- El problema de eso es que desde el lado empresarial se le quiere dar una connotación de impulsar la inversión minera, ése es el eje principal. Desde nosotros, si bien el Perú ha sido exportador de minerales desde la Colonia, eso no significa que el país sea viable solamente con la minería. Todos son conscientes de que el Perú es viable en un esquema en el que se impulse la agro-industria, el turismo, la construcción, en un esquema de descentralización con reactivación del mercado interno. La minería solamente es un acompañante del proceso, del modelo. Somos conscientes de que hay que cambiar un modelo basado en la minería como generador de excedentes. Minería, Telefónica, bancos, AFPs, compañías de seguros, empresas vinculadas a servicios básicos... Ésas son las mayores fuentes de excedentes, por lo tanto de pago de impuestos. Para hacer un giro de 180 grados a este modelo, la primera pregunta es: ¿sobre qué base social vas a generar todo este cambio? Y la estructura de poder, prácticamente para viabilizar un modelo alternativo. Nadie está en contra de la minería, como se quiere presentar nuestra posición, desde la Conacami y las ONGs. El problema no es ése. Somos conscientes de que la minería es necesaria, porque de la noche a la mañana no vamos a decir «no queremos que se exploten los minerales». Son seis mil millones de dólares en importaciones. Ahora, que se diga que la minería es para pagar la deuda externa es un poco relativo, porque ella representa el cuatro por ciento de los ingresos tributarios del Estado. Cualquier ciudadano común y corriente paga el 18% de IGV, ellos pagan entre 10 y 12%. La minería es importante por la disponibilidad de divisas y punto. No genera puestos de trabajo de manera sustancial. Hay que entender que la minería no va a generar un desarrollo sostenible. La minería por sí misma es una actividad no sostenible. La actividad minera es contaminante, es destructora. Ahí hay un problema, detrás de la concepción de país minero: que el sector minero sigue siendo el eje fundamental del proceso y los mineros obviamente sentados en su banco de oro, la mayoría vive en Miami, no les interesa mucho. Tú le preguntas a Benavides por qué no hay un desarrollo de la agro-industria, desarrollo de otros sectores, y te dice «no, ese no es problema mío, es un problema del Estado, es un problema de los empresarios industriales, no es un problema mío». Él se concreta a la actividad minera. Ésa es la concepción que está detrás, una concepción interesada de un país minero. Tenemos que seguir con la minería, cuidando el impacto ambiental, garantizando a futuro la industria y el turismo. Debemos lograr disminuir exoneraciones tributarias a la minería y quitarle parte de la torta que se está llevando. El Perú tiene una ventaja, tiene sus recursos nuevos, recién, con una ley muy flexible a partir del 92, el Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería, una serie de decretos que han impulsado y una alianza integral entre el gobierno de Fujimori-Montesinos con los mineros y con la CONFIEP. Esa alianza ha permanecido muy vinculada. Eso es lo que les ha permitido a ellos vivir una década de extrema bonanza, con una serie de beneficios y que se corta obviamente por razones políticas el 20 de julio del 2000.

-Tambogrande es el valle frutícola más grande del Perú, con 150 mil toneladas de producción de limón y 61 mil de mango. El caso de Manhattan es un caso que pinta de cuerpo entero tanto al gobierno de Fujimori-Montesinos, como la característica debilidad de un capital pequeño, como el de Manhattan. Manhattan es una compañía junior canadiense, tiene 62 millones de dólares de patrimonio. Ellos deciden el 93, frente a los altos costos de las regulaciones ambientales y de la energía, como la mayoría de los inversionistas mineros, ir a buscar minerales en los países pobres en desarrollo. Encuentran el 95, 96, en México la mina Maurice. La explotan y los problemas empiezan el 99, cuando deciden parar porque los costos van a ser mayores que los ingresos. Y comienzan el 98, 99, a buscar en Perú como sea un proyecto que les permita recuperar su capital y poder pagar el préstamo, una captura de dinero que tomaron de la Bolsa de Toronto. El gobierno anterior dice «acá tenemos un proyectito que el año 79, 80 tuvo un problemita», o un problemón con BRGM, la empresa estatal francesa que fue la que perdió el juicio con Yanacocha.

- Sí, es otro caso, pero ésta es la misma empresa que antes estuvo en Tambogrande el 79, 80 y que la población le hizo paros, movilizaciones y huelgas, y logró que se retirara. O sea que ya existía el antecedente de Tambogrande. Y lo sabía muy bien el gobierno y lo sabía Manhattan; se estaba metiendo en un sitio complicado desde el punto de vista social para la actividad minera, un sitio que había avanzado mucho en la parte agrícola. Montesinos les dice ustedes entran. El 15 de mayo del 99 se firma el contrato de opción. Y el gobierno les dice «con este contrato de opción te vamos a dar tres años hasta el 2002 para que tú ubiques las reservas mineras, elabores el estudio de factibilidad del proyecto y diseñes el esquema de financiamiento del proyecto. Una vez cumplido con todo esto, o tú ingresas a ser inversionista o se vende a un tercero, o ya se ve el mecanismo». Terminado esto se vuelve a formar la empresa minera Tambogrande, 75% Manhattan, 25% el Estado. En 1997 Manhattan había firmado un joint venture, un contrato de riesgo compartido con Buenaventura por cinco años, en el que Manhattan tenía que pagarles creo que 200 mil dólares por año. Entonces, ya el 97 tenía como socio a Buenaventura y el 99 se amarra con el Estado. Por eso es que decide entrar con todo ese respaldo de Buenaventura y con apoyo de Fujimori y de Montesinos a Tambogrande pateando la puerta. Le dicen al alcalde «mira, tenemos este decreto supremo, tenemos este contrato de opción, falta solamente que el municipio nos dé el permiso para entrar al área urbana a perforar». El alcalde lo único que hace es quedarse con los documentos, no llama a Consejo de Regidores, no llama a nadie y saca un Decreto de Alcaldía que dice «no hay ningún problema, toma el permiso». Eso fue el 18 de noviembre del 99. El 22 de noviembre se producen los primeros incidentes. Un choque frontal; la gente incendia dos camionetas, se producen enfrentamientos, treinta y ocho enjuiciados. Ese fue el primer punto y a partir de ahí Manhattan comenzó a trabajar dividiendo a la población. Lo que queda claro es que ellos asumieron su responsabilidad, su riesgo político desde un comienzo; sabiendo que había un problema, ellos asumieron el riesgo de entrar allí. Eso para que después no se diga que el Estado peruano tiene que devolver los 45 millones de dólares de su inversión.

- Claro, el Estado peruano dijo «entren», conociendo ese riesgo potencial con la gente.

- El alcalde emite el permiso y entran. Con el tiempo, la gente comienza a reaccionar hasta que llega el paro del 27 y 28 de febrero, donde la gente destruye todas las instalaciones de la compañía y ese punto para mí es clave, porque ahí Manhattan y la Sociedad de Minería, en conjunto, dicen «esto no puede pasar, de ninguna manera. Un inversionista minero no puede ser sacado de una población porque este es un pésimo ejemplo para que ocurra en Cajamarca, en Ancash, en cualquier lugar del país. Acá hay que hacer algo». Yo tengo una hipótesis. Lo asesinan a Godofredo García Baca, que era la persona que estaba fundamentando su posición de manera más clara y contundente frente a todos.

- Ya es cantado. Y es bien coherente el asunto. Incluso por todas las investigaciones que hemos hecho ahí. Se sabe que es gente de la zona, que antes ha asesinado a otra persona. Son asaltantes; ya todo el mundo los conoce, en la zona ya todo el mundo sabe quién ha sido. El único que no lo sabe es la policía. Ahora, ¿quién les ha pagado? Godofredo García había derrotado en todos los eventos a los mineros. Era agricultor, investigador, persona reconocida, líder aprista en la zona. Lo concreto es que se produce esto, les destruyen sus instalaciones, los sacan y se produce el asesinato. Ahora Manhattan no puede entrar a Tambogrande, está en Piura. El presidente del directorio de Manhattan allá ha renunciado. Habían tejido desde antes la idea de «nos están amenazando de muerte». Me llamó el presidente de Manhattan, «Juan, me dice, ha habido este problemón con el paro que han hecho, yo creo que son subversivos, violentos, acá hay un problema de la subversión». El problema de la subversión no existe, ese es el argumento que se tejió para levantar la candidatura de Boloña, pero nada de eso tiene que ver con el problema de Tambogrande. Ellos estaban alimentando la idea de que sus funcionarios estaban siendo amenazados y se produce una ola de asaltos previa al asesinato. Todo el mundo sabe en Piura que ellos mismos mandan a hacer las pintas que dicen «Manhattan asesino». Como no les liga hacerse las víctimas, es borrado tres días después. Estos acontecimientos han ido creando anticuerpos en la población de Piura. La compañía Manhattan lo único que hace es controlar a sus periodistas de El Correo de Piura y buscar el apoyo de la Municipalidad con la idea de que con la nueva propuesta de canon, los municipios provinciales son los que se van a benerficiar más.

- Hasta el momento es un actor mayormente manipulado por las empresas. Pero volviendo al asunto del escenario hoy. Manhattan está en la siguiente encrucijada. O regresa, bajo ciertas condiciones, o sea que se cumpla la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y la audiencia pública, lo que implica que no haya consulta a la población. El alcalde, que antes favorecía a la empresa hizo una consulta y obtuvo 28 mil firmas contra la minera. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Alargar lo más posible las cosas para que este problema pase al próximo gobierno.

- La primera lección es que tiene que haber necesariamente por parte del Estado una evaluación independiente. Conseguir esto yo sé que es difícil. Por ejemplo, al ministro de Energía y Minas ¿quién lo nombra? Carlos Herrera Descalzi está vinculado al Grupo Gloria. Él es un técnico en energía, centrales hidroeléctricas y todo ese asunto. Y ha trabajado para el Grupo Gloria, que ha comprado la mayor parte en el proceso de privatización, se han quedado con parte importante de las centrales hidroeléctricas del Estado. Entonces, se venía un proceso de privatización; el ministro no avisa y comenzó a dilatar un poco el proceso de privatización ¿por qué? Para darle tiempo a Gloria para que se presente. El vice ministro, Humberto Montes, fue el encargado de hacer esto, tuvo un papel francamente lamentable, porque fue el que aportó un poco la gasolina para el paro: mandó una carta diciendo «si no quieren ustedes la minería acá, les vamos a expropiar, les aplico la Ley de Servidumbre»; lo dijo, y por escrito. El viceministro, ¿de dónde viene? Ha trabajado en Atimsa, que es una consultora dependiente de Doe Run, que se quedó con el complejo de La Oroya, que dice que es del Grupo Renco. Esta persona no va a garantizar nada. ¿Quién nos garantiza que exista una evaluación ambiental independiente? Si el Ministerio está plagado de gente que defiende intereses y no tiene mayormente un interés por el país. Esa es la primera e importante enseñanza.

- Eso es lo que ha primado entre el 92 y el 2000.

- Yo creo que siempre hay un nivel de influencia muy grande del empresariado minero en el poder político. Hay mucha influencia.

- Más poder. Les preocupaba demasiado la entrada de Toledo. Hasta qué punto podrían continuar con este festín, este tipo de relaciones absolutas. Ellos se insertaron en la estructura de poder de Montesinos y Fujimori, o sea que les interesa entrar al Poder Judicial, las dependencias policiales y las decisiones políticas que se toman en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Energía y Minas. Antes era más fácil, hasta el 2000, con un nivel de influencia en la estructura de poder, y siempre la han tenido. Los empresarios mineros han sido la expresión del modelo anterior. Por eso es que han estado a la cabeza con Roque Benavides y han sido la expresión del fujimorismo en la CONFIEP. Este modelo alternativo les cambia todo, ellos no quieren perder su cuota de poder. Están desesperados «ojo, no nos van a reducir la inversión, queremos ampliar la inversión minera, nosotros ofrecemos ampliar las exportaciones, dénnos el poder de siempre. Cuidado que se tiren contra la minería, la minería tiene que ser atractiva; cuidado que se vaya la inversión a Chile, a otro sitio». Cuando la inversión difícilmente se va a ir a otro sitio porque los minerales nuevos están acá. El Perú es el primer productor de oro en América del Sur. Ya hemos pasado a Brasil; estamos sobre las 150 toneladas al año.

- Claro. Estamos en una situación donde cambia la tecnología, cambian las gobiernos, pero ellos siguen bien aferrados a la estructura de poder político y se sienten muy bien en términos de la reprimarización de la economía, siguen siendo el poder. Pero no hay una idea de cómo vamos a lograr el desarrollo de esas zonas del entorno de las minas. Le echan la culpa a la mala aplicación del canon. El canon es el 20% del impuesto a la renta. Ellos están de acuerdo que sea el 30%, como han bajado el impuesto a la renta de 30 a 20, entonces quieren que sea ahora el 30% para que compense -y no del impuesto a la venta, sino de todos los impuestos- y que se aplique desde la fase de exploración. Pero eso tiene su doble finalidad y un poco eso te contesta a la pregunta sobre el rol que pueden jugar los municipios. La idea de la Sociedad de Minería es comprometer a la mayor cantidad de municipios para que respalden la inversión minera. Si cambian, este nuevo canon sería desde la fase de exploración y que se aplique sobre todos los impuestos que está pagando la minería desde el comienzo y que vaya prioritariamente al municipio distrital, allí donde está el inversionista minero. Consiguen un aliado más frente a las comunidades. Qué va a plantear la comunidad. Se tiene que aplicar el canon no sobre la base del impuesto a la renta, como se ha aplicado hasta ahora; debería aplicarse por definición, sobre la base de las ventas. El canon por definición es la compensación económica que se hace a una zona por la extracción de un recurso natural, que en este caso es no renovable.

- Si tú consideras un montón de gastos para que tu base imponible sea bien chiquita y por lo tanto el impuesto a la renta sea bien bajo, para qué dejar plata a un Estado de un país de pobres si puedo mejorar mi imagen en la Bolsa aumentando los gastos, aumentando la inversión en otros sitios, o sea gastando en un montón de cosas, dejando el mínimo de renta. ¿Para qué voy a demostrar que hay una renta grande acá? Inclusive le das el beneficio de la reinversión de utilidades. Hasta el 80% de la venta si tú la reinviertes, estás libre de pagar el impuesto a la renta. Ese era el beneficio que les han quitado, temporalmente. Las inversiones que ya estaban en camino las siguen ganando, o sea que se afectan los nuevos, que no son muchos.

- La minería ha sido siempre la cenicienta. Y las exoneraciones tributarias que aplica un gobierno no pueden ser permanentes. Tienes que ser eficiente por ti mismo y tener la capacidad de dejar algo también al país de donde estás extrayendo los recursos.

- Yo no lo diría así. Claro, hay una especie de identificación entre el pequeño y el mediano; probablemente son nacionales. Pero ha habido un cambio, por ejemplo los nacionales se han articulado con capital transnacional. El Grupo Benavides siempre ha estado aliado con capital americano, siempre lo vas a ver aliado.

- Claro, tradicionalmente han sido los ingenieros que han abierto sus minas, que han hecho denuncios, pero cada vez son menos. Todos los proyectos son medianos o grandes, los pequeños no tienen el capital para tener acceso a ese tipo de tecnología, no tienen el capital para hacer inversiones altas. Se tendría que seguir con la tecnología anterior, que es altamente contaminante, sobreexplotas tremendamente la fuerza laboral, le pagas una miseria y los accidentes fatales son recurrentes. No han tenido las condiciones, es probable que tengan algún beneficio, pero digamos que es muerte lenta. Los pequeños mineros son los que están produciendo por debajo de 250 toneladas por día.

- La estrategia pasa en este momento por un reacomodo con el nuevo gobierno, para ver de qué manera siguen validando su nivel de influencia política, su poder. A pesar de la disminución de las exoneraciones tributarias. La estrategia de ellos es seguir en el país consolidando un nuevo nivel de influencia política. Teniendo tranquilas a las zonas donde ellos están trabajando y teniendo como aliados a los municipios. Y una forma de tenerlos aliados es que se discuta el proyecto de canon que ellos quieren y se apruebe. Pero dentro de la estrategia de las compañías es buscar aliados para entrar en las comunidades.

- No para convivir, exactamente. Es el caso de Yanacocha. Entran con una estrategia, primer gran error. Contratan a funcionarios peruanos para el diseño de su política empresarial y su relación con la comunidad. Y ahí hay un maltrato total; les pagan poco, los engañan. Newmont le cede todos los derechos a Buenaventura y ésta se maneja como lo hizo en Huancavelica, a lo tradicional. Yanacocha termina teniendo un poder absoluto en Cajamarca. Cuando vas a Cajamarca respiras el poder de la compañía, desde los jueces, el director de salud, el rector de la universidad, todo el mundo. Gracias a la fortaleza de estas comunidades que han estado presionando, el alcalde cambia de posición por efecto de dos cosas: de este movimiento campesino que ha estado creciendo y de la decisión de Buenaventura de pagarle cuatro millones de dólares a Montesinos para ganarle el juicio a BRGM. Eso de alguna manera ha resultado una estrategia negativa, ese dominio del que estamos hablando. Dominar la estructura de poder con nuevos métodos.

- Yo creo que tiene una relación interesante con los mineros, pero veo que a estas alturas del partido lo que va a mandar es cuántos recursos se retienen por parte del Estado para hacer lo que ellos piensan hacer. Ahorita necesitan dinero a gritos. Están tratando de reactivar la economía, en primer lugar. Entonces no queda más remedio que quitarles las exoneraciones tributarias. Las inversiones estaban aseguradas hasta el 2007. Más de 7 mil millones de dólares desde el 99 hasta el 2007. De lo que se trata ahora es de ver, para Kuczynski, cómo se juega con ese sector minero sin parar la inversión, demostrando que es posible que entren a otros proyectos manteniendo cierta flexibilidad para la inversión dentro de un marco adecuado, pero ese marco adecuado lo evalúa seguro Kuczynski diciendo «creo que se puede mantener sin estas exoneraciones porque el Estado las necesita, pero vamos a darles más información, apoyarlos en otras cosas para que puedan ubicar algunos depósitos mineros». Yo creo que los empresarios deben entender que tienen que estar en un punto subordinado. No pueden seguir siendo las estrellas. No pueden seguir pensando en cómo recupero las exoneraciones, cómo tengo aliados en los municipios y cómo logro neutralizar a las comunidades. Y lo están haciendo mal, incluso. En algunos casos tirándose contra las ONGs. Yanacocha te dice una cosa, pero en la práctica hace exactamente lo contrario. El que tiene el mejor discurso, progresista, magnífico, es Antamina. Tiene un discurso brillante, que si lo llevara a la realidad sería para sacarse el sombrero, pero cuando tú lo ves en el terreno, es la misma chola. ¿Qué hicieron con los pescadores? Les dieron 150 soles como crédito, para que no digan nada. Ahora viene el problema, el Estado tiene que estar presente, ahora la sociedad civil tiene que tomar el toro por las astas y las ONGs que venimos empujando para que la sociedad civil tenga más elementos, eso sí le crea un problema a la compañía.

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(*) Ingeniero economista. Responsable del Programa de Investigación y Promoción Minería y Comunidades del Grupo de Investigaciones Económicas ECO.