Los violentos eventos transcurridos el jueves 18 de enero en la selva norte del departamento de Cajamarca, en los que indígenas del grupo étnico Aguaruna aplicaron justicia propia en defensa de su territorio nativo legalmente constituido, fueron transmitidos ampliamente por las noticias nacionales e internacionales. Aunque estamos viviendo fuera del país y conocimos dichos sucesos por medio de la versión norteamericana, nos sentimos obligados a contextualizar de manera más amplia estos eventos infortunados. Como antropólogo, trabajé más de dos años en varias comunidades Aguaruna en los departamentos de San Martín y Amazonas, y mi esposa es comunera de la comunidad nativa Bajo Naranjillo, del departamento de San Martín.

La muerte de casi veinte colonos es el resultado de la ocupación ilegal del territorio de la provincia fronteriza de San Ignacio perteneciente a la comunidad Aguaruna de «Los Naranjos», y de la constante presión campesina por conservar unas cuantas hectáreas de tierra para el cultivo de café. No pretendemos argumentar a favor de la respuesta violenta y extrema de algunos indígenas contra el asentamiento Flor de la Frontera. Sin embargo, es importante explicar la situación que venía presentándose en la zona Aguaruna desde años atrás. Los comuneros de la comunidad Aguaruna afectada habían buscado el desalojo de los colonos a través del poder judicial, sin lograr ninguna acción concreta por parte de los funcionarios locales competentes para el caso. Debido a la falta de acciones judiciales necesarias para el desalojo de los colonos del terreno nativo, el juez provincial implicado será sujeto a una investigación. Se sospecha, además, que éste participaba en un «doble juego», transmitiendo mensajes contradictorios a las dos partes: a los Aguaruna les decía que debían solucionar el problema haciendo uso de su costumbre, mientras que a los colonos les decía que tenían razón en quedarse en el terreno ocupado.

Es muy triste que un acto de violencia de esta magnitud sea la única forma de llamar la atención de las autoridades estatales y de los ciudadanos peruanos sobre un problema que data de varios años. Aunque el conflicto entre colonos y nativos es mucho más complejo y más amplio, los titulares de la prensa no se preocupan por contextualizar históricamente los eventos del 18 de enero, que son enfocados de manera simplista en «el ataque de los nativos en contra de los colonos». La invasión del territorio nativo (reconocido pero no respetado) y la apatía del poder judicial impulsaron las acciones violentas de algunos Aguaruna de San Ignacio, situación que se presenta a lo largo de la selva peruana y en toda la Amazonía de América del Sur. Irónicamente, en las ultimas décadas el Estado ha titulado territorio a cientos de Comunidades Nativas bajo la Ley de Comunidades Nativas de 1974; pero en lugar de resolver los problemas y de ser una forma legal de protección territorial efectiva, los nativos amazónicos siguen sufriendo la colonización de sus tierras y preguntándose si sus títulos de terreno comunal tienen algo más que un valor simbólico. Entre los Aguaruna, son múltiples y de vieja data los casos de colonos que han invadido los territorios reconocidos legalmente como nativos. Además, el problema se agrava por la falta de mediación y acción por parte de la policía y el poder judicial frente a las denuncias de los Aguaruna. En casos anteriores, los conflictos territoriales han resultado en agresiones de los colonos hacia los indígenas Aguaruna. Así, en las comunidades nativas de Chamikar y Tsuntsuntsa, en el departamento de Amazonas, fueron asesinados el señor Tibijam y el señor Nugkagkit a raíz de conflictos entre comunidades nativas y asentamientos campesinos recién establecidos.

En 1999 participé en el replanteamiento de los linderos de varias comunidades Aguarunas por el Río Mayo, en el departamento de San Martín, con técnicos del Ministerio de Agricultura. De las 13 comunidades Aguaruna reconocidas, 7 de ellas (Bajo Naranjillo, Alto Naranjillo, Alto Mayo, Shimpiyacu, Cachiyacu, Yarao, y Kusu) están sufriendo invasiones significativas en sus territorios titulados. En varios de estos casos, el Ministerio de Agricultura, por su propia naturaleza burocrática y la falta de conocimiento de la realidad territorial y política de la selva, otorgó títulos provisionales a colonos en terrenos ya titulados a los nativos, sobreponiendo títulos de propiedad y agravando el conflicto entre nativos y colonos. Además, en un supuesto intento por solucionar los casos de invasión de terreno nativo en el Alto Mayo, funcionarios del Ministerio de Agricultura presionaron a los nativos para que otorgaran derechos usufructuarios a los colonos, creando una serie de terrenos «cedidos en uso» para los colonos dentro de territorio Aguaruna. Debido a la presión de dichos funcionarios, la propuesta fue aceptada y aplicada en el Bajo y Alto Naranjillo, pero con un notable resentimiento por parte de los nativos, que no tuvieron otra alternativa para solucionar el conflicto. En otros casos, los nativos no aceptaron tal propuesta y siguen luchando por sus derechos territoriales y por el debido respeto que tanto hace falta. Hoy en día, la comunidad nativa de Shimpiyacu se enfrenta con docenas de colonos que se niegan a retirase de los terrenos indígenas. Han sido varias las denuncias de los líderes Aguaruna ante el poder judicial correspondiente en Moyobamba, sin recibir ninguna acción judicial hasta el momento.

La falta de acción por parte de los jueces y encargados del Ministerio de Agricultura ha sido justificada por la carencia de los fondos estatales suficientes para remover y trasladar a los colonos. Así, dichos funcionarios evaden su responsabilidad y buscan que los colonos e indígenas solucionen sus problemas por medio de un acuerdo mutuo, lo cual suele ser muy difícil considerando los intereses radicalmente opuestos de las dos partes. En efecto, los Aguaruna no sólo poseen los títulos legales sobre el territorio, sino que siguen practicando un modo de vida caracterizado por la caza, la pesca y la tala y quema; un estilo de vida tradicional en el cual se necesita un territorio extenso de bosque relativamente no intervenido, aunque algunos nativos tengan algunos cultivos para el consumo comercial también. Por otra parte, los colonos, normalmente andinos y en algunos casos desesperados por su propia pobreza, llegan a la selva en busca de terreno para establecer cultivos comerciales, como el café y el arroz. Su primera tarea al llegar a la selva es talar el bosque y sembrar sus cultivos, lo cual resulta en la destrucción ecológica que a su vez afecta de manera directa el medio de subsistencia de los Aguaruna. Estos son apenas unos pocos ejemplos de la multiplicidad de problemas que resultan de la colonización descontrolada y la falta de acción estatal para combatirla, tanto en territorio Aguaruna cuanto a lo largo de la selva peruana, donde diversos grupos indígenas habitan y enfrentan problemas semejantes.

Con respecto al rechazo violento de los Aguaruna en contra de la colonización de sus tierras en la selva norte, el congresista Luis Guerrero inspeccionó el sitio de los hechos y prometió establecer una comisión para investigar las causas y a los funcionarios judiciales que ignoraron en repetidas ocasiones el problema de la invasión territorial de los terrenos nativos. Esperamos que la moción del Sr. Guerrero no se limite a producir una investigación a corto plazo que determine únicamente las causas inmediatas de este caso. Ya es hora de que el Estado peruano reconozca su implicación en estos conflictos al fomentar e ignorar los efectos de la colonización descontrolada en la selva. También es hora de que el Estado establezca y dé cumplimiento al orden territorial en la selva, empezando por el reconocimiento y el firme respeto de los pueblos indígenas, que sin lugar a dudas poseen un derecho histórico sobre sus territorios. Consideramos que a largo plazo la declaración y el cumplimiento de la titulación del territorio nativo beneficiará tanto a los agricultores colonos como a los pueblos nativos.