A fines del año pasado, en octubre y noviembre especialmente, hubo un interesante debate público acerca de la inclusión en el currículum del bachillerato del curso de religión católica. El punto final fue la incorporación de esta materia, luego de una reunión en privado entre el Arzobispo de Lima y el presidente Fujimori.
Durante el debate se aludió de manera genérica al «curso de religión», pero quedó claro que no se trataba ni de un equivalente de historia de las religiones y menos aún de una presentación ecuménica de las principales corrientes religiosas en el mundo contemporáneo, posibilidades que habían sido explícitamente descartadas en el curso de los discusiones.
El tema se había insinuado ya a comienzos del 99, cuando algunos obispos señalaron su extrañeza por la existencia de un currículum laico en la propuesta del bachillerato. En ese entonces sólo se mencionó la posibilidad de un curso de religión (católica) como materia electiva. Reapareció nuevamente en el segundo semestre, pero esta vez como petición de obligatoriedad. El cambio de la exigencia probablemente tuvo lugar luego del debate y aprobación en una comisión del Congreso de una nueva causal de divorcio, que despertó una sostenida oposición clerical.
Aparentemente se habría tratado de una negociación donde a cambio de la aceptación de una nueva causal de divorcio se concedió la inclusión del curso de religión católica en el currículum del Bachillerato como materia obligatoria. Para completar el cuadro inicial se debe agregar el carácter fuertemente corporativo de la discusión. Aparte de los obispos y algunos particulares, no se promovió la participación de asociaciones de padres de familia o estudiantes de secundaria, las partes directamente concernidas, en un debate que aparentemente se orientaba a su beneficio moral.
EN EL TERRITORIO DE LAS PERPLEJIDADES MORALES
Los argumentos en juego durante este debate, sin embargo, no se referían sólo a un problema coyuntural. La formación moral era puesta en directa conexión con la educación pública y el catolicismo, como si no fueran suficientes las parroquias y las muy abundantes festividades del catolicismo popular para asegurar su presencia pública. El debate tocaba un tema que efectivamente pocas veces es tratado de manera explícita: ¿cuáles son las bases para una cultura pública democrática? ¿Qué alcance del pluralismo estamos dispuestos a reconocer como sociedad? ¿Queremos hacer de la tolerancia un referente cívico central? ¿Cómo evaluar las consecuencias para la sociedad de determinados órdenes morales?
América Latina es el lugar donde la Iglesia Católica ha tenido un virtual monopolio moral desde hace cinco siglos. Como es bien sabido, también es el territorio de las perplejidades morales por excelencia: es el lugar con las mayores disparidades sociales (en los ingresos como en servicios) y también es el área con la mayor tasa de criminalidad callejera.
Las demostraciones públicas de religiosidad son abundantes: procesiones, devociones múltiples, sociedades donde casi sin excepción las Catedrales están al lado de las sedes de gobierno, donde las formas inquisitoriales de enjuiciar pensamientos no han desaparecido del todo y las declaraciones de los obispos con frecuencia son gravitantes en las coyunturas políticas. Para no mencionar el más reciente fenómeno de concentración de masas ante las visitas del papa. Ante un panorama así cabe la pregunta: ¿por qué todo ese aparato cultural, y de pretensiones monopólicas en el terreno de la moralidad, es tan ineficaz para hacer frente a tareas básicas de cualquier orden moral comunitario como garantizar un básico sentido de equidad y ser un límite para agresiones elementales como el robo y el asesinato? Pues, en efecto, la desigualdad latinoamericana no surge por generación espontánea: ha requerido la consolidación de una cultura pública que presentó tal estado de cosas como algo moralmente normal a lo largo de generaciones. Pero si sólo mencionáramos esta parte del problema la respuesta sería sencilla: es un recurso manipulador de los sectores más poderosos, lo que a su vez tiene una fuerza convincente también sencilla. En el otro extremo de la escala social las cosas no son muy distintas: los delincuentes comunes suelen ser personas a su vez muy religiosas. En Noticia de un Secuestro García Márquez narra cómo los sicarios de Pablo Escobar eran devotos del Niño Jesús y a la vez capaces de matar a rehenes con profesional sangre fría.
LA LEY ESTÁ LEJOS ...PERO EL CIELO ESTÁ CERCA
Es fuerte la tendencia a encontrar las explicaciones de este fenómeno en tales o cuales categorías intrínsecas del catolicismo. Y no es de mucha ayuda al momento de ocuparse de algo tan poco teológico como lo es el sentido del orden público. Un problema político en primer lugar. Quisiera plantear otra manera de abordar la cuestión.
Aún ahora, cuando surge algún problema vinculado con la puesta en práctica de una ley, se invoca en la polémica o el comentario políticos, la expresión «la ley se acata pero no se cumple». Se alude de esta manera a un criterio de gobierno que emplearon las autoridades en los territorios de la América española en la época colonial. La razón se apoyaba en una realidad tanto geográfica como comunicativa: los virreinatos estaban lejos de las metrópolis. Tan lejos que no era posible un control efectivo de la aplicación de la ley. La letra decía una cosa pero a la hora de los hechos las autoridades podían hacer bastante de lo que les viniera en gana. Entre la letra y la acción había, literalmente, mucha distancia.
Los pobladores de estos territorios vivían en una situación muy parecida a la descrita en un relato del siglo XX, El Coronel no tiene quien le escriba, donde Aureliano Buendía espera un papel escrito, el reconocimiento y la pensión de su retiro, que nunca llega. En un sentido más amplio, el papel escrito, el papel de la ley efectivamente nunca llegaba a los lugares donde vivía la gente porque éstos eran muy lejanos. Este énfasis en la situación de lejanía de Occidente, además, es parte de las representaciones públicas en la mayor parte de países latinoamericanos. Sea en representaciones explícitas como es usual en Chile y Argentina o como un modelo mucho más frecuente en la cultura del humor que consiste en la imitación plebeya del hombre letrado, occidental, del cual Cantinflas llegó a ser la figura emblemática, pero también está el equivalente literario de H. Bustos Domecq, el personaje creado por Borges y Bioy Casares. Sea en términos geográficos o sociales, el trasfondo común es imaginar una situación colectiva donde se está a mucha distancia de los verdaderos centros de poder y de referencia.
Un complemento de lo anterior es que la realidad no sólo es considerada como carente de la letra de la ley sino además es pletórica de milagros. Durante mucho tiempo se ha subestimado en los estudios de la realidad social la importancia de los milagros, sin duda por consideraciones de un cierto fisicalismo ingenuo que se refiere a hechos que no son «de verdad». El milagro se caracteriza en primer lugar por su condición de acontecimiento extraordinario, fuera de lo usual, pero que sirve para manifestar un orden o un poder ocultos. Un caso central es cuando ante la ocurrencia de un terremoto se derrumban muchas edificaciones pero en determinado lugar hay una pared que siguió en pie. Ésta, además, es la historia que da lugar al culto del Señor de los Milagros. Hay también los milagros que permiten realizar hechos imposibles, especialmente vinculados a enfermedades. Hay otros que se refieren a poder conseguir un empleo, llevar a buen término una experiencia amorosa. Pero no se trata sólo de hechos aislados sino de una realidad que en general está marcada por los acontecimientos extraordinarios, lo que ha puesto nuevamente de relieve la literatura latinoamericana de buena parte de la segunda mitad del siglo XX.
Tal vez los milagros son importantes porque permiten realizar los deseos por vías que son más seguras o probables que las disponibles en un orden puramente mundano. Ante la inexistencia de un orden regulado por leyes, donde el privilegio en general tiene mucho más peso que la norma, lo inesperado se convierte curiosamente en lo más buscado. La conocida expresión «sólo cabe esperar un milagro» se aplica en circunstancias muy diversas: puede ser cuando una persona, en muy grave estado de salud, ingresa a un quirófano y sus familiares que están afuera, pendientes de lo que sucede, escuchan esas palabras. O al referirse a los sobrevivientes de un accidente de aviación, en medio de la más tupida selva amazónica y al cabo de varios días de búsqueda infructuosa, los medios de comunicación afirman que... sólo cabe esperar.... Pero la expresión también se usa cuando se discute las posibilidades de clasificación de la selección de fútbol en un determinado campeonato, o también en casos como éste: «el ómnibus interprovincial estaba tan maltrecho que llegamos a nuestro destino de puro milagro». Todas esas son circunstancias donde se espera algún tipo de intervención o ayuda divina, algo externo al orden mundano, para llevar a cabo una acción . Se mueven en este registro también las «promesas» de devoción: si el hijo ingresa a la universidad, si el próximo mes puedo conseguir un empleo, si el marido puede superar el alcoholismo. La actual Fiscal de la Nación reza para sacarse el premio mayor de la lotería y así poder pagar una casa cuyo valor excede ampliamente su capacidad de pago como funcionaria. Si se logran esos propósitos se asume que hay algún grado de intervención milagrosa.
Pero el caso más notorio, por su relevancia política, fue un célebre discurso que dio el primer ministro de Economía que tuvo Fujimori en 1990, quien anunció en TV medidas severísimas que incluían devaluaciones, terribles aumentos de precio, lo que entonces se llamaba un «shock económico». Luego de leer las aterradoras medidas adoptadas en política económica, finalizó su intervención con las palabras más sinceras de toda su intervención: «Que Dios nos ayude». Una manera de decir que no había ningún elemento en la realidad de ese plan que estuviera de parte de la población afectada y subrayar, además, el albur que en ese momento suponía el plan propuesto. La frase no era para expresar una ardiente religiosidad del funcionario. Todo el mundo entendió que era para subrayar la incertidumbre ante los resultados que podrían tener esas medidas extremas.
En general, se puede establecer sin mucha dificultad una correlación entre precariedad normativa secular y expectativa religiosa. Ahí donde las acciones sociales no pueden ser mundanamente previsibles por la ausencia de normas equitativas o de aplicación imparcial, el recurso fundamental es la apelación religiosa. Nótese que no se trata de la presencia religiosa para los momentos de tránsito en el ciclo vital y que son frecuentes en cualquier tipo de sociedad: el nacimiento, matrimonio y fallecimiento, o para referirse a la formulación sobre la finalidad de la vida en su sentido más genérico. Aquí se trata de una cuestión distinta: el catolicismo es el factor de cercanía celestial para compensar la lejanía de la ley.
En el Perú tenemos la ventaja de contar con las religiones orales, muchas de ellas formadas en tiempos previos a la llegada del catolicismo. Esto nos permite hacer comparaciones de un gran interés. La diferencia de actitudes ante la esfera pública es notoria. En efecto, prácticas tan difundidas como el pago a la tierra o el culto a los apus en el área andina no pretenden constituirse en elementos compensatorios de ninguna precariedad normativa secular. Tal vez por ello nadie le pide milagros a la pachamama o a los apus, que es algo distinto a sentimientos de protección, compañía o agradecimiento, pero también el temor. Por lo demás, estos cultos, cuya vigencia difícilmente puede ponerse en duda, jamás han formado parte de ningún programa oficial de educación escolar. Por si lo anterior no fuera suficiente, además, han tenido que hacer frente a la presencia muchas veces depredatoria del cristianismo en muchos casos; el catolicismo en la época colonial con la extirpación de idolatrías y los grupos evangélicos en la segunda mitad del siglo XX.
Ni siquiera en los momentos de más ferviente indigenismo en el siglo pasado, a alguien se le ocurrió incluir una enseñanza oficial de religiones orales, pues la vigencia religiosa no era un asunto que pasara por el proceso de la educación formal.
Podemos afirmar que la relación entre catolicismo y formación moral, en un sentido cívico, es más bien un síntoma. Es la revelación de un sentido muy precario de legalidad. Ahí donde se indica la presencia indispensable del catolicismo en una parte del aparato estatal es porque hay una pobreza de instituciones seculares con la capacidad de legitimar un orden social. Dicho de otra forma, nos acercamos más al mundo práctico si invertimos los términos del problema: no es que el curso de religión católica sea la garantía de una adecuada formación moral de los jóvenes. Es la mejor manera de continuar un prolongado estado de cosas que precisamente ha bloqueado una moral pública, laica y civil, capaz de poner límites a la desigualdad y la criminalidad generalizadas. Es precisamente a partir de esa carencia que luego la Iglesia Católica aparece como el indispensable mediador tutelar en situaciones de conflicto extremo entre partes que no logran moverse en un común terreno moral. Ciertamente las cosas empeorarían sin esa mediación, pero también es cierto que alejan las posibilidades de autonomía de los actores políticos, debido justamente a ese carácter extramundano de la conciliación.
DEL PRIVILEGIO DE OPINIÓN A LA CONVERSACIÓN SOCIAL
Cualquier esfuerzo serio por crear una moral ciudadana a la altura de las actuales exigencias democráticas empieza por un cuestionamiento, como todo lo demás en nuestras sociedades, a los privilegios. En este caso se trata de los privilegios de opinión. Aquellas opiniones que se consideran distintas y superiores a las de cualquier ciudadano porque se asumen como portadoras de una dimensión tutelar. En el Perú y varias otras sociedades de América Latina, esos privilegios de opinión son de un carácter castrense y clerical: los que mejor saben qué proyecto de sociedad necesitan los ciudadanos, cómo entender la soberanía o bien cómo conducirse en el terreno de las privacidades individuales, del ejercicio de la sexualidad, siempre son otros que la gente común. Hasta usan ropas, uniformes y hábitos, distintas a las de cualquier ciudadano para emitir sus opiniones –que suelen moverse en el terreno de las órdenes, con especial predilección por las prohibiciones. Y si estas opiniones tutelares son desoídas, el paso siguiente es la amenaza, desde los cuarteles o los templos, al precario orden social. Por si lo anterior no fuera suficiente, se trata de discursos elaborados en instituciones donde las mujeres o bien son excluidas o se les reserva un papel muy secundario. Es decir, opinar es una atribución congénita que posee sólo la mitad de la población en el mejor de los casos.
Tengo 46 años, casi todos ellos vividos en el Perú, y no he hecho más que describir un libreto que he visto repetirse hasta la saciedad desde la niñez. Nadie puede pretender negar esa conexión de acontecimientos. Pero no todos piensan que un escenario público delimitado por los privilegios de opinión sea necesariamente deplorable o que se le deba poner término con carácter urgente. A contracorriente de cualquier prejuicio de elitismo racionalista de vieja escuela, la gente con menor grado de instrucción no son los principales partidarios de este orden (la vituperada cultura chicha, por el contrario, es la primera ruptura nítida y de carácter masivo con el universo de los privilegios de opinión). Más bien a medida que se avanza en la escala de la formación profesional aumentan los partidarios del tutelaje político-moral, porque también el incremento de los beneficios es más tangible.
Esta es la principal razón por la cual, a pesar de un notable aumento de la población con estudios universitarios en las últimas tres décadas, la aparición de una cultura pública crítica, laica, intelectual en el mejor sentido de la palabra, sigue como tarea pendiente en nuestra sociedad. «La gente no lee», el estribillo que se usa a manera de coartada para explicar esta apatía relacionada menos con los que apenas poseen instrucción primaria que con una amplia población universitaria y profesional que prefiere incorporarse al aparato del tutelaje para estar un poquito por encima de los demás y un montón por debajo de los tutores institucionales del poder.
De hecho, si alguna política educativa se debiera seguir a este respecto con los jóvenes, es más bien un trabajo de alerta y cuestionamiento a ese mundo adulto (pero con emociones infantiles pasmadas) de sensibilidades petrificadas por los privilegios de opinión. Mi experiencia en la docencia universitaria me ha mostrado que las convicciones más estables, eso a lo que en los debates se alude como «formación moral», son aquéllas producto de la libre participación en una conversación y la continua experimentación con preguntas y respuestas. Así la gente aprende que la formulación de normas para la vida en común es una constante confrontación con nuevas necesidades sociales, lo que Dewey llamaba la reconstrucción de las teorías. Y es una manera también de lograr un crecimiento y maduración personal. Mientras que el severo aprendizaje de una doctrina acabada usualmente se reduce a un adiestramiento en la rutina de mandar y obedecer. Que para el caso de nuestra sociedad tiene como enseñanza básica que las leyes civiles, aquéllas que son resultado de muchas conversaciones y algunos acuerdos, bien poco valen.
Regrese al índice Nº 122