En noviembre debe tener lugar la elección de gobiernos regionales. Es uno de los recientes esfuerzos por responder a una necesidad política cada vez más reconocida: la descentralización. Con el término se alude a una especie de redistribución del poder que de alguna manera pueda revertir la situación actual. Las sedes institucionales, los servicios, la administración de recursos, en una gran parte está concentrada en Lima. Es un proceso que además se ha retroalimentado. El centralismo institucional, a su vez, promovió una sostenida corriente migratoria durante la segunda mitad del siglo XX. La consecuencia es una hipertrofia poblacional en la ciudad capital que a su vez absorbe más recursos y relega a las demás localidades a un abandono cada vez más notorio.

Si ahora el centralismo da la sensación de haber llegado a una situación límite es por la difusión de los medios de comunicación audiovisuales que, a su manera, han contribuido a la formación de un tiempo público unificado. Una era de instantes compartidos. Esa ampliación de auditorios también ha permitido, por así decir, una mayor variedad de oradores.

Así, de a pocos, nuevas costumbres comunicativas han contribuido a la creación de necesidades políticas. Este es un detalle importante: en términos generales no se puede decir que las actuales demandas descentralistas sean la plasmación de una demanda programática de un perfil partidario específico. Por el contrario, a distinto ritmo, uno a uno de los actores políticos en la capital fueron tomando nota de las demandas regionales. Probablemente no había un proyecto político claro más allá de un dato de «instinto político» que hizo darse cuenta a los profesionales de la política del error que sería dejar las demandas regionales de lado.

Como consecuencia, ahora tenemos una situación en la que han aflorado nuevos hábitos políticos y cabe preguntarse si esos nuevos hábitos han creado un vocabulario político correspondiente. En nuestra opinión, sí hay un nuevo vocabulario político en formación, e importa dar cuenta de algunos indicios.

Un rasgo que se encuentra con frecuencia en las sociedades latinoamericanas es la preocupación por la integración. Hoy en día se la escucha a propósito de la integración entre las naciones latinoamericanas. Hay toda una retórica declarativa a propósito de Bolívar que viene de mucho tiempo atrás. El término «integracionista» por ejemplo, goza de una saludable reputación y en la actualidad aparece en contextos de halago necesariamente.

Desde la formación de repúblicas, luego de la Independencia, el principal objetivo de los proyectos políticos fue la integración, antes, mucho antes, que la democracia. La principal preocupación política fue cómo mantener unida una comunidad política donde frecuentemente los gobernantes sentían que tenían muy poco en común con los gobernados. Esta situación se hizo todavía más notoria en los países con marcada mayoría de población indígena. Sea bajo la forma afirmativa de «integrar la nación» o la vía reactiva de «enfrentar el caos y la anarquía» , en ambos casos la manera de razonar los problemas públicos y sus alternativas políticas era poniendo en primer lugar los problemas de la integración. Una nación integrada, luego un continente integrado eran, y en buena medida son, el pináculo de los ideales políticos (1).

Como consecuencia, respecto de la integración todos los demás ideales políticos tienen una condición meramente instrumental, y la democracia como forma de gobierno y cultura cívica no escapa a esta situación. En la práctica, la respuesta a la pregunta ¿cuál es la mejor forma de gobierno? era: la que permitiera la integración. Cuando se pasa revista a la historia política del Perú, tanto en el siglo XIX como en el XX, queda la primera impresión de mucha inestabilidad, abundancia de caudillos, golpes militares, movilizaciones sociales usualmente llamadas rebeliones. Agréguese a ello un panorama más bien pobre en la invención de doctrinas políticas y una ausencia de tradiciones consistentes de filosofías políticas. Todo ello sugiere en primer lugar la sensación de un gran desorden y precariedad, de Estados-naciones que apenas podrían tenerse en pie. No está de más decir que en la reunión de estas características está la más infalible justificación para todo tipo de tutelajes políticos. La historia política de la mayor parte de las sociedades latinoamericanas ha transcurrido bajo la angustia de una metástasis inminente de la comunidad política que habría que contener a cualquier precio. ¿Esto es algo en lo que debemos seguir creyendo? Sugiero que no.

Si comparamos la geografía política de los últimos doscientos años, es fácil darse cuenta de que en Europa, África y Oriente medio, las transformaciones de fronteras e incluso la desaparición de entidades políticas ha sido bastante más frecuente que en las más aciagas épocas de la historia latinoamericana. Con esto no doy a entender que no existan serios problemas políticos en nuestra realidad, pero lo menos que se puede decir es que la disolución política no ha sido uno de ellos.

Da la impresión que las autoridades e ideólogos no creían que vivían en América sino en Atlántida, y que la gracia de la existencia consistía en evitar el destino del fatal hundimiento. De hecho el pesimismo cultural tradicionalmente se ha alimentado de esta sustitución de América por Atlántida.

Esa preocupación por la integración explica que los debates en el siglo XIX pasaran con asombrosa facilidad del republicanismo a la monarquía. En ambos casos predominaba un clima de opinión que dividía la escena pública entre unos pocos ilustrados y una muchedumbre irremediablemente ignorante. Por distintos caminos, sea la búsqueda de un federalismo o de la república unitaria, una tarea política central fue la definición de los términos de alianzas con los poderes locales. El resultado fue el establecimiento de encadenamientos jerárquicos que consistieron en una cesión de poderes al Estado central a cambio de una preservación de privilegios en el ámbito local. De esta manera, en la capital podían llegar al gobierno demócratas liberales –muy raras veces, la verdad- o algún caudillo militar, pero la situación de privilegio en las escenas locales quedaba intangible. La amenaza tácita de los poderes locales era una eventual sublevación contra «el gobierno».

Si bien hubo períodos de ejercicio del sufragio, éste por lo general quedó subordinado al aparato de privilegios de los poderes locales. Esta situación fue reconocida y denunciada casi ritualmente por liberales, feministas e indigenistas en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. Estos autores pusieron énfasis en señalar el carácter típico de la confabulación del cura y el policía, o el militar con los hacendados. Ese era el reverso de la medalla de poner en primer lugar la tarea de la integración política a como diera lugar. El principal peligro cívico era la desintegración antes que la dictadura. De hecho esta manera de entender las cosas todavía tiene un peso político nada desdeñable.

Poner en el primer lugar de los ideales públicos la integración fue una forma muy eficaz de consolidar ese particular estilo de subordinaciones jerárquicas que ha distinguido la escena pública peruana. Entre las más importantes consecuencias está la generalizada opinión que estima que el ejército y la Iglesia Católica son las únicas instituciones que están presentes en los más variados espacios del territorio. Con el paso de los años se ha convertido en la quintaesencia del realismo político local considerar que, en una decisiva medida, el orden público depende de las buenas migas que los gobernantes de turno puedan tener con esas instituciones. Esto solamente resulta evidente si asumimos los ideales de la integración jerárquica como los orientadores de la actividad política.

La integración de la comunidad política fue entendida como formación de la nación. En sentido estricto la nación fue considerada como entidad cultural y definida por la intangibilidad de las fronteras antes que por las garantías ciudadanas. Esta manera de entender la comunidad política, como una forma de afirmar el control del Estado sobre un territorio, y por añadidura de las personas comprendidas en su interior, cerró las posibilidades de generalización del juicio político. Dicho más propiamente, hizo de la adhesión política una actividad circunstancial. ¿Cómo saber cuándo ocurre esta subalternización de la política? Un síntoma inequívoco es cuando los espacios de la acción pública apenas dejan una posibilidad más allá del halago o la protesta. Ahí donde se instala la incondicionalidad de la aceptación y del rechazo el intercambio de opiniones aparece como una pérdida de tiempo. Por ese motivo el libelo y la denuncia, el elogio servil y el soborno han tenido una presencia tan densa en la escena pública.

Democracia no era en absoluto una palabra desconocida en el vocabulario político, pero durante un buen tiempo fue una especie de adjetivo inofensivo, una función subordinada a la que se consideraba era la principal necesidad política: la integración. De hecho, en el Perú los grupos gobernantes no consideraban la democracia como el término político central. Es sabido que en los treinta y cuarenta del siglo pasado las simpatías por los fascismos europeos eran la marca del clima de opinión de aquellos años. ¿Cómo así la democracia empieza a ganar peso en el vocabulario político?

Un hecho central es la guerra fría que se instaló poco después de la rendición japonesa, que marcó el fin de la segunda guerra mundial. A partir de entonces el interés de Estados Unidos en el adiestramiento de militares latinoamericanos para defender el mundo libre y enfrentarse al comunismo internacional dio lugar a una nueva retórica. La novedad no estaba en el anticomunismo, bien enraizado desde los entusiasmos profascistas de las décadas anteriores. Ahora se trataba de una lucha a escala mundial. Como en esos años cincuenta los gobiernos militares, las dictaduras, abundaban en América Latina era algo forzado poner el énfasis en la democracia, tuvo mejor fortuna la expresión «mundo libre».

Pero en nombre de la democracia se ilegalizaban partidos políticos. En todo caso tuvo lugar una reconversión por la cual los admiradores de Franco y Mussolini pasaron a ser lo que ahora se suele llamar «demócratas a carta cabal», todo ello en el lapso de una misma generación. A diferencia de la Europa occidental que participó de la guerra fría pero a partir de una suerte de bipartidismo, a veces explícito pero muchas veces tácito, entre la democracia cristiana y la socialdemocracia.

De esta manera las demandas sociales, la formación de sindicatos, el reconocimiento de títulos de propiedad a comunidades o parceleros pasó a formar parte de una conspiración «aprocomunista». Tales movimientos debían ser erradicados en nombre de la democracia y para consolidar el mundo libre. De pronto la democracia se convirtió en una palabra funcional para la preservación del modelo integracionista.

Desde el punto de vista de la narración que presentamos, importa destacar que la democracia aparece como un instrumento más para impedir «el caos y la anarquía». Esta perspectiva se radicaliza todavía más en los sesenta, cuando ocurre la revolución cubana. Debe tenerse presente que estamos hablando de una democracia donde no escandalizaba de manera particular que se quemaran libros marxistas secuestrados en la aduana y los medios de comunicación escritos coincidían en equiparar cualquier demanda de mejoras de condiciones de vida con un complot comunista. Dicho de otra forma, la democracia no incomodaba a ningún privilegio, aunque sí empezó a ser cada vez más identificada con los gobiernos civiles. La contraparte fue que las exigencias populares de un cambio político preferían hacer hincapié en la justicia social de una manera casi unilateral.

Mucho antes de la disolución de la Unión Soviética y de la caída del Muro de Berlín hubo un proceso en la política doméstica norteamericana en los años sesenta que tuvo repercusiones impensadas en América Latina. El movimiento por los derechos civiles, donde confluyeron antisegregacionistas y pacifistas, poco a poco fue marcando una nueva sensibilidad respecto de la importancia de la vida humana, de su preservación, en los conflictos políticos. El predicador Martin Luther King fue una de las imágenes más visibles de este movimiento(2). Paralelamente, en Europa las reuniones del tribunal Russell empezaron a enjuiciar severamente la intervención norteamericana en la guerra de Vietnam. Los informes de Amnistía Internacional sobre los ataques contra la libertades democráticas empezaron lentamente a ganar audiencia.

Por supuesto, nada de lo anterior afectaba el día a día político en América Latina... hasta que Jimmy Carter llegó a la presidencia en Estados Unidos e inauguró una retórica, todavía en plena guerra fría, donde se establecía un nexo entre democracia y derechos humanos. Aunque estamos haciendo referencia a los años 77-80, que no parecen muy distantes cronológicamente, en términos políticos hay una distancia considerable con nuestra actualidad. Aún así, este fue un cambio considerable.

Un ejemplo que ilustra las inconsistencias iniciales de incorporar la preocupación por el respeto a los derechos humanos como criterio de evaluación política es lo ocurrido en la Argentina de esos años. En el libro que Ana María Seoane y Vicente Muleiro escribieron sobre el dictador Videla(3) se menciona las relaciones tirantes entre los militares, que en esa época estaban en el apogeo de la guerra sucia, y un consejero político de la embajada norteamericana. Éste enviaba al Departamento de Estado informes pormenorizados, y desaprobatorios, sobre la carnicería que los militares argentinos creían hacer en medio del sigilo total. Era una situación curiosa para la nueva diplomacia de EEUU porque había un sadismo desbocado, por un lado, y por otro los militares argentinos estaban convencidos de que las desapariciones en masa eran parte de una batalla preparatoria para la Tercera Guerra Mundial Anticomunista, así, con mayúscula. La propuesta norteamericana al final no consistió en una condena de la ilegalidad y el crimen absolutos que se había entronizado en aquellos años. Se les sugirió, más bien, que esa «tecnología de guerra»... la aplicaran en Centroamérica. En esos momentos los sandinistas estaban a punto de derrocar a Somoza en Nicaragua, y en El Salvador había una guerra civil.

A partir de los años ochenta el nexo entre democracia y derechos humanos se hizo más evidente, con la consecuente decepción de los anteriores partidarios de la democracia. Esto fue, y continúa siendo hasta ahora, una dimensión especialmente conflictiva con los institutos militares, cuya oficialidad en muchos casos había sido entrenada en tácticas de interrogatorio y tortura contrainsurgente por los propios norteamericanos.

Este nuevo vocabulario supuso un cuestionamiento de una profundidad mayor que la imaginada por cualquiera de los actores políticos. Por primera vez empezaba a dejar de ser evidente que la primera tarea política era la integración de la comunidad nacional. Esta había sido la clave tradicional para justificar la alianza entre un Estado central y los poderes locales.

Ahora interesaban las situaciones específicas, incluso individualizadas. Los derechos humanos, por decirlo de alguna forma, introdujeron una saludable dimensión nominalista en la manera de entender la democracia. Antes que «la nación» o «el Perú» empezaba a interesar qué había sucedido con ese estudiante universitario que un día había sido llevado a una comisaría y después no se había sabido más de él, o esos tres campesinos que fueron detenidos por una patrulla y luego aparecieron muertos a la orilla de un río con varios disparos. Incluso la política de terror de Sendero Luminoso en los años ochenta y mediados de los noventa dejó de ser descrita como una lucha de «la democracia contra el comunismo» en el sentido común ciudadano. Este es un caso de especial interés, pues los ataques y la propaganda senderista eran sumamente explícitos en cuanto a la orientación comunista y al despliegue de los símbolos tradicionales de la hoz y el martillo.

La democracia, vía los derechos humanos, empezó a ser vinculada con una nueva manera de razonar las cosas, a partir de circunstancias particulares y sobre todo referida a situaciones individuales. Este ha sido, sin duda el cambio más importante en la cultura política, y tal vez pueda marcar el tránsito del siglo XX al XXI.

Aparte de la concepción nominalista de la democracia que empezó a ganar terreno, en la cultura de masas también se registraron cambios importantes. La difusión de la radio y la televisión a escala nacional instaló una dimensión unificada del tiempo público desconocida hasta entonces en el mundo ciudadano.

Las ocurrencias cotidianas empezaron a tener más espacio en los noticieros. En la prensa escrita las crónicas sobre situaciones ordinarias, las que involucran a personas comunes, es decir los que no son «notables» ni «hombres de bien», adquieren una importancia inédita. Los medios empezaron a dar espacio a la palabra y circunstancias de un grupo social cuyos abuelos o bisabuelos antes sólo aparecían en los relatos históricos a propósito de «rebeliones» o «sublevaciones».

Así, a pesar de años de estancamiento económico, desaparición de sindicatos, generalizada violencia política, y creciente migración al extranjero, se abrió paso una nueva manera de abordar la política, con mayor atención a las situaciones particulares. Inicialmente, a partir de denuncias sobre abusos de las instituciones públicas contra los ciudadanos y luego con la transformación de un horizonte colectivo poblado por una infinidad de situaciones particulares. El caos y la anarquía tan temidos no eran producto de esta manera de entender la democracia, sino que encontraron ahí su límite.

¿Cuáles son los problemas, los retos de un vocabulario político descentralizado? La asimetría tradicional de poderes entre la capital, las demás ciudades y las localidades rurales restó visibilidad pública a los rígidos ordenamientos jerárquicos. En nuestra opinión, una descentralización administrativa llevada a cabo de manera consecuente probablemente colocará en un primer plano la cuestión de las igualdades locales. Con mucha frecuencia los grandes señores locales aparecían como «los representantes provincianos» ante la capital. Era una marca dejada por la antigua alianza secularmente reproducida a favor de la integración.

Es deseable que la descentralización democrática traiga consigo el fin de los grandes señores de provincia. La creación de espacios públicos de debate al interior de cada región es fundamental. Con la experiencia aprendida en los últimos años, es claro que el debate aludido no es sinónimo de adhesión incondicional a tal o cual caudillo, sino el despliegue de los problemas cotidianos y la manera de encontrar la mejor solución a través de la discusión pública. El juicio político tendrá más peso que la subordinación jerárquica.

Lograr una eficacia administrativa, un sentido de justicia y la confianza en poder solucionar las dificultades mediante la discusión de las partes involucradas creará una nueva manera de entender al Perú, a la nación, donde los sentimientos morales de confianza serán más fuertes que el miedo a la desintegración.

* Apología para la historia o el oficio de historiador

1. En el actual periodo de globalización, la integración económica puede jugar a favor de la tendencia que deja a la democracia como una condición subsidiaria.

2. Dicho sea de paso, es también un excelente ejemplo de cómo es posible la participación de religiosos en política sin que la sociedad tenga que pagar el precio del clericalismo.

3. El Dictador. Bs.As.: Ed. Sudamericana, 2000.