El proceso electoral que se realizará en noviembre ya se inició. Un total de 1809 listas de candidatos provinciales y 11 762 listas distritales se encuentran inscritas ante los Jurados Electorales Especiales para participar en los próximos comicios regionales y municipales. Según la información proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones, esta significativa cifra de aspirantes disputará los cargos de alcaldes y regidores en los 194 municipios provinciales y en los 1635 consejos distritales de todo el país, así como en los gobiernos regionales que debutarán el próximo año. La misma fuente precisó que para las elecciones del 17 de noviembre se presentaron listas de 19 organizaciones políticas nacionales, 90 organizaciones regionales, 498 organizaciones provinciales y 1410 distritales.

En apariencia un gran interés por participar y una movilización política y ciudadana bastante significativa. En realidad, la repetición de un proceso «inflacionario» que no le hace necesariamente bien a nuestro débil sistema político y que, una vez más, muestra las dificultades de representación que tiene una sociedad desigual, heterogénea y sumamente fragmentada como la nuestra. En este escenario, como viene ocurriendo desde hace cerca de veinte años, predominan las agrupaciones de «independientes», muchas de ellas conformadas en la puerta de los Jurados Electorales Especiales.

En este escenario que merece más de una reflexión, una de las preguntas recurrentes que se hace la opinión pública es si se producirá o no un cambio significativo en el mapa electoral del país. La pregunta, normal en todo proceso electoral, adquiere particular significación en un contexto en el que la desaprobación de la gestión del presidente de la República llega al 74,2% frente a apenas 18,3% de aprobación, siendo superado en simpatía(1) por Valentín Paniagua (19,8%), Alberto Andrade (18,6%), Alan García (18,3%), Lourdes Flores (14,9%), Luis Castañeda (8,7%) y el propio Alberto Fujimori (7%), en contraste con el 5% que alcanza el propio Toledo, expresando también en este campo las severas limitaciones que se observan en general en la gobernabilidad del país.

Aunque ya resulta obvio, la multiplicación de candidatos y candidotes expresa la debilidad institucional de los partidos políticos peruanos que ha radicado, casi desde siempre, en la ausencia de tradición partidaria en una sociedad que tampoco tiene una tradición democrática ni constitucional. La crisis de los partidos políticos tradicionales alude a la desvinculación creciente entre éstos y la sociedad, que se profundizó en la década pasada en medio del descrédito de la propia política. Con dificultades cada vez mayores para representar a los ciudadanos, incapaces de articular las propuestas y demandas de los distintos segmentos de la sociedad civil, fracasados en todos y cada uno de sus intentos de autorreforma de la década del ochenta, cuestionados por el discurso y la efectividad del régimen político fujimorista, los partidos perdieron significación e incidencia en la vida política nacional.

Uno de los elementos que se hizo más visible en este contexto de crisis y que explica el espectáculo al que asistimos, es el carácter fuertemente centralista de los partidos. Al referir su principal actividad al Estado, y dentro de éste al Congreso, y al bloquearse el proceso de renovación generacional interna que se insinuó en las elecciones de 1990(2), el carácter centralista de la política partidaria se acentuó. En esta lógica, importantes líderes de origen regional y provinciano terminan desvinculándose de sus bases al ser elegidos parlamentarios y trasladar su actividad central a Lima.

En un escenario de estas características, los espacios descentralizados que existen para hacer política, los municipios y ahora los gobiernos regionales, devienen en el espacio privilegiado de la «inflación» que venimos mencionando. Muchos de los aspirantes a un cargo en noviembre próximo seguramente tienen en mente tentar suerte en las elecciones parlamentarias del 2006, repitiendo una tendencia que debilita la presencia y el desarrollo de partidos y movimientos políticos en el interior del país, tendencia fortalecida por la Ley Orgánica de Elecciones de 1997 que eliminó distintas exigencias contempladas, al menos formalmente hasta entonces, entre las que destaca la obligación que tenían las agrupaciones que participaban de contar con comités departamentales en funciones en la mitad o en la tercera parte de los departamentos del país.

Aunque aún no existe información precisa sobre las listas participantes como resultado del evidente conflicto que existe entre el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, además de la precaria situación financiera del primero(3), es claro que en las elecciones participan agrupaciones de distinto tipo.

En primer lugar están los partidos tradicionales -el APRA, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, que va como eje de la alianza Unidad Nacional- y distintos movimientos que se pretenden nacionales y que tienen algún nivel de organización -Perú Posible, Somos Perú, Vamos Vecino, Unión por el Perú, Fuerza Democrática, MAPU y el Movimiento Nueva Izquierda- hasta completar 19 organizaciones. En segundo lugar están distintos movimientos de presencia regional y de alguna trayectoria previa -Frenatraca, Contigo Trujillo o Renovación Democrática de Lambayeque- acompañados por una infinidad de novísimas articulaciones como Alianza para el Progreso de Lambayeque y La Libertad, Reconstrucción Democrática de la región Lima, Mi Callao o Arequipa Unida, hasta completar 90 organizaciones de este tipo.

En tercer lugar están distintas listas provinciales, algunas de ellas con historia (o historieta) como Chim Pun Callao de Alex Kouri, aunque la mayoría por lo general sin ninguna trayectoria anterior -Primero Perú en Arequipa o Manos Limpias en Chiclayo, son buenos ejemplos- hasta completar 498 organizaciones. Finalmente están las agrupaciones distritales, que son más de mil.

Las diferencias entre estas distintas formas de agrupación política tienen que ver con su propuesta programática, su mayor o menor institucionalidad, su capacidad de representación, sus formas y su cobertura territorial. Con excepción, en alguna medida, de los partidos políticos y quizá de algunos movimientos, se trata de organizaciones caudillistas, de corte electoral, con interés limitado en la institucionalidad política y con propuestas coyunturales que exceden muchas veces las atribuciones y competencias de los gobiernos a los que postulan.

Los propios partidos políticos y los movimientos más grandes se han visto atravesados por significativos conflictos internos al momento de designar a sus candidatos. Así, en el caso del APRA, Hernán Garrido Leca tuvo que abandonar su intención de postular al Callao mientras Gastón Barúa se vio desembarcado de su candidatura a la alcaldía de Lima; ex apristas como Jorge Torres Vallejo y Eduardo Casinelli (Trujillo) y Juan Aguilar (Piura) postulan desde tiendas propias y amenazan las posibilidades del partido de Alfonso Ugarte.

En el PPC los conflictos no son menores y su militancia en muchos lugares del país se queja de haber sido desplazada por los advenedizos de Unidad Nacional. Somos Perú es cuestionado desde adentro -por el carácter familiar de sus decisiones- y desde afuera, por ex militantes como Michel Azcueta que han descubierto, una vez que tienen otra camiseta, los pecados de su gestión.

Obviamente Perú Posible no es la excepción. Sus "militantes" que se han visto desplazados han protestado a través de los medios de comunicación que les han dado generosa cobertura. En sentido estricto, y como imagen, el partido que resulta mejor librado, sorprendemente, es Acción Popular. Es verdad que su debilidad explica parcialmente este hecho, pero también es cierto que con acertado cálculo político ha priorizado aquellas plazas en las que tiene alguna posibilidad, articulando distintas alianzas pragmáticas, como la que ha hecho en el Callao con Somos Perú al que le ceden la candidatura provincial para contar con su apoyo en la elección regional.

Entre los cerca de 80,000 candidatos que competirán en los futuros comicios, destaca la participación de «viejas glorias» de la política nacional que aparecen en muchos casos como recientes «jales» de varias de las nuevas formaciones o de agrupaciones no tan nuevas, que se han quedado sin militantes y que hacen las veces de porta candidatos aprovechando su inscripción vigente. Así, nos encontramos con varios ex dirigentes de Izquierda Unida como Ricardo Letts (región Lima) y Yehude Simons (región Lambayeque), que participan en las filas de Unión por el Perú; con ellos también intervienen en la justa de noviembre -en la misma agrupación- ex militantes de otros partidos como Luis Cabos (región La Libertad), quien fuera candidato a parlamentario por Perú Posible.

Paul Caro Gamarra, ex ministro de salud aprista, ahora es candidato por Fuerza Democrática (región Lima), compitiendo en ese espacio con Miguel Angel Mufarech quien es uno de los jugadores con más recorrido de la política peruana, defendiendo hoy las sedas del APRA. Con similar experiencia que ellos y otros, son muchos los políticos experimentados que ya pasaron por distintas funciones públicas quienes postularán a diversos cargos en noviembre: ex congresistas como Rafael Risco (región La Libertad), Humberto Falla (región Lambayeque), Arturo Castillo (municipalidad de Chiclayo), Jorge Torres Vallejo (municipalidad de Trujillo), Daniel Vera (región Arequipa), Rolando Breña (municipalidad de Lima) y Oscar Urbiola (municipalidad de Arequipa), destacan entre otros candidatos. Con ellos nos encontramos con ex alcaldes como José Villalobos, quien intenta volver a la municipalidad provincial de Arequipa y Kurt Woll, quien aspira llegar a la región Callao con su propio movimiento.

Más numerosos son los actuales alcaldes que buscan la reelección, encabezados por Alberto Andrade (Lima), José Murgía (Trujillo) y Alex Kouri (Callao). Quizá tan numerosos como ellos son los fujimoristas que cambiaron oportunamente de agrupación para estas elecciones, como son los casos de Augusto Miyashiro, alcalde de Chorrillos que va a la reelección ahora por Somos Perú o Gustavo Rondón, quien postula a la municipalidad de Arequipa por el novísimo Primero Perú. Hasta Luis Cáceres Velásquez, nuevamente reconquistado por el Frenatraca, busca una nueva oportunidad, ahora en la región Arequipa.

Importantes líderes sociales que encabezaron muchas de las protestas regionales aparecen también en diversas listas y regiones del país. Son los casos, entre otros, de Washington Román (Cusco), Luis Saraya (Arequipa) y José Bravo (Piura). Otros líderes de diversas organizaciones sociales y de distintos gremios populares también participarán en las justas de noviembre repartidos en las distintas listas. A esta situación específica contribuyó la incapacidad de dos intentos de construcción partidaria, el Partido Democrático Descentralista y el Partido de la Democracia Social, que a pesar de convocar a muchos de estos dirigentes aún están lejos de cuajar.

Estos datos y otros similares refuerzan la hipótesis de que, a pesar de su severa crisis y ante la debilidad de las sociedades locales y regionales y su pobreza institucional, las figuras «conocidas» conservan en esos espacios cierta presencia. Simultáneamente, y también a pesar de la difícil situación de los partidos –que ya es una manera de ser- queda claro que éstos mantienen aún una cierta vigencia dado que la mayoría de los aspirantes a líderes locales y regionales siguen teniendo al menos un origen partidario, en varios casos remoto, hay que reconocerlo.

A pesar de la proliferación de los candidatos y más allá de las indudables virtudes y merecimientos de muchos de ellos, parece clara la pobreza del panorama electoral en el país, expresión de nuestro endeble sistema partidario. Las características de una cantidad significativa de agrupaciones y de candidatos, una vez más reiteran la necesidad de discutir una ley de partidos moderna que contribuya a fortalecer nuestra democracia.

Por si cabía alguna duda, una encuesta reciente de Apoyo(4), ratifica la poca o nula credibilidad de nuestra clase política. En la misma, los encuestados expresan una opinión desfavorable de las principales personalidades políticas del momento (Alejandro Toledo, Fernando Olivera, Lourdes Flores, Alan García, Juan Manuel Guillén y Luis Solari), salvándose apenas Valentín Paniagua y Alberto Andrade.

Dicha desconfianza contrasta con las expectativas que muestran en esa misma encuesta frente al proceso de regionalización que tendrá su partida de nacimiento con la elección de las futuras autoridades regionales en el mes de noviembre. En general, y coincidiendo con otras encuestas similares, la gente cree que los departamentos ganarán en autonomía, se harán más obras públicas -lo que incrementará el empleo- y se fomentará el desarrollo de los departamentos, lo que contribuirá a la disminución de las protestas sociales. Simultáneamente, identifican la regionalización con un incremento de la burocracia.

En otras palabras, una combinación de sano realismo y de expectativas relativamente controladas que en buena medida contrasta con la explosión de candidatos que se observa. Como es obvio, éstos apuntarán con sus ofertas electorales a las expectativas de la población antes que a su realismo. Sin pecar de escépticos, no nos imaginamos, por lo menos en el terreno regional, una campaña basada en programas y propuestas, difícil de pensar sin una institucionalidad política mínima.

Si nuestro diagnóstico es correcto, la situación debiera obligar a un esfuerzo de la sociedad civil regional por presionar sobre los candidatos para lograr compromisos mínimos en la perspectiva de ir construyendo acuerdos de gobernabilidad regional. Tales compromisos deberían girar alrededor de los planes concertados de desarrollo y de las formas de participación de la sociedad civil en la futura gestión, por ejemplo.

Empezamos el artículo reconociendo la importancia de esta pregunta. Para concluirlo, y a pesar de que aún es muy temprano para hacer pronósticos, algunas cosas ya son evidentes. Si por cambio en el mapa electoral nacional entendemos una derrota significativa de Perú Posible, es claro que se producirá dicho cambio. Con candidatos por lo general débiles (muchos funcionarios públicos que han pedido licencia para candidatear), sin mayor aparato propio, con una población muy sensible y vigilante al eventual uso de los recursos públicos y con un líder cuya imagen está bastante erosionada, es obvio que el partido de gobierno estará muy lejos de sus resultados de un año atrás y posiblemente devenga en la tercera fuerza del país.

Ahora bien, si por cambio en el mapa electoral entendemos una victoria arrolladora de alguno de los partidos opositores, creo que es probable que no se produzca tal cambio. Si bien el APRA tiene importante ventaja en el terreno electoral –es una maquinaria con larga experiencia, tiene mayor capacidad de propuesta que otras agrupaciones, Alan García es identificado como el líder opositor y tiene un asentamiento territorial histórico-, no las tiene todas consigo. En Lima ha optado por «enamorar» a Andrade, reconociendo su incapacidad para enfrentarlo; en algunas de sus plazas fuertes como Trujillo y Piura tendrá dura pelea de ex compañeros, que suelen ser los peores, y el descontento de parte de su militancia con varios de los candidatos designados ha sido más notorio que en el pasado.

En el caso de Unidad Nacional, afectada por las evidentes discrepancias que existen en el PPC sobre si abandonan el matrimonio y la casa nueva o no, es probable que repitan la perfomance de Lourdes Flores Nano. Lo que es bastante decir dado el desgaste de su liderazgo por su permanente ambigüedad frente a temas sustantivos como el de la corrupción y la impunidad. Por lo demás, su carácter, a pesar de algunos esfuerzos en contrario, sigue siendo limeño, al extremo que en algunas regiones como Arequipa se metamorfosean en movimientos como Arequipa Unida, en los que también participan figuras ostensiblemente vinculadas al fujimorismo.

Acción Popular y varios de los movimientos porta candidatos, así como algunos movimientos regionales, posiblemente obtendrán más de un buen resultado, basados en la figura de algunos de sus candidatos y en la debilidad de sus opositores. Sorpresas -ya no tan sorprendentes en este escenario- seguramente habrá varias: por ejemplo, el APRA puede ganar el gobierno regional de Arequipa, tradicionalmente antiaprista, antes que por los méritos de su candidato, por los deméritos de los demás.

En cualquier caso las elecciones de noviembre marcarán, sí, un cambio profundo en la estructura política del país. El nacimiento de los futuros gobiernos regionales, a pesar de que no se producirá en la mejor de las condiciones, establecerá una nueva oportunidad para la modernización y la democratización del país. El tema de nuestra gobernabilidad democrática seguirá en cuestión, sólo que esta vez en términos nuevos.

Notas:

4. Apoyo, 16-17 de agosto del 2002.