial peruana. ¿Acaso ésta se ha vuelto tan insípida que no ofrece ya materiales a los narradores del país? La obvia respuesta a esa pregunta es negativa: los años de la hiperinflación y la insurgencia senderista superan de lejos a los 30 en el escalafón de las crisis peruanas del siglo XX. De hecho, hay que remontarse al descalabro de la Guerra del Pacífico, con su secuela de guerras civiles y postración productiva, para hallar otro momento tan caótico y violento en la vida del país. En ese escenario convulso no faltó, como inquilino de Palacio, un personaje en busca de autor: Alan García fue un presidente con vocación operática, verbo florido y escrúpulos de pirata. Más aún, tuvo como contraparte en las sombras de la clandestinidad a otro presidente, Gonzalo, que cultivaba el prestigio del misterio, la elocuencia de las bombas y la moral maquiavélica de los fines. Pero Alan García y Abimael Guzmán, acaso por el perfil demasiado nítido de sus figuras y por la virulencia de las reacciones que despiertan, no parecen prestarse para la elaboración literaria de sus contemporáneos. No puede uno olvidar que entre la muerte del Doctor Francia y Yo el Supremo median 134 años de distancia.
Así, la política peruana de los 80 no ha ingresado a la literatura, pese a que ésta fue la década en la que el más importante de nuestros novelistas pareció destinado a la presidencia de la República. Sólo que en 1990, contra todos los pronósticos, perdió Mario Vargas Llosa. Le ganó el más insólito de sus contrincantes, Alberto Fujimori, quien como ocupante del Palacio de Gobierno ha demostrado una persistencia sólo superada (hasta el momento) por Augusto B. Leguía. A Fujimori no lo ha tocado la ficción, pero a él se debe uno de los libros más leídos de la literatura peruana de fin de siglo, Ciudadano Fujimori: la construcción de un político, de Luis Jochamowitz. En un pasaje de su ensayo «El sitio de la literatura», Mirko Lauer observa -creo que con razón- la parquedad con la que nuestros escritores se han referido a los asuntos del Estado. En efecto, aunque el examen de las relaciones de poder sella con fuego la mayoría de nuestros relatos, el área elegida suele ser la doméstica o, en un sentido amplio, la comunitaria. En cambio, los vínculos entre dirigentes y dirigidos dentro del marco general de la nación no suelen ser dramatizados y constituyen, más bien, un oscuro telón de fondo; menos auscultados aún por la ficción son los mecanismos que rigen la toma de las grandes decisiones. Sin dda, las formas de la opresión aparecen tanto en nuestras novelas indigenistas -desde El mundo es ancho y ajeno, de Alegría, a Todas las sangres, de Arguedas- como en los textos del realismo urbano -desde El kilómetro 83, de Diez Canseco, a En octubre no hay milagros, de Reynoso-. Pero a lo que aludo no es a la prolífica representación de la injusticia, sino a la escueta mímesis de la práctica de gobernar.
A propósito de la afirmación anterior, viene al caso anotar cómo incluso Conversación en La Catedral, que en uno de sus sentidos es una apasionada requisitoria contra la miseria ética del odriísmo, omite la presentación directa del general Odría: el dictador es en la novela una sombra lejana cuyo delegado y ejecutor es Cayo Bermúdez, su siniestro director de Gobierno. Por cierto, a través de Odría podemos llegar al gobierno actual del Perú. La analogía entre Cayo Bermúdez y Montesinos, el ubicuo asesor presidencial, resulta tan tentadora como la que conecta al general Odría con el ingeniero Fujimori. Se imponen dos advertencias. Bajo el imperio de las simetrías, la hipotética Conversación en La Catedral del fujimorismo tendría que concentrarse más en el asesor que en el mandatario; de otro lado, sería preciso situar la historia varios años después del fin del fujimorato, lo cual puede ser una riesgosa operación de cronología futurista, dado el entusiasmo que la reelección suscita entre los adeptos al régimen. De todas formas, como el «General de la Alegría», Fujimori aplica una política económica ortodoxamente liberal, se apoya en una estructura productiva que tiene por cimiento la extracción de materias primas, cultiva sin rubor el clientelismo y le tiene sin cuidado la formación de un partido de masas, aunque fomenta a través de las arcas estatales un culto risueñamente populachero a su personalidad, cuyo perfil autoritario no le interesa disimular. Sería impreciso, sin embargo, sostener que Odría y Fujimori son idénticos. Para comenzar, el Perú de Fujimori no es, en absoluto, el de Odría. El APRA y la izquierda no están en las heroicas catacumbas de los 50, sino (me disculpo por la rima fácil) en sus tumbas finiseculares, lo cual hace que la coerción física de militantes sea hoy menos práctica que la humillación pública de las figuras opositoras. De ahí también que el control de la información no pase hoy principalmente por la censura de la letra impresa, sino más bien por el manejo del espectro mediático, que va desde los tabloides inspirados por el Servicio de Inteligencia hasta los noticieros de canales sobre los que pende, implacable, una espada de Damocles tributaria. En otras palabras, es menos importante silenciar datos que crear historias. Por eso, compiten con los novelistas quienes, dedicados a la propaganda del régimen y a la fragua de la imagen del país, trabajan en la «invención de la realidad» -que, por cierto, es el título de un perspicaz libro de José Miguel Oviedo sobre la obra narrativa de Mario Vargas Llosa-. Quien se anime a escribir una novela sobre el poder político en el Perú finisecular no podrá sencillamente recurrir a la vieja dicotomía «verdad reprimida/mentira oficial», pues en cierto modo la conducción del Estado es, hoy más que nunca antes, un esfuerzo de manufactura simbólica y producción de significados. Sin duda, esto no supone olvidar que el ejercicio del gobierno otorga también acceso a enormes recursos financieros, sobre todo en un país cuyos cofres se han llenado con el dinero de las privatizaciones y la mejoría de la recaudación de impuestos: quien escriba esa novela conjetural tendrá que incluir entre sus principales tópicos el de la corrupción, pues en el Perú la materia política y la policial no sólo se rozan, sino que llegan a confundirse.
Lo anterior podrá insinuar que toda novela sobre las altas esferas en el Perú debe ser, en principio, de denuncia. Algo de eso es cierto, pero en términos artísticos el logro mayor del novelista radicaría en representar de manera persuasiva cómo la práctica de los personajes (y, en particular, la del Primer Personaje de la Nación) consigue crear un estilo de gobierno que, con mayor o menor fortuna, imprime su autoridad en el cuerpo colectivo del país. No por azar, autoridad y autoría son términos afines: el gran desafío para el escritor que afronte este asunto consiste en saber medir los fueros de la literatura con los de la política. En ambos dominios, de lo que se trata es de una cuestión de poder.
