Semanas atrás el gobierno y sus voceros saturaban los medios de comunicación con su propaganda triunfalista sobre la economía que más crecía en el mundo y los indicadores macroeconómicos que nos convertían en la estrella de la región. Sólo faltaba que la inversión extranjera se diera cuenta y llegara al país para impulsar el crecimiento sostenido.

Súbitamente, en medio de una profunda crisis de gobernabilidad y cuando se planteaba desde diversos sectores la necesidad de ajustes a la política económica, se impuso el estado de emergencia y en ese contexto un paquete tributario. Se utilizó las demandas salariales de los maestros y otros sectores de la administración pública así como de los campesinos y agricultores para justificar un paquete tributario «que garantice» el equilibrio fiscal y los compromisos de pago de la deuda externa.

¿Es esto inevitable? ¿Cuál ha sido la gestión económica de este gobierno con cada vez menor legitimidad?

Contra el voto popular y las promesas electorales, Toledo cedió la administración económica a PPK, que mantuvo políticas de la fracasada estrategia ultraliberal aplicada en los años noventa.

Continuar con privatizaciones, concesiones y el remate de los activos estatales, fue un pilar. El otro, fue la emisión de bonos internacionales y a nivel doméstico, que comenzaron un ciclo de endeudamiento interno que se ha ido profundizando.

La política fiscal, por momentos errática, tuvo como tendencia una disminución sistemática de la inversión pública y el debilitamiento de los organismos de regulación, para mayor funcionalidad de las empresas transnacionales.

Mientras se cuestionaba cualquier tipo de política promocional para la industria y sectores productivos no primarios, se mantenía e incluso se generaban nuevos privilegios para empresas transnacionales que llegaron con las privatizaciones y sectores tales como el minero.

Se constituyó así un populismo para los ricos: subsidios y privilegios para el gran capital, salarios congelados y reducción de la inversión pública, impuestos regresivos para la población mayoritaria.

En el plano internacional, la dupla Dañino-PPK tuvo una política de virtual alineamiento con la posición de los Estados Unidos (el primero ahora premiado con un alto puesto en el Banco Mundial). Se avanzó con pies de plomo en la integración andina y sudamericana, y a las políticas de negociación económica internacional no se sumó una agresiva política exportadora.

El Congreso frenó algunos de los arrestos ultraliberales, postergando la eliminación de las exoneraciones tributarias a la selva, creando el Banco Agropecuario, revisando alguna de las leyes más claramente antilaborales.

La insistencia en impulsar el continuismo llegó a un punto crítico con el rechazo del pueblo arequipeño a la privatización de sus empresas eléctricas, con un saldo trágico generado por una política que incumplía promesas electorales del jefe de Estado.

Entre otros factores, esto precipitó cambios en el Gabinete y la salida de PPK y parte de su equipo del Ministerio de Economía. La reducción de la inflación, el mayor endeudamiento y la emisión de bonos, ciertos comportamientos positivos en la producción impulsados por el proyecto de Antamina y el sector construcción, no compensaban la falta de empleo e ingresos dignos para la mayoría de la población.

Con el cambio de Gabinete, tuvo más peso el partido de gobierno y se despidió a valiosos cuadros, particularmente en el área social, donde habían venido desarrollando una política eficiente y no clientelista. En Economía ingresó Javier Silva Ruete, que pudo haber marcado matices diferentes a la gestión de su predecesor.

Contra lo que algunos analistas señalaron en medios cercanos al gobierno, no consideramos que tal cambio se haya producido en ningún momento. No se avanzó más en efectuar privatizaciones y concesiones por restricciones políticas, pero se comparte esa visión.

No se realizó ningún tipo de políticas sectoriales en agricultura; inclusive al Banco Agropecuario no se le dotó de recursos. Tampoco en el sector industrial, a pesar de algunos signos positivos y sobre todo el dinamismo en la cadena productiva textil-confecciones, con la expectativa de aprovechar las oportunidades del ATPDEA.

Esta cesión unilateral de los EE.UU., como parte de una política de apoyo a la lucha contra el narcotráfico, supuso la presión al gobierno nacional para condicionar sus políticas frente a empresas (inclusive con juicios en proceso), la política antidrogas, el Plan Colombia, entre otros temas.

La política comercial, que tuvo un debut auspicioso con el escalonamiento tarifario, fue frenado por las presiones externas al gobierno y el activismo de funcionarios que permanecen desde la década anterior. Los mecanismos de defensa comercial se abandonaron luego de un tímido dinamismo impulsado por Indecopi.

Las políticas de transporte no se articularon con proyectos de integración sudamericana como el IIRSA, y más bien tuvieron iniciativas para favorecer al vecino del sur. Con una manifiesta debilidad en la regulación del Estado, de los servicios públicos.

Ni políticas sectoriales compatibles con los lineamientos de la OMC, ni una política agresiva de exportaciones, ni apoyo a las Pymes, nula implementación de la varias veces mentada política de compras gubernamentales para apoyar a la industria nacional. Tampoco políticas macroeconómicas contracíclicas, como ofrecía su plan de gobierno.

En suma, hubo una incapacidad de utilizar la oportunidad de cambio que tuvo el ministro y se mantuvo el continuismo del populismo para los ricos. Patéticos espectáculos como el de la «renegociación» del contrato con Telefónica eran una muestra de la precariedad del Estado, y de la torpeza e incapacidad de los funcionarios gubernamentales al más alto nivel.

Continuó la emisión de bonos y se crearon mecanismos de financiamiento del Estado, pero la inversión pública continuaba deprimida. No se discutió el tema de la deuda externa, salvo una propuesta de destino incierto que se presentó en la Cumbre del Grupo de Río realizada en Cusco.

Con relación a los vecinos, hubo una acción tardía impulsada por Cancillería respecto a Bolivia, para tratar de que el gas se exportara por Perú. Se aceptó renegociar el Acuerdo de Complementación Económica con Chile, ampliándolo en el tema de servicios y adelantando la liberalización de partidas sensibles, sin ningún beneficio manifiesto para el Perú. Se exacerbó innecesariamente las fricciones en las relaciones con Venezuela, nos alineamos con el Plan Colombia y la política norteamericana que incluye la posibilidad de una incursión militar. La diplomacia presidencial contradecía muchas veces cuidadosas estrategias desarrolladas de manera prolija por la Cancillería.

Lo más importante fue el establecimiento de una alianza estratégica con Brasil, que si se cumple constituirá un hecho histórico. Sin embargo, no ha sido suficientemente ponderado, comenzando por la propia administración. Y es que la «política» presidencial parece ser concluir Acuerdos de Libre Comercio con representantes del gobierno que lleguen al Perú o con el país que visite el presidente, sin prioridades claras o una estrategia integral.

En ese contexto se ubica la iniciativa del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, supuestamente para consolidar los beneficios del ATPDEA y atraer inversiones. Al mismo tiempo queremos asociarnos al MERCOSUR y otros países dentro y fuera de la región. No existen suficientes análisis sobre los costos y beneficios de una y otra estrategia. Pero, ya se lanzaron.

En suma, este gobierno no tiene rumbo. Se ha continuado con la inercia neoliberal y se ha cedido ante las presiones de las transnacionales y los grupos de poder nacionales y extranjeros para mantener privilegios extremos que no existen en países civilizados, y que fueron pactados en medio del gobierno más corrupto en décadas.

Sin embargo, la propaganda nos presentaba un país de maravillas. Todos los indicadores estaban bien, la inflación caía, la recesión había sido superada, había récords sucesivos de recaudación tributaria, habíamos obtenido un superávit en la balanza comercial, las reservas internacionales aumentaban, el riesgo país disminuía, etc.

Pero las movilizaciones y marchas en todo el país por demandas salariales, reivindicaciones sectoriales, exigencia de cumplimiento de promesas electorales violadas, demandas por una efectiva descentralización y regionalización, mostraban la realidad convirtiendo en inútil la propaganda.

El modelo neoliberal excluyente fracasó en el Perú en los noventa y en el resto de América Latina, lo que ha llevado a un proceso autocrítico de los propios organismos multilaterales y mentores ideológicos. Aquí Toledo desperdició una coyuntura propicia para aplicar cambios ordenados, graduales, que en el contexto de una economía abierta nos llevaran a una senda de crecimiento. Es lo que el presidente Kirchner ha hecho desde el primer día de su mandato en Argentina.

El desgobierno, la incapacidad y el continuismo de la política económica agudizaron las movilizaciones y el caos social. La respuesta fue la represión y tirarle a las Fuerzas Armadas una responsabilidad que es política, y que debió asumir el gobierno elegido.

Desmoronada la propaganda, quedó el estado de emergencia, la represión y muerte en Puno. En medio de eso, el poder económico, sus voceros pagados presionaban a todo nivel y copaban los medios de comunicación exigiendo que no se toque el programa económico.

El jefe de Estado y su Gabinete se alinearon, y al ministro de Economía no se le ocurrió otra cosa que soltar un paquete tributario. De la reforma tributaria supuestamente trabajada durante meses y anunciada en varias oportunidades salió un conjunto de medidas de parche que no aborda los problemas de fondo.

Silva Ruete y su equipo del MEF identifican cuatro acciones centrales a tomar: reducir la deuda pública (con déficit fiscal decreciente); racionalizar drásticamente el gasto público; elevar sustantivamente la presión tributaria; y eliminar la inequidad en el sistema nacional de pensiones.

En el mejor de los casos se trata de una política «neutra» si se traslada efectivamente a salarios los impuestos recaudados, cuyos resultados sobre el nivel de actividad son inciertos (considerando el ruido político generado).

No es precisamente una política contracíclica, salvo que se evalúe que estamos creciendo demasiado y que es necesario parar la máquina. Con uno de los déficit fiscales más bajos de la región, erróneamente se ha identificado ese como problema principal y se han planteado medidas que de adaptarse sólo pueden echar más leña a la hoguera.

Es cierto que hay que tener una deuda pública razonable, como porcentaje del PBI. Pero otros países lo han conseguido en base a crecimientos sostenidos, que es el camino que deberíamos adoptar, y no de parches que no abordan los problemas de fondo.

El MEF señala pagos promedio de servicios de la deuda pública del orden de US$ 3500 millones para los próximos años. Esto es inviable con el actual nivel de exportaciones, lo que debería llevar a sostener conversaciones para ver los mejores mecanismos que le permitan al país cumplir con sus obligaciones externas e internas de deuda, sin matar de hambre a su población.

Kirchner ha planteado, con razón, en Argentina que el país debe crecer para poder pagar, y están negociando seriamente nuevos plazos y mecanismos. Y el FMI no le ha cerrado la puerta sino que ha desembolsado más de US$ 300 millones en los últimos días.

El paquete tributario retoma la propuesta de PPK de eliminar exoneraciones tributarias en las regiones, y instaura una serie de dispositivos que castigan básicamente a la vapuleada clase media. Las medidas más «progresivas» han sido cuestionadas por los sectores políticos que hoy aplauden a la nueva premier

Es cierto que hay que aumentar la presión tributaria, pero esto debe hacerse en base a un nuevo pacto fiscal donde los impuestos directos -y no los indirectos- sean los más importantes, donde paguen más los que ganan más, se incentive la reinversión y se renegocien las gollerías o el uso leguleyo de ventajas tributarias otorgadas por un régimen corrupto. El futuro del país está en juego.

Todo el paquete variopinto y de parche planteado por Silva Ruete y su equipo permitiría obtener algo más de US$ 200 millones este año. Si se cobraran los impuestos que el mismo ministro señaló en algún momento que iba a cobrar a las eléctricas y se logra que empresas mineras y otras tributen adecuadamente, superaríamos largamente esas cifras, y en el corto plazo. Pero hace falta voluntad política para implementarlo, y este gobierno ha mostrado que no la tiene.

Por tanto, no es cierto que no haya alternativas. No las hay si se quiere mantener el neoliberalismo y el populismo para los ricos. Pero por eso no votó el pueblo, cuya voluntad ha sido burlada.

Un nuevo pacto fiscal que permita una mayor inversión pública y recursos para que los gobiernos regionales y locales los manejen descentralizadamente, una política agresiva de exportaciones y adecuada negociación económica internacional, políticas sectoriales (agraria, industrial, servicios) compatibles con la normativa OMC, priorización de la educación y recuperación del gasto en ciencia y tecnología, una política social y de lucha contra la pobreza, parecen perentorias.

Esto lo planteamos hace un año en un diario local como medidas de emergencia para un gabinete de concertación nacional, en la coyuntura de la salida de PPK del MEF. Se ha perdido un año y parece que este tipo de acciones u otras parecidas son las que demanda la población, o las que permitirían avanzar en la solución de los problemas del país. Una jefa de Gabinete elegida luego de buscar entre varios candidatos de la derecha y el neoliberalismo, sólo agudizaría las consecuencias de políticas que nos pueden llevar al colapso de mantenerse inalterable el esquema económico y endurecer la represión al movimiento social.

Nos acercaríamos así al espejo argentino. El gobierno ha mostrado una incapacidad manifiesta al más alto nivel, por lo que si no es capaz de cambiar el rumbo, quizá lo más saludable para la República sería que dé un paso al costado. Habría que buscar la mejor salida constitucional, de manera ordenada, antes de que el abismo nos trague a todos.

(*) Economista. Profesor de la PUCP.