Uno de los problemas, acaso el principal, que hoy encuentra la democracia para su implantación en el país, es su permanente incapacidad de ser, además de un régimen político, una forma de organización de la sociedad. No hay un orden social, económico, político y cultural que impida que el liberalismo entre en conflicto con la democracia. Es decir, los peruanos no podemos ser democráticos y liberales al mismo tiempo.

Por eso el liberalismo en nuestro país no ha sido democrático. Ha sido una ideología que pasó por las aduanas ideológicas de una elite que buscaba defender sus posiciones aristocráticas y excluyentes. Nunca fue igualitario. El liberalismo, que bien pudo alentar un proceso de modernización capitalista, terminó por ser bloqueado, deformado y sustituido por una propuesta al servicio de una sociedad jerárquica y estamental. El liberalismo, sirvió así no sólo para la defensa de una sociedad tradicional sino también –y ahí radica su tragedia- para justificar las desigualdades entre peruanos, contraviniendo así su esencia reformadora. Lo mismo se puede afirmar de su impronta laica. Es difícil olvidar cómo los «liberales peruanos» sacaron a las calles a la Virgen de la Evangelización y al Señor de los Milagros, como «aliados» en su campaña electoral de 1990, menos aún su discurso racista en ese mismo año.

Pero tampoco la corriente democrática ha sido liberal. Los procesos de democratización, es decir aquéllos que se han planteado el tema de la igualdad como el velasquismo, así como las grandes corrientes ideológicas como el aprismo y el socialismo, han sido autoritarios y, sobre todo, antiliberales.

El resultado ha sido la imposibilidad de la existencia de una República en nuestro país. De un pacto jurídico entre los peruanos. El pueblo, que en una propuesta republicana nace cuando todos sus integrantes, por ser iguales, están sujetos a un mismo Derecho, casi siempre fue concebido por el liberalismo peruano como una plebe y por la corriente demócrata como los sectores populares. Ambas concepciones, ya sea por razones elitistas o vanguardistas, terminaron por impedir el nacimiento de una democracia que propiciara el autogobierno del pueblo. Por ello tampoco nos debe extrañar que la democracia en el país haya sido concebida no «como expresión efectiva de la voluntad general, es decir, como gobierno del pueblo» sino más bien, como dice Nun, como el «gobierno de los políticos», y la participación política como un mero soporte de éste y no como un mecanismo de legitimación y profundización de la propia democracia.

No es extraño, en este contexto, que los grandes procesos de modernización capitalista de nuestro país, que se supone son el soporte de la democratización, se hayan movido ya sea a través de «modernizaciones tradicionalistas», como los califica Fernando de Trazegnies, o de «modernizaciones compulsivas» como los llama el chileno José Bengoa. El primero, se desarrolla «como una estrategia de adaptación que lleva a cabo una clase tradicional para absorber las mayores dosis de modernidad liberal capitalista compatibles con la dominación aristocrática». Aquí lo que tenemos es una refuncionalización de las elites, orientado al mantenimiento de su propia condición de elite y de un núcleo conservador que buscan preservar. Como diría Víctor Andrés Belaúnde, se trata de un «tradicionalismo evolutivo».

En el segundo caso, las modernizaciones son violentas, compulsivas e irreflexivas, y tienen el problema de romper con las identidades pasadas, desvalorizar la cultura y provocar un enorme vacío cultural. «En esos casos abunda la falta de sentido, y sus consecuencias: la falta de interés por lo público, la inmoralidad, la corrupción, la delincuencia, en fin la falta de vínculos entre quienes viven en sociedad (....) Se pierde el sentido de ciudadanía. La modernización compulsiva puede ser un proceso de devastación cultural en medio del cual se construye una sociedad vacía, sin vínculos profundos respecto al pasado ni al futuro», pero también «sin vínculos profundos entre sus miembros». (1)

Modernización tradicionalista bien puede ser el proceso llevado a cabo durante la llamada República Aristocrática, que buscaba, entre otras cosas, legitimar tanto al Estado como a una elite en un momento de cambio. Mientras que el compulsivo es el que hemos vivido bajo el período fujimorista. Es cierto que estos procesos nunca se han presentado «puros» en nuestra historia. Se puede afirmar que en varios momentos, incluso, se confunden. Pero lo que interesa anotar es que el Perú hasta ahora no ha conocido un proceso de modernización que coincida con la ampliación e implantación de un sistema democrático estable. El resultado ha sido siempre elites sociales, políticas y económicas que han terminado por deslegitimarse y distanciarse rápidamente de la población, instituciones que no han sido inclusivas y menos representativas de todos los peruanos, y procesos de modernización que terminaban por generar mayores desigualdades entre los peruanos. Ni elites ni institucionalidad democráticas, ni desarrollo inclusivo... Ese ha sido el drama de los peruanos.

Hoy el país y los peruanos vivimos una quinta transición a la democracia en los últimos setenta años. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de ser ciudadanos, de dar nacimiento a una república y a un modelo de desarrollo inclusivo. Dicho en términos más breves, de fundar una democracia inclusiva.

Como sabemos, nuestra historia ha sido esquiva en estos y en otros puntos. No es el caso analizar el porqué del fracaso de estas transiciones. Sin embargo, sí interesa llamar la atención sobre un problema, diríamos estructural, de estas transiciones: su incapacidad de ser fundacionales y reformadoras.

Se ha planteado la discusión respecto a si una vez instalado el gobierno de Alejandro Toledo, el 28 de julio de 2001, la transición concluyó en el país y que, por lo tanto, estaríamos hoy en la fase de consolidación democrática. Si se define la transición como el paso de un régimen a otro, esto es de uno autoritario a otro democrático, ésta ha concluido. Sin embargo, si se la analiza a luz de la experiencia histórica vivida, lo más probable es que ésta continúe. Las razones hay que buscarlas en los factores que definen el propio proceso de consolidación del régimen democrático y no exclusivamente el tránsito de un régimen a otro. Es decir, en la conquista de una democracia estable y permanente; todo lo contrario, por cierto, a las democracias frágiles y precarias que hemos tenido. En realidad, en todo este tiempo, si algo ha fracasado principalmente en el país es, justamente, la consolidación de la democracia, no así las transiciones hacia ésta por carecer de un espíritu reformador.

Si se acepta lo dicho, resulta igualmente necesario aceptar lo siguiente: para consolidar la democracia en el país no basta el cambio de régimen, tiene que desarrollarse, también, un cambio de orden que no sólo permita darle sostenibilidad en el tiempo sino también hacerla compatible con el liberalismo. Es decir, acceder a una democracia definida como un conjunto de procedimientos, pero también como forma de organización de la sociedad. Estamos, por lo tanto, frente a una doble transición: de régimen político y de orden social y económico. La primera da curso a la segunda, pero ésta confiere sentido a la primera.

Si se compara esta transición con la de los años setenta, ambas plantean (o encierran) un mismo problema: la necesidad de un nuevo orden que haga compatible a la democracia con sus promesas. Desde ese punto de vista, a las tareas que deja la transición se suman otras propias de la consolidación. Se establece así un vínculo de continuidad y ruptura entre ambos procesos. Si se quiere, cuando la democracia se consolida concluye la transición. La transición de régimen, por lo tanto, debe ser ubicada como un componente (y fase) de una transición mayor.

Por ello, si bien la transición enfrenta tareas propias, como es el desmantelamiento del régimen autoritario, implica, necesariamente, el inicio de un nuevo orden. Combina, por lo tanto, las reformas institucionales con los cambios estructurales. No es ni debe ser simplemente la mudanza de un régimen a otro; debe ser el final también de una sociedad basada en la exclusión y en la discriminación. Dicho de otra manera, es el final del péndulo entre democracias frágiles y autoritarismo, pero también el final de los procesos de modernización tradicionalistas o compulsivas que pretenden ya sea perpetuar elites excluyentes o mantener sociedades desiguales. De ahí que la democracia que se construya en esta etapa deba ser lo suficientemente fuerte institucionalmente, es decir, en términos de procedimientos, como para soportar el conflicto de intereses que se desarrollan al cambiar un orden social y económico que propicia y perpetúa la desigualdad.

En este contexto, la transición debe ser concebida –y así fue en el caso peruano- como un acto fundacional que clausura una etapa y abre el cauce a otra. Al hacer esto impregna al proceso de consolidación, justamente, de un profundo carácter reformador. En el caso peruano, si bien existió ese espíritu en la transición, el presidente Paniagua en su primer mensaje a la nación afirmó, justamente, que se cerraba una etapa (la autoritaria) y se iniciaba otra (la democrática). Sin embargo, ese mismo espíritu reformador ha quedado trunco en el gobierno del presidente Alejandro Toledo con lo cual ha quedado pendiente la agenda de la consolidación democrática. (2)

Si bien éstos no son todos los puntos, lo que importa destacar, en esta fase de consolidación (o transición) democrática, es que ésta debe partir de una plataforma de reformas que es, justamente, lo que le da sentido al proceso. Ello nos conduce a lo siguiente: la suerte y la consolidación de la democracia depende, finalmente, de la política que se desarrolle, esto es de un conjunto de políticas públicas que se derivan de esa plataforma de reformas que es consecuencia de la realidad y de viejas herencias. Cuando logremos construir socialmente esa plataforma de reformas, pero además cuando logremos hilvanar los procedimientos institucionales y legales con la instauración de la misma, habremos dado un paso importante para superar la precariedad de nuestra democracia y la desigualdad social. Pensar así, finalmente, es plantearse la posibilidad de gobernar el país a partir, justamente, de las herramientas que brinda el propio sistema democrático. De ser modernos, esto es ciudadanos, lo que es todavía una tarea pendiente entre nosotros.