El país, en medio de la esperanza y el entusiasmo que despiertan el doctor Paniagua y su Gabinete, que constituyen la reivindicación más clara de nuestra dignidad, está viviendo con perplejidad y preocupación creciente estos días. Los destapes y las denuncias se suceden con la misma rapidez con la que los otrora secuaces y defensores del fujimorismo cambian de camiseta y devienen en novísimos desengañados por las maldades del ingeniero y su asesor. Periodistas ayer incondicionales, empresarios antes obsecuentes, políticos dóciles, funcionarios serviles y hasta el Embajador de un gobierno complaciente y tolerante con el régimen político anterior, se desgarran al unísono las vestiduras, tratando de sacudirse de la complicidad que marcó su comportamiento y que les permitiera importantes beneficios en la década pasada.
La corrupción que caracterizó a la gestión anterior aparece por todos lados. Tráfico de armas, narcotráfico, negociación de los papeles de la deuda externa, privatizaciones, la gestión de los principales programas sociales...Prácticamente toda la actividad del Estado aparece convertida en negocios privados; en el botín de una mafia moderna que se hizo de un país durante una década, arrasando con sus más mínimas formas institucionales y construyendo una red muy densa y compleja de clientelismo y subordinación, que como es obvio, tiene raíces muy profundas.
En este escenario, la tarea del gobierno de transición, agravada por las severas restricciones que determina una economía exánime y claramente saqueada, se hace más difícil aún por la fuerza que siguen demostrando los principales operadores del anterior régimen político. La aprobación del distrito electoral único y la elección de los nueva mesa directiva del Congreso constituyen demostración cabal y escandalosa de lo que afirmamos.
Como ya está demostrado, el distrito electoral único fue decidido fundamentalmente por los parlamentarios de la que fuera la anterior mayoría oficialista. Amparados cobarde e irresponsablemente en el voto secreto y apoyados silenciosamente, como ocurrió con frecuencia a lo largo de la década pasada, por varios votos de supuestos opositores, empezaron a desnudar una vez más las debilidades y las incongruencias de una oposición parlamentaria más interesada en asegurar su reproducción que en crear las condiciones para una transición real a la democracia en el país. Podemos todavía esperar que la movilización ciudadana y las presiones del Ejecutivo y del Poder Electoral obliguen a un cambio, pero es claro que estamos advertidos sobre lo que podemos esperar de este Congreso.
Más grave aún. La elección de la nueva mesa directiva del Poder Legislativo terminó de mostrar los limitados intereses de la clase política que allí actúa. El acuerdo entre Perú Posible, el principal grupo opositor cuyo mérito mayor hasta ese momento había sido el de mantenerse firme en el rechazo a cualquier arreglo con el fujimorismo, y Absalón Vásquez, uno de los operadores más claros de aquél y directo responsable de la falsificación de las firmas que permitieron su inscripción para los comicios pasados, evidenció la miopía de sectores significativos de la oposición.
En pocos días, Absalón Vásquez le demostró al país el poder que mantiene el régimen fujimorista: inició la campaña de su candidato presidencial Carlos Boloña, le infligió una herida grave a la credibilidad de quien fuera el principal opositor del régimen del que formó parte destacada, Alejandro Toledo, dividió a Somos Perú y desacreditó una vez más al Congreso y a la política.
La sociedad civil y los ciudadanos todos estamos advertidos. Recuperar el camino de la movilización y la presión permanente es la única garantía que tenemos para llevar al país a buen puerto. Es muy poco lo que podemos esperar de los políticos instalados en el Congreso y es evidente que aunque importante, no basta con contar con un mandatario digno. Ni la vergonzosa huída del ingeniero Fujimori y la desaparición de su socio Montesinos suponen el fin del régimen que construyeron a lo largo de la década pasada, ni la supuesta sorpresa de quienes fueron parte de dicho régimen, algunos de ellos travestidos de opositores, es tal.
Hoy día tenemos la obligación de exigir claridad y transparencia a quienes quieren representar los intereses del país. Quienes pretenden dirigir el destino nacional a partir de julio del próximo año tienen que precisar sus propuestas frente a nuestras principales necesidades -empleo, descentralización, educación, salud, institucionalidad, derechos económicos, sociales y culturales- pero también tienen que demostrarnos cotidianamente su deslinde con el fujimorismo y con cualquier posibilidad de impunidad.
