Si nos guiamos por los resultados de algunas de las principales encuestas de los últimos días, es claro que cerca del 75% de los entrevistados está convencido de que las elecciones del próximo 9 de abril tendrán un importante componente fraudulento que correrá a cargo del gobierno. Es decir que un importante porcentaje de los propios encuestados que votarían por el ingeniero Fujimori están convencidos de la eventual ilegitimidad del proceso que lo reelegiría.
En un sentido, dicha percepción no debe llamar la atención. Las distintas irregularidades que rodean al proceso electoral, que vienen siendo denunciadas cotidianamente por los opositores y que son señaladas por las distintas misiones de observadores, incluida la de la Organización de Estados Americanos, muestran la tremenda erosión de la legitimidad del proceso, agravada recientemente por la documentada denuncia del diario El Comercio sobre la grosera y masiva falsificación de firmas que comprometería a uno de los socios de la alianza que lleva como candidato al presidente.
Lo que verdaderamente llama la atención es la indiferencia de un significativo grupo de peruanos que simultáneamente aceptan la posibilidad de fraude y señalan su disposición a votar por áquellos que serían responsables del mismo. Más profundamente, lo que llama a reflexión es el comportamiento de los distintos sectores de la sociedad peruana, que asume el comportamiento de un «voyeur» en la coyuntura electoral. Una sociedad que parece resignada a moverse entre las quejas y la contemplación.
SE MIRA, SE HABLA, PERO NO SE TOCA...
Es evidente que en todos los sectores sociales del país, las arbitrariedades del proceso electoral y la eventualidad de un fraude definitivo constituyen materia de conversación y hasta de malestar frecuente. A pesar de los esfuerzos del régimen y de la mayoría de los medios de comunicación por evitarlo, el tema se ha instalado como un sentido común.
Sin embargo, ese sentido común no produce ninguna forma de movilización, ninguna forma de acción colectiva que busque modificar la situación. Incluso los pronunciamientos recientes de distintos ciudadanos y de respetables organizaciones del país parecen resignados a expresar la denuncia y la queja, pero no proponen ninguna orientación para la actuación.
Diera la impresión que como mudos espectadores de una obra que se asemeja a un conocido texto de García Márquez, desde la sociedad nos conformamos casi todos con la queja y con la posibilidad de responsabilizar a la política y a los políticos de la situación. A los unos por acción y a los otros por omisión.
Sin negar las responsabilidades que les tocan tanto al gobierno como a la oposición -diferentes por cierto, pero responsabilidades al fin y al cabo-, interesa preguntarse por los mecanismos y los procesos más propios de la sociedad que contribuirían a explicar su comportamiento en la coyuntura.
Interesa hacerlo porque independientemente del resultado de los comicios del 9 de abril, es claro que la curiosísima relación entre la política y la sociedad que se revela en esta coyuntura, no se modificará de la noche a la mañana, porque es expresión de cambios y procesos profundos que vienen de atrás.
LAS DISTINTAS «RAZONES»
La incapacidad de movilización de nuestra sociedad tiene, seguramente, distintas explicaciones válidas para cada uno de los segmentos que la componen. Así, los estratos D y E encuentran en la construcción de escuelas, el mejoramiento y construcción de carreteras, así como en el incremento de su acceso a los servicios de agua, luz y comunicaciones, argumentos lo suficientemente poderosos como para mostrarse indiferentes ante la legitimidad o ilegitimidad del proceso electoral.
El estrato B y en alguna medida el C, por su parte, son los que expresando más abiertamente su malestar, tienen mayores dificultades para movilizarse. No logran sentirse cabalmente representados por los distintos candidatos en la brega y se sienten particularmente agobiados por su lucha cotidiana por mantener sus condiciones de vida. Finalmente, el minúsculo estrato A es el que se siente menos afectado por la situación y por su eventual desenlace.
Lo que parece claro es que a partir de sus intereses inmediatos, además de fragmentados, claramente segmentados, la sociedad toda asume la posibilidad del fraude y la creciente ilegitimidad del proceso electoral como el costo menor a pagar para mantener las certidumbres que tiene cada segmento sobre su situación actual. Todos parecen dispuestos a renunciar a los procedimientos democráticos a cambio de asegurar sus intereses inmediatos.
Tales racionalidades, propias de una sociedad pre política, que permite únicamente identidades restringidas y primarias, y por lo tanto una búsqueda de representación sin representatividad, es decir en los términos de dichas identidades se encuentran atravesadas, como es obvio, por las preocupaciones y temores que resultan del comportamiento de un régimen político autoritario y poco transparente.
LA POLÍTICA NO ALIMENTA EXPECTATIVAS
Las limitadas expectativas de la sociedad en la política encuentran explicación parcial en la incapacidad que los políticos demostraron en la década del ochenta para autorreformarse y enfrentar eficientemente las profundas desigualdades socio económicas del país. Los sucesivos intentos de aquel entonces, recordemos, terminaron con más pena que gloria, entre otras cosas porque no lograron escapar al viejo patrón aristocrático que marcó la política hasta entonces.
El APRA fracasó en su apuesta de renovación generacional a través de Alan García; la izquierda se desintegró tras naufragar en su intento de constituirse en un partido democrático y de masas; más recientemente, el intento de autorreforma liberal derivó hacia una propuesta señorial y de «blancos», concluyendo con la clara derrota de Mario Vargas Llosa.
Las expectativas de la sociedad en sus posibilidades de modernización e integración a la vida social y política que los partidos mal que bien trataban de recoger –en el 83 Barrantes ganó la Municipalidad de Lima ofreciendo una ciudad para todos y en el 85 García hizo lo propio con la Presidencia, anunciando su compromiso con todos los peruanos-, se empezaron a romper el 90 con la victoria de Alberto Fujimori –quien reemplazó la idea del «todo» por el anuncio de un «presidente como tú»-, así como con el rechazo de Mario Vargas Llosa a un acuerdo nacional.
Finalmente, el autogolpe de 1992 terminó de frenar la posibilidad de construir una comunidad política nacional. A partir de ese instante, gobierno y oposición fueron funcionales en la constitución del régimen político que hoy día tenemos. La política perdió representatividad ante una sociedad que tenía desde antaño grandes limitaciones para construir su representación. La democracia, como lo demuestra una encuesta de Propuesta Ciudadana de diciembre del año 1999, pasó a ocupar el último lugar de las preocupaciones de los ciudadanos. Dejó de ser un bien reconocido por todos, si alguna vez lo fue.
Y DESPUÉS DEL 9 DE ABRIL ¿QUÉ?
Es previsible que la lógica de quejas y contemplaciones a la que estamos asistiendo y de la que formamos parte, de una manera o de otra, con más o con menos malestar, continúe hasta el 9 de abril. Como es previsible también que las grandes sombras sobre el proceso sigan sin esclarecerse con los consiguientes costos de legitimidad para quien resulte elegido.
Lo que resulta claro es que si los miles de peruanos que sentimos y expresamos nuestro descontento con la situación y que nos manifestaremos a través del voto -ya sea contra Fujimori, ya sea a favor de él, porque insistimos con el punto con el que iniciamos esta reflexión-, no queremos vernos permanentemente en esta situación, tenemos el imperativo de recuperar el sentido de la política y de resolver su divorcio de la sociedad.
Ello nos obliga a buscar participar efectivamente en las decisiones que afectan nuestra vida, a contribuir en la construcción de una cultura ciudadana de derechos y deberes, y de una comunidad política nacional, capaces de superar las identidades restringidas a las que nos limitamos hoy en día.
Y participar eficaz y democráticamente en las decisiones públicas, que son las que nos involucran, exige la constitución de partidos políticos, es decir de colectividades que busquen construir la representación de la sociedad peruana y de sus distintas agendas, resultado de su realidad heterogénea, diversa y múltiple.
Sólo construyendo partidos políticos nuevos, modernos y democráticos seremos capaces de recuperar el sentido de la acción colectiva y de superar las identidades primarias a las que hoy en día nos aferramos, que indudablemente perpetúan y profundizan las desigualdades de nuestra sociedad.
Independientemente de la orientación ideológica de los mismos, ésta es una tarea que debe comprometer por igual a todos quienes nos sentimos ya cansados de este comportamiento de quejas y contemplaciones que ha caracterizado a nuestra sociedad en los últimos años.
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