La corrupción, como el clientelismo y la manipulación política, tiene larga data en el país. No la inventaron Alberto Fujimori ni el «Doc» Vladimiro Montesinos. Su «aporte» fue más bien, por primera vez en la historia peruana, haberla convertido en un sistema de gobierno.En sus manos se volvió una práctica sistemática, intensiva y extensiva. Fue el mecanismo por excelencia para el control de la estructura del Estado, para la manipulación de la sociedad y para su perpetuación en el poder.
El copamiento de la estructura estatal resultó una necesidad para el manejo mafioso del país. El Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el JNE se sometieron al control del Ejecutivo fuji-montesinista. La honrosa excepción fue la Defensoría del Pueblo.
El corazón del sistema estaba en el Ejecutivo. El entonces presidente Fujimori era la cabeza visible de un esquema de control y manipulación, que tuvo en el asesor Montesinos a su principal operador. Pero no el único, ya que el nombre del ingeniero agrónomo Absalón Vásquez también aparecía recurrentemente.
Entre estos dos últimos se produjo algo así como una división del trabajo, que correspondía a los antecedentes profesionales y políticos de cada uno y que les permitió construir sus propios nichos de poder.
Mientras Montesinos era un hombre de Inteligencia, acostumbrado a moverse en las sombras y al manejo de los hilos internos del poder, Vásquez en cambio se remontaba a su historial aprista y prefería el «contacto» con las «bases».
El "Doc" se ocupaba del manoseo del funcionamiento de los sectores claves al interior del Estado y del envilecimiento tanto del staff estatal, como de la élites políticas, mediáticas y empresariales.
Vásquez, más bien, estaba muy interesado en aquella parte del aparato del Estado vinculada a las organizaciones sociales. Principalmente, en los llamados programas sociales. Igualmente en los municipios y en los gobiernos regionales transitorios. Lo suyo eran las «masas», las «organizaciones de base».
Dentro del Ejecutivo, el esquema de control establecido por el régimen anterior se concentró en tres grandes sectores: economía; fuerza armada y policía; y en aquellos ministerios que administraban los programas sociales.
Desde el Ministerio de Economía no sólo se manejaba la política económica neoliberal, sino también la provisión de recursos para los diversos sectores y programas. Los más beneficiados con los dineros públicos fueron tanto aquéllos donde se concentraron los negocios sucios -los ministerios de Defensa e Interior-, como los que administraban los programas sociales, especialmente el Ministerio de la Presidencia y el Promudeh.
Mientras tanto, el manejo de la economía fue sustraído al escrutinio público. Había contantes razones para ello: el sospechoso negocio de los papeles de la deuda, misteriosos viajes a Moscú relacionados con una deuda rusa que acabó varias veces multiplicada, los escandalosos favores a bancos amigos en problemas, los decretos secretos y la caja negra que los proveía.
En el Ministerio de Defensa y en Interior estaban las operaciones encubiertas y la represión. Pero también los negocios oscuros. Allí estaba el SIN y sus operaciones secretas, que incluían las manipulaciones psicosociales, el sembrado de provocadores, el espionaje y hostigamiento a los adversarios, y la tortura y el crimen a cargo de tenebrosos «escuadrones de la muerte».
En esos ministerios se encontraban también el tráfico de armas, las compras de chatarra militar y los tratos con el narcotráfico, que proveían de fondos a las actividades clandestinas del SIN, a los actos de corrupción política de representantes y altos funcionarios públicos, y que asimismo dejaron pingües ganancias a varios generales, a afortunados empresarios privados y a Montesinos. Éstos obtuvieron asimismo jugoso provecho de la saqueada Caja de Pensiones Militar Policial.
El esquema de la corrupción no era ajeno al conocimiento del entonces presidente Fujimori. Ahora se sabe, por ejemplo, que las compras de aviones rusos, o el alquiler de un helicóptero a la ONU, efectuados con montos sobrevaluados y que dejaron millonarias comisiones a quienes llevaron adelante las operaciones, fueron directamente manejadas por él.
Los recursos para la manipulación política, el chantaje y hasta la corrupción de un grueso sector de la población se manejaban desde los denominados programas sociales.
El Ministerio de la Presidencia y el Promudeh concentraban la «ayuda» a la población más necesitada, cuya distribución tenían como condición las necesidades políticas del jefe de Estado y el apoyo a éste.
El Ministerio de la Presidencia pasó a ocupar un rol primordial y a concentrar recursos y acciones antes encargadas a otros sectores, como, por ejemplo, las construcciones escolares. Obras que antes correspondían a los municipios fueron absorbidas por el nuevo monstruo, que se hizo cargo hasta de la instalación de pilones de agua en aldeas remotas del territorio nacional.
Simultáneamente, el Promudeh se encargaba de focalizar la acción en un segmento donde la pobreza, el desempleo y la desescolarización golpean más: las mujeres.
En el Ministerio de la Mujer las labores de alfabetización -que también realizaba el Ministerio de Educación- estaban a cargo de un Programa, pero a su vez eran asimismo ejecutadas por Cooperación Popular.
En este esquema de funcionamiento del Estado no importaba si varias oficinas -en un mismo o en distintos ministerios- realizaban idénticas y repetidas funciones. La eficiencia no se medía por el uso eficaz y económico de los recursos sino por los resultados políticos.
También en el Promudeh, como en otros ministerios, la estructura organizativa semejaba en cierto modo una pirámide sin base, en la que había oficinas que actuaban cual compartimentos estancos, sin relación entre sí. Peor aún, sin dar cuenta de su trabajo a quien era titular del sector.
Entre otros, ese fue el caso del Pronaa, importante programa encargado del reparto de alimentos a la población más pobre, que a pesar de integrar el Ministerio de la Mujer era directamente manejado por el entonces presidente.
Consecuente con un estilo personalista que se acentuó tras el golpe del 5 de abril de 1992, Fujimori concentraba los favores y las decisiones. Su imagen era la personificación de un Estado derrochador de dádivas, en el que asumía el monopolio de la representación política. Cual un Luis XIV «chicha», el Estado era él mismo.
La caída de Fujimori y de su gobierno fue un derrocamiento mediático. Los videos reveladores de la corrupción y de los tenebrosos manejos políticos de su administración precipitaron su desastre, que también ha dejado muertos y heridos entre empresarios, políticos de diversas tiendas, magistrados, periodistas y personajes de la farándula.
El gobierno de transición, presidido por el doctor Valentín Paniagua, ha adoptado desde el inicio algunas medidas orientadas a desmontar el esquema armado por el fujimorismo al interior del Estado: la remoción de funcionarios de confianza del anterior régimen, el procesamiento de los involucrados en la corrupción o en infracciones a la Constitución, el Decreto de Transparencia, para garantizar el manejo limpio de los recursos del Estado y la neutralidad del mismo en el proceso electoral, la desconcentración de funciones -tanto dentro como fuera del Ejecutivo-, la despersonalización del gobierno, etc.
La imagen que buena parte de la población tiene del nuevo gobierno es positiva. Nadie espera que en el corto tiempo que estará al frente del país resuelva la crisis económica. En cambio, sí que lleve a cabo unas elecciones impecables y, sobre todo, que la corrupción no quede impune.
Pero no todo es color de rosa. Los mafiosos de ayer pretenden aparecer como víctimas de una inexistente persecución política. De cuando en cuando amenazan la precaria correlación de fuerzas establecida en el Congreso.
Dentro de la administración pública se han cortado las cabezas y algunos brazos de la corrupción, pero todavía quedan algunos miembros del monstruo. Sobre todo en el Poder Judicial.
El gobierno mismo adolece de debilidades estructurales: carece de una organización política propia que le dé sustento; tampoco cuenta con organizaciones sociales de base. Ello lo hace depender, en parte, de la buena voluntad y capacidad de organización de algunos partidos políticos -más preocupados ahora por la campaña electoral- ante eventuales ataques de los leales a Alberto Fujimori.
Hay múltiples aspectos de la cultura política del país que propician la corrupción y que el gobierno del doctor Paniagua no podrá modificar radicalmente en el corto período de su gestión.
El clientelismo no resulta sólo de la iniciativa del político que lo propicia, sino también de una costumbre arraigada sobre todo entre los más pobres. La dádiva, el uso del Estado como prebenda, es una práctica bastante extendida incluso entre algunos de los partidos que hoy se llaman democráticos. También lo son el personalismo y las prácticas autoritarias de los dirigentes. La mendicidad como forma de vida y la personalización del poder tienen muchos intereses en común.
La larga tradición de corrupción en la administración pública ha corroído el espíritu de muchos funcionarios públicos mal pagados. La pequeña coima para agilizar un trámite es toda una institución.
A lo largo de años, la informalidad en el gasto, en los nombramientos, en los contratos, en las acciones, la duplicidad de funciones, ha creado un río revuelto que ha sido ganancia de «pecadores».
No ha sido totalmente erradicada la mentalidad militar que concibe el gasto militar como una gestión secreta y el trabajo de Inteligencia como una acción clandestina.
¿Qué garantía hay de que más adelante el país no vuelva a lo mismo? ¿Continuará el próximo gobierno la línea de transparencia en la gestión pública establecida por el actual? ¿Lo haría, por ejemplo, un nuevo régimen del doctor García o uno de Boloña? ¿No cederán Toledo y Lourdes Flores a las demandas de sus partidarios que hoy llenan sus locales con la esperanza del «puestecito» de mañana?
¿No sería deseable que los partidos políticos suscriban un compromiso para prevenir y combatir la corrupción, la de hoy y la que pudiera aparecer en futuros gobiernos?
"Pensamos que el Comité Sectorial de Transparencia debería ser una institución permanente en todos los ministerios, encargado de aprobar un plan de probidad, de ver los puntos críticos que eviten que se genere corrupción en la administración pública", sostiene Susana Villarán, titular del Promudeh.
Una exigencia de la población es que los actos de corrupción, los crímenes contra los derechos humanos y los atentados contra la Constitución cometidos durante la «década perversa» sean sancionados con la máxima pena que prevé la ley. Asimismo, que se establezcan sanciones penales e inhabilitaciones políticas más severas para quienes en adelante incurran en los mismos.
Del mismo modo como ahora se habla de una Comisión de la Verdad para investigar los atropellos a los derechos humanos u otra para destapar los casos de corrupción, resulta indispensable incorporar de modo permanente a la sociedad civil los mecanismos de fiscalización de la gestión pública.
Igualmente, que la transparencia alcance también a los medios de comunicación, particularmente a la televisión. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en una gestión de ésta en la que participen mayoritariamente las organizaciones representativas de todos los sectores de la sociedad?
Seguramente habría una televisión distinta, independiente del Estado, pero también de los intereses privados que participaron de la corrupción y que la han llevado a su peor crisis.
