El nacimiento de las FARC no puede desligarse de la violencia política que afectó a Colombia en los años cuarenta. Colombia, como muchos países latinoamericanos, nunca conoció conflictos internacionales de gran envergadura, pero ha vivido en una situación casi permanente de desorden civil desde su Independencia.

El período de violencia política que comenzó a mediados de los años cuarenta en Colombia, llamado oportunamente La Violencia, uno de los más sangrientos episodios en la historia del país, costó la vida de cerca de 200,000 personas entre 1948 y 1958. Luego de muchas décadas de hegemonía conservadora, los liberales tuvieron una oportunidad real de ganar las elecciones gracias a la popularidad del candidato Jorge Eliécer Gaitán. Este fue asesinado el 9 de abril de 1947, avivando súbitamente el odio latente entre liberales y conservadores. En los años que siguieron, guerrillas liberales surgieron en los departamentos de Tolima, Huila, Meta y en el sur de Cundinamarca. Estos grupos reunieron a campesinos que trataban de defenderse por sí mismos de la violencia esparcida por los terratenientes conservadores. La represión generalizada del Partido Comunista, llevada a cabo por el dictador militar Alberto Rojas Pinilla, llevó a ciertos campesinos organizados por el partido a crear grupos de autodefensa, en un intento por encontrar nuevas tierras y protegerse de la violencia oficial.

La Violencia llegó a su fin al crearse el Frente Nacional en 1958, un acuerdo negociado entre liberales y conservadores mediante el cual ambas partes acordaron compartir el poder durante los siguientes 16 años. Aún cuando permitía un cierto nivel de pacificación y un retorno a la democracia electoral, el Frente Nacional perpetuaba la exclusividad tradicional del Estado colombiano. El Frente Nacional puso fin a la violencia dirigida contra los liberales moderados, pero no eliminó la represión política. Luego de la firma del acuerdo muchos movimientos agrarios tanto liberales como comunistas exigieron amnistía y el reconocimiento de sus tierras. La política del gobierno colombiano fue muy clara: reconocer a los grupos liberales moderados y reprimir a todos aquéllos que exigiesen reformas «excesivas». Pese a la decisión de integrarse a la incipiente legalidad creada por el acuerdo bipartidista, algunos grupos de autodefensa sufrieron una sistemática exclusión oficial.

La política conservadora del gobierno colombiano condujo al ataque de zonas controladas por los grupos de autodefensa, denominados oficialmente «Repúblicas Independientes»(2). En 1964, los militares lanzaron una ofensiva en contra del área de Marquetalia, una de las zonas con fuerte presencia de las autodefensas comunistas. Este fue el detonante para la creación de las FARC. Los grupos comunistas de la región coincidieron en una conferencia en septiembre de 1964 en la cual trataron de unificar sus puntos de vista acerca de cómo enfrentar la actitud de las autoridades. En una segunda conferencia, en abril de 1966, los movimientos comunistas se auto-denominaron guerrillas para iniciar la guerra dirigida a tomar el poder, adoptando el nombre de las FARC(3).

La genealogía de las FARC muestra puntos muy importantes. La integración gradual de los estudiantes e intelectuales de clase media, así como el liderazgo ejercido por el Partido Comunista, hicieron ver a las FARC como un típico movimiento insurgente de la Guerra Fría. La estrategia y el discurso que adoptaron, inspirados por la euforia revolucionaria de inicios de los años sesenta, estuvieron ampliamente determinados por el éxito de Castro en La Habana. Sin embargo, las FARC, al contrario de sus hermanas nacionales e internacionales, no son un subproducto de la revolución cubana. Sus raíces han de ser seguidas hasta las luchas por la tenencia de tierras, característica de una economía dependiente que pasa de formas tradicionales de explotación de la tierra al capitalismo moderno. Además, pese a sus manifestaciones violentas, las FARC no eran un grupo revolucionario. Este movimiento, al igual que otras guerrillas latinoamericanas, padeció de la mitificación de la lucha armada. Este rumbo instigado por factores externos contrastaba con las demandas moderadas y nacionalistas del movimiento.

En el contexto colombiano, el sector que reúne las condiciones más evidentes para la rebelión es el campesinado proveniente de las áreas colonizadas. Los campesinos de estas regiones huían de la represión oficial, y eran organizados por el Partido Comunista. Provenían, además, de áreas que históricamente habían sido escenarios de rebeliones campesinas. En ese sentido, no es sorprendente que las FARC se hayan gestado precisamente en los departamentos donde el proceso de «colonización armada» era más dinámico.

En los noventa, la modalidad de apoyo campesino a las FARC ha sido muy similar. El área de la frontera agrícola se ha movido más allá, en las cercanías de la selva amazónica (departamentos de Caquetá, Putumayo, Meta). Los campesinos que huían de la violencia de los terratenientes escapan hoy de los capos del narcotráfico que invierten sus recursos en tierras y emplean a paramilitares para hacerse de ellas. Las antiguas zonas de colonización agrícola son ahora áreas de cultivo de coca que requieren de protección. Pero estas sutiles diferencias no logran disimular la similitud fundamental entre las formas de adhesión campesina a las guerrillas. En efecto, las FARC consiguieron en los sesenta, como lo hicieron en los noventa, el apoyo campesino ahí donde dos condiciones específicas se presentaban: principalmente la ausencia de un Estado regulador y la colonización de la frontera agrícola.

El tema agrario sigue siendo una de las mayores preocupaciones de las guerrillas. Muestra de ello es la importancia que le asignan al control de extensas áreas del territorio colombiano. La estrategia local de las FARC confirma nuestro aserto de que el movimiento enarbola principalmente demandas reformistas. Al incrementar su dominio territorial, las FARC ganan poder negociador. Nadie, ni siquiera los miembros de las FARC, cree que sea posible apoderarse del aparato estatal algún día. Pero confían con firmeza en su poder desestabilizador, que forzará al Estado a ser más vulnerable al negociar un acuerdo de paz. El objetivo final es negociar con el Estado una reforma política acorde con sus necesidades: posiblemente la atribución de poder político y territorial sin pasar por un proceso electoral, así como reformas sociales. En cierto modo, nos oponemos firmemente a la idea de que las FARC carezcan en absoluto de ideología, como lo sugieren algunos discursos. Sin embargo, reconocemos que el contenido de su ideología es muy pobre, y se reduce en su mayor parte a reclamos específicos muy lejanos de un proyecto marxista.

Sin lugar a dudas, las guerrillas están cada vez más involucradas en el narcotráfico. Pero, al contrario de muchas posturas que buscan deslegitimar la lucha armada, éstas no se han convertido aún en un gran cártel amparado en el discurso político. Es importante distinguir entre medios y objetivos.

Como maquinaria de guerra, la guerrilla necesita ingresos. En sus inicios, las FARC eran una guerrilla muy pobre. Contrariamente a puntos de vista simplistas que tienden a internacionalizar el conflicto, las guerrillas colombianas nunca se beneficiaron de un gran apoyo logístico y financiero del bloque del Este, debido al poco interés que el Kremlin siempre manifestó por esta región y a causa de la política de distensión llevada a cabo por la Unión Soviética desde los sesenta. En lo que se refiere a la ayuda de Cuba o Nicaragua, sus aportes siempre fueron muy modestos como para impactar en la evolución del conflicto, y tendían a disminuir conforme aumentaba la importancia asignada por esos países a las relaciones de Estado a Estado. Las FARC sobrevivieron gracias al apoyo brindado por las poblaciones locales y los ataques a instalaciones oficiales. En los ochenta, con el desarrollo del narcotráfico, la guerrilla se topó con sorprendentes oportunidades de ingresos.

Las FARC no tienen razón alguna para legitimar la «guerra contra las drogas», la cual consideran una imposición de los Estados Unidos. Desde ese punto de vista, nada puede disuadirlas de beneficiarse de las ventajas que el narcotráfico les brinda. Tal actitud podría deslegitimarlas en los sectores urbanos del país, y por ello nunca han admitido esta relación. Sin embargo, al solventar sus actividades mediante nexos con el narcotráfico, la guerrilla no está abandonando del todo sus objetivos políticos, ni se está reduciendo a una organización que sólo busca garantizar su supervivencia. Las relaciones que las FARC mantienen con la economía de las drogas no son unidimensionales, y ciertamente que no son siempre pacíficas. Se puede decir que las FARC mantienen una estrecha relación con los cultivadores de coca y los productores de pasta básica de cocaína, pero son enemigas de los traficantes, que han financiado grupos de autodefensa en zonas de conflicto con la guerrilla.

Las FARC han mostrado un alto grado de versatilidad al adaptarse al boom de la coca en Colombia. Hoy en día, el negocio del narcotráfico constituye una gran parte del presupuesto de las FARC y ha generado nuevas formas de apoyo campesino. Cabe mencionar que dicho fenómeno no ha ocurrido solamente con el negocio de las drogas. Las guerrillas han tratado de tomar ventaja de diferentes bonanzas económicas que han tenido lugar en Colombia sin intervención estatal. Las FARC parecen «especializarse» en el negocio del cultivo de coca, y más recientemente en otras actividades relacionadas con drogas, como es el cultivo de la amapola. Pero otros grupos también han aprendido a obtener recursos de otras bonanzas. Por ejemplo, el EPL orientó sus esfuerzos hacia el campesinado de la región de Urabá (bonanza bananera), y el ELN hacia el oro y el petróleo en la región de los Llanos. En tal sentido, una de las razones para la supervivencia de las guerrillas en general es la existencia de bonanzas económicas sin control estatal.

Pero el narcotráfico ha sido también una fuente de problemas para las FARC. Los narco-paramilitares constituyen actualmente un segundo enemigo del movimiento, y como tal constituyen también un actor violento suplementario en la confrontación. Desde esta perspectiva, creemos que el narcotráfico ha contribuido dramáticamente al entrampamiento del conflicto colombiano.

En Colombia, la ausencia del Estado, pero también su debilidad en muchos niveles, son un hecho incuestionable. Esto puede tener relación con la industrialización tardía del país, el dominio de la arena política por partidos políticos tradicionales que nunca permitieron la aparición de alianzas populares, y el débil desarrollo del modelo de la industrialización por substitución de importaciones, en contraste con otros países de la región. El hecho de que Colombia ha sido y sigue siendo un país de fronteras agrícolas, lo cual implica grandes migraciones a zonas deshabitadas que el Estado no puede coordinar, es también un factor muy importante. Por lo tanto, la guerrilla ha sido capaz de llenar los vacíos dejados por el Estado. Encontramos extensas zonas del país carentes de presencia estatal, donde las guerrillas pueden asegurar su presencia sin dificultad. También les resulta fácil traer orden y control social en zonas donde los campesinos son a menudo explotados y viven bajo altos niveles de inseguridad. Finalmente, el boom de la coca de los ochenta y noventa, que por su propia naturaleza era propenso a escapar de las manos del Estado, le permitió a las FARC hacerse de enormes recursos económicos.

Esto nos lleva al tema paramilitar. La delegación de las funciones de seguridad por parte del Estado no es algo nuevo en Colombia. Las luchas entre jefes locales y la fragmentación de la nación, acompañada de conflictos por el dominio territorial, todos ellos síntomas de la debilidad institucional, nunca le permitieron al Estado asegurarse el monopolio de la fuerza.

Desde inicios de los ochenta, la guerra contrainsurgente ha estado caracterizada por la aparición de nuevos actores, particularmente los paramilitares. Su surgimiento tiene estrecha relación con la política antiguerrillera de los jefes del narcotráfico, pero los paramilitares no pueden ser analizados sin mencionar a los militares. Paradójicamente, los ceses al fuego que Belisario Betancur (1982-1986) firmó con cuatro grupos guerrilleros, llevaron a los militares a apoyar la creación de grupos paramilitares como parte central de su estrategia contrainsurgente. Actualmente se sabe con toda certeza que los paramilitares fueron apoyados por los militares, así como también por los carteles de drogas y la oligarquía local en áreas como el Magdalena Medio y Urabá. Debido a su propio estatuto, comenzaron a escapársele de las manos a las autoridades, ya que por estar conectados a muchos intereses simultáneamente, les resultaba muy fácil cambiar de lealtades. Actualmente los paramilitares no actúan solamente como un complemento de los militares, sino que tienden a asumir el liderazgo del esfuerzo contrainsurgente.

Los paramilitares han comenzado a tener presencia nacional. Es el caso de las Autodefensas de Córdoba y Urabá de Carlos Castaño, rebautizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En ese sentido, el conflicto interno en Colombia es sui generis, ya que presenta tres actores principales violentos, todos poderosos; la distinción entre paramilitares y narco-paramilitares, pertinente años antes, ya no resulta aplicable dada la creciente autonomía de ambos tipos de grupos. En otros casos famosos de «guerra sucia» contra la oposición, como Guatemala o Sudáfrica, los paramilitares formaban parte de una estrategia subordinada diseñada para complementar la guerra contrainsurgente liderada por el ejército. En Colombia, los paramilitares han llegado a ser tan autónomos y poderosos que es necesario considerarlos un tercer actor violento.

Las FARC han encontrado en la situación actual muchos factores que les permiten sobrevivir. Básicamente, es la asociación de tres variables principales la que determina su sorprendente longevidad: primero, la posibilidad de hallar «población disponible» en las zonas de frontera agrícola, relacionado esto con las raíces agrarias del movimiento; segundo, la ausencia física del Estado, particularmente en estas regiones, lo cual permitió que las FARC expandieran sus dominios territoriales; y tercero, la existencia de booms económicos no regulados, y en particular el negocio de la cocaína, el cual le ha brindado a las FARC enormes recursos económicos.

Por otro lado, las FARC han sido incapaces de vencer al Estado colombiano por tres razones fundamentales: primero, el carácter democrático del régimen, que consigue deslegitimar, al menos en los sectores urbanos de la sociedad, la existencia de una oposición política violenta; segundo, la existencia de represión privada y semioficial, que ha resultado en la militarización del terreno político, la polarización de la lucha armada y en la marginalización de las FARC de los movimientos sociales urbanos; y tercero, la ausencia cada vez más general de condiciones revolucionarias, específicamente la reducida y desorganizada clase trabajadora y la falta de un sector popular integrado.

Tal escenario coloca al Estado en una situación paradójica. Demasiado enclenque como para asegurar su soberanía total, deja el terreno fértil para el fortalecimiento de las FARC; suficientemente fuerte como para asegurar su representación en los sectores urbanos de la sociedad, justifica la marginalización y militarización del problema guerrillero. El gobierno, los ministerios y los centros urbanos de representación, no están amenazados. Las «extremidades» del Estado, su monopolio de la fuerza, y algunas de sus instituciones reguladoras están experimentando un proceso de erosión. Esto es lo que Paul Oquist calificó como una «ruptura parcial del Estado», en referencia a los tiempos de La Violencia, muy similares a la situación actual

La ruptura parcial del Estado reproduce las condiciones para su propio agravamiento. De este modo explicamos la naturaleza crónica del conflicto. En efecto, las debilitadas instituciones del Estado tienden a volverse aún más precarias debido a la envergadura del conflicto. La mezcla inicial de legitimidad democrática y violencia oficial degenera hacia la agravación de esta última. Fuerza y brutalidad tienden a reemplazar los medios legales de regulación. Como consecuencia, la inercia de la violencia atrapa a las FARC, y las prácticas criminales se vuelven parte de su lucha política. Las FARC no cumplen las normas internacionales de guerra, ni respetan los Derechos Humanos. En su búsqueda de recursos, no dudan en cometer crímenes tales como la extorsión, el secuestro y la intimidación física. En su lucha integral, su enemigo no es solamente el Estado y sus representantes, sino los paramilitares, los civiles que no colaboran con la «causa revolucionaria», y los periodistas que se atrevan a denunciarla.

La posición actual de las FARC está determinada por el colapso parcial de Estado, una situación de jaque mate en la que ninguna de las partes involucradas consigue derrotar a la otra, resultando en la degeneración del conflicto. Partiendo de este armazón, podemos proponer algunos escenarios a futuro del conflicto. La longevidad de la guerra insurgente llevada a cabo por las FARC no reside en ideologías contradictorias. El programa político del movimiento no es particularmente surrealista. Además, a diferencia de otros grupos guerrilleros en el país, las FARC no parecen mitificar la opción militar. Por último, los sucesivos gobiernos desde inicios de los ochenta han mostrado su voluntad de conceder reformas. En nuestra opinión, es la complejidad estratégica del conflicto la que no permite su solución. La estrategia local de las guerrillas es lucrativa, por lo tanto no existe razón alguna para detenerla, por la fuerza que puede brindarle en una negociación y por la satisfacción que le otorga a su militancia campesina. A diferencia de los grupos guerrilleros que negociaron acuerdos de paz con el gobierno a comienzos de los noventa, las FARC no están al borde de una derrota militar, y gozan de fuerte apoyo campesino en ciertas regiones del país. La violencia paramilitar escapa a todo control, y ya que resulta rentable para sus líderes, no va a detenerse en un futuro inmediato. La democracia colombiana está fortalecida por la violencia política, puesto que es sencillo poner por delante la legitimidad electoral contra la violencia de la insurgencia.

En tal sentido, creemos que la violencia política colombiana está condenada a continuar hasta que uno de los actores sufra un cambio radical de posición en el equilibrio de fuerzas. Las FARC no van a cesar su lucha, ya que consideran que aún tienen posibilidades de consolidación territorial. Las concesiones políticas que podrían obtener son ahora consideradas inferiores a aquéllas que podrían alcanzar en unos años, si consiguen mantener el mismo ritmo de expansión territorial. Del mismo modo, nunca van a aceptar deponer las armas, si grupos paramilitares fuera de control continúan en actividad. Por lo tanto, más allá de cuestiones de reformas políticas, lo que permitirá un compromiso real con la paz será una reafirmación de la soberanía del Estado colombiano. Esto implicará: 1) el debilitamiento de las guerrillas mediante una ofensiva militar aún mayor; 2) la recuperación gradual de las zonas en las cuales las guerrillas han encontrado recursos económicos y apoyo político; 3) y la neutralización de los paramilitares.

Los vaivenes del diálogo de paz entre el gobierno del presidente Pastrana y las FARC durante los últimos tres años no hacen sino mostrar la poca voluntad de paz del grupo guerrillero, lo cual ha sido agravado por las incursiones violentas del paramilitarismo, cada vez más fuerte y apoyado por la ciudadanía colombiana. En dicho contexto, se debe reconocer que la ayuda brindada por los Estados Unidos a Colombia en el marco del controvertido Plan Colombia, cuyo componente militar y abiertamente contra-insurgente se verá reforzado a raíz de la «guerra contra el terrorismo», está sirviendo para crear el «desequilibrio estratégico» necesario para resolver el conflicto. Pero este proceso será incompleto si no viene acompañado de un compromiso real del Estado colombiano con la defensa de los Derechos Humanos, la lucha contra el paramilitarismo y la atención a las poblaciones marginales dedicadas al cultivo de la coca. Sólo bajo esas condiciones las partes en conflicto podrán sentarse de nuevo a negociar con posibilidades reales de éxito. Tal es el reto del presidente electo Alvaro Uribe.

Notas:

* MSc en Políticas de Desarrollo en América Latina (London School of Economics, Departamento de Gobierno). Agregado de cooperación de la Comisión Europea en el Perú.

1. Según fuentes diversas, las FARC son responsables de un 80% de toda la insurgencia violenta en Colombia y han enrolado entre 10.000 y 20.000 efectivos.

2. El senador conservador Álvaro Gómez creó este término en un intento de exagerar los objetivos políticos de grupos de campesinos armados que buscaban reconocimiento y protección de las tierras colonizadas.

3. Hacemos una distinción muy clara entre grupos de autodefensa y guerrillas. Mientras que los primeros son sólo una reacción defensiva del campesinado en protección de sus actividades, las guerrillas son movimientos ofensivos que atacan al aparato estatal con objetivos políticos (hacerse del poder o alternativamente influenciar las decisiones tomadas por el Estado mediante la desestabilización).