A PROPÓSITO DE COLOMBIA Y LAS NUEVAS AMENAZAS
LA REDEFINICIÓN DE LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA
Ricardo Soberón Garrido
Desaparecida la guerra fría y la amenaza soviética, políticos, militares y los diversos intereses que se mueven alrededor del Pentágono enfrentan una nueva situación en términos de amenazas para la seguridad hemisférica: la dificultad para definirlas y asirlas en un contexto bastante difuso, más difuso que cuando se enfrentaban al enemigo soviético y a la insurgencia comunista, a secas. Sobre este proceso de transición y sus posibles consecuencias para la región andino-amazónica trata el siguiente artículo.
NUEVOS VIENTOS Y VIEJOS FANTASMAS
Mientras recientemente el presidente Clinton se disculpaba ante el pueblo guatemalteco por el apoyo de anteriores gobiernos de su país a dictaduras militares que ocasionaron miles de muertos en América Central, otros sectores piensan que el grado de intervención a que está llegando EE.UU. en Colombia es una copia fiel del modelo antiinsurgente utilizado en El Salvador en los años 80.
El complejo proceso de aprobación del paquete económico solicitado por el presidente Clinton para Colombia, que asciende a US$ 1,300 millones de dólares, enfrenta en el plano interno una encrucijada. En efecto, el debate electoral entre Al Gore y George Bush se desarrolla en un contexto en el que la política sobre América Latina se convierte en parte del debate, principalmente en el tema de las drogas y en el de la seguridad hemisférica al que está íntimamente vinculado. Así, los sectores más conservadores de los republicanos intentan poner al descubierto las contradicciones de Clinton y «dejar sin piso» las propuestas demócratas. La solicitud de ayuda a Colombia por los US$ 1,300 millones debe ser aprobada en un Senado donde el escepticismo es evidente. Ya en 1999 la Cámara Alta desaprobó los proyectos del Ejecutivo para la creación del Area de Libre Comercio Hemisférica, constituyendo un serio revés para la política exterior del presidente Clinton. Sin embargo, parece ser que en este caso acabará prevaleciendo la necesidad de hacer «algo» por Colombia.
En el campo estrictamente militar las cosas parecen transcurrir con otra urgencia. La devolución de las instalaciones de la zona del canal a Panamá desde mayo de 1998 ha afectado sin duda la capacidad de vigilancia y de intervención del Comando Sur sobre la totalidad del continente, particularmente en el campo de la interdicción del tráfico ilegal de drogas. De la antigua Base Rodman salían hacia los países andinos 2,000 vuelos anuales que se han visto reducidos a la tercera parte, teniendo que cubrir mayores distancias e incrementando el costo de cada operación. Simultáneamente se empezaban a producir algunos reveses en el campo político con incidencia en el sector militar. En 1998, después de ingentes esfuerzos, finalmente la diplomacia norteamericana fue derrotada en su intento de crear el Centro Multilateral Antinarcóticos (CMA) en Panamá, lo que también afectó la arquitectura bélica pos devolución de las bases en Panamá. En 1999, los miembros de la OEA rechazaron por mayoría la propuesta norteamericana de crear una fuerza multinacional para enfrentar cierto tipo de conflictos internos. La reciente negativa del presidente Chávez a autorizar el sobrevuelo de su territorio por los aviones norteamericanos procedentes de Aruba y Curazao, constituye uno de los más recientes golpes al plexo que ha recibido el Departamento de Estado.
Instalados formalmente en Miami, bastante lejos de los lugares de acción, los puestos de comando más avanzados del SOUTHCOM se trasladan a Puerto Rico, donde la base Roosevelt se convierte en el centro del Comando de Operaciones Especiales, mientras en la isla Viéquez, el mayor centro de entrenamiento de la Marina norteamericana en el Caribe, la población civil protagoniza una larga lucha por solucionar los problemas que ocasionan el almacenamiento de municiones, la contaminación ambiental, el tratamiento de los desechos militares e incluso la pérdida de vidas humanas. La base de Guantánamo, todavía en territorio cubano, conserva el estatus de uno de los últimos lugares del planeta donde el clima glacial de la «guerra fría» persiste. Y en Centroamérica la base Soto Cano permanece en Honduras, con relativa capacidad para albergar aviones y tripulaciones anteriormente asentados en Panamá.
LANUEVA ARQUITECTURA MIRA A LOS ANDES
La convergencia de antiguos problemas y nuevas amenazas, sazonados por la presión de intereses, ha afectado el «readiness» (aprestamiento) del aparato militar norteamericano debilitando su capacidad de respuesta ante la ocurrencia de eventuales conflictos internos susceptibles de alcanzar repercusión hemisférica. Con la instalación de los poderosos radares ROTHR (Relocalisable over the Horizon Radar) en Virginia, Texas y Puerto Rico, cada uno de ellos con capacidad de 2,000 millas de alcance en un rango de 100 a 100,000 pies de altitud, se intenta cubrir los vacíos dejados por la salida de Panamá. El nuevo dispositivo está interconectado con el Centro de Inteligencia de El Paso, en Texas, el mayor de la DEA. El triángulo de monitoreo se completa con Fort Bliss (Houston), centro de entrenamiento para Inteligencia electrónica y fotografía aérea. No parece haber problemas con el cambio operado en la estructura de monitoreo y vigilancia, pero sí con la escasa capacidad de respuesta ante eventualidades específicas, tanto en Sudamérica (principalmente Colombia) como en América Central -tensiones entre Nicaragua y Honduras o entre Guatemala y Belice.
Para superar esta deficiencia se ha recurrido al establecimiento de los Forward Operational Locations (FOL´s), sistema de instalaciones avanzadas que suministran información de inteligencia a los países beneficiarios de la cooperación norteamericana para la lucha antidrogas, a la vez que proveen de infraestructura para operaciones del ejército americano (Comando Sur). Estas estructuras están localizadas en las islas holandesas de Aruba y Curazao -en virtud de un convenio con los Países Bajos- y en la ciudad ecuatoriana de Manta, para vigilar las costas del Pacífico. Pero ni siquiera este instrumento le garantiza al aparato militar norteamericano una mayor capacidad de respuesta frente a los nuevos conflictos y amenazas que obligan a una urgente redefinición del antiguo esquema de seguridad para América Latina (TIAR,1948), uno de los últimos mastodontes de la diplomacia para la región.
Nuevas amenazas, tales como los conflictos armados internos, la inestabilidad política y las subsecuentes amenazas a la institucionalidad democrática, además del crimen organizado y del tráfico ilegal de drogas, para no hablar del creciente problema que representa para los Estados Unidos las migraciones de ilegales a su territorio, requieren de un cambio sustantivo en las doctrinas de seguridad y defensa que deje definitivamente atrás las concepciones y enunciados de la guerra fría con sus estrategias de contrainsurgencia y prácticas violatorias de los derechos humanos.
Así, pues, el rediseño de la arquitectura militar de cara al continente ha pasado necesariamente por la instalación de toda una red de diversos tipos de infraestructura y monitoreo, la cual debe servir, por un lado, para hacer el seguimiento y, eventualmente, prevenir el desarrollo y expansión del conflicto colombiano fuera de sus fronteras, con sus potenciales consecuencias para Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela. Por otro lado, para observar el desarrollo de la situación geopolítica creada a raíz del establecimiento por la fuerza aérea brasileña del Sistema de Vigilancia Amazónica (SIVAM) con que se pretende monitorear y vigilar el conjunto de la llanura amazónica.
Mientras el Brasil no adopte una posición más clara y comprometida en relación a su definición como potencia regional, de cara al conflicto en Colombia y a los diversos intereses en juego alrededor de la Amazonía, quedará siempre abierta la posibilidad de una mayor presencia de EE.UU. en esta cuenca.
Otros actores regionales tales como Bolivia, Paraguay y Argentina, que se encuentran como en un segundo círculo concéntrico alrededor de Colombia, empiezan a ser objeto de la atención de los EE.UU. y de su creciente apoyo económico para el establecimiento de mayores niveles de cooperación antidrogas, lo que incluye el uso de instalaciones de entrenamiento militar, como ocurre en Misiones (Argentina) y en zonas del Chaco boliviano.
Si bien el hecho de haberse incorporado en la agenda de discusiones de la XXIII Conferencia de Ejércitos Americanos (La Paz, noviembre de 1999) el tema de la prevención, gestión y resolución de conflictos, marca una preocupación legítima por los nuevos problemas de la época, no deja de llamar a preocupación el hecho de que implique convertir a la fuerza armada en un actor político privilegiado, función que por principio no le corresponde.
COLOMBIA
El proceso de aprobación del paquete de ayuda que representa aproximadamente US$ 1,300 millones para Colombia, es una muestra palpable de la importancia que tiene el desarrollo de este conflicto para el establishment político en Washington. La presencia de aproximadamente 300 asesores norteamericanos indica el interés por mejorar la perfomance de las Fuerzas Armadas de dicho país. La existencia del sistema tradicional de radares de control de cielos en la isla de San Andrés, la Guajira, Vichada, San José del Guaviare, Leticia y Tres Esquinas se acompaña de un serio apoyo a la policía antinarcóticos y a los esfuerzos de interdicción y fumigación de cultivos ilícitos. El ejército ha entrenado, con asistencia norteamericana, un batallón antinarcóticos que opera desde la Base de Tolemaida en Melgar. En el campo aéreo, la Base de Tres Esquinas en Caquetá es la sede del Comando Específico de Oriente y alberga a la Fuerza de Tarea Conjunta Sur. En el plano marítimo y fluvial, la Armada colombiana junto con su par norteamericana desarrolla acciones concretas de intercepción bajo un sistema de cooperación especial. La Primera Brigada Fluvial, con sede en Puerto Leguízamo tendrá la responsabilidad de vigilar un espacio de 8,020 kilómetros de los 55 ríos navegables por donde se transportan drogas, precursores, armas y personas al interior de Colombia. Estas mejoras se han reflejado sin duda en el despliegue operativo del ejército, la marina y la fuerza aérea de Colombia, pero parecen estar lejos de incidir favorablemente sobre el proceso de paz en curso.
EL CINTURÓN DE SEGURIDAD
Al igual que en 1999, cuando el presidente Fujimori advirtió públicamente sobre los peligros que representaba la situación en Colombia para la estabilidad regional, poniéndose de paso como ejemplo de lo que hay que hacer para derrotar al terrorismo, de cuando en cuando se siguen lanzando desde Lima estas puyas a la política de paz del presidente Pastrana, que apuntan objetivamente a favorecer las corrientes que buscan reforzar y estrechar el anillo de seguridad militar en torno a Colombia, como un elemento disuasivo frente a todo intento de cualquiera de los actores irregulares en el conflicto de realizar operaciones fuera de territorio colombiano.
Lo cierto es que desde hace ya algunos años las guerrillas y los grupos paramilitares colombianos han hecho uso intenso del tránsito por las fronteras y territorios de terceros países, particularmente Venezuela, Ecuador y Panamá. Frecuentes denuncias del paso de soldados, tropa e incluso aviones venezolanos que vigilan la zona de frontera, son otros tantos elementos que contribuyen a caracterizar la situación como particularmente delicada.
De ahí que el Perú movilizó el año pasado a elementos de su quinta región militar en una labor de vigilancia, mientras se mantiene a la Escuela de Combate Fluvial en la Base de Nanay, en Iquitos. Por aquella misma época se sugirió en distintos medios de prensa la existencia –negada por el Departamento de Estado- de un documento, aparentemente proveniente de la CIA, con los planes establecidos para una eventual intervención de tropas multinacionales, básicamente peruanas y ecuatorianas, para «limpiar» las zonas fronterizas e incluso, eventualmente, intervenir directamente contra alguna concentración de la guerrilla en territorio colombiano.
En el caso del Ecuador, su rol geopolítico es importante como vecino de Colombia y como una ruta vital entre dos países productores de hoja de coca y de cocaína. A pesar de la inestabilidad política que en ese momento lo afectaba, Ecuador respondió en 1999 con un despliegue de tropas en la frontera, similar al que dispuso el gobierno peruano. Se estableció la Escuela de Combate en Selva en la región de El Coca. Incluso se realizaron ejercicios conjuntos con participación de elementos del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales norteamericanas. La existencia de la Base Aérea de Manta como uno de los FOL´s más importantes, confirma la relevancia estratégica del Ecuador. Lo cierto es que las riberas del Alto y del Bajo Putumayo, que corresponden a Ecuador y Perú respectivamente, quedarían debidamente vigiladas ante la acechanza de la guerrilla.
CONCLUSIÓN
Estamos asistiendo a una situación de cambio estructural en el mapa de la seguridad en el hemisferio. Las fuerzas en tensión se dan básicamente dentro de los EE.UU. en torno a cómo mantener una hegemonía regional que no sea contradictoria con los principios democráticos y que vaya de la mano con los nuevos vientos favorables al respeto irrestricto y universal de los derechos humanos.
Aunque aún difusa, se entiende que la capacidad de acción norteamericana en la región estará determinada por el incremento de la ayuda económica y de la asistencia técnica a las fuerzas armadas locales. Por otro lado, la acción multilateral predominará sobre cualquier posibilidad de intervención directa de los marines norteamericanos. Finalmente, la necesidad de contar con un cierto grado de apoyo político doméstico en el país en el que se actúa, es uno de los posibles elementos que ayudarán a configurar este complicado rompecabezas de la seguridad en el siglo XXI.
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