Miguel Palacín es presidente de Conacami, Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la minería, constituida en 1999 a raíz de conflictos surgidos en la sierra central y que agrupa a comunidades de 13 departamentos del Perú.

-El Estado ha reconocido, a través del proyecto especial de titulación de tierras, a 5660 comunidades en todo el Perú, de las cuales 3200 tienen denuncios mineros en su territorio. 1100 en una fase de exploración, 250 en trabajos de explotación minera y el resto no están identificadas. Otras comunidades ni siquiera tienen conocimiento de que sus territorios están denunciados.

-El conflicto siempre ha existido donde ha habido actividad minera. Por el uso de las tierras, por contaminación, básicamente en la sierra central, entre Pasco, Junín, Huancavelica, Arequipa. Pero a raíz de que se promulga una nueva Constitución y se da la ley de promoción de inversiones en el sector de Energía y Minas, y con nueva legislación, se producen los conflictos.

-Porque el Estado facilita que una cuadrícula mínima en un denuncio minero sea de 1000 hectáreas. Entonces el Ministerio de Energía y Minas (MEM) cree que el país es una mesa que saca por cuadrículas y entrega en concesión. El año 92 había cuatro millones de hectáreas denunciadas en todo el país, hoy sobrepasan los 25 millones. En estos 25 millones de ha, se encuentran poblaciones, parques nacionales, ríos, lagunas, bosques, etc. Eso es lo que ha permitido que vengan empresas transnacionales, sobre todo empresas junior canadienses que realizan trabajos de exploración. Recién en ese momento las comunidades se enteran de que sus territorios están siendo denunciados. Incluso comunidades íntegras han sido denunciadas.

-Por ejemplo, en Cajamarca, el primer tema de conflicto es por el uso de la tierra. Minera Yanacocha ha comprado entre 50 a 100 soles la hectárea. El segundo tema es por la contaminación. El otro punto de conflicto es en Ancash, por la instalación de Antamina. En el sur, BHP. Selene, en Apurímac. Son inmensas áreas de tierras que han sido denunciadas, porque los nuevos proyectos mineros se desarrollan en 2000 a 3000 hectáreas como mínimo. Eso significa el desplazamiento de poblaciones, la disminución de los niveles de producción para los campesinos y que gran parte de las fuentes de agua hoy estén bajo control de las empresas mineras y sus relaves vayan a dar a los ríos.

-Una consecuencia es que llega población de otros lugares en busca de empleo, que tuguriza y encarece las ciudades cercanas a la mina. La otra es el tema cultural, con gente que llega de otras ciudades mineras con costumbres ajenas a la población. Por ejemplo, en Cajamarca ya no existen rondas. Se ha incrementado la cantidad de bares, de night-clubs, de casas de cita. Según el Ministerio de Salud, sólo en Cajamarca hay 1000 prostitutas registradas. Y tras ello, la delincuencia. Están desapareciendo las faenas comunales en pueblos cercanos a las zonas mineras.

-Para afrontar un conflicto minero, la legislación está a favor de la industria minera. Durante el gobierno de Fujimori era imposible oponerse a la industria minera. Porque si tú no estabas de acuerdo con la inversión minera, te aplicaban la servidumbre, una expropiación disfrazada por parte del Estado. No se tenían muchas posibilidades, pero nos hemos organizado y hemos tenido éxito en algunos conflictos: la servidumbre minera no se ha aplicado en el país. Lo que han logrado, bajo la presión de esta servidumbre, es comprar las tierras de las comunidades.

-La servidumbre se aplica por necesidad pública. Una comunidad no se puede negar a la construcción de una carretera, una línea de alta tensión, agua potable, hospitales, etc. Pero una industria minera sirve a pocos, no es de necesidad pública. Bajo esta figura el gobierno ha proyectado aplicar un proceso de servidumbre minera cuando los pueblos no están de acuerdo con otorgar sus tierras para que se explote la concesión entregada por el Estado en el subsuelo. Es una ley arbitraria, anticonstitucional porque viola el derecho de propiedad de las comunidades. En el Perú no se ha aplicado la servidumbre a ninguna comunidad, pero bajo esa presión se ha llevado hasta la fase final donde comunidades ya vencidas han tenido que negociar o entregar sus tierras.

-Si la población se niega, la amenazan con aplicar la servidumbre. Es el caso de Tambogrande.

-Lo que ha hecho el Estado es promulgar un conjunto de normas para facilitar la inversión minera y ha abandonado. El MEM cree que las áreas denunciadas están libres; no saben que allí existe población, propietarios. El Estado es un gran ausente: legisla, abandona y en las regiones mineras se produce la ley del más fuerte. Todas las autoridades están sometidas: políticas, judiciales, los medios de comunicación. Todos juegan un rol a favor de las mineras.

-Se da en términos muy desiguales. Las comunidades no tienen el asesoramiento con el que pueden contar las industrias mineras. Los conflictos se resuelven mediante imposición. Las empresas imponen acuerdos, redactan documentos, tienen sometidos a notarios. Se negocia bajo condiciones extremas, en las que si las comunidades no aceptan se les impone la ley de servidumbre.

-No existe una legislación, son acuerdos extra judiciales.

-Con la Constitución anterior las tierras de las comunidades eran inembargables, imprescriptibles e inalienables, no se podían comprar, vender ni hipotecar. La Constitución del 93 dice que sólo son imprescriptibles; es decir que los títulos todavía tienen validez. Hoy las tierras de las comunidades se pueden vender, embargar, hipotecar. Bajo ese concepto, las empresas mineras compran las tierras de las comunidades. Luego de una investigación en Conacami, podemos afirmar que en el Perú no existe una legislación relativa a la venta de tierras en forma colectiva, sino individual. Las tierras de las comunidades no se pueden vender, tienen que estar de acuerdo las dos terceras partes de la comunidad y eso es imposible. Las ventas que se han hecho son nulas.

-Donde dan trabajo es en actividades temporales. Por ejemplo, en la etapa de exploración hay 20 personas. En la fase de instalación de la mina, se genera empleo en guardianía, choferes, limpieza, construcción de carreteras. Pero no es así en el propio trabajo de manejo técnico de la instalación de la mina; por ejemplo, trabajaron 3000 chilenos en Antamina. Una vez que se ingresa a la fase de explotación, es peor aún. Todo se hace con moderna tecnología y con personal calificado. A los pobladores locales no se les otorga empleo. Alrededor de las minas se está generando cinturones de pobreza.

-Ninguno. Lo que sí llega es al distrito donde políticamente está demarcada la comunidad. El canon minero representa el 20% del impuesto a la renta que está obligada a pagar la industria minera. De ese porcentaje, el 20% llega al distrito, 20% a la provincia, 20% a la región y el 40% es del Estado. Pero el gobierno está debiendo el pago del canon desde el año 92. En el gobierno de Fujimori se dieron beneficios tributarios en los cuales se incluía el canon. Si una industria minera llevaba a cabo reinversión de sus utilidades, no pagaba canon minero.

-En años anteriores, Minera Yanacocha debió pagar un canon por $10 millones, pero ellos reinvirtieron por $12 millones, entonces el Estado quedó debiendo $2 millones para el siguiente año. BHP Tintaya, una empresa transnacional, el año pasado pagó $3.50 por todo el año para toda la provincia de Espinar (Cusco).

-En que la industria minera debe ser una palanca de desarrollo para la región. Realizar algunas obras, convivir bien con las comunidades vecinas. Lo que hacen es limpiar su imagen, como lo está haciendo Doe Run en La Oroya. Después de la privatización, Doe Run ha incrementado los niveles de contaminación, pero luego arboriza y hace regalías en las comunidades, y éstas ya no protestan. Ellos llaman a esto licencia social. Es limpiar su imagen para la difusión.

-Técnicamente no están en capacidad de tenerla, mucho menos de conocer sus derechos. Pero sí saben lo que les afecta en la producción de su ganadería y agricultura. Los niveles de fiscalización del MEM en las regiones es nula, no existe. Entonces, ¿quién desarrolla la fiscalización de las mineras? Una auditora ambiental. ¿Y quién paga a la auditora? La mina. El empleado jamás va a informar mal sobre el patrón.