En sus momentos de máxima euforia, cuando miles de personas vitoreaban al compás de tambores y danzas alegóricas que «otro mundo era posible», Porto Alegre emanaba un clima de optimismo e ilusión, de fiesta en la esperanza: un paisaje impensable e inédito para muchos de nosotros. Otra vez Brasil era sede del Foro Social Mundial (FSM) en medio de un escenario internacional que contrastaba por igual expectativas como incertidumbres. La izquierda (pero no solamente ésta) pendiente de la suerte de Lula en el gobierno, un halo de luz en las tinieblas. El peligro de una guerra imperialista que concluyera con la debacle del sistema de seguridad internacional y la implantación de facto de un orden mundial unipolar. La resistencia de Chávez tras un mes de intensa presión social. El fantasma del ALCA y el radicalismo vernacular del líder cocalero Evo Morales. Colombia, Argentina y Ecuador, coyunturas de más para caldear los ánimos y tentar especulaciones. De ahí que el Foro de este año no sólo superara pronósticos (se calculó en 120 mil los participantes, el doble de asistencia de la última vez) ni se limitara a deliberar propuestas y experiencias de desarrollo local (más de 1500 actividades temáticas, políticas y culturales en cuatro días). El FSM de Porto Alegre sentó posiciones con respecto al futuro de la política global y alentó la movilización mundial a favor de la paz. ¿Alguna novedad? El despertar de un sentir colectivo hasta hace poco almidonado, aletargado, que a falta de mejor definición Aníbal Quijano ha denominado «anticapitalista». Fundado en el ideal democrático de la lucha por la justicia social, el FSM surgió como respuesta a la globalización neoliberal planificada desde los principales centros de poder económico, político y financiero –encarnados en el Foro Económico Mundial de Davos– y hoy, concluida su tercera edición, mantiene como fundamento de su propuesta política un nuevo marco social que redefina la relación Estado-sociedad en beneficio de las mayorías.

Sin embargo, la formula para salir del hoyo no es del todo clara. La crisis de paradigmas e ideologías repercute en la carencia de proyectos alternativos al modelo de organización capitalista, y las fuerzas del sistema hegemónico –pese a sus insuperables contradicciones y a la resistencia del cual es objeto– son aún apabullantes. La pregunta es inevitable y se presenta así de descarnada, ¿es realmente posible otro mundo? ¿De qué tipo de sociedad estamos hablando?

El principal potencial del FSM radica en la pluralidad de actores y escenarios que ha logrado convocar. Diversidad que puede convertirse, asimismo, en talón de Aquiles, al dificultar la articulación de su variada plataforma de reivindicaciones e identidades sobre la base de una unidad programática. En efecto, si bien el espíritu que define al Foro es su oposición «a toda visión totalitaria y reduccionista de la economía, del desarrollo y de la historia», además de su repudio «al uso de la violencia como medio de control social por parte del Estado» y su compromiso en la defensa y promoción «de los derechos humanos, la práctica de una democracia verdadera y participativa, las relaciones igualitarias, solidarias y pacíficas entre las personas, etnias, géneros y pueblos, condenando todas las formas de dominación o de sumisión de un ser humano a otro» (Carta de principios, 2001), el hecho es que no todos los movimientos, organizaciones y actores participantes coinciden en lo que a todas luces representa lo verdaderamente trascendental, a mi entender el carácter estratégico que deberá seguir el accionar de estos movimientos para lograr el cambio social que tanto reclaman.

Esta multiplicidad de perspectivas le ha costado al FSM la oposición de diversos sectores políticos y académicos, algunos de ellos abiertamente escépticos con el carácter «novedoso» y «moderno» atribuido a este proceso. Tanto la derecha (por omisión oprobiosa) como algunos sectores duros dentro de la propia izquierda, han puesto en cuestión los logros políticos arduamente publicitados por el Partido de los Trabajadores (PT) y los organizadores del Foro como el ideal democrático de cara al futuro: el programa de participación ciudadana implementado desde hace una década en Porto Alegre. Incluso Naomí Klein, veterana activista del movimiento anti globalización, llegó a sugerir que el portaestandarte del FSM –el Presupuesto Participativo (PP)– había sido «secuestrado» por políticos y por «nombres» importantes, distorsionando el carácter popular de estos movimientos abocados a la formación de una democracia desde abajo, desde las bases.(1) La advertencia no pudo ser más clara y precisa: cifrar nuestras expectativas en las altas esferas del poder político (donde las muestras de amoralidad y felonía son harto conocidas) implicaría en la práctica abdicar de nuestro derecho más elemental y preciado, como es el participar en la construcción de nuestro propio destino. Dependía del pueblo y de nadie más hacer uso legítimo del derecho a la autodeterminación; no asistiendo periódicamente a las urnas o respondiendo encuestas por teléfono, sino fundamentalmente a través del empoderamiento ciudadano y la participación popular en la administración del Estado (como lo estaría demostrando la experiencia de Porto Alegre).

Todo parece indicar que, a propósito del debate sobre el FSM, regresa al seno de la izquierda (por lo menos brasileña) una vieja polémica. En sí, lo que estaría en discusión sería, por un lado, la posibilidad de alcanzar un mundo justo y equitativo sobre la base del binomio democracia representativa-economía de mercado, para muchos, una posición conformista y derrotista que tolera y facilita la hegemonía del sistema de producción y acumulación capitalista (aún a pesar de sus evidentes inequidades); en oposición de aquéllos que plantean la desaparición del orden burgués y la construcción de una sociedad autogestionaria. Por cierto, el hecho de que en el FSM se haya consensuado sobre la necesidad de articular un movimiento internacionalista –tesis levantada por el Manifiesto Comunista 150 años atrás– que globalice todos los esfuerzos desplegados desde la «sociedad civil» para contrarrestar el poder global del capital, no significa ni garantiza necesariamente la unidad programática del movimiento. Este punto es crucial en el debate sobre las perspectivas y posibilidades del Foro. Hay quienes creen imposible alcanzar la transformación real de las estructuras que sustentan las desigualdades sin una lucha abierta por el control político del Estado (definido éste por su carácter de clase, excluyente y servil a los intereses privados del capital transnacional). Más aún, niegan cualquier posibilidad de «humanizar» o hacer «responsable» al capitalismo, pueril trampa que encaja perfectamente con la definición de «utopía» que registra el Diccionario del político exquisito de Torcuato di Tella, una «buena idea expresada por un adversario».

Que Porto Alegre fuera por tercera vez consecutiva sede del FSM se explica por el publicitado éxito del programa de participación ciudadana implementado desde 1989 por el Gobierno Federal de Rio Grande do Sul, en ese entonces en manos del PT. El nacimiento del PP estuvo signado por una crisis de legitimidad del Estado que amenazaba con arrastrar al conjunto del sistema político en el abismo del descrédito y la desconfianza. La ausencia de paradigmas y de proyectos programáticos que no sonaran a refrito para la crítica neoliberal, mermaba las potencialidades de una izquierda pobre en imaginación y en propuestas, incapaz de encauzar el malestar de las mayorías embaucadas en los procesos de reforma y ajuste estructural. En tal contexto, el relativo éxito que alcanzó este fenómeno no tardó en abanderar las luchas de aquellos sectores que reivindicaban el concepto de poder popular y declaraban la vigencia de la utopía socialista. La «originalidad» del PP llegó a ser catalogada por Bernard Casser, director del diario francés Le Monde Diplomatique, Presidente de ATTAC^* y fundador del FSM, como «una experiencia de democracia directa sin equivalentes en el mundo». Rápidamente el PP se convirtió en tónico revitalizante para teóricos y políticos progresistas, que vieron en él el germen de una nueva ciudadanía basada en la participación directa de la población en la gestión y vigilancia del manejo público de sus recursos.

El PP tiene por objetivo involucrar a los ciudadanos –no sólo beneficiarios sino principalmente conocedores de sus problemas y necesidades– en el manejo y la administración del presupuesto designado por el gobierno local para el gasto en inversión social. Implementar este programa exigía una ingeniería institucional que canalizara, de manera abierta y plural, la diversidad de intereses y demandas existentes en las comunidades comprendidas. Para viabilizar este proceso, Porto Alegre fue dividida en 16 regiones. En cada una de ellas se convocó a la población –por lo menos dos veces al año, bajo el sistema de Plenarias Temáticas(2)– para que discuta y entregue a los Consejeros –representantes de la ciudadanía ante el Foro de Delegados Regionales y Temáticos– el conjunto de prioridades acordadas democráticamente en las asambleas populares. Más que una instancia de fiscalización del gobierno local, lo que persigue el PP es promover la participación directa de la ciudadanía en la elaboración del Plan Anual de Inversiones, un conjunto de solicitudes de proyectos que es remitida a los Consejeros, para que éstos, en su papel de intermediarios ante la autoridad local, eleven y sustenten ante el Ejecutivo del gobierno federal o municipal los acuerdos y demandas delegadas por la población participante en los Foros Temáticos.

En último término, es el Consejo del Presupuesto Participativo –máxima instancia de decisión compuesta por 48 representantes(3)– el órgano en el cual recae la responsabilidad de aprobar y viabilizar los proyectos concebidos en coordinación con la ciudadanía organizada.

Pero, ¿qué implica realmente el PP? Tarso Genro, ex alcalde de Porto Alegre y actual secretario de Consejo del Desarrollo Económico y Social del gobierno «petista», definió este Programa como «un nuevo centro de decisión que, juntamente con el Ejecutivo y el Legislativo, democratiza efectivamente la acción política e integra a los ciudadanos comunes en un nuevo espacio público»(4) . De igual forma, para Ubiratan de Souza, el PP representa «una experiencia revolucionaria de planificación democrática que se contrapone a la visión tecnoburocrática de planificación central». Ello en virtud de que el gasto público en el rubro inversión social no resulta competencia exclusiva del gobierno y sus aliados, sino que –además de estar sujeto al seguimiento ciudadano– tiene su origen en la deliberación y el diagnóstico técnico/político realizado por los pobladores interesados en el desenvolvimiento transparente y adecuado de los fondos del Estado.

Quienes defienden este modelo de participación ciudadana, encuentran en el PP tres potencialidades que bien nos valdría tomar en cuenta considerando el actual proceso de regionalización que atraviesa el país. La primera es que el PP implica un «proyecto de ciudad» que involucra consultivamente tanto a pobladores como a autoridades electas democráticamente. En segundo término, dado que lo predominante es la escasez de recursos y las taras burocráticas de los Estados, resulta indispensable reconsiderar las experiencias locales de autogestión en tanto elementos fundamentales para el desarrollo de políticas eficientes. En ese sentido, el PP estaría forjando un nuevo tipo de liderazgo y autoridad local, sujeto al control permanente de los ciudadanos y a la rotación periódica de los cargos por acuerdo de las bases. Por último, esta experiencia estaría «abriendo campo» para el establecimiento de un Estado de nuevo tipo, con un rol claramente promotor, caracterizado no tanto por su voluntad redistributiva y afanes de transparencia, sino principalmente por «incluir» a los excluidos del sistema en las decisiones que afectan su vida cotidiana (5).

Bien cabe preguntarnos si este modelo de participación ciudadana –patentado en Porto Alegre aunque no exclusivo de esta ciudad(6)– encarna el ideal de la sociedad democrática, solidaria y autogestionaria tan presente en la mayoría de organizaciones y movimientos en el FSM. Para comenzar, la principal traba para «universalizar» este fenómeno popular y elevarlo al rango de «cuarta» vía en el debate sobre el desarrollo, radica en la discontinuidad de los tiempos políticos que existe entre cultura y cultura, entre país y país, incluso dentro de las propias naciones, para confluir en una respuesta total y simultánea que sea capaz de cuestionar y relegar del poder a los agentes del capitalismo mundial. Una brecha que costará mucho superar, reto que concierne a Lula pero no sólo a él. Por lo demás, llamar socialista a una trama colectiva de participación ciudadana que coexiste con pautas de socialización propias de una sociedad capitalista, puede ocasionar no sólo confusión en la tarea de pensar e interpretar una realidad que nos rebalsa en su complejidad, sino principalmente puede dificultar la creación e implementación de sistemas de organización social alternativos al modelo hegemónico del capitalismo neoliberal. Más allá de esto, de subestimar estos pequeños avances que por modestos no dejan de ser importantes, corremos el riesgo de disminuir y aislar la lucha que «desde abajo» estos movimientos entablan para convertirse en sujetos de su propia historia. La experiencia de Porto Alegre llama a la reflexión y aviva la esperanza.

La crítica hecha al PP parte del supuesto de que resulta imposible al capitalismo distribuir equitativa y democráticamente los beneficios que éste genera. Según esta premisa, las sociedades organizadas a partir del mercado difícilmente promoverán como valores preponderantes la solidaridad y la igualdad entre las personas, ni la justicia social será una norma integradora, ni todos podrán acceder por igual a los recursos y oportunidades indispensables para su desarrollo.

Por el contrario, en estos sistemas es la lógica de la competencia descarnada la que rige la vida de los individuos, la que alimenta la exclusión social acentuando las diferencias socioculturales y la selectividad en el consumo.

Por lo tanto, la forja de una sociedad que erradique toda forma de discriminación económica, social y cultural dependerá finalmente de la posibilidad de un cambio radical en las estructuras de poder político, económico y comunicacional; una revolución que devuelva a las masas la capacidad de construir un tejido social basado en la autogestión y autonomía de las comunidades, en la distribución equitativa de la riqueza.

Paradójicamente, este debate nos remonta a principios del siglo pasado, cuando los socialistas «revolucionarios» y la socialdemocracia «revisionista», primero, y después chinos y soviéticos en los sesenta, polemizaron sobre los términos en que se definiría la agenda política del movimiento comunista internacional. Ya en los noventa, el desconcierto que generó la unificación alemana, la desaparición de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, hizo más que evidente las limitaciones de la izquierda para encarar el debate sobre el futuro político y económico de nuestras sociedades, obligándola a recuperar «viejas» terminologías –es el caso del FSM, en la lectura que hace de éste Aníbal Quijano– que denotan la ausencia de nuevos proyectos e ideologías totalizantes, capaces de erigirse como alternativas verosímiles al imaginario neoliberal y transformar el sentido común que lo sustenta.

Desde este punto de vista, el PP evidenciaría serias limitaciones para convertirse en la modalidad de lucha que cuestione de raíz el poder del capitalismo mundial. Básicamente porque representa un mecanismo de cogestión municipal que administra un porcentaje ínfimo del presupuesto estatal (tan sólo el 10% de lo destinado para inversión social), además de no tener competencia ni poder de decisión en asuntos que definen la estructura de beneficios y privilegios sociales (como es el establecimiento de una verdadera reforma tributaria o la implementación de un nuevo régimen de propiedad sobre la tierra). Agudamente, el Presidente del PSTU^* de Rio Grande do Sul, Julio Flores, calificó al PP de ser «un instrumento para gerenciar la crisis del capitalismo e integrar al movimiento popular, para colaborar con la burguesía en los límites del Estado burgués y de la sacrosanta propiedad privada, para evitar el choque, el cuestionamiento, la movilización y la acción directa»(7) de las masas.

Sin embargo, el Caballo de Troya de la burguesía se escondería, según esta posición, en la «estrategia de la ciudadanía» y la ideología de los Derechos del hombre, edificio conceptual que sostiene y articula a la mayoría de organizaciones y movimientos participantes en el FSM(8). Amparándose en una categoría abstracta, como es la supuesta igualdad que tienen los hombres bajo el imperio de la Ley, la democracia representativa no sólo convertiría la «política» en un asunto de medios y marketing electorero (limitando el universo de alternativas y marginando a vastos sectores de la población de las instancias de decisión política), sino que estaría escamoteando un elemento crucial en el marco de las relaciones sociales de producción, como son los intereses antagónicos que definen el conflicto social entre las clases dominantes y las oprimidas.

De hecho, la lucha por ampliar la base de los derechos ciudadanos ha sufrido una profunda regresión en las últimas décadas, y cuando no ha sido así han proliferado los obstáculos para hacerlos efectivos. Por eso, centrar los esfuerzos en «universalizar» el acceso de los derechos humanos a la mayor cantidad de gente, bajo el supuesto de su progresivo cumplimiento (el famoso «largo plazo» en el que, según Keynes, todos estaremos muertos) es obviar el origen de las desigualdades e injusticias que genera el sistema; a saber, el monopolio sobre la propiedad de la tierra, los medios de producción y los recursos vitales en manos de unos pocos.

No pretendo agotar en esta nota un debate que estoy lejos de poder resolver. Si bien estas críticas al FSM provienen básicamente de grupos anarquistas y de partidos ortodoxos dentro de la izquierda gaucha, minoritarios en relación al conjunto de participantes, también es cierto la importancia y la necesidad de pensar proyectos ideológicos consistentes, viables en su idealismo, consecuentes en la praxis y en el discurso. De ahí que el reto que deberá enfrentar la izquierda en adelante será cómo convencer a una «masa» –desconcertada, disconforme– de que puede convertirse en protagonista del cambio al cual aspira.

Varias veces me pregunté, deambulando entre la marea de carpas que formaba el Campamento de la Juventud, en el Parque de la Armonía, si los miles de jóvenes que desenvueltamente proclamaban la revolución y se oponían al neoliberalismo, que citaban religiosamente a Chomsky, Negri y Galeano, aquéllos que con polos del Che Guevara marcharon en Seattle, Génova y –ahora participantes del FSM de Porto Alegre– protestaban contra los organismos multilaterales, si esta masa trashumante se convertiría finalmente en la férrea combatiente de la lucha contra el sistema, en los obreros de una sociedad sin complejos ni discriminaciones, en los gestores de una democracia «desde abajo». Si esta generación comprometida con la creación de una nueva política sería capaz de vencer –llegado el momento– la sensualidad del poder, de inmunizarse frente a los estímulos del consumo, de imaginar otros modos de vida distintos al capitalista. Pensé mucho si en verdad «otro mundo era posible» y si valía la pena echarse a caminar en su búsqueda. En eso estamos.

(**) Estudiante de Sociología de la Pontificia Universida Católica del Perú. Investigador del Programa de Derechos Humanos de CEDAL.