La corrupción que se vivió en el país durante el lustro 1995-2000 fue de carácter eminentemente político. Anidó, creció y se echó a volar -con el perdón de las aves- desde el mero centro del poder del Estado. Desde allí se corrompió a los privados (propietarios de medios de comunicación, empresarios, banqueros, etcétera) y a representantes del propio Estado (parlamentarios, magistrados, funcionarios del poder electoral, militares, etcétera). El Estado sirvió, pues, de asiento a la mafia y fue desde el Estado que se organizó un sistema a escala nacional.

Es importante poner énfasis en este rasgo principal de la corrupción en el Perú durante el segundo período del gobierno de Alberto Fujimori -que sin duda tiene antecedentes en el primero- porque usualmente los procesos de corrupción se originan en sentido inverso: son agentes del sector privado —empresas que quieren vender al Estado, por ejemplo, o grupos mafiosos externos al aparato gubernamental— los que sobornan o compran favores a los funcionarios públicos.

No fue aquélla la única forma de corrupción vigente durante ese período; sin embargo, fue de lejos la más significativa. La corrupción de los privados sobre los funcionarios públicos se mantuvo más o menos como siempre; pero la que orquestó, marcó el ritmo e impuso las condiciones generales de articulación y organización de la gran mafia fue la corrupción de origen político.

Es posible encontrar hasta tres fuentes principales de este proceso de corrupción política mafiosa que subordinó el aparato estatal a sus fines y que condicionó la actividad de sectores muy importantes del ámbito privado.

Un primer rasgo -y quizá el de mayor relevancia- es que durante la década de los noventa, contrariamente a lo que afirmaban las tesis entonces tan en boga, el Estado se fortaleció. Es verdad que a través de una modalidad autoritaria (aumentaron las facultades discrecionales del presidente y de los servicios de inteligencia), pero se fortaleció; o, si se quiere, se reconstruyó. El Estado peruano recaudó más, gracias a una agresiva política de captación de ingresos por parte de la Sunat; engrosó sus arcas con varios miles de millones de dólares como producto de la privatización; y el aparato gubernamental -particularmente el militar- se extendió en todo el país para enfrentar a la guerra subversiva.

Este fortalecimiento sui géneris del reconstruido aparato del Estado, después de su crisis de la década de los ochenta, se produjo de manera paralela a un debilitamiento generalizado de la sociedad. Y he ahí la mejor fórmula para alentar una corrupción política como la que se vivió en el Perú: fortalecimiento autoritario del Estado y debilitamiento extremo de la sociedad.

Basta recordar cómo se debilitaron los sindicatos, casi hasta desaparecer, y cómo las organizaciones barriales sufrieron un proceso semejante. Incluso a partir de 1995, y más específicamente desde 1997, los empresarios entraron en una grave falencia económica por causa de la recesión, lo que los hizo más dependientes aún del poderío estatal. Un dirigente empresarial de los últimos años de la década pasada decía que a fines de los ochenta el país estaba en crisis y quebrado, pero que los empresarios sobrevivían; por el contrario, a finales de la década de los noventa el Estado tenía recursos y estaba lejos de estar en crisis, pero los empresarios -o sectores muy importantes de los mismos- verdaderamente habían colapsado.

Un segundo factor que alienta la corrupción desde el poder es que, a la par del fortalecimiento del Estado y el debilitamiento de la sociedad, se generaliza una «cultura del secreto». No sólo el de aquel funcionario que no difunde ni permite el acceso a información referida a su trabajo -que debería ser pública-, sino el secreto que se origina en la guerra antisubversiva, en el conflicto militar interno que sufrió el país. La urgencia de derrotar a la subversión llevó a los gobernantes a esgrimir la necesidad de un secreto mayúsculo que condujo, además, a justificar medidas y decisiones arbitrarias del poder central y de las diversas instancias jurídicas, incluida la justicia militar.

Los operadores centrales del Estado -Fujimori y Montesinos- capturaron esta necesidad del secreto. Lo monopolizaron, lo instrumentalizaron a su favor al disponer, por ejemplo, la compra de armamento sin tener la necesidad ni el mandato de informar a instancia o persona alguna de qué manera se utilizaban más de mil millones de dólares. Este es quizá el ejemplo más extremo y espectacular.

Quebrada la sociedad, fortalecido el Estado y -nuevo ingrediente- la cultura del secreto creciendo exponencialmente en el contexto del conflicto militar interno, la fórmula «mejorada» permitió a los corruptos trabajar con manos y pies libres.

Un tercer factor es que el Estado, como se ha dicho, se fortaleció, pero como producto de una reorganización autoritaria. El Estado, en particular el poder ejecutivo, obtuvo más recursos -provenientes de la privatización, la mejor recaudación y los créditos de las multitalerales-, pero al mismo tiempo -vencedor de la subversión- resquebrajó y debilitó ya no sólo a la sociedad (que estaba en crisis desde finales de la década de los ochenta) sino a las propias instituciones estatales, sobre todo a los otros poderes del Estado. Las subordinó y sometió. El núcleo central del poder se hizo inmune a cualquier fiscalización. El autogolpe de 1992 fue, en este contexto, un viraje decisivo: el Parlamento pasó a convertirse en un apéndice del Ejecutivo y de la alianza Fujimori-Montesinos-cúpula militar. El poder judicial y el ministerio público no sólo fueron apéndices sino directos instrumentos de acoso contra adversarios políticos, así como fuentes de legalización de las tropelías cometidas por los operadores principales de la corrupción desde el centro del poder político.

A lo dicho se debe agregar que las normas y los valores de la moral pública dejaron de servir, colapsaron, entre muchos sectores de la población en el contexto de la crisis económica e institucional. El «sálvense quien pueda y como pueda» fue (¿es?) la consigna. La corrupción, o el comportamiento corrupto, obtuvo así una fuerte dosis de legitimidad social. La condescendencia o permisividad de los peruanos ante la corrupción tiene larga data en el país; sin embargo, en la última década adquirió una dimensión superior, se hizo «normal, nomás».

Hay sin duda en el país una corrupción institucional de antigua data, un sistema implícitamente aceptado -y alimentado cotidianamente- por amplios sectores de la población. Quizá las instituciones que más la han sufrido sean la policía y el poder judicial: un poco más, y su producto es considerado parte constitutiva del ingreso de muchos de sus integrantes. La población termina por aceptar como normal que se ejercite el acto de corrupción entre un policía y un chofer de un microbús, por ejemplo, o entre un litigante y algún funcionario del juzgado correspondiente, si de esa forma uno evita una papeleta y el otro se salva de un engorroso proceso u obtiene la copia de un documento más o menos importante.

Detrás de este tipo de conducta, que implica a buena parte de la población, hay dos ideas sobrentendidas: una primera, que el Estado no pertenece a nadie y, por lo tanto, a nadie afecta el arreglarse con un «cuánto hay»; la otra -el reverso de la misma medalla-, que el Estado es de quien lo posee en ese momento y tiene, por lo tanto, derecho a hacer lo que quiera con su porción de poder «privatizado».

Desde el punto de vista de los ciudadanos, la participación en el acto corrupto tiene implícito un cálculo de costo-beneficio que a veces resulta de una lógica implacable. Se dirá, por ejemplo, que es menos costoso pagar una coima que hacer una larga cola para obtener un documento. O, yendo a casos más extremos, que es altamente más beneficioso arreglar rápidamaente en una comisaría o un juzgado, con unos cuantos «verdes», y conseguir con esto una opinión a favor, antes que demostrar la inocencia luego de largos meses de carcelería y buena conciencia.

La corrupción tiene, pues, como fuente histórica principal, una determinada forma de ejercer el poder y relaciones de poder establecidas de un modo particular. Desde el punto de vista del que accedió a éste -y de tantos que quieren llegar allí cueste lo que cueste-, hay la tristemente generalizada idea de que una posición de fuerza dentro del Estado es una oportunidad en la vida que no se puede desperdiciar sin «ganarse alguito». Hay, también, una estructura de compadrazgo: si alguien tiene un puesto de poder, más importantes que las reglas del Estado son muchas veces los parientes, los amigos, los paisanos y el círculo de conocidos. Por último, el sistema de corrupción también obedece a una forma de «toma y daca», de «hoy por ti mañana por mí» (o por mi primo).

La ineficiencia y la burocratización del Estado no son sino un ingrediente más. Los trámites interminables, la regulación excesiva y absurda, la falta de definiciones de las competencias de los organismos estatales, todo ello sirve para que los funcionarios públicos atesoren poder y lo administren de manera arbitraria, y para que los ciudadanos -cansados de batallar o desprotegidos ante ese poder- acepten las reglas de la coima.

Lo fundamental para (tratar de) evitar que la corrupción exista y se propague es la voluntad política de los gobernantes y de la población. Es una verdad de Perogrullo, pero hay que decirla e insistir en ello. Los gobernantes deben liderar un proceso férreo, firme, ejemplificador, para convencer a la población de que es posible modificar este estado de cosas, y romper con el escepticismo, el círculo vicioso (élites corruptas-Estado botín) o la impunidad que se esconde tras la sonrisa cachosa del que está seguro de que nada cambiará.

A la voluntad política hay que agregar, sin duda, la decisión de organizar una amplia coalición social y aplicar una estricta política anticorrupción. Si esta amplia coalición social y política no se funda, será muy difícil llevar adelante de manera duradera políticas de transformación de pautas de conducta de la población y del Estado o de los funcionarios públicos.

El recorte de la discrecionalidad del funcionario es un tercer factor decisivo. El funcionario debe tener la menor cantidad de poder particularizado, privatizado. Y la mejor manera de modificar radicalmente esta apropiación privatizada de la información y los recursos del Estado es emprender un camino de transparencia. La transparencia estatal y la vigilancia ciudadana son dos aspectos indesligables. Es imprescindible una oferta de información transparente y, al mismo tiempo, una exigencia de dicha transparencia. Es necesario organizar intereses de diferentes sectores ciudadanos en la lucha contra la corrupción. Empresarios, organizaciones no gubernamentales, iglesias, colegios profesionales, entre otros, tienen que participar activamente en este proceso demandando información y ejerciendo un derecho capital: la vigilancia.

Se trata, pues, de modificar la forma de ejercer el poder y la manera en que los ciudadanos se relacionan con el poder. Es difícil pensar en grandes avances en esta lucha si la sociedad no se fortalece, si el Estado no se consolida democráticamente, si no existe una mística de Estado, es decir, la idea de que es posible organizar un Estado nacional en función del desarrollo del país y de que la función pública se ejerce al servicio de la población y no de intereses particulares.