Ha transcurrido más de un mes desde que el presidente Fujimori anunció el adelanto del término de su mandato para julio del 2001 y la consiguiente convocatoria a elecciones para marzo del próximo año. En ese lapso, el asesor Montesinos fue y volvió. Salió del país entre gallos y media noche con el aval de Estados Unidos, la OEA y varios gobiernos de la región que creían facilitar así la indispensable transición a la democracia en el Perú. Su retorno al país hace unos días, además de aumentar la inestabilidad y la precaria situación que vivimos, puso en evidencia el intento de renovación de la alianza básica que maneja el régimen político.De acuerdo a las declaraciones del capitán (r), su vida corría peligro en Panamá. Según señaló el Presidente en sus escasas apariciones en los medios en estos últimos tiempos, preocupado por tal situación, él mismo se ocupó de ver lo _relacionado con su retorno. Las figuras centrales de la tragedia que vive el país ratificaron una vez más, por si cabían dudas, los sólidos y complejos vínculos que los unen a ellos dos, desde hace diez años. Vínculos que seguramente tienen elementos de odio y amor. De los elogios múltiples que se prodigaron pasaron a una curiosa y patética versión del tradicional juego de "policías y ladrones", que lo tiene al presidente de cazador para ubicar a su otrora asesor.
El doctor que salió del país pensando en asegurar la eventual impunidad de los distintos actos de los que lo acusan crecientes sectores de la sociedad, regresó para asegurar esa posibilidad, desconfiando de quienes quedaron con tal encargo en su ausencia. La distancia y el teléfono satelital como estrategia fueron cambiados por la presencia en la sombra en el precario proceso de diálogo que vive el país. Contra lo previsto por el asesor, y previsiblemente por el presidente, todo fue inútil: el derrumbe del régimen político, la "chorreada" para ser exactos, se aceleró. La renuncia de Tudela y las altisonantes denuncias del oficialismo contra el oficialismo fueron el espectáculo complementario a la "busqueda del tesoro" encabezada por el ingeniero Fujimori.
La oposición en la encrucijada
Hasta antes del retorno de Montesinos la mesa de diálogo propiciada por la OEA parecía ser el centro de la política en el país. Su trabajo ocupaba los principales espacios de los medios de comunicación y del interés, por lo menos de la curiosidad, de miles de peruanos que asistíamos a la permanente voluntad de los representantes oficialistas por entrampar su agenda, las marchas y contramarchas de la presión que desarrollaba la oposición democrática y los esfuerzos del embajador La Torre por evitar que ese espacio pierda el poco o mucho sentido que inicialmente tuvo. En otras palabras, asistíamos como espectadores a un espectáculo: la mecida, a la que el régimen político nos acostumbró durante una década.
Para todos los efectos prácticos lo avanzado en ese espacio era ínfimo. La modificación de la fecha de término de la legislatura que debía acortar el mandato presidencial y congresal y la no reelección fue impuesta por la mayoría oficialista desconociendo el acuerdo básico al que había llegado la mesa; el capitán (r) sigue siendo asesor -lo era cuando se fue, lo fue cuando volvió y lo sigue siendo ahora cuando estelariza "El fugitivo"- porque nunca se publicó en el diario oficial la resolución de su retiro, que es la condición para que cualquier norma tenga efecto; las Comisiones Ejecutivas del Ministerio Público y del Poder Judicial permanecen intocadas y no hay absolutamente nada aprobado en términos de reforma electoral. Finalmente, y bajo el manto de una supuesta reconciliación nacional, se pretendió condicionar todo el proceso a la aprobación de una disposición que consagre la impunidad.
En el camino, y como parte de la estrategia global del régimen, la subcomisión investigadora del caso Kouri había aprobado por mayoría el que sea archivada, la Fiscalía archivó las acusaciones sobre los casos Kouri/Montesinos y del fraude de las firmas y la Mesa Directiva se hizo ratificar con la complicidad candorosa de la oposición democrática que creyó, una vez más, en la palabra de los tránsfugas y en sectores del oficialismo.
En todo este tiempo la oposición partidaria tanto en la mesa de diálogo como en el Congreso, tuvo un comportamiento esencialmente reactivo. Los movimientos determinantes fueron siempre de los representantes del oficialismo que dejaron a los voceros de los partidos democráticos en situación por demás desairada. Sus intentos por diferenciar a "duros" y "blandos" dentro del régimen no les produjeron los más mínimos réditos.
El retorno de Montesinos y los hechos que se sucedieron posteriormente determinaron una intervención cada vez más directa de los Estados Unidos. El embajador americano presionó a un Fujimori cada vez más acorralado que se vio obligado a dar algunos pasos para intentar llegar al 28 de julio. Los cambios en la cúpula castrense, aunque marcadamente insuficientes en el caso del Ejército, iban en esa dirección y complementaban los acuerdos iniciales de la mesa de diálogo que apuntaban a destrabar la situación.
Aunque con dificultades y fragmentadamente, la sociedad también fue jugando su rol. La calle fue cada vez más frecuentemente el escenario de su expresión. La movilización de sectores de la población contra el régimen político en las principales ciudades del interior -Arequipa, Puno, Iquitos, Cusco, entre otras-, la actividad persistente de distintos colectivos de ciudadanos (Sociedad Civil, Mujeres por la Democracia, La Resistencia) y la protesta de los universitarios se fueron haciendo cotidianas. A ellas se sumaron distintas luchas sectoriales ligadas a demandas particulares en un contexto económico que se agrava día a día. El Paro Agrario de inicios de octubre o las Jornadas de Lucha de la CGTP forman parte de las mismas y contribuyeron a erosionar la capacidad del régimen político. Los empresarios ya no fueron capaces de esconder su preocupación y de los murmullos de incomodidad, lentamente pasaron a expresar su malestar en voz cada vez más alta.
Por si fuera poco, el alzamiento del Comandante Humala, más allá del juicio que nos merece, demuestra las dificultades del arreglo institucional que se intenta, en particular en el Ejército. La reconsideración a su retiro injustificado planteada por el General Tafur desde Rusia es otra señal clara de que las turbulencias aún están lejos de terminar.
La oposición democrática, en este contexto, carece de instrumentos de presión mientras que la sociedad civil, prácticamente ausente del diálogo, no se siente cabalmente representada en un espacio en el que cada vez cree menos.
La unidad como la única estrategia posible
La desarticulación entre la gente y la oposición democrática así como las debilidades de ambas, constituyeron hasta hace unos días parte de la fortaleza de un régimen político que se sentía con capacidad de imponer la impunidad que buscaban. Aislado internacionalmente, agobiado por la crisis económica, crecientemente censurado por la opinión pública, confiaba aún entonces en la manipulación que ejercía sobre las Fuerzas Armadas y su institucionalidad para crear las formas y los mecanismos que le permitan mantenerse incluso más allá de las nuevas elecciones.
Esa posibilidad ya no existe hoy día. El presidente Fujimori ha terminado de perder toda credibilidad y se hace cada vez más imperativo definir las características del mandato para un gobierno de transición así como el camino menos traumático para garantizar su conformación. En este escenario, la oposición democrática tiene varios desafíos en el corto plazo. En principio, tiene que convencer a la opinión pública de su unidad y de su disposición a sacrificar los pequeños intereses de grupo. Más allá de la unidad que dicen tener en el diálogo, deben demostrarla ante el país. En esa perspectiva, los partidos que participan en la mesa de diálogo están en la obligación de redefinir su estrategia y de precisar el sentido tanto de ese espacio -que creemos no debe abandonarse- como de su presencia en un Congreso absolutamente deslegitimado. Dicha estrategia que debe tener como norte la constitución de un gobierno de transición y la realización de nuevas elecciones que permitan el inicio de la transición democrática sin condiciones de ningún tipo que demandamos los peruanos, tiene que articularse a la movilización directa de la gente que es la principal fuerza con la que se cuenta en esta coyuntura.
El tema de la reconciliación nacional debe abordarse de cara al país una vez constituido un gobierno legítimo. Ese proceso habrá que hacerlo mirando la experiencia de otras sociedades que han vivido procesos similares, recordando que no hay reconciliación con impunidad, que la condición previa para ese proceso es la información y el conocimiento público de la verdad y la determinación de las culpas para su posterior reparación.
Hoy, se trata de crear las condiciones para que ese proceso sea posible. Se trata por lo tanto de terminar con un régimen político ya agotado. El ingeniero Fujimori, lo demuestran los sucesos de estos días, carece de la capacidad tanto para deshacerse de sus principales socios cuanto para controlar a su otrora poderoso "coro" que tiene que retirarse con él. Los partidos de oposición democrática, los movimientos sociales, las instituciones y los ciudadanos del país tenemos la responsabilidad de lograrlo.
