Sin embargo, a pesar de esta aparente unanimidad de criterios, pronto surgieron aprensiones sobre el ámbito de acción que debía tener la CVR, que hizo surgir dudas sobre las reales intenciones de esclarecimiento que mostraban los diversos actores políticos. Como se recuerda, empezó a cuestionarse sin justificaciones razonables el período que abarcaría sus pesquisas, intentando restringir el arco temporal en discusión al régimen fujimorista, y dejar de lado la década de los 80 y, con ello, una parte sustancial de lo que debía revisarse.

Luego vendrían las críticas respecto a sus integrantes, apelándose a argumentos deleznables para cuestionar la designación de algunos comisionados. Por otro lado, se presionó para incluir entre ellos algún tipo de representación que no venía al caso, como el exigido por los denominados «familiares de los presos políticos».

Por último, también se plantearon observaciones sobre el presupuesto que emplearía para llevar a cabo sus actividades. Se dijo que era «excesivo» y que había reclutado demasiado personal, sin haberse evaluado seriamente los costos de los medios que debían utilizarse para lograr los objetivos propuestos.

En su momento, se respondió a todos estos emplazamientos, con lo cual la CVR dio muestras claras de la intención que imprimiría a sus tareas. Guiada por el principio democrático de la transparencia, expuso públicamente sus motivos, los mecanismos que utilizaría para conseguir sus objetivos y las fuentes con que serían financiados. Aún así, si bien las críticas amainaron no desaparecieron y es probable que al acercarse la fecha de entrega del informe final, en julio de este año, reaparezcan con renovada intensidad.

Cuando los asuntos instrumentales de la CVR dejaron de ser materia observable, pareciera que las resistencias ante este organismo están prefiriendo ahora plantear dudas sobre su naturaleza misma. Así, han comenzado a difundir ideas relativas a lo innecesario y hasta peligroso que puede resultar «escarbar» el pasado inmediato, lo adecuado que resultaría proponer mecanismos de olvido o, peor aún, que terminen justificando el terrorismo.

A diferencia de las primeras, estas ideas deslizadas deberían haberse levantando sobre planteamientos mucho más elaborados para justificarse y, en esa medida, ofrecer discursos verosímiles destinados a lograr ciertos grados de legitimidad. Sin embargo, pareciera que no es así. Volvemos a encontrar una y otra vez formulaciones que parecen intentar ahogarnos en debates estériles sobre asuntos accesorios para evitar, de esa manera, que la atención se focalice sobre los reales motivos que debieran estar en la búsqueda de la verdad sobre lo que aconteció.

Aún así, evitar el debate es una mala decisión. Por muy frágil que se presenten los planteamientos que desde ya están buscando debilitar las conclusiones a las que posiblemente arribará la CVR, la necesidad de esclarecimiento obliga a ingresar al terreno de la contrastación y con ello incidir en cuestiones tales como la pertinencia de una comisión de la verdad en el Perú, sus especificidades respecto a otras experiencias similares y sus potencialidades en función de un futuro en el que el desarrollo democrático se proponga como el aspecto crucial.

En términos generales, si bien las comisiones de la verdad no han sido respuestas exclusivamente latinoamericanas ante situaciones de violencia extrema en las que la razón de Estado se impuso mediante una práctica generalizada de violaciones de los derechos humanos, sí es cierto que en nuestra región han estado definidas por características específicas.

Si hacemos de lado el auroral esfuerzo hecho por los colombianos en 1959, cuando el presidente Lleras Camargo convocó a una Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia, todas las comisiones latinoamericanas -tanto las que tuvieron un origen oficial como aquellas que no- se formaron a partir de los años 80 y luego de experiencias de guerra interna, en unos casos, o de largos periodos de represión indiscriminada por parte del Estado, en otros(1).

Tal como afirman Nelson Manrique y Esteban Cuya(2), un denominador común en la materia que debía investigarse fue el modus operandi y las consecuencias de acciones tomadas en el marco de la doctrina de seguridad interna. En ese sentido, la gran mayoría de casos estuvieron circunscritos a regímenes militares cuya tónica fue restablecer el orden supuestamente amenazado por el denominado «peligro comunista».

Valga recalcar el sentido que tuvo dicha doctrina: el objetivo no se circunscribía a la derrota de organizaciones subversivas sino al desmantelamiento –mejor dicho, aniquilamiento- de todo vestigio que fuera catalogado como peligroso para el statu quo. De esta manera, la estrategia seguida no se detuvo en ejercer los controles debidos ante los posibles excesos, produciendo inmensos daños en el tejido social. En suma, el enemigo a derrotar no se circunscribió a los grupos armados y prácticamente involucró a toda la organización civil, llámense sindicatos, gremios profesionales, organismos de base, etc. Porque dicha doctrina tuvo en sus fundamentos el concepto de «guerra total», lo que implicó una idea global de la sociedad, pero desde un ángulo eminentemente militar.

En perspectiva, una de las condiciones básicas para su formulación en nuestra región fue el rol pasivo que fueron asumiendo los civiles sobre la construcción del Estado nacional, dejando, por ende, los asuntos de seguridad como exclusiva competencia de los segmentos militares.

Cuando los Estados Unidos estimó imperioso la aplicación de una estrategia de «contención» en el continente contra un enemigo que ya no vendría de afuera sino que se presentaría «desde adentro», debió auspiciar la renovación material de los ejércitos latinoamericanos y alinearlos firmemente bajo su opción ideológica. De esta manera, la opción política escogida para aquellos lugares donde estimaban existían «situaciones límite» fue la promoción y apoyo de golpes de Estado llevados a cabo por las fuerzas armadas locales, cuya misión sería «barrer» con todo aquello que se consideraba el enemigo. Para el caso, nada resultó más ilustrativo sobre esta posición norteamericana que el Informe Rockefeller, dado a conocer en 1969, en el que se expuso la necesidad de las dictaduras temporales como medida de seguridad continental.

Cuando el marco de la Guerra Fría bajo el cual se habían desarrollado estos regímenes finaliza con el derrumbe del bloque soviético, empieza a configurarse un ambiente propicio para la democratización política en la región. Así, paulatinamente las exigencias para asegurar un Estado que realmente garantice los derechos de los ciudadanos, característica consustancial a un sistema democrático, fueron adquiriendo fuerza y con ello surgió la necesidad de realizar un balance sobre las acciones pasadas que permitiera, por un lado, identificar las causas que motivaron los ataques a la sociedad y, por el otro, evaluar las secuelas productos de esta acción con el fin de reparar los daños causados y restituir derechos conculcados.

Pero, tal vez el aspecto más importante, y por lo mismo el que ocasiona mayores resistencias, fue la prerrogativa que han tenido estas comisiones para configurar responsabilidades y recomendar a las instancias judiciales el inicio de procesos a aquellas personas de las que se sospecha participaron en actos violatorios de los derechos humanos, bajo el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Así, lo que se tuvo en cuenta fue que ninguna democracia podía hacerse sostenible bajo el criterio del borrón y cuenta nueva, por la sencilla razón de que si se hubiera actuado así no podía generarse un mínimo de la indispensable confiabilidad que las instituciones del Estado deben ofrecer a la colectividad, por lo que se hacía urgente formular una política de reconciliación sobre la base del ejercicio de la justicia.

Con estos argumentos fueron surgiendo las diversas comisiones de la verdad y cada una de ellas tuvo características particulares que se ajustaban a la naturaleza de los casos nacionales que les tocó investigar, aunque en lo fundamental fueron bastante semejantes. Por ejemplo, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en Argentina tuvo la misión específica de «enfrentar sin retaceos el tema de la desaparición forzada de personas en la República Argentina y determinar lo sucedido con las víctimas» (3).

En el caso de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile, su objetivo fue «contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años, sea en el país o en el extranjero, si estas últimas tienen relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos y sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan tener lugar tales hechos» (4).

El mandato de la de El Salvador fue establecido en los llamados Acuerdos de México, firmados en México D.F. el 27 de abril de 1991, ampliándose sus atribuciones con el artículo 5 del Acuerdo de Paz de Chapultepec -llamado «Superación de la impunidad»- y quedando definido así: «La Comisión tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad»(5).

Fueron estos antecedentes los que sirvieron de base para formar una Comisión de la Verdad en el Perú, aunque, como veremos inmediatamente, nuestro caso tiene características muy particulares que lo hace de algún modo especial, frente a lo cual se tuvo que emplear una gran capacidad de imaginación para diseñar adecuadamente los mecanismos que debían ponerse en funcionamiento para obtener así los resultados requeridos por el mandato que la instituía.

En primer lugar, debemos señalar algo fundamental. El proceso de violencia política en el Perú se desarrolló estando vigente el estado de Derecho. Salvo el interregno provocado por el autogolpe de Estado de abril de 1992, entre 1980 y el 2000 tuvimos gobiernos elegidos por sufragio universal y las instituciones formales funcionaron según lo establecido por la legislación.

Esto no es un dato adjetivo. Que durante los años 90 se haya inhibido cualquier manifestación de búsqueda de la verdad y aplicación de justicia sobre las acciones ocurridas en la lucha contrasubversiva, está directamente vinculado al tipo de régimen político que tuvimos durante esos años. Lo que queremos subrayar es que más allá de las características mostradas por éste, en lo formal se le reconoció un origen democrático.

Por otro lado, debimos presenciar la actividad de un grupo armado como Sendero Luminoso, que se caracterizó por imponer una enorme carga de crueldad y salvajismo en sus acciones. Esto no implica que en los otros experimentos armados escenificados en Latinoamérica hayan estado ausentes altas cuotas de irracionalidad pero, con toda seguridad, ninguno de ellos llegó a los extremos mostrados por esta organización. Sendero tuvo efectos tan negativos como la acción del Estado y fue un factor importante para el desmantelamiento y la destrucción de la organización social, así como en lo plausible que resultaron las respuestas del Estado –«los derechos humanos de los afectados por el terrorismo»- ante los reclamos sobre su ineficacia para garantizar los derechos de la población. (6)

En tercer lugar, mientras que las otras comisiones regionales se conformaron cuando el conflicto acababa de finalizar, en el Perú la CVR comienza sus labores cuando la etapa más aguda de represión estatal y respuestas sangrientas por parte de la subversión había terminado hacía bastante tiempo. Esto tiene implicancias directas en la conformación de la documentación de apoyo, pues cuando mayor es el tiempo transcurrido mayores serán las dificultades para acopiarla.

Por último, pero no por ello menos importante, está el asunto de la memoria histórica sobre el conflicto. La extrema debilidad de la sociedad civil y el hecho de que las organizaciones subversivas fueran derrotadas además de haber quedado muy desprestigiadas ante la población, no dieron lugar a la formación de versiones alternativas sobre la violencia, quedando la historia oficial construida por el Estado como la única explicación de lo acontecido, y en la que por obvias razones sólo encontraremos medias verdades, ausencia de hechos y tergiversaciones que buscan amainar las responsabilidades de sus funcionarios, tanto civiles como militares.

Por eso, una de las cuestiones en la que ha puesto énfasis la CVR es el esclarecimiento de los hechos, una de sus actividades menos conocida debido a su naturaleza especializada. Durante estos casi dos años de trabajo, equipos de profesionales han recorrido las diversas zonas del país donde incidió de manera importante la violencia política con la finalidad de conocer las causas que ocasionaron este fenómeno, las características específicas que mostró en estos lugares, los actores que estuvieron comprometidos, las secuelas que produjo y las posibles acciones a tomar para restañar las heridas que provocó.

Junto a estas investigaciones focalizadas, se conformó otro grupo de trabajo denominado «Proceso nacional de violencia», que se aboca a estudiar las condiciones estructurales, los procesos de largo plazo, los comportamientos de los diversos gobiernos así como las respuestas de las diversas instituciones y organizaciones del país.

Mucho se ha criticado la supuesta parcialidad que podría contener el informe de la CVR, llegándose a plantear incluso, en un extremo de ingenuidad, que lo que ella alcanzará finalmente será una versión de parte y no una «historia objetiva». Al respecto, lo que la CVR está elaborando es una versión alternativa a la que nos contó la historia oficial, que debidamente apoyada en fuentes sirva para deslindar responsabilidades y proponer la construcción de un ambiente adecuado para que lo ocurrido no vuelva a suceder en el país.

Que todo ello será materia de debate y de ajustes posteriores es indudable. Es, además, lo deseable. Lo que sí no puede ponerse en cuestión es lo importante que resulta ser esta primera y tal vez única oportunidad que nos damos los peruanos para plantear, cada uno desde su perspectiva, qué fue lo que pasó y por qué fue así. Las respuestas no serán un simple ejercicio recordatorio.

Mucho se ha incidido sobre la necesidad de olvido. Esto implica varias cuestiones que ameritan reflexión, pero podemos detenernos en una de ellas: memoria y olvido como dos caras de una misma medalla. En síntesis, estas categorías no son precisamente opuestas sino que una, la memoria, involucra a la otra, el olvido. Esta última sería imposible si no existiera algún registro que se quiere o se necesita olvidar.(7)

Por otro lado, cuando se habla de memoria estamos en un plano netamente discursivo. No son los hechos en sí mismo sino el recuerdo asociado a vivencias determinadas lo que compone su naturaleza. Por ello, frente a un mismo acontecimiento traumático las personas experimentarán diferentes situaciones. Entonces, lo que las comisiones de la verdad tratan de rescatar son estas memorias que por las diversas circunstancias represivas imperantes no han podido expresarse y, por tanto, se les ha privado de la oportunidad de ser debidamente superadas.

Como podrá deducirse, lo que tenemos entre manos es el reconocimiento que podemos otorgar a las diversas versiones que sobre la violencia política se implantaron en el seno de la sociedad. En otras palabras, aceptar que sobre este tema no hay explicaciones únicas y concluyentes, y que la única manera de garantizar que no vuelva a suceder es llegando al consenso de que las vías violentas no solucionan los problemas sino que terminan agravándolos.

Seguramente se afirmará que planteadas así las cosas se ingresará a un terreno esencialmente político. Así es. La construcción de las memorias tiene una manifiesta intencionalidad y no debemos preocuparnos mucho por los objetivos diferentes y hasta contrapuestos que persiguen cada una de ellas. Más importante es pensar cómo podría construirse un proyecto en común sobre la base de la diversidad de experiencias. Allí, creemos, reside la inmensa potencialidad democrática que puede emanar del informe de la CVR, la oportunidad de analizar nuestro propio desempeño durante los años de violencia, puesto que más allá de las precisas responsabilidades que les cabe a aquéllos que desencadenaron el baño de sangre en que fue sumido el país, cada uno de nosotros cumplió un rol sobre cuyos efectos seguramente aún no tenemos una conciencia clara.

*Información al 31 de octubre del 2002

Fuente: CVR